STC14117-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14117-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00317-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 23 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio del Interior, la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, la Alcald\u00eda, la Personer\u00eda y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la citada urbe, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que el gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Elizabeth Castrill\u00f3n Calder\u00f3n, como propietaria del establecimiento de comercio \u00abAgr\u00edcolas Risaralda\u00bb, en procura de que se ordenara \u00abque contrate con entidad id\u00f3nea la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado n\u00ba 2022-00027, quien, en prove\u00eddo del 25 de enero de 2022, admiti\u00f3 la causa tendiente a salvaguardar los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Expuso el promotor que, en esa instancia \u00abel tutelado [desconoce] los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone art 5, 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental que \u00abse ORDENE inmediatamente al tutelado FALLAR [la] acci\u00f3n popular, con t\u00e9rminos de tiempo perentorios revencidos art 34 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Civil del Circuito enjuiciado inform\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones por \u00e9l desplegadas, que el pasado 16 de septiembre profiri\u00f3 sentencia por medio de la cual se negaron las pretensiones del actor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 respecto de la \u00abtercera y cuarta pretensi\u00f3n relativa a que se pruebe en derecho del tr\u00e1mite brindado a las acciones populares que se tramitan ante esta agencia judicial, es menester del despacho indicar que el accionante puede remitirse al siguiente link: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/juzgado-02-civil-del-circuito-depereira, para all\u00ed avizorar por sus propios medios, lo que solicita a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira expuso que \u00abse ha de tener en cuenta la congesti\u00f3n de los despachos juridiciales de nuestro pa\u00eds, situaci\u00f3n que es conocida ampliamente, no obstante, el despacho ha tenido unos tiempos prudentes para resolver lo concerniente [a la acci\u00f3n popular]\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de esa ciudad, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n denunciada resulta ajena a esa dependencia del Ministerio P\u00fablico, por cuanto ni siquiera se ha verificado actuaci\u00f3n de aquella al interior de la causa que cimenta este amparo, por lo que requiere su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del pueblo se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es procedente vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda, toda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal del Circuito de Pereira, de las pretensiones solicitadas por el accionante, no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en que esta Entidad ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El Ministerio del Interior refiri\u00f3 que \u00abno existe nexo de causalidad entre la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de este Ministerio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado con fundamento en que \u00ab[d]e las pruebas allegadas al plenario (archivo \u201c17CorreoJdoLink\u201d – expediente digital), se tiene que, el 16 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular 2022-00027 (archivo \u201c046\u201d \u2013 expediente digital). (\u2026) Por lo anterior, es evidente que la pretensi\u00f3n principal del actor, motivo de este amparo, ya se encuentra satisfecha, en consecuencia, no hay objeto jur\u00eddico sobre el cual [resolver] y ser\u00eda vano adoptar en esta sede cualquier decisi\u00f3n al respecto, por la ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico o sustracci\u00f3n de materia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, para se\u00f1alar que \u00abSOLO con la tutela es que logro que cumpla su deber funci\u00f3n y respete, acate los t\u00e9rminos de tiempo que le IMPONE LA LEY 472 DE 1998, ART 34 PIDO SE EXHORTE AL TUTELADO PARA QUE CUMPLA T\u00c9RMINOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE Y ORDENA LA LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al no haber proferido fallo respecto de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00027, lo cual inobserva, en sentir del gestor, lo consagrado por el art\u00edculo 34 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja iusfundamental y lo que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, habida cuenta que la supuesta situaci\u00f3n de mora judicial endilgada, en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la providencia que decidiera de fondo sobre la protecci\u00f3n de los intereses colectivos se\u00f1alados como conculcados, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, espec\u00edficamente, a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n de 16 de septiembre de 2022, notificada por estado n\u00ba 136 del 19 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n
Ciertamente, mediante el citado prove\u00eddo, la autoridad enjuiciada resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: Negar las s\u00faplicas de la acci\u00f3n popular promovida por Mario Restrepo en contra de la se\u00f1ora Elizabeth Castrill\u00f3n Calder\u00f3n, como propietaria del establecimiento de comercio denominado \u201cAgr\u00edcolas Risaralda\u201d, ubicado en la Carrera 10 No. 25-14 de Pereira, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: Declarar que no se tramitan las excepciones presentadas por el Municipio de Pereira. TERCERO: No condenar en costas, por cuanto no se observa temeridad o mala fe de parte del accionante. CUARTO: Una vez en firme la presente decisi\u00f3n, por secretar\u00eda se dar\u00e1 cumplimiento a lo preceptuado en el art. 80 de la ley 472 de 1998\u00bb, con lo cual dispuso el impulso procesal echado de menos por el reclamante. <\/p>\n
Las circunstancias descritas son suficientes para colegir, v\u00e1lidamente, como lo hizo el tribunal a quo, que el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que el querellado \u00abdemuestre en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O por el despacho tutelado, CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb; o que \u00abSE ordene (\u2026) POR QUIEN CORRESPONDA EN DERECHO, se proceda a nombrar conjueces , jueces de descongesti\u00f3n, al despacho TUTELADO\u00bb\u2013, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante la autoridad competente para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, en raz\u00f3n a que las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales del reclamante, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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