STC14377-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14377-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03600-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Andr\u00e9s Santacruz Caicedo y Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado N\u00b0 2020-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
En apoyo de su queja, se\u00f1alaron que en el proceso ejecutivo promovido por Elcira Rico Peraf\u00e1n contra Juan Carlos Vega Navia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n reconoci\u00f3 el 6 de junio de 2019 a Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez, aqu\u00ed actora, como \u00abtercera con inter\u00e9s\u00bb, decisi\u00f3n ratificada, en sede de reposici\u00f3n, el 22 de julio de 2019. <\/p>\n
Indicaron que por la petici\u00f3n de la ejecutante ese tr\u00e1mite fue sometido a \u00abcambio de radicaci\u00f3n\u00bb, y pas\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n y tras realizar un control de legalidad, en providencia de 10 de diciembre de 2021 resolvi\u00f3 dejar sin efectos la mencionada decisi\u00f3n de 6 de junio de 2019, al estimar que la se\u00f1ora Vivas Narv\u00e1ez carec\u00eda de \u00abinter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir (\u2026) en el asunto\u00bb, determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Advirtieron que en auto de 10 de febrero de 2022 se neg\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta y no se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 y, adem\u00e1s, atendiendo la petici\u00f3n de la demandante se impuso al apoderado de Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez, una multa equivalente a un (1) SMLMV, por omitir el deber contenido en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, concordante con el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 806 de 2020, consistente en enviarle a las partes, a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico copia de los recursos propuestos. <\/p>\n
Afirmaron que frente al anterior pronunciamiento interpusieron reposici\u00f3n y, en subsidio queja, para cuestionar la negativa a la apelaci\u00f3n formulada y adem\u00e1s lo concerniente a la sanci\u00f3n pecuniaria, sin embargo, en pronunciamiento de 14 de marzo de 2022, el Juzgado de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n en cuanto a la multa y concedi\u00f3 la alzada propuesta. <\/p>\n
Explicaron que el Tribunal Superior accionado en providencia de 19 de julio de 2022, declar\u00f3 mal negada la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto de 10 de diciembre de 2021 y la admiti\u00f3, al considerar que resultaba apelable la providencia en la que se \u00abdej\u00f3 sin efecto\u00bb el reconocimiento como tercera de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Indicaron que posteriormente, el 1\u00ba de agosto de 2022 esa Corporaci\u00f3n, aunque resolvi\u00f3 avalar la determinaci\u00f3n de 10 de diciembre de 2021 porque consider\u00f3 que la actora carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para participar en la ejecuci\u00f3n controvertida, la modific\u00f3 para \u00abdejar sin valor y efecto tambi\u00e9n, el auto adiado el 22 de julio de 2019, por medio del cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n frente al auto del 06 de junio de 2019, confirmando en todo lo dem\u00e1s la providencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
Advirtieron que como el Tribunal Superior se extralimit\u00f3 en sus competencias al proferir esa providencia, pues no pod\u00eda extender los efectos de su decisi\u00f3n a un auto que no fue discutido, propusieron la nulidad del tr\u00e1mite, con apoyo en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, no obstante, la Corporaci\u00f3n accionada en auto de 31 de agosto de 2022, desestim\u00f3 tal invalidez. <\/p>\n
Para los actores, la gesti\u00f3n descrita evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, toda vez que, en s\u00edntesis, desconoci\u00f3 la calidad de \u00abposeedora\u00bb de Claudia del Pilar Vivas respecto del inmueble embargado en la ejecuci\u00f3n denunciada, cuando esa condici\u00f3n no ha sido modificada por los distintos fallos ordinarios y constitucionales que citaron los funcionarios acusados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indicaron que se relegaron todas las actuaciones surtidas desde el reconocimiento de aqu\u00e9lla como tercera, cuando \u00e9stas ya estaban consolidadas. <\/p>\n
Cuestionaron, igualmente, la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta al abogado accionante, ya que, en su criterio, las normas para entonces vigentes no contemplaban ese correctivo y, con todo, resalt\u00f3 que esa multa revela un \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb, puesto que la omisi\u00f3n reprochada no afect\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n y defensa de los interesados, quienes se enteraron de los recursos propuestos e, incluso, obtuvieron una \u00abdecisi\u00f3n favorable\u00bb. <\/p>\n
2. Por tanto solicitaron declarar que el Tribunal Superior accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho en las decisiones de 1\u00ba y 31 de agosto de 2022, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n en los autos de 10 de diciembre de 2021 y 10 de febrero de 2022, y, en consecuencia, reclamaron que se les ordenara proferir de nuevo las providencias, \u00abci\u00f1\u00e9ndose a las disposiciones del Decreto 806 de 2.020, y considerando la inexistencia de perjuicio alguno ocasionado a la Parte Recurrente\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Elcira Rico Peraf\u00e1n indic\u00f3 que la tutela resultaba improcedente porque la actora no agot\u00f3 los recursos a su alcance para obtener lo pretendido. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que en las providencias cuestionadas no se incurri\u00f3 en irregularidad. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que se remit\u00eda a las consideraciones vertidas en las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. Examinada la queja constitucional y los soportes allegados, se evidencia que los se\u00f1ores Jorge Andr\u00e9s Santacruz Caicedo y Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez reprochan, concretamente, (i) la providencia de 10 de diciembre de 2021, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n dej\u00f3 sin efectos el reconocimiento de Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez como tercera interesada en el proceso, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior accionado el 1\u00ba de agosto de 2022; (ii) la providencia de 31 de agosto de 2022, en la que la Corporaci\u00f3n accionada neg\u00f3 la \u00abdeclaraci\u00f3n de nulidad a partir de lo actuado en auto del 01 de agosto de 2022\u00bb, seg\u00fan lo pedido por Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez, y, (iii) la decisi\u00f3n de 10 de febrero de 2022, en la que el Juzgado nombrado le impuso al abogado Jorge Andr\u00e9s Santacruz Caicedo la multa cuestionada, auto confirmado al definirse su reposici\u00f3n, el 14 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. En cuanto a la primera censura constitucional que formula Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez, relativo a la revocatoria de su reconocimiento como tercera interesada en el proceso ejecutivo denunciado, es del caso indicar el fracaso de esa queja, pues revisada la providencia de 1\u00ba de agosto de 2022 con la que el Tribunal Superior de Popay\u00e1n puso fin a dicha controversia, no se encuentra arbitrariedad lesiva de garant\u00edas sustanciales y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, en la mencionada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada comenz\u00f3 por referirse a los argumentos de la apelante, quien sostuvo tener pleno inter\u00e9s en el proceso y encontrarse consolidadas otras actuaciones donde se le reconoci\u00f3 legitimaci\u00f3n para intervenir y, tras ello, relacion\u00f3 las distintas actuaciones surtidas en el litigio, de las cuales se extra\u00eda, seg\u00fan lo expres\u00f3 el Tribunal Superior, la necesidad de separar a la accionante del proceso, como quiera que su intervenci\u00f3n, sin justificaci\u00f3n, hab\u00eda suscitado la dilaci\u00f3n del asunto, lo que condujo, incluso, el cambio de radicaci\u00f3n que ese Tribunal aval\u00f3 el 17 de marzo de 2020. <\/p>\n
Enseguida, puso de presente que en los tres procesos de pertenencia que intent\u00f3 Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez, no le fue reconocida la calidad de poseedora y, por ello, apenas pod\u00eda comprenderse que se trataba de una mera \u00abtenedora\u00bb del inmueble cautelado, por lo que \u00abno exist\u00eda justificaci\u00f3n jur\u00eddica alguna para permitir su intervenci\u00f3n en [ese] juicio compulsivo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que la revocatoria del reconocimiento de la accionante como tercera interesada no resultaba \u00abextempor\u00e1nea\u00bb, como \u00e9sta lo hab\u00eda alegado en la apelaci\u00f3n, ya que la ejecutante ejerci\u00f3 todos los mecanismos estatuidos para lograr la determinaci\u00f3n discutida, incluyendo un \u00abincidente de nulidad\u00bb anterior que, si bien no se defini\u00f3 positivamente, s\u00ed le permiti\u00f3 al Tribunal conminar al a quo para que ejerciera sus deberes como director del proceso y realizara el control de legalidad necesario a fin de establecer la participaci\u00f3n de aqu\u00e9lla en el proceso y evitar m\u00e1s dilaciones. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal Superior modific\u00f3 el auto de 10 de diciembre de 2021 \u00abque dej\u00f3 sin valor ni efecto el auto del 06 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, para dejar sin valor y efecto tambi\u00e9n, el auto adiado el 22 de julio de 2019, por medio del cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n frente al auto del 06 de junio de 2019, confirmando en todo lo dem\u00e1s la providencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el anterior pronunciamiento no contiene irregularidades, ya que de la revisi\u00f3n del proceso ejecutivo denunciado se extrae que, en realidad, la participaci\u00f3n de la accionante en esas diligencias no estaba justificada, como quiera que se trata de una ejecuci\u00f3n hipotecaria donde ya se encuentra embargado y secuestrado el inmueble y no se ha logrado el efectivo remate, entre otras cuestiones, por la asidua intervenci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, respecto de quien, como lo anot\u00f3 el Tribunal Superior, no se prob\u00f3 sino su condici\u00f3n de \u00abtenedora\u00bb del predio perseguido. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que la modificaci\u00f3n que decret\u00f3 el Tribunal para dejar sin efecto, tambi\u00e9n, el auto de 22 de julio de 2021, con el que se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de 6 de junio de 2019 \u2013donde se hab\u00eda reconocido a la accionante como tercera-, tampoco entra\u00f1a irregularidad, ya que resulta coherente que, si la primera decisi\u00f3n proferida perdi\u00f3 su valor y efecto, el recurso y la definici\u00f3n de \u00e9ste manteni\u00e9ndola, de igual modo, carecen de valor. <\/p>\n
Por tanto, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener la solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora, frente a la segunda censura, relacionada con el auto de 31 de agosto de 2022, con el que el Tribunal desestim\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 la accionante por la supuesta \u00abextralimitaci\u00f3n\u00bb de sus competencias, tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad ante la incuria de la peticionaria, ya que contra esa decisi\u00f3n bien pudo interponer el recurso de s\u00faplica a su alcance \u2013art. 331 y el num. 6 del art. 321-; no obstante, guard\u00f3 silencio, permitiendo con ello que cobrara ejecutoria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n demandada por ese aspecto resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de interposici\u00f3n del citado recurso, pues la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios que edifican este mecanismo. <\/p>\n
5. Finalmente y en relaci\u00f3n con la tercera queja, corresponde, determinar que el accionante Jorge Andr\u00e9s Santacruz Caicedo s\u00f3lo est\u00e1 habilitado para formular el amparo en relaci\u00f3n con esta censura, pues la actuaci\u00f3n en la que se le impuso la multa de un (1) SMLMV se relaciona directamente con el cumplimiento de sus deberes como mandatario judicial, por lo tanto, en lo dem\u00e1s, se advierte su falta de legitimaci\u00f3n, ya que no actu\u00f3 como parte o tercero interesado en el proceso ejecutivo que se discute, postura reiterada por esta Sala en asuntos similares y en varias oportunidades (CSJ, STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019 y STC3425-2022). <\/p>\n
Fijado lo anterior y revisado el asunto censurado, se establece la inexistencia de arbitrariedad o desafuero en la actuaci\u00f3n que critica el mencionado abogado, pues revisado el pronunciamiento de 14 de marzo de 2022, en el que el Juzgado mantuvo la sanci\u00f3n pecuniaria, en sede de reposici\u00f3n, se encuentra una fundamentaci\u00f3n razonable, acorde con las normas aplicables y lo ocurrido en el proceso. <\/p>\n
En efecto, se destaca que en esa decisi\u00f3n, se indic\u00f3 que \u00abla ex\u00f3tica interpretaci\u00f3n que plantea el recurrente, en lo relativo a que el numeral 14 del art\u00edculo 78 del CGP, no aplica en este momento en el sub lite, por ser prevalente lo dispuesto en el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 806\/20\u00bb, ya que, seg\u00fan expres\u00f3, la materia que regul\u00f3 ese Decreto Legislativo de car\u00e1cter extraordinario, fue \u00abla adopci\u00f3n de medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, para agilizar los procesos y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios de la justicia, en el marco del estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica, que no derogar o sustituir las normas adjetivas vigentes\u00bb, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que dichas normas extraordinarias no se refirieron a los deberes o responsabilidades de las partes y sus abogados y las consecuencias de su inobservancia, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda entenderse que \u00abel art\u00edculo 78-14 del CGP, haya sido sustituido y no tenga aplicaci\u00f3n en este momento, por todo lo cual deviene inane el ataque, que con base a esa inapropiada ex\u00e9gesis, realiza el censor\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que la citada norma faculta a la parte afectada -como ocurri\u00f3 en el caso- para solicitar la imposici\u00f3n de una multa, la cual se decret\u00f3 porque, el abogado de la se\u00f1ora Vivas Narv\u00e1ez, \u00abobjetivamente se sustrajo a la obligaci\u00f3n de enviar a las partes concernidas los memoriales o escritos contentivos de peticiones, recursos\u00bb. <\/p>\n
De la argumentaci\u00f3n expuesta, como se anunci\u00f3, no se extrae desafuero o irregularidad, ya que el Juzgado tuvo en cuenta los presupuestos contemplados en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, para imponer la sanci\u00f3n pecuniaria que reclam\u00f3 la ejecutante, los cuales no perdieron vigencia por la norma transitoriamente expedida y que ata\u00f1en al \u00abincumplimiento\u00bb del deber consistente en enviarle \u00aba las dem\u00e1s partes del proceso despu\u00e9s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o un medio equivalente para la transmisi\u00f3n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso\u00bb, criterio objetivo que no impone la valoraci\u00f3n de circunstancias adicionales y que esta Sala ya ha estimado razonable en asuntos equiparables (STC8679-2021)1. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Andr\u00e9s Santacruz Caicedo y Claudia del Pilar Vivas Narv\u00e1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como se indic\u00f3 en dicho pronunciamiento, en el pliego de modificaciones al proyecto del C\u00f3digo General del Proceso, sobre el alcance de la referida disposici\u00f3n la comisi\u00f3n redactora, precis\u00f3: \u00abEl segundo de los numerales adicionados, numeral 14, consagra un deber de lealtad procesal con la contraparte consistente en enviar al correo electr\u00f3nico suministrado, un ejemplar de los memoriales presentados durante el proceso. Este deber solo surge a partir del momento en que la contraparte est\u00e1 notificada y, l\u00f3gicamente, se except\u00faa de esta obligaci\u00f3n la petici\u00f3n de medidas cautelares. De igual forma, se contempla en la parte final del art\u00edculo que el incumplimiento del deber lealtad en menci\u00f3n en ning\u00fan caso afectar\u00e1 la validez de las actuaciones, con lo que pretende evitar la posible configuraci\u00f3n de nulidades procesales. En definitiva, se trata de un deber de lealtad y buenas pr\u00e1cticas procesales\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
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