STC14405-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por el estrado judicial encausado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al juzgado convocado \u00abrevo[car] la decisi\u00f3n contenida en la audiencia de fecha 30 de junio de 2022, dentro del proceso judicial de expropiaci\u00f3n con radicado: 2021-00078-00, mediante el cual, orden\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) a elaborar un nuevo informe de aval\u00fao y, en su lugar, contin\u00fae adelante con el tr\u00e1mite del proceso de expropiaci\u00f3n, espec\u00edficamente con la audiencia de interrogatorio de peritos, conforme a lo reglado en el numeral 7 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI promovi\u00f3 proceso de expropiaci\u00f3n en contra de Carlos Jos\u00e9 Burgos Urbina, con la finalidad de adelantar el proyecto \u00abdel corredor vial Neiva \u2013 Espinal – Girardot\u00bb que involucra 4.856,04 M2 \u00abdelimitada y alinderada dentro de las abscisas K 173+054,23 y K173+096,46, conforme al requerimiento contenido en la ficha predial N\u00b0 ANG-UF4-146-I\u00bb del inmueble de mayor extensi\u00f3n con folio inmobiliario n\u00b0 357-64655; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal. <\/p>\n
2.2. Admitido el libelo y notificado el convocado, contest\u00f3 la demanda y present\u00f3 un aval\u00fao con el fin de refutar el dictamen allegado por la ANI; surtido los traslados respetivos, el estrado judicial cit\u00f3 a las partes y a los peritos valuadores, con el fin de llevar a cabo la diligencia que trata el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. El 30 de junio de 2022 se adelant\u00f3 la referida audiencia, empero, el titular del despacho previo a realizar el interrogatorio a los peritos con el fin de que sustentar\u00e1n su informe, oficiosamente design\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) para que elaborara una nueva experticia del predio objeto de litis; decisi\u00f3n recurrida por la actora, sin embargo, tal remedio se rechaz\u00f3 conforme el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la entidad quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el operador judicial \u00abinfringi\u00f3 fehacientemente el numeral 7 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido que no dio inicio al interrogatorio de peritos, con el fin de que cada avaluador sustentara la experticia elaborada, a falta de este tr\u00e1mite, que es muy importante en el proceso declarativo que nos ocupa, no es viable que el Juez ordenara al IGAC a elaborar un nuevo informe de aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el dictamen que presentar\u00e1 el IGAC \u00abcausa un perjuicio al demandante o al demandado, porque no sabemos con certeza si el valor aumenta o disminuye, por ende, no es viable que el Juez ordenara\u2026 elaborar un nuevo informe de aval\u00fao, para eso esta definido un proceso como tal, para determinar la indemnizaci\u00f3n que le corresponde al propietario, con base en los aval\u00faos que est\u00e1n en el proceso debidamente radicados\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada trasgrede el art\u00edculo 399 citado, toda vez que, \u00abhay dos pruebas contundentes y \u00fatiles en la litis, que merecen ser controvertidas por las partes, para efectos de saber con plena legalidad procesal, cual es el monto de la indemnizaci\u00f3n que le corresponde al demandado, por ende, se evidencia un defecto f\u00e1ctico configurado en virtud de que el despacho judicial no valor\u00f3 en debida forma las pruebas allegadas en la demanda y en la contestaci\u00f3n de demanda, espec\u00edficamente, el informe de aval\u00fao elaborado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del Tolima y el informe de aval\u00fao presentado por el Arquitecto Juan David Hern\u00e1ndez, los cuales son medios probatorios necesarios, \u00fatiles, conducentes y que legalmente permiten ser debatidos por las partes que integran el contradictorio\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que la prueba oficiosa es pertinente cuando luego de haber escuchado a los peritos y analizadas las experticias \u00abal Juez no le convence ninguno de los dos aval\u00faos\u00bb, lo que, para el caso concreto, no ocurri\u00f3. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal manifest\u00f3 que se remite a lo ya expuesto en la providencia dictada en la audiencia de 30 de junio de 2022, donde indic\u00f3 la necesidad de prueba, adem\u00e1s del deber del juez para direccionar el juicio; que no ha vulnerado las garant\u00edas de las partes; remiti\u00f3 link para consulta del expediente fustigado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Carlos Jos\u00e9 Burgos Urbina inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, de un lado, porque contra la decisi\u00f3n del Juez de suspender la audiencia y decretar una prueba de oficio, no formul\u00f3 recurso; y, por otra parte, porque la salvaguarda es presurosa, en la medida en que, cuando se reanude la diligencia se escuchar\u00e1 a los peritos. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo concedi\u00f3 el resguardo, al considerar que el decreto de la prueba pericial oficiosa result\u00f3 anticipada, comoquiera que, hasta ahora no ha tenido lugar la contradicci\u00f3n de los aval\u00faos inicialmente presentados por las partes, por lo que el motivo de dicha experticia ordenada refulge \u00fanicamente de la lectura superficial de los informes y no de la contradicci\u00f3n en audiencia a los auxiliares de la justicia, tal como lo impone el art\u00edculo 228 en armon\u00eda con el 399 del C\u00f3digo General del Proceso, donde previamente debe examinar la idoneidad, imparcialidad, contenido y criterios con los que los auxiliares de justicia fundamentales su experticia y, surtido lo anterior, concluir si se abre o no paso al decreto y pr\u00e1ctica de la prueba oficiosa. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el fallador encausado omiti\u00f3 pronunciarse sobre los requisitos previstos en la norma para el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n planteada, espec\u00edficamente si el aval\u00fao presentado fue realizado por una lonja de propiedad ra\u00edz o en su defecto por el IGAC, por lo que, con la prueba oficiosa no puede subsanar las oportunidades y herramientas dejadas de utilizar. Por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal (Tol.), que dentro de las\u2026 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efecto la audiencia celebrada el 30 de junio de 2022 al interior del proceso de expropiaci\u00f3n identificado con radicado 2013-00141-0 2021-00078-00 y, en su lugar, emita pronunciamiento expreso frente al cumplimiento de los requisitos previstos en el art\u00edculo 399 del CGP para el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n al aval\u00fao planteada por el demandado y, \u00fanicamente en caso de encontrarla procedente, practique la contradicci\u00f3n de los aval\u00faos presentados, por medio de los interrogatorios a los auxiliares que los rindieron en su primer momento, tras lo cual podr\u00e1 eventualmente determinar si debe o no acudir a su facultad oficiosa, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de este prove\u00eddo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, manifestando que, la prueba oficiosa la decret\u00f3 ante la necesidad que evidencio de tener claridad sobre el valor para la indemnizaci\u00f3n; que si bien el juicio de expropiaci\u00f3n se regula por el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, se debe acudir a la regla general del canon 372 de la misma obra, por lo que, antes de acudir al interrogatorio de los peritos, se debe primero decretar las pruebas, que fue donde qued\u00f3 la sesi\u00f3n de audiencia \u00aben suma, el proceso no qued\u00f3 en la pr\u00e1ctica de pruebas, sino, en el decreto de las mismas, es decir, en la etapa previa, y es all\u00ed donde el juez puede iniciar para ejercer su facultad oficiosa\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abla prueba oficiosa se decret\u00f3 en la etapa previa a la pr\u00e1ctica, por tanto, no se deb\u00eda ir al estado del numeral 7 del Art. 399 por ser prematuro\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abni la propia disposici\u00f3n (Art. 399-7) condiciona la prueba oficiosa al interrogatorio previo a los peritos\u2026, por el contrario, su lectura con el Art. 170 por ejemplo, da cuenta que se puede hacer antes de dictar sentencia y, que mejor tiempo que en el decreto de pruebas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, relativa a que a\u00fan no ha llegado el juicio a la audiencia dispuesta en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, pues al existir motivo de duda en el valor a indemnizar decret\u00f3 oficiosamente una nueva experticia, para que, una vez recaudada, escuchar a los auxiliares de justicia y adoptar una determinaci\u00f3n con un debido material probatorio; de entrada, advierte la Corte que el resguardo concedido por el a quo constitucional debe ser revocado. <\/p>\n
En efecto, de lo consignado en la decisi\u00f3n reprochada en sede constitucional, esto es, el prove\u00eddo de 30 de junio de 2022, mediante el cual la sede judicial acusada, previo a escuchar a los peritos en interrogatorio, consider\u00f3 la necesidad de decretar oficiosamente una experticia practicada por el IGAC, la Sala estima que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de la interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales aplicables al asunto, as\u00ed como de la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, las que no resultan caprichosas o antojadizas, con independencia de que sean compartidas por la Corte, por no ser este el escenario natural para emitir tal pronunciamiento. <\/p>\n
Llega la Corporaci\u00f3n a la anterior conclusi\u00f3n al observar que la sede judicial censurada, en la citada providencia, tras realizar la fijaci\u00f3n del litigio, refiri\u00f3 el decreto de pruebas y encontr\u00f3 pertinente: <\/p>\n
Decretar un dictamen pericial de oficio para lo cual se dispondr\u00e1 oficiar al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUST\u00cdN CODAZZI (IGAC) para que con ayuda de la parte demandada, emita uno que nos ilustre el valor del predio solo frente a la franja requerida por la ANI, toda vez que as\u00ed viene enfilada la pretensi\u00f3n, atendiendo desde luego los par\u00e1metros legales y en especial la resoluci\u00f3n 620 y dem\u00e1s normas concordantes, explicando y detallando la metodolog\u00eda aplicada y explicando por qu\u00e9 se escoge esa y no otra, obviamente, para la \u00e9poca en que comenz\u00f3 la obra o se dio inicio el proceso de compra inicial\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, \u00bfporque se decreta esta prueba y de esta forma? les voy a exponer m\u00e1s o menos unos cinco argumentos: Primero, porque as\u00ed lo permite especialmente el art\u00edculo 230 del c\u00f3digo general del proceso, es decir, esa parte de la obra que apunta a la facultad oficiosa y que tiene que ver con el dictamen pericial. De igual forma esto est\u00e1 atado al art\u00edculo 170 del c\u00f3digo general en armon\u00eda con el art\u00edculo 42-4 del c\u00f3digo general, sobre todo, pues, lo que tiene que ver con el nuevo rol que hoy en d\u00eda tiene el juez como director del proceso. <\/p>\n
Pero sobre todo por estos tres puntos: Primero, por la dimensi\u00f3n que implica esta clase de indemnizaci\u00f3n, que no es otra que adem\u00e1s de previa, plena y justa, como lo define el art\u00edculo 58 constitucional, tambi\u00e9n es reparadora, esos son los calificativos sobre los cuales descansa esta indemnizaci\u00f3n muy especial y muy distinta a las dem\u00e1s, y esto de cierta manera tambi\u00e9n se prev\u00e9 claramente en el art\u00edculo 283 inciso final del c\u00f3digo general, el cual indica literalmente que cuando estamos en vista de analizar cualquier tipo de da\u00f1o o toda valoraci\u00f3n de da\u00f1os, se deben atender los principios de valoraci\u00f3n integral y de equidad, y, por \u00faltimo, todo esta argumentaci\u00f3n encaja en el principio de necesidad que rodea toda prueba de acuerdo con el art\u00edculo 164 del c\u00f3digo general del proceso\u2026 esto es, grosso modo, el argumento del despacho para decretar esta prueba oficiosa\u2026 con el objeto de obtener una prueba adicional y poder examinar el valor de la indemnizaci\u00f3n, pues ha quedado claro el interior de estos actos preliminares, que la discusi\u00f3n va orientada hacia ese punto, la ANI trajo un dictamen de la lonja del Tolima\u2026 m\u00e1s o menos un c\u00e1lculo de 80 – 85 millones de pesos, la parte demandada aporta un dictamen pericial particular, que tal vez no se ajusta a las reglas o exigencias\u2026 que tasa un valor casi que del triple, y eso genera una sensaci\u00f3n de necesidad de examinar a trav\u00e9s de un estudio a trav\u00e9s del IGAC, como lo recomienda la misma legislaci\u00f3n procesal, para que precisamente aterricemos esos valores y podamos examinar el valor de la indemnizaci\u00f3n de acuerdo a sus calificativos, que como ya dijimos no solamente debe ser plena, previa y justa sino tambi\u00e9n reparadora, esa es la motivaci\u00f3n que\u2026 conlleva al despacho a decretar esta prueba\u2026 <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, tras ser reprochada por la ANI, mantuvo el estrado, precisando que: <\/p>\n
…hay que recalcar que esta clase de providencias carecen de recurso, as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 169 inciso 2\u00ba, es decir, las providencias que se dictan en ese sentido y bajo ese contenido no son susceptibles de recurso alguno, luego esto implicar\u00eda rechazar, por improcedente, la impugnaci\u00f3n propuesta\u2026 <\/p>\n
Y, sobre la pr\u00e1ctica de los interrogatorios de los auxiliares de justicia, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Ante la observaci\u00f3n del Dr. H\u00e9ctor, vemos que es imposible practicar ahora mismo los interrogatorios porque precisamente toca esperar a recaudar toda la prueba, recaudada toda la prueba ah\u00ed s\u00ed. Pues obviamente esta prueba oficiosa, independientemente tambi\u00e9n es susceptible de contradicci\u00f3n\u2026 recaudado todo ah\u00ed s\u00ed llamaremos para sentencia, interrogaremos a los peritos y resolveremos finalmente, mientras esta prueba no se recaude\u2026 suspenderemos la sesi\u00f3n y que la parte demandada se organice para con el IGAC y una vez esto llegue, continuar con la sesi\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, sin duda, el Juzgado s\u00ed motiv\u00f3 su decisi\u00f3n teniendo en cuenta las normas que regulaban el caso concreto, cosa diferente es que en tal ejercicio no haya extractado lo pretendido por el accionante. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Juzgado valor\u00f3 los medios suasorios allegados al proceso, con miras a determinar el valor de la indemnizaci\u00f3n a reconocer por la expropiaci\u00f3n decretada, concluyendo que, previo a escuchar a los auxiliares de la justicia (num. 7 \u2013 art. 399 del C\u00f3digo General del Proceso), era necesario recaudar todas las pruebas, adem\u00e1s que, ante la necesidad para dilucidar las experticias con el \u00e1nimo de establecer dicha indemnizaci\u00f3n, pues la presentada por la ANI es de aproximadamente $85\u00b4000.000 y la allegada por el demandado que, en principio, podr\u00eda tener desacuerdos, contiene un valor de m\u00e1s de 3 veces lo dicho por la accionada, por lo que, de oficio, decret\u00f3 un nuevo dictamen que debe adelantar el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC-; decisi\u00f3n que, se insiste no luce caprichosa. <\/p>\n
Ahora, si bien el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del referido estatuto procesal dispone escuchar en interrogatorio a los peritos que hayan elaborado los aval\u00faos, la cual, para el caso concreto, no se ha practicado, lo cierto es que, los dict\u00e1menes allegados, por tal situaci\u00f3n, no han sido desechados, adem\u00e1s, las pruebas de oficio pueden ser decretadas en cualquier etapa del proceso para esclarecer los hechos objeto de controversia, previo a la emisi\u00f3n de la sentencia, sumado a que, para este tipo de asuntos est\u00e1 de por medio recursos del estado, por lo que, con el fin de esclarecer el valor a la indemnizaci\u00f3n, pertinente es decretar tal probanza oficiosa, cuando al fallador judicial le asiste duda al respecto. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, se destaca que la petici\u00f3n de amparo tambi\u00e9n se torna presurosa, en la medida en que a la ANI, de momento no se evidencia ning\u00fan tipo de perjuicio que amerite la injerencia constitucional, pues el predio objeto de litis ya fue entregado anticipadamente y, conforme a las consideraciones anteriores, los peritos que hayan realizado las experticias, incluso, la oficiosa, ser\u00e1n escuchados en interrogatorio conforme lo dispone el canon 399 del C\u00f3digo General del Proceso, continuando su curso normal. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo anterior, impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, negar, de forma integral, la acci\u00f3n de amparo, lo que implica que las decisiones adoptadas por el juez criticado, con ocasi\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, quedan sin efecto alguno, acorde con el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, niega el amparo solicitado, por las razones expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De los efectos de las decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. <\/p>\n
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STC14405-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14405-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. La […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68202"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68202\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}