STC14131-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14131-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01837-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 8 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Umbacia Boh\u00f3rquez & CIA S en C.S. y Carlos Umbacia Ruiz contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la aludida ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el recaudo n.\u00b0 2019-00254. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estimaron trasgredidos con el auto de 29 de abril de 2022 (confirmado en sede de reposici\u00f3n el 26 de agosto siguiente), mediante el cual el fallador convocado se neg\u00f3 a terminar la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra, pese a que ya se materializ\u00f3 la daci\u00f3n en pago con la cual hab\u00edan acordado con su contraparte (con el benepl\u00e1cito del juez cognoscente), que se dar\u00eda por satisfecha la totalidad de las deudas que all\u00ed se les cobran. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se dejen sin efectos las referidas providencias y que se ordene al despacho querellado proferir \u00abnuevamente decisi\u00f3n pronunci\u00e1ndose sobre la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y retom\u00f3 los fundamentos de las decisiones objeto de censura, enfatizando que la negativa a terminar el proceso obedeci\u00f3 a que en el acuerdo de pago que dio paso a la susodicha daci\u00f3n en pago, los litigantes incluyeron adicionalmente la entrega de una maquinaria que, hasta el momento, los hoy accionantes no han probado haber transferido a la ejecutante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por considerar razonable la fundamentaci\u00f3n de los prove\u00eddos cuestionados. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes, insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha precisado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha insistido en que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01 y STC12203-2022, 14 sep. 2022, rad. 02939-00). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC12203-2022, 14 sep. 2022, rad. 02939-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la sentencia de primer grado y en su lugar se otorgar\u00e1 el pretendido amparo, porque las razones que esgrimi\u00f3 el fallador convocado para abstenerse de terminar la ejecuci\u00f3n sobre la que versa este tr\u00e1mite constitucional son insuficientes de cara a la problem\u00e1tica planteada en el litigio. <\/p>\n
En estricto sentido, dicha negativa obedeci\u00f3 a que, a juicio del referido juzgador, la daci\u00f3n en pago celebrada, aun cuando extingui\u00f3 por completo las dos acreencias principales cuyo recaudo se reclam\u00f3 en la demandas inicial y acumulada, no resultaba suficiente para terminar esos litigios, por cuanto a\u00fan est\u00e1n pendientes de sufragarse las costas de ambos tr\u00e1mites, as\u00ed como los intereses sobre los que tambi\u00e9n vers\u00f3 el acuerdo de pago con el que los contendientes quisieron dar soluci\u00f3n a todas sus controversias. <\/p>\n
As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el fallador, al manifestar que \u00abno se hizo menci\u00f3n en el instrumento p\u00fablico [escritura p\u00fablica de daci\u00f3n en pago] que el pago (\u2026) sea por la totalidad de las obligaciones (\u2026) ejecutada[s] y de las costas causadas\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abcomoquiera que la parte actora informa que dentro del presente asunto no se han cubierto las costas del proceso y que dentro de la transacci\u00f3n se celebr\u00f3 un ACUERDO de fecha 6 de noviembre de 2020, donde se establecieron unas obligaciones rec\u00edprocas ser\u00e1 menester que tanto la parte demandante como la parte demandada, informen sobre el cumplimiento de tal acuerdo de voluntades que hace parte del pago de las obligaciones aqu\u00ed ejecutadas\u00bb. <\/p>\n
Sobre la misma tem\u00e1tica, al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado por los ejecutados, agreg\u00f3 que \u00absi bien es cierto que mediante el acuerdo firmado por las partes que concurren al decurso, datado 6 de noviembre de 2020, se pact\u00f3 una daci\u00f3n en pago, consistente en la entrega de un bien inmueble de propiedad, antes, de la parte ejecutada, a la accionante, en aras de cancelar las acreencias aqu\u00ed reclamadas y obrantes en los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n, lo cierto es que en el mismo consenso tambi\u00e9n se pactaron otra serie de obligaciones que no se vieron cobijadas por la citada daci\u00f3n en pago, por lo cual no puede pretenderse que esta se impute a aquellas, ya que, como bien se mencion\u00f3 en el cuerpo de lo consentido por los extremos procesales, esta solo cubre lo atinente al capital de los cartulares aludidos (\u2026). El ejecutado, al firmar el acuerdo referido, autoriz\u00f3 el cobro de otras obligaciones que no se vieron abordadas a trav\u00e9s de la citada daci\u00f3n, como lo son la causaci\u00f3n de los intereses de mora a partir del impago denunciado (\u2026), aun cuando el pago de los intereses se vio reemplazado por la entrega de varias maquinarias, el cumplimiento de dichas obligaciones no se ha demostrado, por lo cual es improcedente la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, hasta tanto ello no se pruebe, o hasta que la parte actora lo avale\u00bb. <\/p>\n
En tal argumentaci\u00f3n, observa la Corte que el fallador convocado perdi\u00f3 de vista que los t\u00edtulos ejecutivos cuyo recaudo le fue confiado, eran los dos pagar\u00e9s que se aportaron con las demandas principal y acumulada, y no el acuerdo de pago que con posterioridad celebraron los litigantes. En tal sentido, su estudio debi\u00f3 circunscribirse a resolver sobre la satisfacci\u00f3n de esos d\u00e9bitos iniciales, puesto que el cumplimiento (total o fragmentario) de ese convenio sobreviniente, es un asunto ajeno a su competencia, m\u00e1s a\u00fan cuando la terminaci\u00f3n del litigio que le reclamaron los convocados, no se finc\u00f3 propiamente en una transacci\u00f3n o una conciliaci\u00f3n, sino en el pago de las obligaciones objeto de los mandamientos ejecutivos dictados en el asunto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, contrario a lo que de alguna manera quiso relacionar el juzgador cognoscente cuando resolvi\u00f3 el recurso horizontal impetrado por los hoy querellantes, un estudio pormenorizado de la foliatura que compone la ejecuci\u00f3n no permite concluir razonablemente que los intereses que tambi\u00e9n se incluyeron en el susodicho acuerdo de pago, correspondan -as\u00ed sea parcialmente- a las obligaciones pecuniarias que son objeto del recaudo coercitivo. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante memorar que, seg\u00fan consta en el expediente de la cuestionada ejecuci\u00f3n, las obligaciones dinerarias que los aqu\u00ed accionantes contrajeron en favor de los ejecutantes, se incorporaron en los siguientes cartulares: <\/p>\n
<\/p>\n
T\u00cdTULO <\/p>\n
MONTO <\/p>\n
VENCIMIENTO <\/p>\n
001 <\/p>\n
$ 200.000.000 <\/p>\n
13-abr-19 <\/p>\n
001 <\/p>\n
$ 342.780.000 <\/p>\n
18-jul-19 <\/p>\n
002 <\/p>\n
$ 500.000.000 <\/p>\n
10-feb-20 <\/p>\n
003 <\/p>\n
$ 200.000.000 <\/p>\n
10-feb-20 <\/p>\n
004 <\/p>\n
$ 1.500.000.000 <\/p>\n
10-feb-20 <\/p>\n
Los dos primeros t\u00edtulos valores son los que son objeto de recaudo en el juicio que ac\u00e1 interesa y sobre cuya base se dictaron los mandamientos de pago de 27 de mayo de 2019 y 23 de septiembre del mismo a\u00f1o. Ahora bien, en el acuerdo de pago de 6 de noviembre de 2020, los extremos de esas relaciones obligacionales pactaron la forma en que se extinguir\u00edan las cinco acreencias. <\/p>\n
En cuanto a los dos pagar\u00e9s materia del juicio coactivo, se\u00f1alaron lo siguiente: <\/p>\n
Y en lo que concierne a los pagar\u00e9s restantes (los n\u00b0 002, 003 y 004), acordaron lo que sigue: <\/p>\n
Como se ve, una simple lectura de las estipulaciones en cita permite concluir que los r\u00e9ditos a que alude la cl\u00e1usula tercera corresponden \u00fanicamente a los pagar\u00e9s que fueron mencionados en la segunda estipulaci\u00f3n, pues en el primero de los documentados acuerdos, ning\u00fan t\u00edtulo valor se mencion\u00f3. <\/p>\n
A ello se suma que en la escritura p\u00fablica que recogi\u00f3 la daci\u00f3n en pago que celebraron los litigantes para dar cumplimiento a la cl\u00e1usula primera del acuerdo en comento, se estipul\u00f3 de manera expresa que a ese acto comparec\u00eda Inversiones Umbacia Boh\u00f3rquez & Cia. S en C.S. \u00abcomo deudor de la sociedad Ganader\u00eda JR 2008 S.A.S. por la cantidad de $578\u00b4780.000 [esto es, la sumatoria del importe de los dos primeros pagar\u00e9s], producto de una deuda contra\u00edda con la sociedad, mediante expediente n\u00b0 110013103007-2019-00254-00, conforme a la autorizaci\u00f3n proferida por el Juzgado 7\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, a lo que m\u00e1s adelante agregaron los contratantes, sin hacer menci\u00f3n a r\u00e9ditos de ninguna naturaleza, que el pacto extintivo ten\u00eda por objeto \u00abcancelarle a GANADERIA JR 2008 S.A.S. la totalidad de la suma adeudada\u00bb. <\/p>\n
De hecho, para el mismo juzgador accionado fue claro -al menos inicialmente- que la susodicha daci\u00f3n en pago ten\u00eda como prop\u00f3sito extinguir la totalidad de las dos acreencias por las que se ven\u00eda adelantando el coactivo, y justamente por ello, tras avalar el perfeccionamiento de esa modalidad extintiva (en auto de 13 de octubre de 2020), y una vez le fue puesta de presente la escritura p\u00fablica que recogi\u00f3 su celebraci\u00f3n, precis\u00f3 a las partes que \u00abpara los efectos legales y validez del pacto celebrado entre demandante y demandado en dicho documento, para proceder a la terminaci\u00f3n del presente proceso (demanda principal y acumulada) deber\u00e1 acreditarse el registro de dicho instrumento p\u00fablico ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva, pues cumplida esa formalidad se proceder\u00e1 a resolver sobre la terminaci\u00f3n de este asunto por el valor determinado en el mismo\u00bb (auto de 15 de febrero de 2021). <\/p>\n
De ah\u00ed que resulte sorpresivo que, una vez se alleg\u00f3 la prueba de la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago en el folio de matr\u00edcula del inmueble enajenado (anotaci\u00f3n hecha el 21 de octubre de 2021), dicho juzgador se hubiera negado a finalizar la ejecuci\u00f3n, so pretexto de la subsistencia de unos intereses que son ajenos a las obligaciones principales objeto de recaudo y unas costas meramente eventuales que ni siquiera han sido impuestas y mucho menos liquidadas por su despacho (y que bien podr\u00edan ser objeto de un pronunciamiento previo a la ambicionada terminaci\u00f3n, si es que lo estimare pertinente). <\/p>\n
Cabe aclarar que la viabilidad de la pretendida terminaci\u00f3n procesal no encuentra \u00f3bice en que quien la reclama no sea el extremo ejecutante del litigio, pues seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, con una orientaci\u00f3n que bien cabe aplicar al asunto bajo estudio, tal pedimento tambi\u00e9n puede provenir del deudor, siempre que se acredite la total satisfacci\u00f3n de la deuda objeto del recaudo, lo cual aqu\u00ed -como qued\u00f3 visto- ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dado el escenario f\u00e1ctico que reflejan las piezas procesales que componen la actuaci\u00f3n, no parece razonable esperar que la finalizaci\u00f3n del juicio sea coadyuvada por la parte ejecutante, como lo pretende el juez de conocimiento, pues ese extremo procesal ha hecho evidente su inter\u00e9s de aprovechar ese litigio para recaudar los r\u00e9ditos generados por los cartulares ajenos a la ejecuci\u00f3n (asunto que, seg\u00fan lo indicaron los hoy accionantes, ya es objeto de otro proceso ejecutivo que se ventila ante el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, rad. 2022-00056) y tambi\u00e9n para que se d\u00e9 soluci\u00f3n directa a las inconformidades que de manera sobreviniente le gener\u00f3 la daci\u00f3n en pago, asunto este que, por igual, escapa de la \u00f3rbita de competencia del juez de la causa. <\/p>\n
Entonces, como en ninguna de estas aristas repar\u00f3 suficientemente el fallador encartado, colige la Sala que dicha autoridad incumpli\u00f3 el deber de motivaci\u00f3n que rige su actividad jurisdiccional. Por ende, en aras de salvaguardar las garant\u00edas fundamentales de los querellantes, resulta necesario invalidar las providencias atacadas, para que el accionado analice nuevamente el asunto bajo la \u00f3ptica de los razonamientos vertidos en esta providencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al tribunal encartado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado. En su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por Inversiones Umbacia Boh\u00f3rquez & CIA S en C.S. y Carlos Umbacia Ruiz. <\/p>\n
En tal virtud, se DEJAN sin valor ni efecto los autos que profiri\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 los d\u00edas 29 de abril y 26 de agosto de 2022 en el juicio ejecutivo con radicaci\u00f3n 2019-00254; en su lugar se ORDENA a dicho fallador que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, emita un nuevo prove\u00eddo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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