STC14367-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14367-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 19 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad y defensa, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse decrete que\u2026 tiene derecho a la libertad condicional\u00bb; en consecuencia, \u00abse revoque la decisi\u00f3n de la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Luis Fabi\u00e1n S\u00e1nchez Calder\u00f3n y C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz se promovi\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, los tres finales en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, en grado de autor, los dos primeros, y de coautor los restantes\u00bb, por los que fueron condenados, mediante sentencia de 2 de octubre de 2018, a 40 meses de prisi\u00f3n, 1383,33 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso que la privativa de la libertad, decisi\u00f3n que fue modificada, en sede de apelaci\u00f3n, en el sentido de incrementar la pena impuesta a los procesados a 85.8 meses de prisi\u00f3n, 1798,3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa y 52 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
2.2. Frente a esa decisi\u00f3n, la v\u00edctima formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida el 23 de febrero de 2022, esto es, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo. <\/p>\n
2.3. De otra parte, Luis Fabi\u00e1n S\u00e1nchez Calder\u00f3n solicit\u00f3 se le concediera libertad condicional, a lo que accedi\u00f3 el juzgado querellado con auto del 24 de marzo de 2020. <\/p>\n
2.4. De igual manera, C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz reclam\u00f3 la concesi\u00f3n del prenotado beneficio, que le fue negado con prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2020, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el peticionario, siendo revocada con providencia del 3 de diciembre siguiente, para en su lugar, otorgarle al condenado la libertad condicional. <\/p>\n
2.5. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo revocada por el Tribunal convocado con auto del 18 de febrero de 2021 y, en su lugar, neg\u00f3 la libertad condicional que deprec\u00f3 C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la alzada que formul\u00f3 el Ministerio P\u00fablico \u00abfue presentada y sustentada extempor\u00e1neamente\u2026\u00bb; que en el auto que le concedi\u00f3 la libertad provisional se consign\u00f3 que \u00abno proced\u00eda ning\u00fan recurso\u00bb; pero que pese a ello se le dio curso al medio de impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el Ministerio p\u00fablico, \u00absin que se haya dado traslado a los no recurrentes\u00bb, data para la que, adem\u00e1s, \u00abno contaba con defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
2.7. Adicion\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada \u00abvulnera el principio de igualdad ante la ley al hab\u00e9rsele concedido la libertad condicional a\u2026 Luis Fabi\u00e1n S\u00e1nchez Calder\u00f3n, quien fuera condenado dentro del mismo proceso, por los mismos hechos y la misma pena, sin haber reparado los perjuicios ocasionados\u2026\u00bb, mientras que a \u00e9l, \u00abestando en la misma situaci\u00f3n jur\u00eddica no se le concedi\u00f3 el [citado] beneficio\u00bb; y que tambi\u00e9n result\u00f3 trasgredido su \u00abderecho de defensa\u2026, al no contar\u2026 con un defensor para que ejercitara su defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
2.8. Tambi\u00e9n esgrimi\u00f3 que el Tribunal acusado \u00abdesconoci\u00f3\u2026 precedentes constitucionales\u00bb; que \u00abno se actu\u00f3 con objetividad e imparcialidad, sino que se dej\u00f3 llevar por sus pasiones\u00bb; que si el Ministerio P\u00fablico \u00abno estaba de acuerdo con la declaratoria de [su] libertad condicional\u2026, por falta de reparaci\u00f3n integral, entonces, por qu\u00e9 no se opuso tambi\u00e9n frente a la libertad condicional de\u2026 Luis Fabi\u00e1n S\u00e1nchez Calder\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pidi\u00f3 desestimar el resguardo, \u00abpor cuanto con el actuar judicial no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, vislumbr\u00e1ndose como \u00fanica pretensi\u00f3n cuestionar y debatir la decisi\u00f3n definitiva adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el asunto objeto de censura constitucional. <\/p>\n
4. El abogado Ricardo Morales Cano, quien dijo fungir como \u00abapoderado de [la] v\u00edctima\u00bb Acoexal nivel II, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en este asunto, pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00abel presupuesto de subsidiariedad no se cumple en este caso, porque la acci\u00f3n de tutela se dirige contra una actuaci\u00f3n judicial que se halla en curso\u00bb; y, adem\u00e1s, precis\u00f3, \u00aben punto del defecto procedimental\u2026 relacionado con la extemporaneidad del recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la representante del Ministerio P\u00fablico, se tiene que ese error no se present\u00f3, puesto que la decisi\u00f3n del 3 de diciembre de 2020 fue notificada al interviniente especial\u2026 el 15 de diciembre siguiente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 respecto de la presunta orfandad en la defensa t\u00e9cnica que denuncia el procesado durante el a\u00f1o 2020, se\u00f1\u00e1lese que si bien su apoderado de confianza el 15 de noviembre de 2019 manifest\u00f3 al Juzgado de conocimiento que desist\u00eda del recurso extraordinario interpuesto y que hasta ah\u00ed conclu\u00eda la gesti\u00f3n profesional para la que fue contratado, el procesado C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz conoci\u00f3 de tal manifestaci\u00f3n, sin embargo, no nombr\u00f3 otro apoderado o de confianza o solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar, en resumen, que no debi\u00f3 revocarse la decisi\u00f3n que le concedi\u00f3 la libertad condicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que, no desconoce la Sala que, en ocasi\u00f3n anterior, el actor promovi\u00f3 una tutela fundada en hechos similares a los aqu\u00ed expuestos, que fue negada por la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal, a trav\u00e9s de sentencia del 21 de julio de 2021 (STP12054-2021). <\/p>\n
Sin embargo, comoquiera que en dicha providencia no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de fondo de la situaci\u00f3n planteada, por cuanto se \u00abcarec\u00eda del soporte probatorio que le permitir\u00eda entrar a hacer el estudio que demanda\u2026 C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz\u00bb; y, adem\u00e1s, que se le indic\u00f3 al peticionario que ello no era obst\u00e1culo \u00abpara que el actor\u2026 interponga una nueva acci\u00f3n constitucional en la cual anexe las providencias relevantes\u2026\u00bb, esa Colegiatura proceder\u00e1 a examinar la controversia suscitada, con miras a no comprometer el derecho a la confianza leg\u00edtima del gestor. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, verifica la Sala que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el auto de 18 de febrero de 2021, que revoc\u00f3 el que se dict\u00f3 el tres de diciembre de 2020 y, en su lugar, neg\u00f3 la libertad condicional que deprec\u00f3 el quejoso, no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba improcedente conceder la anotada prerrogativa al tutelante, respecto de lo que precis\u00f3 que: <\/p>\n
5.3.2. Sobre la libertad condicional. El art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el canon 30 de la Ley 1709 de 2014, precisa: <\/p>\n
\u201cEl juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. <\/p>\n
2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
3. Que demuestre arraigo familiar y social. [\u2026] <\/p>\n
En todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supedita a la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci\u00f3n mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado\u201d. <\/p>\n
1) Sea lo primero manifestar que los comportamientos que motivaron la acusaci\u00f3n y posterior condena de\u2026 C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz comportaron may\u00fascula relevancia y reprochabilidad social, por los efectos econ\u00f3micos y sociales que acarrearon para el patrimonio p\u00fablico, la estabilidad del erario y los intereses superiores a los que deben aplicarse esos fondos; aspecto sobre el cual en su momento disertaron la primera y segunda instancia en unidad jur\u00eddica, y que en manera alguna a quo desconoce en el auto confutado. Valoraci\u00f3n que deviene ahora absolutamente pertinente, como lo expres\u00f3 la\u2026 Corte Constitucional en la sentencia C 757 de 20144 . <\/p>\n
Gravedad intr\u00ednseca que se expresa y proyecta temporalmente en la medida que el condenado nada ha hecho para reparar el da\u00f1o. <\/p>\n
2) El art\u00edculo 4 del CP, dispone: \u201cla pena cumplir\u00e1 las funciones de prevenci\u00f3n general, retribuci\u00f3n justa, prevenci\u00f3n especial, reinserci\u00f3n social y protecci\u00f3n al condenado. La prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n social operan en el momento de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En concordancia con ello los art\u00edculos 10 y 142 de la Ley 65 de 1993 se\u00f1alan que la finalidad del tratamiento carcelario es alcanzar la resocializaci\u00f3n del infractor de la ley penal. A su vez, la\u2026 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sostenido que la ejecuci\u00f3n de la pena est\u00e1 orientada a la protecci\u00f3n y reinserci\u00f3n del reo en el seno de la sociedad, pero que la duraci\u00f3n de la misma no depende en modo alguno de fines de prevenci\u00f3n especial. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que es factible que la ley supedite a ciertas condiciones preventivo-especiales, no la duraci\u00f3n m\u00e1xima de la condena, sino el otorgamiento del subrogado o sustitutivo de la libertad condicional o la concesi\u00f3n de determinados beneficios penitenciarios, que bien pueden operar bajo condicionantes expresos dados por el legislador seg\u00fan su facultad de configuraci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, no se desconoce que en principio el desempe\u00f1o que ha demostrado C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz al interior del Establecimiento Carcelario, conforme a la documentaci\u00f3n remitida por el penal en su momento, lo har\u00eda apto para el otorgamiento del mecanismo sustitutivo. <\/p>\n
Sin embargo, a juicio de esta Sala err\u00f3 el Juzgador al considerar que ninguna norma puede establecer que el condenado se vea en la obligaci\u00f3n de cumplir la totalidad de la condena como \u00fanica forma de obtener el cometido resocializador de la sanci\u00f3n, ya que las exigencias que se vienen analizando no son optativas o alternativas, sino expresas, claras y acumulativas, de modo que en caso de no cumplirse alguna de ellas, el hecho de que el condenado contin\u00fae privado de la libertad no obedece a un capricho judicial o a un exceso formalista del poder legislativo, sino a una justificaci\u00f3n v\u00e1lida a luz de ordenamiento jur\u00eddico en un Estado Social de Derecho, como es el amparo de la comunidad, y concretamente la reivindicaci\u00f3n de los derechos de la v\u00edctima. <\/p>\n
3) Estima esta Sala que si bien la resocializaci\u00f3n del delincuente se logra a trav\u00e9s de su inclusi\u00f3n o reinserci\u00f3n paulatina al seno de la sociedad, lo cierto es que est\u00e1 en \u00e9l dar los pasos que muestren su acatamiento a las pautas normativas, y que, como lo manda el art\u00edculo 64 C.P. debe propenderse por la protecci\u00f3n y el resarcimiento de quien ha padecido el delito; equilibrio que se logra exigi\u00e9ndole, como lo hace el precepto, a quien cometi\u00f3 una conducta t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable la reparaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados con su actuar delictivo. <\/p>\n
4) En un Estado Constitucional y en una democracia participativa los derechos de las v\u00edctimas de un delito resultan relevantes en grado sumo, y es por ello que el Constituyente elev\u00f3 a la Carta Pol\u00edtica el concepto de v\u00edctima. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
5) Ahora, concretamente, respecto al contenido y alcance de la expresi\u00f3n \u201cen todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci\u00f3n (\u2026) salvo que se demuestre insolvencia del condenado\u201d, es menester analizar la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 890 de 2004, que modific\u00f3 el canon 64 del CP en su disposici\u00f3n inicial, obs\u00e9rvese. <\/p>\n
All\u00ed se indic\u00f3, \u201clas experiencias recientes aconsejan tomar medidas que hagan m\u00e1s seria la instituci\u00f3n de la libertad condicional, exigiendo que quien pretenda optar a ella debe haber recibido el respectivo tratamiento penitenciario. As\u00ed tambi\u00e9n se justifica la exigencia de la multa para la concesi\u00f3n del subrogado\u201d. <\/p>\n
En el segundo debate al proyecto de ley ante la C\u00e1mara de Representantes se estableci\u00f3, \u201cas\u00ed mismo, se aprob\u00f3 otra proposici\u00f3n en el sentido de adicionar que la concesi\u00f3n del beneficio no opere cuando no haya habido reparaci\u00f3n a la v\u00edctima, salvo que tanto el incumplimiento de esta obligaci\u00f3n como la del pago de la multa se encuentren justificadas\u201d. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
6) En el caso sub examine no se desconoce que la sentencia condenatoria a\u00fan no se encuentra en firme, y es evidente que no se puede dar inicio al tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral contemplado en los art\u00edculos 103 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. No obstante, lo que se pretende con el cumplimiento de ese requisito sine qua non para el otorgamiento de la libertad condicional es que quien propenda por la concesi\u00f3n de aquel, reintegre el incremento patrimonial derivado de los delitos cometidos, es decir lo indebidamente apropiado, m\u00e1s no que indemnice integralmente a la v\u00edctima, como erradamente se pens\u00f3, pues es evidente que en el estado actual del proceso ello no es posible. Esto en la medida que tal determinaci\u00f3n est\u00e1 orientada a combatir una cierta clase de criminalidad caracterizada por la obtenci\u00f3n de elevados recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n
7) Por si fuera poco, que no lo es, no se pierda de vista que delitos como el concierto para delinquir agravado, por el cual aqu\u00ed se procede, est\u00e1n exceptuados de cualquier beneficio judicial o administrativo, salvo aquellos por colaboraci\u00f3n regulados en la ley, y siempre que esta sea efectiva, seg\u00fan lo normado en el art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
8) Se revocar\u00e1 la libertad condicional que fue concedida a C\u00e9sar Alejandro Cuervo Cruz al evidenciarse que no se cumplen los requisitos establecido por el legislador en el canon 64 del CP. De ah\u00ed que se ordenar\u00e1 su aprehensi\u00f3n de manera inmediata y su conducci\u00f3n al establecimiento penitenciario que el INPEC designe para tal fin, as\u00ed como tambi\u00e9n, se ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n de la P\u00f3liza Judicial No. NB100337290 expedida por Seguros Mundial, tomada por el procesado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n de la libertad condicional y concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos necesarios para otorgarle al quejoso ese beneficio, toda vez que no se hab\u00eda resarcido el da\u00f1o ocasionado a las v\u00edctimas. <\/p>\n
Entonces, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurdas o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, ha de destacarse que no encuentra la Corte que el Tribunal acusado hubiese trasgredido la garant\u00eda a la igualdad del tutelante, pues lo cierto es que dicha autoridad no conoci\u00f3 del beneficio otorgado a Luis Fabi\u00e1n S\u00e1nchez Calder\u00f3n, comoquiera que esa decisi\u00f3n no fue impugnada. <\/p>\n
Entonces, no puede predicarse que la autoridad convocada aplic\u00f3, injustificadamente, un trato diferente al actor, pues ello s\u00f3lo acontecer\u00eda en el evento en que la misma autoridad hubiese conocido de ambos casos y emitido decisiones contradictorias, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14367-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14367-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}