STC14147-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14147-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2022-00268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 7 de septiembre de 2022, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Parroquia San Andr\u00e9s, la Alcald\u00eda Municipal y la Personer\u00eda de Quinch\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda de Risaralda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00229-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n popular mencionada y que el estrado censurado ha incurrido en mora judicial, por no cumplir con \u00ablos t\u00e9rminos perentorios\u00bb que establece el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, en tanto no ha dictado sentencia. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, deprec\u00f3 que se ordene al Juzgado cuestionado fallar la acci\u00f3n popular \u00aben un t\u00e9rmino no superior a 24 horas tal como lo ha ordenado la H CSJ SCC en tutelas (\u2026) [y] se d\u00e9 aplicaci\u00f3n [a la] sentencia de tutela H CSJ 11001 02 03 000 2020 02722 00 (\u2026) STL11465DE 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Quinch\u00eda inform\u00f3 que, el 27 de mayo pasado, \u00abprofiri\u00f3 sentencia por medio de la cual se negaron las pretensiones del actor\u00bb y agreg\u00f3 que, mediante auto de 8 de junio de este a\u00f1o, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra esa decisi\u00f3n y, el 13 de junio siguiente, remiti\u00f3 el expediente al ad quem, para reparto. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional e indic\u00f3 que el accionante no ha elevado solicitud alguna ante esa autoridad. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, pues consider\u00f3 que el ruego se sustent\u00f3 \u00aben circunstancias de hecho inexistentes\u00bb, dado que, el 27 de mayo de 2022, se emiti\u00f3 la sentencia que dice echar de menos el tutelante, \u00abdecisi\u00f3n que incluso fue apelada\u00bb por aqu\u00e9l, \u00abluego es evidente que la conoci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior y con el fin de corregir el uso indebido y abusivo de la tutela, pues los hechos narrados en esta resultaron contrarios a la realidad procesal, conden\u00f3 en costas al actor, correspondientes a 1 s.m.l.m.v., con fundamento en lo establecido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo General del Proceso1 y orden\u00f3 compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien solicit\u00f3 revocar la sanci\u00f3n impuesta, con sustento en el principio de la buena fe constitucional y en el derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende que se ordene al Juzgado accionado cumplir con los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998, para fallar la primera instancia de la acci\u00f3n popular 2021-00229, pues considera que existe mora injustificada en la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n allegados2, se evidencia que el Juzgado accionado, con prove\u00eddo de 18 de noviembre de 20213, admiti\u00f3 la referida acci\u00f3n popular y, mediante sentencia dictada el 27 de mayo de 2022, notificada en el estado 63 de 31 de mayo siguiente, neg\u00f3 las pretensiones del solicitante4. Contra dicha determinaci\u00f3n, el tutelante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n5, el cual fue concedido el 8 de junio de 2022, asunto que se encuentra en tr\u00e1mite, como se advierte en la p\u00e1gina de consulta de procesos de la Rama Judicial6. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el censor, el Juzgado demandado emiti\u00f3 el fallo echado de menos, decisi\u00f3n que \u00e9l conoci\u00f3, pues la recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, de modo que la omisi\u00f3n endilgada es inexistente y ello torna inviable la tutela, dado que <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026) ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d (CC T-130\/14, cita realizada en CSJ STC12717-2019). <\/p>\n
3. De otra parte, la Sala mantendr\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta al gestor por temeridad, la cual se sustent\u00f3 ponderada y razonadamente en la factultad contenida en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, por virtud del cual el juez puede condenar al solicitante cuando ha incurrido en temeridad, lo cual se verific\u00f3 en este caso, porque el promotor acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional\u00edsimo a sabiendas de que los supuestos f\u00e1cticos soporte de acci\u00f3n carec\u00edan de fundamento y eran contrarios a la realidad, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo General del Proceso, proceder con el cual \u00abdesgasta de manera irracional el sistema judicial haciendo un notorio uso abusivo del derecho de acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Respecto en la condena en costas impuesta por temeridad, la jurisprudencia constitucional ha dicho que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). (Destaca la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad\u2026 (Se subraya). <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital de la acci\u00f3n popular 2021-00229-00. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c03Auto Admisorio Sal\u00f3n Popular\u201d, expediente digital de la acci\u00f3n popular 2021-00229-00. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c57SentenciaPrimeraInstancia\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular 2021-00229-00. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c59RecibidoApelaci\u00f3n\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular 2021-00229-00. <\/p>\n