STC14414-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14414-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira el 16 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez formul\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda de Risaralda, y el establecimiento de comercio Drogas Superbaratas Centro, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00famero 2022-00375. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, en la acci\u00f3n popular que propuso el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira no profiri\u00f3 sentencia anticipada, conforme al art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que no exist\u00edan pruebas por practicar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, ordenar al juzgado accionado proferir la mencionada decisi\u00f3n, y decretar la nulidad de las vinculaciones que pretendi\u00f3 realizar dentro del proceso, respecto al \u00abpropietario\u00bb del inmueble objeto de la controversia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que el accionante pretend\u00eda que se profiriera una sentencia anticipada, sin que la misma estuviese concebida en la Ley 472 de 1998, la que tampoco podr\u00eda proferirse sin agotar la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual estaba programada para el 5 de octubre de 2022. <\/p>\n
Frente a la petici\u00f3n de nulidad de las vinculaciones que supuestamente pretend\u00eda realizar, se\u00f1al\u00f3 que la misma era improcedente, toda vez que no se ha resuelto asunto referente, es decir, que era inexistente actuaci\u00f3n alguna que pudiera configurar la vulneraci\u00f3n al debido proceso alegada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada es ajena a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira \u2013 Secretar\u00eda de Gobierno \u2013 Direcci\u00f3n de Control F\u00edsico del Municipio de Pereira, expuso que no ha vulnerado o desconocido derecho alguno del accionante, y que la acci\u00f3n de tutela tampoco es el medio judicial id\u00f3neo para darle tramite a la solicitud del actor, pues no ha probado ni siquiera sumariamente haber agotado los recursos a los que tiene derecho dentro de la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que no tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante, y, adem\u00e1s, porque no le ha vulnerado derecho alguno. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente en amparo propuesto por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en la media en que, \u00abantes de formular el amparo constitucional, el accionante nada le hab\u00eda pedido expresamente a la autoridad judicial accionada\u00bb, en relaci\u00f3n con las peticiones elevadas en la tutela (sentencia anticipada y nulidad) lo que solo vino a realizar con posterioridad, sin que a la fecha del fallo se hubiere obtenido conocimiento en cuanto a lo decidido por el Juzgado accionado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para reiterar su petici\u00f3n inicial y se\u00f1alar la existencia de una \u00abmora judicial\u00bb en el tr\u00e1mite de su inter\u00e9s. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, por cuanto, en lugar de haber proferido sentencia anticipada en la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 contra Drogas Superbaratas Centro de radicado 2022-00375, pues seg\u00fan afirm\u00f3, no existen pruebas por practicar, fij\u00f3 fecha para adelantar la audiencia de pacto de cumplimiento de que trata la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Asimismo, se queja por la supuesta existencia de una nulidad en relaci\u00f3n a las vinculaciones que pretendi\u00f3 realizar el despacho, respecto al \u00abpropietario\u00bb del inmueble objeto de la controversia, que no ha sido decretada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, se concluye la improcedencia tanto del mecanismo en estudio, como de la impugnaci\u00f3n presentada y, por supuesto, la confirmaci\u00f3n del fallo cuestionado, en la medida en que, tal como lo inform\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, conforme al tr\u00e1mite regulado por la ley atr\u00e1s referida, en auto de 15 de julio de 2022, procedi\u00f3 a fijar fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia de pacto de cumplimiento y a negar la petici\u00f3n de sentencia anticipada elevada por el actor, sin que este hubiese presentado recursos frente a este \u00faltimo asunto en particular, puesto que, lo resuelto en el auto de 5 de septiembre de 2022, se circunscribi\u00f3, \u00fanicamente, a lo que guardaba relaci\u00f3n con la fecha en la que dicha audiencia se llevar\u00eda a cabo. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, resultaba incompatible con la reiteraci\u00f3n de la solicitud de sentencia anticipada realizada en ocasiones posteriores por el actor popular, pues, es claro, que, si el referido medio de impugnaci\u00f3n hac\u00eda referencia a la fecha puntual en la que se realizar\u00eda la audiencia de pacto de cumplimiento, pronunciarse, una vez m\u00e1s, sobre el mismo tema, resultaba innecesario, m\u00e1xime si, tal solicitud ya se hab\u00eda despachado desfavorablemente en la providencia anterior. <\/p>\n
Ahora en lo que guarda relaci\u00f3n con la solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n referida por el interesado, ha de decirse que brilla por su ausencia en el expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, es evidente que el actor no agot\u00f3 la totalidad de los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance para controvertir la situaci\u00f3n por la que hasta ahora se duele, de un lado, porque no interpuso recursos puntuales y oportunos contra la providencia de 15 de julio de 2022, a trav\u00e9s del cual se program\u00f3 la audiencia varias veces mencionada, ya que, si bien es cierto, el accionante se pronunci\u00f3 sobre el mismo, solo lo hizo en relaci\u00f3n con la fecha para la cual se program\u00f3 la audiencia de cumplimiento, m\u00e1s no sobre la supuesta obligaci\u00f3n de proferir la sentencia anticipada que requiere. Tampoco reclam\u00f3 la supuesta nulidad que en este tr\u00e1mite se\u00f1ala. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir en la situaci\u00f3n denunciada, dada la apat\u00eda del accionante en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa, constituye un descuido procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En cualquier caso, ha de verse que, el 5 de octubre de 2022, se celebr\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento, sin que el actor popular hubiese comparecido, en ese escenario, en la que el Juzgado accionado neg\u00f3 la solicitud de sentencia anticipada, para lo cual consider\u00f3 que se trata de \u00abuna figura del C\u00f3digo General del Proceso y no est\u00e1 contenida en la Ley 472 de 1998 que regula \u00edntegramente el tr\u00e1mite de las acciones populares, y la aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento procesal vigente se hace a trav\u00e9s de remisi\u00f3n expresa, no es el caso, o por vac\u00edos y como hemos venido sosteniendo la figura de la sentencia est\u00e1 regulada en un cap\u00edtulo de la referida Ley y all\u00ed no se contempla la sentencia anticipada y como esta figura es excepcional, el no contemplarla significa a nuestro criterio que no es de recibo dentro de este procedimiento.\u00bb. Contra esta decisi\u00f3n, tampoco propuso medios de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o ilegalidad alguna, si se toma en cuenta que, ciertamente, la audiencia de pacto de cumplimiento es una actuaci\u00f3n connatural a este tipo de acciones constitucionales, la que, en palabras de la Corte Constitucional, su finalidad, <\/p>\n
hace efectivos los principios de eficiacia, econom\u00eda y celeridad (art. 209, C.P.), los cuales, como lo ha entendido [esa] Corporaci\u00f3n, son aplicables tambi\u00e9n a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, el objetivo que persigue ese pacto es, previa la convocatoria del juez, que las partes puedan llegar a un acuerdo de voluntades para obtener el oportuno restablecimiento y reparaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados a los derechos e intereses colectivos, dando con ello una terminaci\u00f3n anticipada al proceso y soluci\u00f3n de un conflicto y por ende, un menor desgaste para el aparato judicial. Adem\u00e1s, cabe observar, que el acuerdo no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de \u00abdefensor de los intereses colectivos\u00bb, en los t\u00e9rminos del numeral 4 del art\u00edculo 277 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
No se trata entonces, como err\u00f3neamente lo interpreta el demandante, de la negociaci\u00f3n de la sanci\u00f3n jur\u00eddica, ni menos a\u00fan, que con el citado mecanismo se est\u00e9 atentando contra la eficacia de la acci\u00f3n popular. Por el contrario, ese acuerdo contribuye a obtener la pronta reparaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados por la v\u00eda de la concertaci\u00f3n, reduciendo los t\u00e9rminos del proceso y en consecuencia, de la decisi\u00f3n que debe adoptar el juez, todo ello, en desarrollo de los principios constitucionales ya enunciados. De igual forma, mediante el compromiso que suscriben las partes y que se consigna en el proyecto de pacto, se busca prever oportunamente la violaci\u00f3n de los intereses colectivos, y por consiguiente, su efectiva protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n. (Sentencia C-215 de 1992 de la Corte Constitucional). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Adem\u00e1s, en este asunto no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de intervenir o no, en el caso ordinario de que se trate. <\/p>\n
Consecuencia de esto tampoco proced\u00eda como un mecanismo extraordinario, m\u00e1xime si se toma en cuenta que, el argumento presentado por el impugnante, en cuanto a una supuesta \u00abmora judicial\u00bb se vio desdibujado al observar que la actuaci\u00f3n se ha venido adelantando con regularidad, cuya actuaci\u00f3n se registr\u00f3 hace menos de catorce d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
<\/p>\n
7. No es la primera vez que se rechazan m\u00faltiples, improcedentes e infundadas acciones de tutela planteadas en similares e inapropiados t\u00e9rminos por el ahora accionante, el que con los resultados obtenidos ya deber\u00eda tener m\u00e1s que claros los requisitos que debe agotar previo a concurrir a este tipo de mecanismos, y al que ya no podr\u00eda servirle de pretexto un eventual desconocimiento de las normas, m\u00e1xime si toma en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil colombiano \u00abLa ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb, y menos, se itera, para un conocedor de la materia como lo puede ser un recurrente usuario de este tipo de dispositivos. (CSJ. STC2292-2022, STC7217-2022 y STC11547-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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