STC14404-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14404-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01696-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Edison David Vega Barreto instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y del Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2008-00074-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que, se \u00abconceda el beneficio administrativo de salida por 72 horas consagrado en el art\u00edculo 29 ley 504 de 1999 y ley 65 de 1993 apartado 147, por haber cumplido con las 3\/1\/4 partes de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2008 fue condenado a 431 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n por el delito de secuestro simple en menor de edad, cumpliendo ya las tres cuartas partes de la pena. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la solicitud de permiso administrativo de salida por 72 horas (13 oct. 2020), pese a que lo otorg\u00f3 a otro procesado de \u00abdiferente jurisdicci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n contra la que interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; empero aqu\u00e9l la mantuvo inc\u00f3lume (10 feb. 2021) y el superior la convalido el 14 de mayo siguiente. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del juzgado cognoscente que improb\u00f3 un permiso administrativo de salida por 72 horas (14 may. 2021), encontr\u00e1ndose el implicado inmerso en la causal contenida en el art\u00edculo 199 de la ley 1098 de 2006, no siendo posible aplicar los criterios adoptados por el despacho Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga que concedi\u00f3 dicho beneficio a un compa\u00f1ero de causa acusado por los mismos hechos. <\/p>\n
El Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque, en esa sede judicial, no se adelant\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n contra el actor, en tanto corresponde al Juzgado Veinte de la misma especialidad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego por incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n proferida dentro del decurso cuestionado, se emiti\u00f3 el 14 de mayo de 2021, es decir, hace m\u00e1s de diecis\u00e9is (16) meses, excediendo ampliamente lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable, sin establecer en su escrito alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n porque, \u00abrevisada la decisi\u00f3n por la cual se niega el permiso administrativo hasta de 72 horas a favor del accionante, no se vislumbra que las autoridades judiciales accionadas, incurrieran en alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n, por cuanto en el presente evento resulta oponible la prohibici\u00f3n legal consignada en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, toda vez que las v\u00edctimas del delito por el cual fue condenado Vega Barreto secuestro simple agravado, eran menores de edad, encuentra la Sala que las decisiones cuestionadas no resultan arbitrarias ni irracionales, pues las simples diferencias que puedan surgir en la resoluci\u00f3n de los asuntos objeto de debate no son susceptibles de ser planteadas en esta sede\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el precursor, insistiendo en los argumentos inaugurales, agregando que \u00abdesde el 13 de octubre de 2020 presente mi solicitud de permiso de 72 horas hace 23 meses el se\u00f1or juez nunca tuvo en cuenta el derecho al debido proceso art\u00edculo 29 de la constituci\u00f3n nacional y la ley m\u00e1s favorable p.p.l por el tratamiento adecuado que he tenido dentro del establecimiento conforme lo habla la ley 890 de 2004 numeral 5 y sentencias C-590 de 2005 y C-758 de 2014, tengo un tratamiento adecuado para gozar de un beneficio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del material suasorio incorporado, muy pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de la providencia que cerr\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada en el pleito combatido, expedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (14 may. 2021) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (12 ag. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de un (1) a\u00f1o, dos (2) meses y veintiocho (28) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si el tutelante se demor\u00f3 en ejercer esta v\u00eda supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este mecanismo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que el quejoso no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
3.- Corolario de lo expuesto, se impone la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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