STC14140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 22 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Vanessa Benavides Var\u00f3n como \u00abapoderada judicial del se\u00f1or HAROLD SALAZAR GALEANO\u00bb, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, quien afirma representar a Harold Salazar Galeano, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abdel que est\u00e1 por nacer\u00bb, debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital, \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, \u00abno valorar las pruebas de manera integral, protecci\u00f3n del padre del ni\u00f1o que est\u00e1 por nacer y de la madre gestante, [y] protecci\u00f3n a la estabilidad reforzada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se desprende que Harold Salazar Galeano instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Incopac S.A. y Ol\u00edmpica S.A., en procura de que se ordenara su reintegro laboral, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali, qui\u00e9n, mediante sentencia de 12 de julio de 2022, accedi\u00f3 a las pretensiones; decisi\u00f3n revocada el 30 de agosto siguiente por el hom\u00f3logo Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Sin embargo, a juicio del extremo convocante, esta \u00faltima autoridad incurri\u00f3 en varios desatinos en la valoraci\u00f3n probatoria, que repercuten directamente en sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se conmine al estrado enjuiciado a que \u00abrehaga el fallo y valore en su integridad las pruebas aportadas con la acci\u00f3n de tutela\u00bb, las cuales \u00abdemuestran la dependencia econ\u00f3mica de [su] compa\u00f1era permanente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho querellado retom\u00f3 algunos de los fundamentos de la sentencia atacada y recalc\u00f3 que \u00ablo pretendido por el actor no pod\u00eda ser objeto de soluci\u00f3n por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela (\u2026), toda vez que, la terminaci\u00f3n contractual se produjo por inasistencia sin justificaci\u00f3n a laborar hasta por 42 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo expuso que no se encuentra facultado para resolver debates jurisdiccionales, puesto que su funci\u00f3n est\u00e1 encaminada a ejercer \u00abla vigilancia y el control del cumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo y dem\u00e1s disposiciones sociales\u00bb. <\/p>\n
3. Ol\u00edmpica S.A., adem\u00e1s de precisar que \u00abjam\u00e1s ha sido empleadora\u00bb de Harold Salazar Galeano, agreg\u00f3 que, en todo caso, no se transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna, \u00abni se est\u00e1 produciendo un perjuicio irremediable que amerite conceder la tutela de forma transitoria\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil Municipal de la mencionada urbe adujo que el actual reproche resulta improcedente, por tratarse de tutela contra tutela. <\/p>\n
5. Incopac S.A. puntualiz\u00f3 que: (i) \u00abno est\u00e1 encargada de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico\u00bb y que \u00abla acci\u00f3n (\u2026) promovida no es procedente contra un particular\u00bb; (ii) \u00abexisten otros mecanismos de defensa judicial para ventilar el asunto\u00bb debatido en este auxilio; (iii) no ha conculcado ninguna de las garant\u00edas invocadas; (iv) la \u00absupuesta estabilidad laboral reforzada no exist\u00eda al momento de la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb; y (v) el querellante \u00abno se encuentra en estado de debilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla accionante fue la apoderada especial del se\u00f1or SALAZAR GALEANO en la tutela que adelant\u00f3 en contra de INCOPAC S.A. y otros, conocida en primera instancia por el Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Cali y en segunda instancia por el Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito accionado; y que pese a que en el (\u2026) auto admisorio de esta tutela se pidi\u00f3 dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991 -legitimidad e inter\u00e9s- as\u00ed no ocurri\u00f3, pues no fue aportado al expediente el poder conferido por el se\u00f1or Salazar Galeano para que act\u00fae en su nombre en este nuevo tr\u00e1mite de tutela quien dice ser su apoderada para este asunto, (\u2026) [por lo que,] queda claro que quien formula la tutela carece de legitimaci\u00f3n para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la libelista, para insistir en su pretensi\u00f3n, adem\u00e1s de puntualizar que el fallo de la colegiatura \u00abomite de manera general analizar lo que realmente se solicita, centrando su atenci\u00f3n en formalismos que pudo haber solicitado al momento de la admisi\u00f3n\u00bb. Igualmente, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel poder otorgado por el se\u00f1or accionante desde un inicio hace referencia a los jueces constitucionales entendiendo que la se\u00f1ora [m]agistrada est\u00e1 dentro del contexto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la memorialista est\u00e1 facultada para interponer el presente amparo \u00aben representaci\u00f3n\u00bb de Harold Salazar Galeano; y, de superarse lo anterior, si el despacho encartado incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho al proferir el fallo de segunda instancia en el curso de la salvaguarda promovida por aquel, contra Incopac S.A. y Ol\u00edmpica S.A. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que la ejerce \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al togado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la salvaguarda se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico [proceso] judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza a este tema, se advierte que el fallo desestimatorio de primer grado habr\u00e1 de confirmarse, precisando que lo ser\u00e1 porque la memorialista no cuenta con poder especial para actuar en este caso y, en tal virtud, ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que Diana Vanessa Benavides Var\u00f3n afirma ser la abogada de Harold Salazar Galeano \u2013gestor en la causa que se censura\u2013, y, para tal efecto, adjunta a las presentes diligencias un mandato especial para formular acci\u00f3n de tutela contra Incopac S.A. y Ol\u00edmpica S.A. \u2013es decir, se trata del otorgado para iniciar el tr\u00e1mite que aqu\u00ed se refuta\u2013; no obstante, no allega el poder espec\u00edfico para promover el actual mecanismo supralegal, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n, sin que pueda convalidarse el argumento de la togada, quien refiri\u00f3 que, como ese documento se dirige a los \u00abjueces constitucionales\u00bb, de forma gen\u00e9rica, debe entenderse que es apto para el sub-lite. <\/p>\n
En ese sentido, el criterio que ha sostenido la jurisprudencia constitucional sobre el particular consiste en que: <\/p>\n
\u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC, sent. T-975 de 2005). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se confirmar\u00e1 la inviabilidad de la salvaguarda, toda vez que la solicitante no aport\u00f3 poder especial que la faculte para instaurar el presente tr\u00e1mite en representaci\u00f3n de Harold Salazar Galeano. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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