STC14421-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14421-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 19 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Chaparral, el Procurador Delegado en Acciones Populares, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico, ambos de las Regionales Risaralda y Tolima, y citadas las partes e intervinientes, en la acci\u00f3n popular radicada bajo el n.\u00ba 2015-01397. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas en el referido asunto. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que ha solicitado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira dar impulso oficioso a la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397 de conformidad con lo establecido el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, no obstante, la titular del despacho se niega a atender su petici\u00f3n y a resolver el recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3, desconociendo de esa forma, los art\u00edculos 12, 117 y 120 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado accionado no cumple los t\u00e9rminos perentorios, raz\u00f3n por la cual ha presentado quejas y vigilancias judiciales ante las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, sin embargo, no resuelven sus solicitudes y manifiestan que la informaci\u00f3n es confidencial. <\/p>\n
Adujo que el Procurador Delegado y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, no act\u00faan en las acciones populares ni garantizan el debido proceso como es su deber. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar (i) al Juzgado accionado resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado y cumplir con lo estipulado en los art\u00edculos 12, 117 y 120 del Estatuto Procesal, (ii) al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda informar sobre el estado actual de las quejas o solicitudes de vigilancia judicial que existan contra la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira y, (iii) al Procurador Delegado en acciones populares y al Defensor del Pueblo de Pereira probar c\u00f3mo actuaron en la acci\u00f3n objeto de este amparo. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3 ordenar al Juzgado accionado aportar todos los fallos de tutela donde se han revocado decisiones en acciones populares, digitalizar la acci\u00f3n popular cuestionada y remitir copia de la acci\u00f3n de tutela y del fallo a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de que se enteren de su grado de indefensi\u00f3n y le garanticen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia como defensor de derechos humanos, ordenando la realizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia teniendo en cuenta que no es abogado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el link de acceso al expediente e inform\u00f3 que la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397, se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito mediante auto de 25 de junio de 2018, frente al cual el actor formul\u00f3 recurso, que fue resuelto desfavorablemente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el reclamante pretende revivir una acci\u00f3n popular archivada desde hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os en virtud del desistimiento t\u00e1cito que se decret\u00f3 siguiendo los postulados jurisprudenciales. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda advirti\u00f3 que existe temeridad por parte del promotor, por cuanto ya hab\u00eda presentado acci\u00f3n de tutela con los mismos hechos y pretensiones la cual fue radicada con el n\u00ba 2022-02511 y tramitada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n. Con todo, indic\u00f3 que el actor no ha solicitado vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite impartido en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397, por tanto, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por la inexistencia del nexo causal entre las acciones u omisiones de esa Corporaci\u00f3n y la posible lesi\u00f3n o vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial Seccional Risaralda se\u00f1al\u00f3 que, revisadas las bases de datos se encontr\u00f3 la queja radicada bajo el n\u00ba 2018-00283 que tuvo como g\u00e9nesis compulsa de copias de la Procuradur\u00eda Provincial de Neiva, donde figura como disciplinado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en dicha sede judicial respecto de varias acciones populares radicadas en 2015, entre ellas, la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397, proceso disciplinario en el cual se profiri\u00f3 auto de archivo de investigaci\u00f3n el 24 de enero de 2019. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda manifest\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada es ajena a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control, est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin que tenga facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el peticionario no ha presentado ante esa entidad ninguna solicitud o queja relacionada con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva teniendo en cuenta la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, por parte de esa entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira descart\u00f3 la mora judicial atribuida al Juzgado acusado, habida cuenta que para el momento en que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela -5 de septiembre de 2022-, el t\u00e9rmino legal para proferir la decisi\u00f3n frente al recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra el auto que neg\u00f3 el impulso oficioso de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397, no hab\u00eda vencido. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 que existi\u00f3 temeridad frente a lo alegado contra el Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial de Risaralda, toda vez que esta Sala de Casaci\u00f3n conoci\u00f3 en primera instancia la tutela n\u00ba 2022-02511, en la cual Javier El\u00edas Arias reproch\u00f3 el tr\u00e1mite dado por esas autoridades a las quejas que ha formulado contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito y pidi\u00f3 se les ordenara informar el estado en que se encontraban. <\/p>\n
\u00abCONDENAR en \u201ccostas\u201d al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 10.141.947, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en la suma de un (1) smmlv, que deber\u00e1 pagar en un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta \u201cCSJ – MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS \u2013 CUN\u201d No.3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Colombia S.A. <\/p>\n
En caso de incumplir dicha orden en el plazo concedido, se remitir\u00e1 copia de esta providencia con sus respectivas constancias a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial local, con el fin de que se inicie el proceso de cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, declar\u00f3 la improcedencia del amparo frente a las s\u00faplicas elevadas contra el Procurador Delgado y la Defensor\u00eda Regional del Pueblo, argumentando que las mismas deben ser formuladas de forma directa frente a la autoridad competente y no a trav\u00e9s de este medio excepcional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, alegando, en s\u00edntesis, que \u00ab[su] equivocaci\u00f3n es motivo de la gran cantidad de acciones populares que se encuentran quietas sin tr\u00e1mite en el despacho tutelado, mas nunca por ser [su] actuar temerario y men[os] de mala fe\u00bb (sic). <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que ha presentado todo tipo de recursos y ninguno sale avante, con el fin de que el Juzgado accionado o el Tribunal cumplan los t\u00e9rminos perentorios para fallar y den aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998. Solicit\u00f3 que se aplique a su favor \u00abla buena fe\u00bb y se revoque la multa impuesta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, al negarse a resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2015-01397. <\/p>\n
Al respecto se advierte el fracaso del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinado el expediente de la referida acci\u00f3n popular, se evidenci\u00f3 que el actor present\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n el 12 de agosto de 2022 y el despacho corri\u00f3 traslado del mismo a las partes no recurrentes mediante fijaci\u00f3n efectuada el 19 de agosto del a\u00f1o en curso, por lo tanto, a la fecha en que el accionante promovi\u00f3 la presente solicitud de amparo -5 septiembre de 2022- no hab\u00eda vencido el plazo establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para proferir la respectiva decisi\u00f3n, circunstancia que descarta evidentemente la vulneraci\u00f3n alegada y la mora judicial atribuida al Juzgado accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que la petici\u00f3n actual frente a los aspectos a los que alude, comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, gener\u00e1ndose un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Por otra parte, se advierte que, con anterioridad, esta Corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 frente a las mismas pretensiones elevadas por el aqu\u00ed actor frente al Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisi\u00f3n de Disciplina de Risaralda, en sentencia STC9987-2022 proferida en el 3 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba. 2022-02511-00, oportunidad en la que se le indic\u00f3 al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga que sus peticiones escapaban de la \u00f3rbita constitucional y se declar\u00f3 la improcedencia del amparo invocado, encontr\u00e1ndose as\u00ed configurada la temeridad establecida en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, la explicaci\u00f3n ofrecida por el reclamante en la impugnaci\u00f3n quien afirm\u00f3 que su equivocaci\u00f3n se debe a \u00abla gran cantidad de acciones populares que se encuentran quietas sin tr\u00e1mite en el despacho tutelado, m\u00e1s nunca por ser [su] actuar temerario y men[os] de mala fe\u00bb, no logra eximirlo de la responsabilidad concluida, pues si bien la Corte Constitucional ha admitido que la \u00abactuaci\u00f3n no es temeraria ‘cuando… a pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela ‘se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la existencia extrema de defender un derecho (sentencia T-280\/2017)\u00bb (CSJ. STC12144-2019 citada en STC7130-2021), lo cierto es que dichos supuestos no ocurren en el presente caso. <\/p>\n
En asunto similar esta Sala se refiri\u00f3 al deber que tiene el aqu\u00ed accionante respecto al cuidado y vigilancia en sus actuaciones, por ser quien conoce los hechos sobre los cuales reclama la protecci\u00f3n y las decisiones proferidas en las controversias. Asimismo, destac\u00f3, <\/p>\n
Es pertinente memorar que, si bien en otros resguardos esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n porque a los accionantes se les ha sancionado sin agotarse un tr\u00e1mite delantero, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado, aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, por ser palmario el h\u00e1bito del promotor del ruego en hacer uso injustificado de \u00e9ste. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto es apabullante el volumen de amparos impulsados por Arias Id\u00e1rraga que, por causa de su temeridad, han sido desestimados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, con su proceder reiterativo no ha hecho sino desatender los continuos llamamientos de la judicatura para que cesara la presentaci\u00f3n de auxilios por cuestiones ya zanjadas a trav\u00e9s de decursos similares. <\/p>\n
De tal manera, que sus propias actuaciones, las cuales se hallan debidamente registradas en el sistema de consulta de procesos, permiten, de un lado, colegir, sin ambages, el abuso en la interposici\u00f3n de salvaguardas como \u00e9sta y, de otro, imponerle correctivos por esa conducta temeraria, sin necesidad de tramitaciones previas. (STC6046-2021). <\/p>\n
Igualmente, la Sala en pasada ocasi\u00f3n, STC1168-2021, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se observa que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga se duele concretamente en la impugnaci\u00f3n, de haber sido sancionado en costas por el Tribunal Constitucional de instancia, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991. (\u2026) <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al gestor del amparo por el Tribunal Superior de Pereira, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando, evidentemente, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje, que han sido interpuestas por el quejoso. <\/p>\n
En recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3, que \u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por temeridad, prevista en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n, al respecto ha dicho que \u00abTrat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo\u00bb (Resalta la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC11757-2020). <\/p>\n
En este orden de ideas, no era necesario entonces que se agotara un tr\u00e1mite previo para que el Juez constitucional lo sancionara pecuniariamente por el abuso del mecanismo de tutela, mucho menos un incidente, como as\u00ed lo sugiere el aqu\u00ed interesado, pues en asuntos similares se ha considerado que \u00aben este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u00bb (citada en ib\u00eddem). (Negrilla en texto original). <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que no es ajeno el comportamiento del accionante en formular solicitudes de amparo temerarias, las cuales causan un desgaste a la administraci\u00f3n justicia y congesti\u00f3n en los despachos judiciales, raz\u00f3n por la cual esta Sala reitera el llamado para que cese el uso incorrecto de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n constitucional y atienda el deber de cuidado y vigilancia en sus actuaciones y las decisiones que se profieran en las mismas. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n a las pretensiones dirigidas frente al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo Regional de Risaralda se advierte la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional, como quiera que no se encontr\u00f3 acreditado que el interesado hubiese dirigido a esas entidades una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito, circunstancia que desconoce el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con la petici\u00f3n tendiente a que se ordene al Juzgado acusado aportar todos los fallos de tutela donde se han revocado decisiones en acciones populares y remitir copia de la acci\u00f3n de tutela y del fallo a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Justicia y del Derecho, pues deber\u00e1 ser formulada directamente a esa autoridad. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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