STC14148-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14148-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 9 de septiembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00229-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa dentro de la acci\u00f3n referida, en la cual, la autoridad cuestionada no cumple los t\u00e9rminos que consagra la ley 472 de 1998 para proferir fallo. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la accionada \u00abfallar mi acci\u00f3n popular (\u2026) en un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 que se aplique en el caso las sentencias \u00abde tutela H CSJ STC 11001 02 03 000 2022 02722 (\u2026) STL11465DE 2020 (\u2026) TUTELA TSSCF DE PEREIRA (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abel accionante no ha presentado ante esta Procuradur\u00eda Regional ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda manifest\u00f3 que \u00abEl 27 de mayo de 2022 se profiri\u00f3 sentencia en la que se negaron las pretensiones del actor. Por Auto del 8 de junio de 2022 se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y el expediente se remiti\u00f3 para reparto el 13 de junio de 2022\u00bb. Adicional a esto, inform\u00f3 que \u00aben igual sentido obra acci\u00f3n de tutela radicada en esa Corporaci\u00f3n radicada al Nro. 66001221300020220026800\u00bb3. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado, al considerar que la omisi\u00f3n alegada por el accionante es inexistente toda vez que la autoridad cuestionada \u00abdesde el 27 de mayo de 2022, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular 2021-00229, decisi\u00f3n que incluso fue apelada por el ac\u00e1 accionante\u00bb. Asimismo, encontr\u00f3 que el actor incurri\u00f3 en temeridad pues \u00abformul\u00f3 otra tutela con fundamento en la misma acci\u00f3n popular (2021-00229) radicada 2022-00268\u00bb4. Como consecuencia de ello, conden\u00f3 en costas al promotor y orden\u00f3 compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que \u00abNUNCA ACTUE NI ACTUO CON TEMERIDAD Y MENOS CON MALA FE, Y DE HABER PRESENTADO MI TUTELA, pues obedece a mi incertidumbre sobre el actuar del juzgador quien no cumple t\u00e9rminos perentorios\u00bb. Y solicit\u00f3 \u00abA LA DRA MARGARITA CABELLO BLANCO, que se pronuncie sobre la sanci\u00f3n o multa a mi contra y solicite se revoque\u00bb5. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el tutelante, por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos consagrados para fallar la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00229-00. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se evidencia que el supuesto desconocimiento del derecho fundamental del promotor es inexistente, comoquiera que la autoridad judicial accionada s\u00ed profiri\u00f3 fallo de primera instancia -el pasado 27 de mayo de 20226- en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular ya referida. Incluso esta decisi\u00f3n fue apelada por el accionante7. As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el censor, el Juzgado demandado emiti\u00f3 el fallo echado de menos, decisi\u00f3n que \u00e9l conoci\u00f3, pues recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, de modo que la omisi\u00f3n endilgada es inexistente y ello torna inviable la tutela, dado que <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (\u2026) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos. (T-013 de 2007) (CSJ STC12717-2019, 19 de septiembre, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, y en torno a la temeridad en que incurri\u00f3 el actor, resulta relevante el fallo de tutela proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira de radicado 66001-22-13-000-2022-00268-00 -impugnaci\u00f3n de la cual tambi\u00e9n conoce esta Sala-, con el cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por el actor contra el mismo juzgado aqu\u00ed accionado. En dicha oportunidad el promotor manifest\u00f3 que \u00abpresente acci\u00f3n popular 2021 229, donde se incumple art 34 ley 472 de 1998 al no existir fallo en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo\u00bb y a partir de ello, solicit\u00f3 \u00abse ordene al tutelado fallar mi acci\u00f3n popular (\u2026) en un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb8. <\/p>\n
Ciertamente, en la acci\u00f3n de tutela se\u00f1alada, el accionante suplic\u00f3 lo que ahora reclama a trav\u00e9s del presente amparo, pretensiones soportadas en la misma base factual y frente a la misma autoridad cuestionada. En efecto, tal proceder se subsume en el supuesto contenido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 19919, referente a la temeridad en el ejercicio del mecanismo supralegal. Al respecto, esta Sala ha sido reiterativa en advertir que: <\/p>\n
\u2026 para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2026 Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma citada, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud del accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso las sanciones previstas\u00bb (STC10685-2016, 4 de agosto, rad. 2016-00554-01; STC16973-2016, 24 de noviembre, rad. 2016-00362-01 y STC15784-2019, 20 de noviembre, rad. 2019-00641-01). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado los supuestos que deben concurrir para que pueda pregonarse temeridad en el ejercicio de la \u00e9gida fundamental, a saber. <\/p>\n
Para que exista una actuaci\u00f3n temeraria es necesario que concurran tres elementos: identidad de causa, identidad de partes e identidad de objeto. Precisamente, en la Sentencia T-727 de 2011, se explic\u00f3 que existe (i) una identidad de causa, cuando las acciones se fundamentan en unos mismos hechos que le sirven de origen; (ii) una identidad de objeto, cuando las demandas buscan la satisfacci\u00f3n de una misma pretensi\u00f3n tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental; y (iii) una identidad de partes, cuando las acciones se dirijan contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condici\u00f3n de persona natural o persona jur\u00eddica, de manera directa o por medio de apoderado. Con todo, la sola ocurrencia de tales elementos no conlleva el surgimiento autom\u00e1tico de la temeridad, pues el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 exige que el accionante carezca de un motivo justificado y razonable para incoar de nuevo la acci\u00f3n constitucional. De darse los elementos expuestos, dependiendo de la instancia en que se encuentre el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n, se podr\u00e1n rechazar o decidir desfavorablemente las demandas de amparo que hayan incurrido en temeridad. <\/p>\n
4. De lo expuesto, es irrefutable que el promotor ha instaurado repetida s\u00faplica frente a la misma autoridad y con apoyo en id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la aqu\u00ed denunciada -existe identidad de causa, objeto y partes-. Por lo tanto, ante el ejercicio reiterativo de esta excepcional herramienta, se concluye que ha de confirmarse la sentencia impugnada. M\u00e1xime que no se constata motivo v\u00e1lido que justifique el proceder censurable del actor, por virtud de lo cual se impuso la sanci\u00f3n derivada del actuar temerario. Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). (Destaca la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c02Tutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c10Respuesta.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c15Contestaci\u00f3nJuzgPromCtoChinch\u00eda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c22Sentencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c24Impugnaci\u00f3nAccionante.pdf\u201d expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c57SentenciaPrimeraInstancia.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular de rad. 2021-00229-00. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c64AutoConcedeRecursoDeApelaci\u00f3n.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c02Tutela.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n de tutela de rad. 66001-02-13-000-2022-00268-01. <\/p>\n
9\u0002 Art\u00edculo 38: Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. (\u2026) <\/p>\n
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