STC14376-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14376-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00976-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 30 de noviembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Wilson Rub\u00e9n Acosta Guerrero contra el Juzgado 16 de Familia de esta localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, a la familia, \u00aba no ser discriminado\u00bb y al libre desarrollo de la personalidad, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar nulas las decisiones del Juzgado 16 de Familia\u00bb y, en consecuencia, se ordene \u00abrealizar nuevamente audiencia de fallo en la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante decisi\u00f3n del 4 de noviembre de 2021, se emiti\u00f3 medida definitiva de protecci\u00f3n en favor de Yolima Alejandra Oviedo Ayala, por lo que se orden\u00f3 al enjuiciado que \u00abse abstenga de realizar cualquier acto de violencia\u2026 en contra de [la denunciante y sus menores hijas]\u00bb; adicionalmente, se emiti\u00f3 \u00aborden de desalojo\u00bb en contra de Wilson Rub\u00e9n Acosta Guerrero, del inmueble en el que resid\u00eda junto con las adolescentes y su esposa. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n el denunciado formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el juzgado accionado con prove\u00eddo del 30 de junio de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00ablas acciones evidenciadas durante el proceso y que han sido demostradas en el expediente, no ameritan el desalojo del progenitor-hombre, pues es claro que [su] presencia\u2026 en la casa de habitaci\u00f3n de la familia no representa una amenaza para la vida de\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, ni para su integridad f\u00edsica o salud\u00bb; que no se valoraron los pruebas que alleg\u00f3 con la apelaci\u00f3n; y que se \u00abdio valor probatorio a las simples declaraciones orales de\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, cuando ya la etapa de pruebas hab\u00eda sido cerrada, y durante el desarrollo de la audiencia de tr\u00e1mite, por lo que no tuvo la oportunidad de controvertirlas en derecho\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que \u00abla relaci\u00f3n paternofilial con [sus] menores hijas\u2026 ha sido obstruida totalmente por\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, quien les hizo cambio de sim card\u00bb; que la Comisar\u00eda criticada \u00abomiti\u00f3 definir\u2026 la custodia [de sus hijas], [ni] tampoco determin\u00f3 ning\u00fan r\u00e9gimen de visitas provisional\u2026 dejando a las menores a la merced de\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala\u00bb; y que su exesposa le \u00abexige que\u2026 \u201ccumpla\u201d con el rol de proveedor (estereotipo de g\u00e9nero que se constituye en violencia de g\u00e9nero en [su] contra)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 16 de Familia de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abno observa actuar irregular de [su] parte, toda vez que las actuaciones surtidas han sido efectuadas conforme a la normatividad aplicable para el caso, respetando el debido proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Once de Familia de la Localidad de Suba manifest\u00f3 que defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La profesional del derecho Zonia Marlene Oviedo Ayala, quien dijo fungir \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderada de\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, dentro de la actuaci\u00f3n administrativa\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarla en el presente asunto, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. Yolima Alejandra Oviedo Ayala destac\u00f3 que \u00abgracias [a la medida de protecci\u00f3n] que emiti\u00f3 la comisaria, [ella y sus hijas han] podido empezar a recuperar [su] dignidad, el autoestima, tranquilidad y respeto que como mujeres [hab\u00edan] perdido debido a la violencia intrafamiliar\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n del funcionario accionado\u2026, no es caprichosa o arbitraria, dado que, para proferirla se fund\u00f3 en las pruebas allegadas al proceso y las que de oficio se decretaron; tuvo fundamento objetivo y legal\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la decisi\u00f3n de 30 de junio anterior no denota arbitrariedad, porque el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que resultaba viable conceder la medida de protecci\u00f3n que se solicit\u00f3 contra el promotor, sobre lo cual, tras rese\u00f1ar el marco normativo que reg\u00eda el asunto y las probanzas recaudadas en primera instancia, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Refiere el denunciado, que no est\u00e1 de acuerdo porque ha venido refiriendo que la Comisaria Once de Familia no le tuvo en cuenta \u201c(\u2026) presenta citaci\u00f3n procedente ante autoridad competente por el presunto de violencia familiar, sin embargo, la accionante\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, s\u00ed registra antecedente de citaci\u00f3n y apertura de investigaci\u00f3n por violento comportamiento al interior de la familia. (\u2026)\u201d, pero haciendo precisi\u00f3n a que la progenitora tiene una medida de protecci\u00f3n en su contra, siendo aceptado su desistimiento por parte del accionado respecto a ella, objeto que no llega a nuestro caso ya que estamos ante la protecci\u00f3n entre otros de la NNA., de quien respecto de lo expresado por la NNA\u2026 ante la Comisaria de Familia, no observa este Juzgador que se haya incurrido en ninguna clase de ilegalidad guardando siempre al debido proceso, lo manifestado por la NNA\u2026, cuya versi\u00f3n se encamin\u00f3 entre otros sobre ser conocedora o no de los hechos endilgados al incidentado en el tr\u00e1mite administrativo siendo su versi\u00f3n clara y coherente que no ofrece manto de duda sobre lo all\u00ed expresado, prueba \u00e9sta que fuera solicitada incluso por el mismo progenitor y que de oficio as\u00ed se decretara; aunado a que dicha prueba en conocimiento de los interesados en su momento procesal pertinente, la misma se surti\u00f3 manifestando el denunciado ser falsas sin aportar ning\u00fan soporte legal que as\u00ed lo evidenciase siendo notificados en debida forma de la audiencia del 04 de noviembre de 2021, no siendo esta la instancia judicial para aportarlas o solicitar pruebas que no fueron pedidas en su oportunidad procesal, para as\u00ed igualmente haber tenido la oportunidad de ser controvertirlas llegado el caso, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la Comisaria de conocimiento tuvieron fundamento en las aportadas y practicadas en su oportunidad procesal pertinente, no siendo esta la v\u00eda para abrir nuevamente paso a dicha etapa procesal ya fenecida. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conforme a las pruebas antes analizadas se observa que de la parte accionada ha existido maltrato psicol\u00f3gico a las menores\u2026 y a\u2026 Yolima Alejandra Oviedo Ayala, en cuanto al comportamiento de amenaza que ha ejercido, hechos estos relatados por la NNA\u2026 de su progenitor Wilson Rub\u00e9n Acosta Guerrero, relato coherente y concordante con lo manifestado en los hechos de la denuncia presentada por la progenitora y en ratificaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Si bien es cierto en la entrevista psicol\u00f3gica la NNA no recuerda las fechas, s\u00ed tiene claro los eventos ocurridos, mismos que guardan consonancia con la narrativa expresada en la denuncia, lo que constituye una forma de violencia intrafamiliar que no puede ser de recibo por este Juzgador, lo que sale a la luz el maltrato ejercido a su progenie por parte su progenitor, m\u00e1s a\u00fan, cuando la ni\u00f1a manifiesta su temor que le ha proporcionado el progenitor con sus acciones de amenaza econ\u00f3mica, dando en descontento que esta tiene frente a su progenitor, siendo la menor una persona indefensa, que por el contrario se exige un trato especial, amable y paciente sobre todo de sus familiares m\u00e1s pr\u00f3ximos el cual no ha sido el dispensado por la parte accionada, circunstancia que permite afirmar la violencia intrafamiliar denunciada a la luz del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 294 del 1996 modificado por ley 575 del 2000, art\u00edculo 1\u00b0, modificado por la ley 1257 del 2008 art\u00edculo 16, y, en consecuencia, hacen procedente la medida de protecci\u00f3n tomada por la Comisaria Once de Familia de Bogot\u00e1, para prevenir que se vuelvan a dar hechos de esta naturaleza y proteger as\u00ed a las NNA\u2026, de manera que la decisi\u00f3n objeto de la apelaci\u00f3n no resulta criticable y las medidas de protecci\u00f3n impuestas por la Comisaria resultan las m\u00e1s convenientes dadas las circunstancias acreditadas; adem\u00e1s que se encuentran dentro de las medidas previstas legalmente, de manera que la decisi\u00f3n objeto de la apelaci\u00f3n se mantiene conforme a lo expuesto. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la autoridad criticada valor\u00f3 las probanzas que se recaudaron en el proceso cuestionado y concluy\u00f3 que se demostraron los hechos de violencia econ\u00f3mica que se imputaron al denunciado, siendo procedente otorgar la medida de protecci\u00f3n que se reclam\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado, sin que fuera viable apreciar los elementos de juicio aportados con la apelaci\u00f3n, comoquiera que se trataba de pruebas allegadas por fuera de las oportunidades que contempla el ordenamiento jur\u00eddico, lo que imped\u00eda su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, en lo que ata\u00f1e a los reproches concernientes a que no se resolvi\u00f3 en el asunto acusado sobre la custodia y r\u00e9gimen de visitas de las hijas comunes, as\u00ed como tambi\u00e9n el concerniente a la supuesta aplicaci\u00f3n de un estereotipo de g\u00e9nero, evidencia la Sala que tales planteamientos no fueron esgrimidos por el quejoso como sustento de la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al prove\u00eddo de 4 de noviembre de 2021, que impuso la medida de protecci\u00f3n de la que se duele, omisi\u00f3n que hace inviable el resguardo. <\/p>\n
En efecto, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Cabe a\u00f1adir que, si el actor considera que los derechos de sus hijas est\u00e1n siendo vulnerados por su madre, debe iniciar el correspondiente tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, con la finalidad de que la autoridad competente esclarezca dicha situaci\u00f3n; as\u00ed como tambi\u00e9n puede incoar proceso judicial para que se resuelva sobre la custodia y el r\u00e9gimen de visitas respecto de las adolescentes. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del gestor, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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