STC14398-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14398-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03599-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Leonardo Herrera Anaya le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, obrando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa e igualdad\u00bb, para que: <\/p>\n
i) Se investigue y se aclare a qui\u00e9n se le entreg\u00f3 la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal en febrero sin [haberlo] notificado de la misma y con la cual [su] hija fue coaccionada en Ginebra Suiza, al parecer con fines extorsivos. <\/p>\n
ii) Se tutele [sus] derechos fundamentales conculcados incluido el defecto f\u00e1ctico que viola la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia por no valorar las pruebas f\u00e1cticas determinantes y conducentes. <\/p>\n
iii) Como consecuencia, se ordene al Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Penal y a la Corte Suprema de Justicia revocar los fallos que por falta de valoraci\u00f3n de pruebas f\u00e1cticas dieron un fallo equivocado. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual revoc\u00f3 la absolutoria del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento de esa ciudad y, en su lugar, lo declar\u00f3 responsable del delito de fraude procesal, le impuso una pena de 72 meses de prisi\u00f3n, multa de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 60 meses y le concedi\u00f3 el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria (SP230-2022, 9 feb.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el anterior pronunciamiento le fue notificado el 22 de septiembre de 2022, \u00absiete meses despu\u00e9s de haber llegado esta providencia a su hija que vive en Europa, ciudad de Ginebra, Suiza, sin haber notificado al suscrito, con la finalidad al parecer de sacar dinero\u00bb, situaci\u00f3n que debe ser investigada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, aunado a que tanto en el veredicto del Tribunal Superior como en el de aquella se incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria al \u00abtener como cierto y verdadero la teor\u00eda del caso presentada por la Fiscal\u00eda y los falsos testimonios de Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano y Jaime Enrique D\u00edaz, quienes bajo la gravedad de juramento en el proceso civil que se adelant\u00f3 en el Juzgado Sexto Civil del Circuito hab\u00edan declarado conocer de la comisi\u00f3n y haber realizado la negociaci\u00f3n, desconoci\u00e9ndose pruebas f\u00e1cticas, contundentes y determinantes, lo cual conllev\u00f3 a un error en sus decisiones\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al auxilio por cuanto \u00abel accionante en uso de la acci\u00f3n constitucional pretende cuestionar lo determinado vali\u00e9ndose de la misma argumentaci\u00f3n que fue expuesta en la sustentaci\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n especial, exposici\u00f3n de motivos que fue objeto de valoraci\u00f3n y respuesta por parte de esta Corporaci\u00f3n al resolver dicho medio de defensa\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Penal – defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa urbe manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio seguido contra el accionante, en \u00abel cual profiri\u00f3 sentencia absolutoria el 14 de junio de 2019, decisi\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n por parte del ente acusador y la representaci\u00f3n de v\u00edctimas ante el superior\u00bb. <\/p>\n
El Sexto Civil del Circuito pidi\u00f3 \u00abnegar el amparo en su contra por cuanto no ha lesionado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 43 Seccional \u2013 Sub Unidad de Juicios indic\u00f3 que \u00abla sentencia condenatoria proferida en contra de Leonardo Herrera Anaya por el Tribunal Superior y confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se encuentra ajustada a derecho y cuenta con el soporte legal y jur\u00eddico requerido para ello\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 5 Judicial II Penal rog\u00f3 \u00abdenegar la acci\u00f3n constitucional\u00bb en tanto \u00abse busca revivir un debate que ya fue ventilado al interior del proceso, situaci\u00f3n que no puede ser de recibo\u00bb. <\/p>\n
Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano refiri\u00f3 que el gestor \u00aben el proceso cuestionado ejerci\u00f3 una participaci\u00f3n activa ejerciendo su defensa material, luego est\u00e1 actuando con temeridad y mala fe para distraer la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente, se anuncia que la Sala restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al prove\u00eddo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (9 feb. 2022) porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el juzgador de segundo grado, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, esboz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la Corte encuentra que la versi\u00f3n entregada por Leonardo Herrera Anaya al interior del tr\u00e1mite ejecutivo 2011-00108, cuando descorri\u00f3 el escrito de excepciones, sobre el origen del cheque base de la ejecuci\u00f3n, es absolutamente falaz y, su objetivo, no era otro que el de darle una apariencia de legalidad al cobro de una obligaci\u00f3n inexistente, todo en aras de defraudar el patrimonio de Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano, persona con la que hab\u00eda tenido una relaci\u00f3n sentimental que, seg\u00fan detallaron algunos de los testigos, estuvo enmarcada por los abusos f\u00edsicos y econ\u00f3micos del procesado hacia la referida dama. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en este punto es posible sostener entonces que la demanda ejecutiva propuesta por Leonardo Herrera Anaya en contra de Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano, se edific\u00f3 sobre una mentira, pues como viene de verse, no era cierto que esta mujer hubiera contra\u00eddo alguna obligaci\u00f3n monetaria con el ejecutante, entre otras razones, porque el cheque objeto del cobro no le fue girado a \u00e9l, situaci\u00f3n que deja a Herrera Anaya como un ilegitimo tenedor del t\u00edtulo, despoj\u00e1ndolo as\u00ed de la posibilidad de hacerlo exigible por cualquier v\u00eda legal. <\/p>\n
6. Ahora bien, esclarecido el hecho de que el cheque No. 000014 librado en contra de la cuenta corriente 484-02088- 8 del Banco Santander, no fue girado en favor de Leonardo Herrera, ni ten\u00eda como objetivo cubrir el costo de unos honorarios por el corretaje que \u00e9ste supuestamente realiz\u00f3 en un negocio de compraventa de bien inmueble, cobra valor y fuerza la versi\u00f3n entregada por la v\u00edctima, tanto en el proceso ejecutivo como en el penal, acerca de la verdadera g\u00e9nesis de ese t\u00edtulo valor. <\/p>\n
6.1. En declaraci\u00f3n rendida durante el juicio oral, Mar\u00eda del Carmen Chaparro narr\u00f3 c\u00f3mo en el mes de febrero del a\u00f1o 2008, ella, en compa\u00f1\u00eda de Leonardo Herrera, se desplaz\u00f3 hasta la ciudad de Maracaibo, Venezuela, a realizar un negocio con un primo de \u00e9ste, el cual consist\u00eda en recibirle a esa persona una tarjeta, aparentemente aprovisionada con una alta suma de dinero, para que la trajera y la cambiara en Colombia, pa\u00eds donde el canje tendr\u00eda mayores beneficios, para con posterioridad dividir las ganancias entre ellos dos. <\/p>\n
De acuerdo con esa versi\u00f3n, estando en Maracaibo, tanto Herrera Anaya como su primo la habr\u00edan alentado a entregar un cheque firmado en blanco, con el fin de respaldar el negocio, justificando ello en el hecho de que finalmente no sab\u00edan de cu\u00e1nto ser\u00edan las ganancias, de modo que al final podr\u00eda llenarse por el respectivo valor sin llegar a perjudicar a ninguna de las partes. <\/p>\n
Dado que ese negocio no termin\u00f3 siendo exitoso, pues la tarjeta nunca pudo ser canjeada en Colombia, la testigo asegur\u00f3 efectu\u00f3 la devoluci\u00f3n de ese elemento por conducto de Herrera Anaya, quien se encarg\u00f3 de remitirlo a su primo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 la deponente que, aunque ella obr\u00f3 de la manera antes indicada, el cheque entregado como respaldo del negocio, nunca regres\u00f3 a sus manos, aun cuando fue insistente en reclamarlo, recibiendo finalmente como respuesta de Herrera Anaya, que el mismo hab\u00eda sido debidamente destruido por su familiar. <\/p>\n
Acto seguido indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Tal narrativa fue de manera perif\u00e9rica corroborada por los testigos Jaime Enrique D\u00edaz, Elkin Andr\u00e9s Lozano Chaparro y Nanci Oliva Ojeda, quienes en la vista p\u00fablica sostuvieron haber conocido la existencia del viaje en menci\u00f3n, as\u00ed como la finalidad del mismo. <\/p>\n
En efecto, Jaime Enrique D\u00edaz, quien era amigo de la pareja conformada por Leonardo Herrera y Mar\u00eda del Carmen Chaparro, se\u00f1al\u00f3 que a inicios del a\u00f1o 2008 supo por cuenta de los aludidos se\u00f1ores que ellos se desplazar\u00edan hasta Venezuela con el fin de realizar un negocio relacionado con unas tarjetas, versi\u00f3n que coincide plenamente con lo se\u00f1alado por la v\u00edctima. <\/p>\n
Por su parte, Nanci Oliva Ojeda, quien era amiga y vecina de la se\u00f1ora Chaparro de Lozano, adujo que ella se enter\u00f3 de la realizaci\u00f3n del viaje a Venezuela, gracias a que Mar\u00eda del Carmen le cont\u00f3 sobre el mismo, precisando que este tuvo ocurrencia a inicios del a\u00f1o 2008. <\/p>\n
Finalmente, Elkin Andr\u00e9s Lozano Chaparro, quien es hijo de la v\u00edctima, cont\u00f3 que su progenitora lo mantuvo al tanto del viaje a Venezuela, el objetivo del mismo y la forma como se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n con el primo de Leonardo Herrera. Adem\u00e1s de ello, el testigo hizo referencia a la entrega del cheque al familiar de Herrera Anaya, el descontento con su mam\u00e1 porque hab\u00eda entregado ese instrumento firmado en blanco e, incluso, narr\u00f3 c\u00f3mo tras el fracaso del negocio, \u00e9l mismo fue insistente en decirle a su madre que deb\u00eda recuperar el cheque lo m\u00e1s pronto posible. <\/p>\n
De igual modo, estim\u00f3, <\/p>\n
Para la Sala, las versiones antes referidas se ofrecen l\u00f3gicas, organizadas, contestes y carentes de sospecha alguna, ya que provienen de personas que eran cercanas a la v\u00edctima, de quienes nunca se dijo que tuvieran alg\u00fan tipo de animadversi\u00f3n con el procesado, y cuya credibilidad nunca fue discutida por la defensa, de modo que se encuentran desprovistos de cualquier tacha o cuestionamiento que pueda restarles valor suasorio. <\/p>\n
En ese sentido, ha de decirse entonces que, la versi\u00f3n entregada por la v\u00edctima, acerca del viaje realizado por ella y Herrera Anaya en febrero de 2008, resulta cre\u00edble y fundada, motivo por el cual tambi\u00e9n resulta admisible creerle a ella los pormenores de ese desplazamiento, en especial lo atinente con la negociaci\u00f3n que all\u00ed habr\u00eda tenido lugar entre ella y un familiar del aqu\u00ed procesado. <\/p>\n
Ahora bien, si en cuenta se tiene que, para el a\u00f1o 2008, Mar\u00eda del Carmen Chaparro era una pr\u00f3spera comerciante, seg\u00fan lo indicaron varios testigos de cargo, para la Sala no resulta extra\u00f1o que hubiera sido seducida con una oportunidad de negocio en el vecino pa\u00eds, menos aun cuando la misma proven\u00eda de su entonces pareja sentimental y un familiar de \u00e9ste, lo que ciertamente le generaba seguridad al momento de analizar y aceptar la oferta. <\/p>\n
Tampoco resulta extra\u00f1o que, dado el tipo de negocio propuesto, esto es, el canje de unas tarjetas aprovisionadas con una alta suma de dinero, el titular de las mismas hubiera exigido a la se\u00f1ora Chaparro de Lozano alg\u00fan tipo de garant\u00eda que le permitiera asegurar el valor de las mismas o, como le fuera se\u00f1alado, para lograr el cobro de las ganancias luego del canje de los mentados instrumentos. <\/p>\n
En ese sentido, debe resaltarse que la versi\u00f3n entregada por la v\u00edctima acerca del origen del cheque que sirve como base para la ejecuci\u00f3n adelantada bajo el radicado 2011- 00108, s\u00ed cuenta con elementos que la dotan de l\u00f3gica y credibilidad, caracter\u00edsticas de las que carece la narrativa que, sobre ese mismo punto, realiz\u00f3 el procesado al interior del tr\u00e1mite ejecutivo en menci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, mientras Herrera Anaya sostuvo que el cartular fue la consecuencia del pago de unos honorarios de corretaje al interior de un negocio de compraventa de bien inmueble que no lleg\u00f3 a feliz t\u00e9rmino, y que los mismos fueron asumidos por la compradora, aseveraci\u00f3n que no resulta veros\u00edmil, la se\u00f1ora Chaparro de Lozano asegura que el t\u00edtulo valor en menci\u00f3n naci\u00f3 como garant\u00eda dentro de un negocio que ella celebr\u00f3 con un familiar del procesado, situaci\u00f3n \u00e9sta que, como ya se expuso, es plenamente razonable y cre\u00edble, si en cuenta se tiene la actividad econ\u00f3mica que para aqu\u00e9l entonces desempe\u00f1aba la v\u00edctima, esto es, la de ser comerciante. <\/p>\n
En ese orden de ideas, que el cheque hubiera llegado a manos de Leonardo Herrera Anaya cuando originalmente fue entregado a un tercero, se explica en el simple hecho de que \u00e9l asumi\u00f3 un rol de intermediario en la negociaci\u00f3n celebrada entre su primo y Mar\u00eda del Carmen Chaparro, postura que le permiti\u00f3 acercarlos, generar confianza en la se\u00f1ora Chaparro de Lozano para concluir el pacto y fijar las condiciones y garant\u00edas del mismo y servir de canal para la devoluci\u00f3n de las tarjetas cuando el canje de las mismas no se pudo llevar a cabo. <\/p>\n
Esa posici\u00f3n, a su vez, le permiti\u00f3 anular cualquier v\u00ednculo entre su compa\u00f1era sentimental y su primo, pues una vez en Colombia, Leonardo Herrera se constituy\u00f3 como el \u00fanico contacto entre esas dos personas, impidiendo, principalmente, que Mar\u00eda del Carmen pudiera reclamar directamente el cheque a quien le fuera entregado en la ciudad de Maracaibo, situaci\u00f3n \u00e9sta que, lleva a concluir, le facilit\u00f3 la labor de hacerse fraudulentamente al t\u00edtulo valor para luego poder presentarlo al cobro. <\/p>\n
Y ultim\u00f3, <\/p>\n
En ese sentido, la Sala estima que en el devenir de los sucesos, dos fueron las razones que llevaron a Herrera Anaya a retrasar por dos a\u00f1os el cobro del t\u00edtulo valor que tantas veces se ha mencionado: la primera de ellas, tiene que ver con el hecho de que, cuando el negocio de las tarjetas fracas\u00f3 y el cheque seguramente lleg\u00f3 a sus manos, Leonardo Herrera estaba reci\u00e9n casado con Mar\u00eda del Carmen Chaparro y, una maniobra de esas caracter\u00edsticas, pod\u00eda poner en riesgo su relaci\u00f3n; la segunda, porque una vez iniciado el tr\u00e1mite de divorcio, no era prudente aportar una deuda a la masa divisoria, ya que ello pod\u00eda reducir sus ganancias, luego lo prudente era aguardar hasta la culminaci\u00f3n del divorcio, para plantear un cobro que le asegurara la mayor cantidad de r\u00e9ditos posible. <\/p>\n
A la anterior conclusi\u00f3n es posible arribar gracias a la determinaci\u00f3n del origen del cheque, que como se vio, fue un negocio celebrado en Maracaibo, Venezuela, as\u00ed como a la fijaci\u00f3n de ciertas fechas que resultan relevantes dentro de la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre v\u00edctima y victimario, como lo son: i) la de la emisi\u00f3n del cheque, en febrero de 2008; ii) el divorcio entre los implicados, el cual inici\u00f3 a finales del a\u00f1o 2008 y finaliz\u00f3 en septiembre de 2010 y; iii) la presentaci\u00f3n del cheque a cobro ante el banco, en octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, la Corte encuentra ampliamente demostrado que Leonardo Herrera Anaya, al presentar el libelo introductorio con el cual se dio inicio al tr\u00e1mite ejecutivo No. 2011-00108, surtido ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, minti\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia con el fin de instrumentalizarla y as\u00ed poder obtener un provecho il\u00edcito que estuviera cubierto con un manto de aparente legalidad, pues contrario a la realidad ac\u00e1 acreditada, \u00e9l no era titular de ninguna obligaci\u00f3n que le pudiera ser exigida a Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano y, aun as\u00ed, promovi\u00f3 la referida actuaci\u00f3n judicial, consiguiendo de la titular del Despacho Judicial en menci\u00f3n el proferimiento de un mandamiento de pago ileg\u00edtimo, as\u00ed como otra serie de decisiones que injustamente afectaron el patrimonio de quien conformaba el extremo pasivo de la litis. <\/p>\n
Lo anterior lleva a concluir que, la delegada de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, logr\u00f3 demostrar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que Leonardo Herrera Anaya enga\u00f1\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia para obtener de esta una decisi\u00f3n judicial contraria a derecho que le permitiera darle visos de legalidad a un acto de defraudaci\u00f3n patrimonial del que fue v\u00edctima Mar\u00eda del Carmen Chaparro de Lozano\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el promotor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Ahora, que Herrera Anaya disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es \u00abargumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- De otra parte, en torno a la manifestaci\u00f3n del quejoso, en el sentido que se debe \u00abinvestigar y aclarar a qui\u00e8n se le entreg\u00f3 la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal en febrero sin [haberle] notificado de la misma y con la cual [su] hija fue coaccionada en Ginebra Suiza al parecer con fines extorsivos\u00bb, es \u00e9l quien debe poner en conocimiento de la Sala accionada tales hechos, para que sea \u00e9sta quien se pronuncie al respecto; empero, ninguna prueba aducida a esta sede demuestra que as\u00ed haya obrado y, bien es sabido que este camino <\/p>\n
(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (se enfatiza CSJ STC1423-2020, STC15498-2021, entre otras). <\/p>\n
En esta medida, corresponde al memorialista acudir ante el organismo referido a elevar las peticiones que por esta senda exhibe, ya que no es viable acudir directamente al juez de tutela, como en efecto aconteci\u00f3, para que sustituya la actividad del iudex natural, cuando este es el legalmente habilitado para desatar la contienda sometida a su escrutinio. <\/p>\n
5.- Ergo, surge infructuoso el amparo instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Leonardo Herrera Anaya. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14398-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14398-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03599-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Leonardo Herrera Anaya le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}