STC14116-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo primero del Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2022 proferido por esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14116-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos radicado bajo el n\u00b0 2017-00612. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que en el proceso que Mar\u00eda promovi\u00f3 en su contra, ante el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena se llev\u00f3 a cabo el 12 de septiembre de 2018 la audiencia de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos en favor de su hijo Carlos, en la que acordaron que pagar\u00eda como cuota definitiva el 30% de su salario y prestaciones que devengara como empleado de la Alcald\u00eda Mayor de esa ciudad o de cualquier otra empresa donde llegare a trabajar. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en la mencionada diligencia adem\u00e1s de haberse realizado sin la presencia de su apoderado, nunca se le inform\u00f3 que se decretar\u00eda el embargo por el porcentaje acordado, por lo cual asumi\u00f3 que la suma deb\u00eda ser entregada a la madre del menor. <\/p>\n
Relat\u00f3 que acudi\u00f3 al Juzgado accionado donde le informaron que, en efecto, en la mencionada audiencia se orden\u00f3 al respectivo pagador realizar los descuentos y consignaciones por el porcentaje decretado, constituyendo un dep\u00f3sito de cuota alimentaria en el Banco Agrario de Colombia, determinaci\u00f3n que, en su sentir, fue proferida sin tener en cuenta que siempre ha cumplido a cabalidad y de manera voluntaria con la cuota. <\/p>\n
Al respecto, consider\u00f3 que no se debi\u00f3 proceder con el embargo de su salario, circunstancia que le ha causado inconvenientes, comoquiera que no puede acceder a cr\u00e9ditos de vivienda ni a pr\u00e9stamos para mejorar su condici\u00f3n actual de salud, ya que fue diagnosticado con Parkinson. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, si bien present\u00f3 solicitud de levantamiento de medida cautelar, su petici\u00f3n fue negada, pronunciamiento frente al cual formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, y el Juzgado cognoscente mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela y se\u00f1al\u00f3 que se encontraban reunidos los requisitos de procedencia de la misma, entre ellos el de inmediatez, porque su condici\u00f3n de salud y la pandemia por Covid-19 lo mantuvieron aislado en recuperaci\u00f3n, y solo hasta este a\u00f1o pudo acudir a la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 decidir si el descuento del 30% de su salario por concepto de alimentos se deb\u00eda realizar o no bajo la modalidad de embargo y tener en cuenta el perjuicio que le ocasion\u00f3 dicha medida. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de Cartagena inform\u00f3 que en audiencia de 12 de septiembre de 2018 se fij\u00f3 a cargo de Juan el equivalente al 30% del salario y prestaciones devengadas, como cuota de alimentos a favor de su hijo. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el 1\u00b0 de febrero de 2022 el demandado present\u00f3 memorial solicitando el levantamiento de la medida, petici\u00f3n que fue negada en providencia de 20 de abril de 2022, frente al cual formul\u00f3 reposici\u00f3n y en auto de 25 de agosto de 2022, se dispuso mantener en firme la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, transcurridos alrededor de 4 a\u00f1os de haber sido proferida la sentencia, no es factible al actor atacar la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada en relaci\u00f3n con la medida cautelar impuesta para garantizar el pago de la cuota fijada, sin encontrarse dentro de las formalidades del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso y desconociendo el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2. La Procuradora 115 Judicial II para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres se refiri\u00f3 al incumplimiento del presupuesto de inmediatez y manifest\u00f3 que aun teniendo en cuenta el plazo de aislamiento por la emergencia sanitaria y el progreso de la patolog\u00eda que padece, el accionante no alcanza a justificar su inactividad durante 2018 y 2020, m\u00e1xime si se segu\u00eda descontando de sus ingresos la cuota alimentaria fijada. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al estimar el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, y argument\u00f3 que si bien el peticionario justifica su intervenci\u00f3n por esta v\u00eda afirmando que es ahora que se ve afectado con la medida cautelar de embargo, lo cierto es que han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde que fue proferida la decisi\u00f3n que ahora censura. <\/p>\n
Igualmente agreg\u00f3 que ese asunto ya fue debatido ante el juez natural, quien en auto de 20 de abril de 2022 resolvi\u00f3 no acceder a la solicitud de levantamiento de medida cautelar, decisi\u00f3n que se mantuvo en firme el 25 de agosto de 2022. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 que a pesar de que el actor afirm\u00f3 que la medida cautelar le estaba ocasionando un perjuicio irremediable por cuanto no pod\u00eda acceder a pr\u00e9stamos bancarios para tratamientos de salud, de las pruebas allegadas se evidenciaba que se encuentra recibiendo atenci\u00f3n m\u00e9dica por parte de la ESP Salud Total y ha tenido controles peri\u00f3dicos, de manera que no acredit\u00f3 que, por causa imputable al juzgado accionado, se afecten los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante manifestando que el fallador constitucional de primera instancia no tuvo en cuenta sus argumentos referentes a la tardanza en presentar la acci\u00f3n de tutela, como tampoco su condici\u00f3n actual de salud. <\/p>\n
Igualmente, cit\u00f3 la sentencia T-293-2017 de la Corte Constitucional precisando que el requisito de inmediatez se debe atender de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto, existiendo en el suyo, un motivo v\u00e1lido para la inactividad dada su enfermedad, adem\u00e1s la demostraci\u00f3n de que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso a este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia del presupuesto de la inmediatez, pues analizadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se evidencia que Juan no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional, para exponer los reparos que alega a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, su inconformidad se dirige contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena el 12 de septiembre de 2018, mediante la cual resolvi\u00f3 fijar a su cargo y en favor de su hijo Carlos una cuota alimentaria definitiva equivalente al 30% del salario y prestaciones devengadas que deb\u00eda ser descontado por el pagador de la entidad donde labora, mientras que la tutela fue presentada el 19 de septiembre de 2022, esto es, luego de transcurrir alrededor de cuatro (4) a\u00f1os, t\u00e9rmino que supera con holgura el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
No debe olvidar el solicitante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, como as\u00ed lo ha sostenido de manera reiterada esta Sala al se\u00f1alar \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
3. Ahora, si bien el accionante insiste en que quedaron demostradas circunstancias excepcionales que justifican su tardanza en acudir a la solicitud de amparo dado sus padecimientos de salud y la emergencia sanitaria decretada por el Covid 19, lo cierto es que examinado el expediente y las pruebas aportadas, se observa que lo alegado no obedece a un motivo v\u00e1lido que permita excusar su inactividad y entender los 4 a\u00f1os transcurridos como un t\u00e9rmino razonable para alegar la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, toda vez que las ordenes de aislamiento por razones de salubridad p\u00fablica se impartieron desde marzo de 2020, esto es cerca de 2 a\u00f1os de proferida la decisi\u00f3n cuestionada, adem\u00e1s, porque bien pudo acudir a la acci\u00f3n de manera directa haciendo uso de los medios tecnol\u00f3gicos y canales virtuales habilitados, teniendo en cuenta la informalidad del tr\u00e1mite de tutela o por conducto de representante. <\/p>\n
Para este efecto, es necesario recordar, que la Corte Constitucional ha reiterado, [P]ara facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: i) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (CC. T-344-14, T249\/18). <\/p>\n
4. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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