STC14139-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14139-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00110-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 1 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Manuel Hern\u00e1ndez L\u00f3pez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n Segunda Urbana de Polic\u00eda, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el reivindicatorio 2016-00185. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el quejoso reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abla buena fe procesal, la protecci\u00f3n a la familia, la propiedad, posesi\u00f3n y funci\u00f3n social de la tierra y la actividad judicial, a la coherencia y a la equidad procesal\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
Luego de que el 21 de agosto de 2008 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda declar\u00f3 que por prescripci\u00f3n una vivienda era de titularidad de Mar\u00eda del Socorro L\u00f3pez Osorio, esta \u00faltima inici\u00f3 un reivindicatorio contra Jos\u00e9 Domingo Gracia Jaller, qui\u00e9n habitaba el bien en comento en virtud de un remate efectuado tiempo atr\u00e1s en el curso de un ejecutivo. <\/p>\n
El 17 de julio de 2018 mediante la sentencia de segunda instancia en el reivindicatorio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda decret\u00f3 que la mentada propiedad pertenec\u00eda a Mar\u00eda del Socorro L\u00f3pez Osorio y al aqu\u00ed promotor, por lo que, el all\u00ed demandado les entreg\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, la decisi\u00f3n de la colegiatura fue revocada el 30 de mayo de 2019 en sede de tutela por esta Corporaci\u00f3n1, qui\u00e9n a su vez dej\u00f3 sin efectos la providencia proferida en la usucapi\u00f3n y orden\u00f3 suspender por prejudicialidad la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Posteriormente, y con ocasi\u00f3n del fallo del amparo, el estrado acusado orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de la casa involucrada a Jos\u00e9 Domingo Gracia Jaller, frente a lo cual, el aqu\u00ed convocante present\u00f3 oposici\u00f3n, rechazada de plano por el fallador denunciado y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
Finalmente, el juzgado fustigado comision\u00f3 el 2 de mayo de 2022 al alcalde de esa ciudad y este, a su vez, subcomision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa misma poblaci\u00f3n para llevar a cabo la entrega de la vivienda. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se ordene la suspensi\u00f3n del precitado procedimiento. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda inform\u00f3 que al quejoso en \u00abning\u00fan momento se le vulner\u00f3 el debido proceso\u00bb y, en tal sentido, pidi\u00f3 que se denegara el auxilio. <\/p>\n
2. Orlando Luis Puello Ortega y Juan Carlos Castro Mu\u00f1oz, apoderados de Jos\u00e9 Domingo Gracia Jaller, indicaron que anteriormente ya se han efectuado actuaciones para evitar la entrega del inmueble, las cuales han sido despachadas desfavorablemente, por lo tanto, solicitaron que se declare improcedente el resguardo. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda (quien conoci\u00f3 el recaudo se\u00f1alado en p\u00e1rrafos preliminares), realiz\u00f3 un recuento del ejecutivo y precis\u00f3 que este se encuentra activo. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 las s\u00faplicas, arguyendo que \u00ab[e]n cuanto a la pretensi\u00f3n [de] ordenar la suspensi\u00f3n de la entrega anticipada dispuesta en el proceso cuestionado (\u2026) no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable y, adem\u00e1s, esta herramienta constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para pretender la interrupci\u00f3n de este tipo de diligencias (\u2026)\u00bb. Igualmente, adujo que \u00abla decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, que ordena la (\u2026) entrega del inmueble en comento y comisiona a la [a]lcald\u00eda de [esa ciudad], quien a su vez delega a la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda de [esa poblaci\u00f3n], (\u2026) no luce caprichosa, antojadiza [o] que carezca de la m\u00e1s m\u00ednima fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y\/o f\u00e1ctica\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. El actor relat\u00f3 brevemente los hechos y pidi\u00f3 que se le garantice \u00abla posesi\u00f3n que ejer[ce] (\u2026) hasta que el proceso de pertenencia (\u2026) llegue a feliz t\u00e9rmino (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Eustorgio Felipe Verbel Fl\u00f3rez (mandatario del querellante en el juicio ordinario), adujo que \u00abtenemos un aspecto contradictorio, [por un lado,] estudiar la posesi\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de [p]ertenencia y por el otro (\u2026), legalizando con el fallo de tutela [el] proceso ejecutivo como herramienta reivindicatoria de dominio, cuando, la acci\u00f3n que le corresponde al adquirente (\u2026) mediante una compraventa forzada del inmueble, es la (\u2026) de saneamiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades confutadas trasgredieron las garant\u00edas esenciales del solicitante, por no suspender la diligencia de entrega del bien en el curso del reivindicatorio. <\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
2.1. Cuesti\u00f3n preliminar \u2013 Sobre la falta de poder especial. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le es ajeno el presupuesto b\u00e1sico del poder especial con el que deber\u00e1 contar el profesional del derecho que pretenda actuar como mandatario en el curso de dicho tr\u00e1mite. Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce el reclamo, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, y de acuerdo con la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto, se advierte que Eustorgio Felipe Verbel Fl\u00f3rez carece de poder especial en el presente tr\u00e1mite, y, en consecuencia, no cuenta con el derecho de postulaci\u00f3n para refutar el fallo de primer grado. <\/p>\n
En efecto, si bien el profesional del derecho afirma impugnar la providencia del a quo por \u00abhaber sido vinculado al asunto de la referencia\u00bb, examinadas las piezas adosadas al expediente, no se evidencia que aqu\u00e9l tenga inter\u00e9s directo en el litigio \u2013pues su comparecencia se debi\u00f3 a que funge como mandatario del aqu\u00ed libelista, en la causa auscultada\u2013; aunado a que, se itera, no alleg\u00f3 mandato otorgado por el libelista para este proceso, sin que el otorgado en el juicio ordinario pueda reputarse como especial para acudir al resguardo constitucional. <\/p>\n
2.2. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al reclamo del aqu\u00ed convocante, el resguardo resulta inviable, comoquiera que la orden de entrega de la propiedad se produjo dentro de un reivindicatorio, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye[n] un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026). De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que no puede ser acogida la petici\u00f3n formulada por el accionante con miras a que se suspenda la entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
2.3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
De otra parte, al margen del problema jur\u00eddico expuesto por el quejoso, se ratifica que la presente salvaguarda es improcedente por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que le es inherente. Lo anterior, por cuanto no se han definido a\u00fan los litigios que sobre el inmueble est\u00e1n actualmente en curso (reivindicatorio y pertenencia), y se desconocen las determinaciones que puedan adoptarse dentro de estos. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en este evento, m\u00e1xime si no se ha efectuado todav\u00eda un pronunciamiento definitivo en los respectivos procesos, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
De ah\u00ed que, les corresponde primero a los despachos cognoscentes resolver los respectivos asuntos que con relaci\u00f3n a la involucrada vivienda se susciten, sin que sea viable anticiparse a las determinaciones que aquellas, en el marco de sus funciones, autonom\u00eda e independencia, puedan adoptar frente a la controversia. <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud de los apoderados de Jos\u00e9 Domingo Gracia Jaller relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de los involucrados, pues, sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Corolario de lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, toda vez que la intervenci\u00f3n del fallador excepcional es improcedente para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Por otro lado, la protecci\u00f3n propuesta es inviable en tanto que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC6882-2019, 30 may.: \u00abordenar a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda que (\u2026) en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, tras restar efectos a la sentencia all\u00ed emitida el 17 de julio de 2018, proceda a dictar la Providencia en la que declare la suspensi\u00f3n de ese proceso por prejudicialidad civil\u00bb. <\/p>\n
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