STC14386-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01972-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el \u00f3rgano convocante frente a la sentencia del pasado 21 de septiembre, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Concejo de Bogot\u00e1 contra el Juzgado 45\u00b0 Civil del Circuito de esta misma capital. Al tr\u00e1mite fueron integrados el estrado 72\u00b0 Civil Municipal \u00eddem (hoy 54\u00b0 de Peque\u00f1as Causas transitorio), as\u00ed como Olga Marlene Rodr\u00edguez Vega y los dem\u00e1s part\u00edcipes en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El ente promotor deprec\u00f3, con apoyo del director jur\u00eddico, la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a restar valor a lo dirimido en segunda instancia en el expediente de similar raigambre (rad. n.\u00b0 \u00ab2022-00833\u00bb). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo el Concejo, en s\u00edntesis, que el despacho fustigado dispuso, a trav\u00e9s de fallo de 30 de agosto de los corrientes, proferido en sede de impugnaci\u00f3n de la parte ah\u00ed reclamante Olga Marlene Rodr\u00edguez Vega, revocar la sentencia desestimatoria que en primer grado dictara el 72\u00b0 Civil Municipal capitalino (hoy 54\u00b0 de Peque\u00f1as Causas transitorio) para, por ende, acceder a la s\u00faplica de amparo por ella pedido en su contra dentro del paginario arriba descrito y, as\u00ed las cosas, ordenarle el \u00abreintegr[o] al cargo que [la misma] ven\u00eda desempe\u00f1ando o [a] uno (\u2026) de superior jerarqu\u00eda\u00bb -por \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb-. <\/p>\n
Critic\u00f3 el referido estamento cabildante el anterior pronunciamiento, pues la jueza del circuito quiso dar por cierta la supuesta afectaci\u00f3n de salud de la all\u00e1 tutelante con base en algunas probanzas, aunque con omisi\u00f3n de otra m\u00e1s reciente que s\u00ed daba cuenta de su real condici\u00f3n m\u00e9dica, la cual le imped\u00eda servirse de la \u00abestabilidad\u00bb que le fue reconocida, m\u00e1xime si tampoco ha de ostentar el estatus de \u00abprepensionada\u00bb. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 45\u00b0 Civil del Circuito se opuso al \u00e9xito de la clama por ausencia de vulneraci\u00f3n. Comparti\u00f3 copia magn\u00e9tica del correspondiente dossier de tutela n.\u00b0 \u00ab2022-00833\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 72\u00b0 Civil Municipal (hoy 54\u00b0 de Peque\u00f1as Causas transitorio) memor\u00f3 lo acontecido en el mencionado decurso. Tambi\u00e9n reprodujo enlace de la controversia en cita. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Olga Marlene Rodr\u00edguez Vega tambi\u00e9n se mostr\u00f3 \u2013mediante apoderado\u2013 en contra de la ventura del ruego, por inviabilidad e impertinencia de las censuras. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Ministerio del Trabajo y Colpensiones dijeron, por aparte, que los reproches les son extra\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se arrojaron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, a la postre, que el organismo peticionario tiene a su alcance solicitar la escogencia del veredicto tutelar disentido, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el Concejo convocante, con persistencia en sus ataques y aspiraci\u00f3n primigenios, pero a\u00f1adiendo que la revisi\u00f3n eventual no es implemento id\u00f3neo y, por tanto, es dable el an\u00e1lisis de fondo sugerido al momento de la instauraci\u00f3n de la demanda de marras. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y, por antonomasia, de acaecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, de cara a las actuaciones desplegadas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en sentencia T-353 de 2012, con citaci\u00f3n de lo afirmado en la SU-1219 de 2001, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u2026[L]a Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna\u2026 (T-353 de 2012; SU-1219 de 2001; reiterada por la CSJ en STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107. Subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y en trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n superlativa en el aludido supuesto, esta Sala tambi\u00e9n decant\u00f3: <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (\u00c9nfasis. CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01, reiterada en STC8097, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
<\/p>\n
1. As\u00ed las cosas, deviene insatisfecho el requisito de subsidiariedad en el sub examine, pues el Concejo accionante a\u00fan puede acudir en forma directa ante la Corte Constitucional en busca de insistir en la eventual revisi\u00f3n del fallo supralegal de que se duele, m\u00e1xime si se pone de relieve que a la fecha ni siquiera aparecen remitidas a Sala de Selecci\u00f3n de dicha Corporaci\u00f3n las foliaturas correspondientes al descrito dossier (de radicado n.\u00b0 \u00ab2022-00833\u00bb). <\/p>\n
Y no se diga que ese no es un escenario id\u00f3neo, pues como lo dejara sentado esta Magistratura en un caso con alguna simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado[:] <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (Resaltado con intenci\u00f3n. CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 02195-00; STC8658, 14 may. 2021, rad. 02101-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su competencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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