STC14427-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14427-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03560-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa de Jes\u00fas Arango Cadena contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2013-00818. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la demora del tribunal encartado en resolver el recurso de apelaci\u00f3n que su contraparte interpuso contra la sentencia de primera instancia de 22 de octubre de 2021, el cual fue admitido por dicha corporaci\u00f3n el 10 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene resolver de manera inmediata la referida alzada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El magistrado accionado hizo un breve recuento de lo ocurrido en el juicio que ac\u00e1 interesa y destac\u00f3 que la demora en resolver ese litigio obedece a la alta carga laboral del despacho. Agreg\u00f3 que, por auto del pasado 26 de agosto, se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses con el que inicialmente contaba para definir la instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n denunciada por la parte querellante, puesto que el despacho accionado no ha incurrido en una mora judicial injustificada que haga viable la injerencia del juez de tutela. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, es importante resaltar que, al pronunciarse sobre la demanda de tutela formulada en su contra, la magistratura querellada se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abel proceso con radicado 11001310301220130081803 fue repartido a este despacho el 26 de febrero de 2022 para resolver recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 22 de octubre de 2021, mediante el cual, el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en la forma establecida en el mandamiento de pago de 13 de noviembre de 2014. <\/p>\n
Debo informarle que ocupo este cargo desde el pasado 1\u00ba de marzo del a\u00f1o en curso. He tenido dificultades para conformar el equipo de trabajo, que apenas ahora he logrado constituir; eso ha dificultado el rendimiento de esta oficina, muy a pesar del empe\u00f1o que se ha puesto. Por otro lado, tengo a mi cargo un alto c\u00famulo de procesos \u2013 entre los cuales estaban represados algunos de alta complejidad \u2013 que se est\u00e1n gestionando en el estricto orden de entrada que les corresponde y no puede d\u00e1rseles un tr\u00e1mite preferente por el hecho de presentar una solicitud adicional, ya que as\u00ed se vulnera el derecho a la igualdad de los dem\u00e1s apelantes. En particular, en el asunto de la queja, la reclamante de amparo pretende celeridad, mientas la contraparte ha solicitado la suspensi\u00f3n del juicio; pues, tras \u00e9ste hay en tr\u00e1mite un proceso declarativo en el que se reclama la invalidaci\u00f3n de los t\u00edtulos que soportan la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, este despacho cuenta con un t\u00e9rmino de 6 meses prorrogable por 6 m\u00e1s para decidir la instancia, el cual a\u00fan no ha transcurrido. Mediante auto del 26 de agosto de 2022 se prorrog\u00f3 dicho t\u00e9rmino en el proceso que motiv\u00f3 la acci\u00f3n, por lo que me encuentro dentro del tiempo legal para resolver la alzada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de las explicaciones brindadas por el magistrado sustanciador, se colige con suficiencia que, si bien la decisi\u00f3n apelada data del 22 de octubre de 2021, no se advierte que la tardanza en proferir la decisi\u00f3n reclamada luzca inexcusable como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores de la parte actora, si en cuenta se tiene la elevada carga laboral que soporta aquella corporaci\u00f3n, representada en el significativo n\u00famero de ingresos de procesos, sumado a los asuntos previamente asignados al mismo fallador, de los que dio cuenta el titular del despacho accionado. <\/p>\n
Debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando la demora presentada en la resoluci\u00f3n del recurso formulado por la contraparte del aqu\u00ed accionante frente al fallo de primer grado, no es producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedece -como ya se indic\u00f3- a la alta carga laboral asignada al Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, incluyendo la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por la parte querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del fallador accionado, teniendo en cuenta que la parte querellante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se denegar\u00e1 el pretendido resguardo, porque no es posible atribuir a la colegiatura querellada una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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