STC14425-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14425-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03572-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Ramiro P\u00e9rez G\u00f3mez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Aunque no lo especific\u00f3, del an\u00e1lisis del escrito inicial se infiere que lo pretendido es que se ordene dejar sin valor ni efecto la sentencia emitida el 30 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 17 de noviembre de 2021 del Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que en contra del aqu\u00ed accionante adelanta Sandra Patricia Figueroa Castiblanco. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El referido proceso en contra del accionante, fue promovido por Sandra Patricia Figueroa Castiblanco con base en el acta de la conciliaci\u00f3n realizada con aquel el 10 de octubre de 2019 ante la Fiscal\u00eda 236 Seccional Unidad Estafas de Bogot\u00e1 D.C., pretendiendo el cobro de $140\u00b4000.000,oo por concepto de capital e intereses de mora desde el 18 de octubre de 2019, no obstante, en sentencia de 17 de noviembre de 2021 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n del proceso, tras declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de exigibilidad y constituirse una obligaci\u00f3n de dar y no de entrega de sumas de dinero\u00bb. <\/p>\n
2.2. El actor sostiene que su contraparte apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, y fue revocada el 30 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para en su lugar seguir adelante con el cobro, pese a que el documento aducido como t\u00edtulo ejecutivo no cumpl\u00eda con los requisitos para ser tenido como tal, porque exist\u00eda una condici\u00f3n para el cobro reclamado, que imped\u00eda afirmar la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a su cargo y a favor de la ejecutante. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que los argumentos en que el actor fund\u00f3 su reclamo constitucional no evidencian que se haya actuado en contra de la ley o que se configure alguna causal de procedibilidad del amparo, por lo cual pidi\u00f3 se niegue la protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 que el 17 de noviembre de 2021 dict\u00f3 sentencia dentro del referido decurso con que acogi\u00f3 las excepciones planteadas, pero la decisi\u00f3n fue revocada por su superior, quien en su lugar orden\u00f3 seguir adelante con el cobro. <\/p>\n
3. Angie Marleth Castillo Agudelo, quien dijo ser apoderada judicial de Sandra Patricia Figueroa Castiblanco indic\u00f3 que el Tribunal dict\u00f3 su decisi\u00f3n en ejercicio de la autonom\u00eda judicial y conforme a derecho. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas del accionante frente al proceso ejecutivo que en su contra adelanta Sandra Patricia Figueroa Castiblanco, identificado con el radicado 2019-00783, fueron abordadas en sentencia de 30 de agosto de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 el fallo \u00abanticipado\u00bb de 17 de noviembre de 2021 del Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues, en sentir de aquel, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, ya que la obligaci\u00f3n que le fue exigida estaba sometida a condici\u00f3n. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, la Colegiatura accionada, comenz\u00f3 por explicar que no consideraba a la sentencia apelada como anticipada, porque para su emisi\u00f3n \u00abse agotaron todas las fases del proceso\u00bb, precisi\u00f3n que hizo para advertir que \u00aben el evento de revocarse dicha providencia el asunto no se devolver\u00e1 para que prosiga el tr\u00e1mite, como es lo usual, sino que en esta instancia se decidir\u00e1 el asunto\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 las normas procesales que consider\u00f3 aplicables al caso y la jurisprudencia sentada por esta Corte frente a la \u00abfacultad-deber\u00bb de examinar oficiosamente los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, para encontrar que, <\/p>\n
como soporte de la ejecuci\u00f3n se ados\u00f3 el \u201cformato acta de conciliaci\u00f3n\u201d, suscrito por las partes el 10 de otubre de 2019, en la forma pre impresa de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con el C\u00f3digo FGN-MP02-F-11, donde figuran Sandra Patricia Figueroa Castiblanco como querellante\/denunciante y Jos\u00e9 Ramiro P\u00e9rez G\u00f3mez como querellado\/denunciado; y que seg\u00fan el ac\u00e1pite \u201crelaci\u00f3n sucinta de los hechos\u201d obedeci\u00f3 porque el querellado le hizo entrega de una obra de arte \u201cBotero 87\u201d en tama\u00f1o cuarto de pliego 35×43 cm a la querellante, sin la respectiva certificaci\u00f3n de autenticidad que le d\u00e9 valor comercial a la obra. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 el fundamento legal de la conciliaci\u00f3n judicial realizada adem\u00e1s de un pronunciamiento emitido sobre el particular por la Corte Constitucional (C-598-2011), para en seguida revisar el contenido del documento, que en su segunda hoja contiene el requisito <\/p>\n
referido a la relaci\u00f3n sucinta de las pretensiones motivo de la conciliaci\u00f3n, que es la intervenci\u00f3n de cada una de las partes, donde muestran al conciliador sus pretensiones, es un dialogo entre explorativo entre las mismas, que si bien sirve para llegar al acuerdo definitivo no siempre es el acuerdo en s\u00ed, en raz\u00f3n a que para ello es necesario que lo que una parte propone la otra lo acepte sin condicionamiento alguno. Esas pretensiones quedaron plasmadas dentro del ac\u00e1pite 7, denominado espacio para describir: pretensiones del querellantes, propuestas y acuerdo (claro y expreso), as\u00ed: <\/p>\n
N\u00f3tese que ah\u00ed, en uso de la palabra si bien la denunciante afirma que llegaron a un acuerdo, sus condiciones son: el reemplazo de la obra de arte certificada y avalada por un curador y acepta que se haga por valor de $140\u00b4000.000,oo empero, al d\u00e1rsele traslado al denunciado, asiente en cubrir el valor de $140\u00b4000.000,oo con obras de arte, pero que no puede garantizar que tenga los certificados que avalen su autenticidad y, adem\u00e1s, pidi\u00f3 que le demostraran que la obra de arte de Fernando Botero era falsa. <\/p>\n
De lo antelado coligi\u00f3 que, <\/p>\n
En esas condiciones, en verdad, no se puede afirmar que ese ac\u00e1pite contiene la conciliaci\u00f3n de las partes, porque lo que pretend\u00eda la denunciante eran obras de arte certificadas, lo que el querellado no le garantiz\u00f3 y adicion\u00f3 un requisito que la denunciante deb\u00eda cumplir, que le demostrara que la obra de Botero era falsa, cuando eso precisamente fue lo que motiv\u00f3 a la querellante a acudir a la justicia penal y lo que dio origen a dicha conciliaci\u00f3n. En lo \u00fanico que coincidieron fue en el monto de las obras $140\u00b4000.000,oo. Tampoco hay expresa constancia que una parte hubiese aceptado lo propuesto por la otra en esa fase inicial de la exploraci\u00f3n de pretensiones. <\/p>\n
Por tanto, no hay un acuerdo valedero para sostener, como lo hizo la funcionaria de primera instancia, que dentro de la conciliaci\u00f3n lo que las partes convinieron fue una obligaci\u00f3n de dar sujeta a condici\u00f3n, puesto que, se reitera, no aparece manifestaci\u00f3n expresa de aceptaci\u00f3n de los intervinientes en ese sentido. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 el aparte del acta de \u00abforma de pago de la conciliaci\u00f3n\u00bb, que cit\u00f3, <\/p>\n
De lo all\u00ed plasmado naci\u00f3n la obligaci\u00f3n para el hoy demandado de pagar a favor de la demandante la suma de $140\u00b4000.000,oo el d\u00eda 17 de octubre de 2019, junto con el inter\u00e9s moratorio al m\u00e1ximo establecido en la legislaci\u00f3n comercial, puesto que as\u00ed lo acept\u00f3 al suscribir sin ninguna observaci\u00f3n la conciliaci\u00f3n, pese a la prerrogativa que le otorgaba el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 640 de 2001 cuando las partes no concilian o cuando lo plasmado no se aviene a la expresi\u00f3n de la voluntad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esa conciliaci\u00f3n fue el fundamento para que la Fiscal dejara expresa constancia de que fue libre y voluntario, lo que daba lugar a ordenar el archivo de las diligencias penales; de no a ver sido as\u00ed no habr\u00eda podido darle finiquito a esa actuaci\u00f3n que por estafa estaba cursando en contra del querellado, hoy demandado dentro de este asunto, como as\u00ed se ven en la redacci\u00f3n final del documento que contiene la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
De esa parte final, tambi\u00e9n aflora el segundo requisito del acta de conciliaci\u00f3n, como lo es la identificaci\u00f3n del conciliador, en este caso, la Fiscal 236 Seccional; conciliaci\u00f3n que obviamente hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por mandato de la ley, contrario a lo que sostuvo el demandado en su defensa. En palabras de la Corte Constitucional, arriba citada \u201cel acuerdo al que pueden llegar las partes debe ser vertido en un documento que por imperio de la ley hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para \u00e9stas\u201d. <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 al Tribunal accionado concluir que, <\/p>\n
(\u2026) no hay duda que la obligaci\u00f3n contenida en el acta de conciliaci\u00f3n que se ejecuta, es clara, es expresa, es exigible y proviene del deudor, hoy demandado, satisfaci\u00e9ndose de esta manera el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, contrario a lo que sostuvo la defensa del demandado, la misma contiene tanto los requisitos formales como los de fondo o sustanciales (\u2026) <\/p>\n
En seguida la Colegiatura accionada explic\u00f3 en qu\u00e9 consisten los requisitos formales y frente al caso concreto se\u00f1al\u00f3 que \u00abac\u00e1 la autenticidad del acta no fue cuestionada, como tampoco que la obligaci\u00f3n que ella contiene eman\u00f3 de un acto voluntario del deudor demandado contenida en una conciliaci\u00f3n judicial, plasmada en un acta que satisface los requisitos del art\u00edculo 10 de la Ley 640 de 2001\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, antes de emitir la resolutiva, esboz\u00f3 en que consisten los requisitos de fondo o sustanciales, precis\u00f3 que aquellos deben discutirse mediante reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, mientras que la inconformidad contra \u00e9stos corresponde ventilarla a trav\u00e9s de excepciones de m\u00e9rito, y al respecto agreg\u00f3 que, <\/p>\n
Esa facultad de proponer excepciones de fondo est\u00e1 limitada por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 442 del C.G.P. trat\u00e1ndose de obligaciones que emanan de conciliaci\u00f3n, a pago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, en las condiciones all\u00ed previstas, y ac\u00e1 el convocado no las ventil\u00f3; por el contrario, la propuesta y reconocida estuvo fundada en la falta de exigibilidad y constituirse una obligaci\u00f3n de dar y no de entrega de sumas de dinero, con lo que desconoci\u00f3 de manera abierta el citado precepto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las pruebas, las normas y la jurisprudencia que rigen el caso, que correspond\u00eda ordenar seguir adelante con el cobro, tras encontrar que el acta de conciliaci\u00f3n fundamento de la ejecuci\u00f3n cumpl\u00eda con los requisitos para ello, ya que el aparte de la misma donde se plasmaron las posturas y propuestas de las partes en contienda, no constitu\u00eda el acuerdo final, como lo consider\u00f3 el juez a quo, pues, el mismo qued\u00f3 establecido en la parte final del documento, con el lleno de requisitos de ejecutividad y sin ning\u00fan tipo de condicionamiento, donde el aqu\u00ed accionante se oblig\u00f3 en forma pura y simple al pago de una suma l\u00edquida de dinero en una fecha determinada, en fe de lo cual los intervinientes y la funcionaria conciliadora plasmaron sus firmas. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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