STC14428-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14428-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01828-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 20 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Trujillo Manrique contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma especialidad y ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de la referida naturaleza, distinguido con la radicaci\u00f3n 2019-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, por conducto de apoderada, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la extensa demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n recaudados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n promovi\u00f3 demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio respecto de varios bienes de propiedad de Germ\u00e1n Trujillo Manrique, la cual fue asignada al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, despacho que, con auto de 24 de mayo de 2019 asumi\u00f3 su conocimiento y orden\u00f3 notificar a las partes y dem\u00e1s sujetos procesales, para los fines previstos en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, modificado por el art\u00edculo 41 de la Ley 1849 de 2017. <\/p>\n
2.2. Enterados los interesados de la existencia del proceso, la c\u00e9lula judicial corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 141 de la aludida codificaci\u00f3n, dentro del cual el aqu\u00ed actor (afectado en el tr\u00e1mite fustigado), por conducto de su apoderada, present\u00f3 un escrito de \u00abcontestaci\u00f3n de la demanda\u00bb a trav\u00e9s del cual se \u00abopon\u00eda\u00bb a la pretensi\u00f3n extintiva y solicit\u00f3 el decreto de pruebas documentales y testimoniales. <\/p>\n
2.3. Con auto de 25 de junio de 2021, el juzgado cognoscente admiti\u00f3 la demanda al reunir los requisitos del art\u00edculo 132 ib., asimismo rechaz\u00f3 las \u00aboposiciones\u00bb presentadas por el quejoso, decret\u00f3 los medios de convicci\u00f3n de tipo documental aportados y deneg\u00f3 las declaraciones. <\/p>\n
2.4. Contra tal determinaci\u00f3n, Trujillo Manrique present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, desatado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el pasado 4 de agosto, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Para el accionante las autoridades convocadas incurrieron en un defecto procedimental por excesivo ritualismo al realizar una interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, pues le impide oponerse a la pretensi\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n desde los albores del respectivo juicio y relega su intervenci\u00f3n hasta la fase de alegaciones conclusivas. <\/p>\n
En apoyo de lo anterior, manifiesta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En otras palabras, se adelantar\u00eda un proceso judicial sin siquiera permitirle al afectado controvertir material y sustancialmente las pretensiones de la Fiscal\u00eda, ni fijar la litis o los aspectos de controversia; limitando a los alegatos de conclusi\u00f3n como \u00fanica fase en la que el afectado puede hacer referencia de fondo a lo pretendido por la Fiscal\u00eda justo antes de la Sentencia. Lo (que) contraviene de manera clara la consagraci\u00f3n constitucional y el desarrollo jurisprudencial del art\u00edculo 29 sobre el debido proceso y el art\u00edculo 229 sobre el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
4. Pretende, en consecuencia, \u00ab(\u2026) se declare la nulidad de todo lo actuado\u2026 a partir del auto del 25 de junio de 2021 (y) se fije como regla interpretativa del art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014 que a los Jueces de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio no les es dable rechazar las oposiciones presentadas por los afectados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada ponente de la determinaci\u00f3n censurada advirti\u00f3 que esa colegiatura \u00abrealiz\u00f3 un estudio minucioso y pormenorizado del asunto de cara a la realidad probatoria, la normatividad vigente y jurisprudencia aplicable al caso concreto e igualmente tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el esp\u00edritu del legislador plasmado en la exposici\u00f3n de motivos de las Leyes 793 de 2022, 1708 de 2017 y 1849 de 2017\u00bb de all\u00ed que la decisi\u00f3n no sea arbitraria o antojadiza pues en ella, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se explican los motivos por los cuales\u2026 (se) consider\u00f3 que en el estadio procesal en que se encontraba la actuaci\u00f3n\u2026 (traslado del art\u00edculo 141 CED), no era jur\u00eddicamente procedente dar cabida a los alegatos conclusivos que la apoderada del quejoso present\u00f3 a modo de escrito de posici\u00f3n o contestaci\u00f3n de la demanda extintiva, sin que ello representara un desconocimiento del derecho de las partes a oponerse o manifestarse en contra de las pretensiones de la Fiscal\u00eda, pues fue el legislador por razones de pol\u00edtica criminal, eficiencia, eficacia y celeridad procesal, quien en vigencia de la Ley 1849 de 2017, la cual gobierna la actuaci\u00f3n procesal en cuesti\u00f3n, dispuso que el ejercicio de esa facultad estaba reservada a las partes para la fase del juicio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n rogada, en tanto \u00abla Sala\u2026 en manera alguna ha conculcado los derechos fundamentales y garant\u00edas del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, luego de rememorar las principales actuaciones surtidas, resalt\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, en tanto que se ha dado estricta aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u2026 siendo que la negativa a conocer el escrito de oposici\u00f3n del tutelante, se debi\u00f3 a un actuar ajustado al cumplimiento de dicha norma con el respeto de las formas propias de cada juicio y los principios de preclusividad de los actos procesales en obediencia de unas reglas preestablecidas\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente habida cuenta que no existe la lesi\u00f3n atribuida y el reclamo se sustent\u00f3 en un subjetivo desacuerdo con la decisi\u00f3n emitida. <\/p>\n
3. El Fiscal 44 Especializado, adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, solicit\u00f3 \u00abque se desestime la vinculaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda\u2026 debido a la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb comoquiera que el reproche se dirige contra la autoridad judicial que adelanta la fase de juzgamiento del proceso objeto de censura. <\/p>\n
4. El Fiscal S\u00e9ptimo Seccional, perteneciente a la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Bucaramanga, se refiri\u00f3 a incidencias que rodearon la causa penal en la que el ac\u00e1 gestor fue condenado, las cuales resultan ajenas al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio, al tiempo que manifest\u00f3 que las decisiones sobre las que recae el ruego tuitivo obedecen a una correcta interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar dicho proceso. <\/p>\n
5. La gerente de Asuntos Legales de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. luego de exponer in extenso las atribuciones de esa entidad como administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, en particular las ejercidas sobre los bienes que fueron vinculados a la actuaci\u00f3n extintiva objeto del presente resguardo, deprec\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que \u00abaparece demostrado que [los] derechos fundamentales [del accionante] no han sido vulnerados por parte de la\u2026 S.A.E. S.A.S., ya que\u2026 ha obrado siempre con apego a la ley (sic)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada en la medida que \u00ablo que busca la parte accionante es que, por v\u00eda tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, advirti\u00f3 que las providencias no revelaban desmesura ni arbitrariedad, en tanto son el producto de un correcto an\u00e1lisis y aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando lo dicho en el libelo introductor acerca de la interpretaci\u00f3n \u00abexcesivamente formalista\u00bb que los jueces de instancia hicieron del art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, con la cual le restringieron la oportunidad de oponerse tempranamente a la pretensi\u00f3n extintiva de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por Germ\u00e1n Trujillo Manrique dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio 2019-00028, al rechazar la oposici\u00f3n que, de forma temprana, present\u00f3 frente a la pretensi\u00f3n extintiva incoada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, frente a algunos bienes de su propiedad. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, pero no por las razones presentadas por la Hom\u00f3loga a quo, sino porque se incumple el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida cuenta que la fase de juzgamiento apenas inici\u00f3 y subsiste en ella la posibilidad para el afectado de oponerse a la pretensi\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el escenario establecido en el art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, siendo la sentencia el acto procesal en el cual corresponde a la autoridad cognoscente pronunciarse sobre las postulaciones que le formulen las partes y dem\u00e1s sujetos procesales y frente a la cual Trujillo Manrique podr\u00e1 interponer el recurso de apelaci\u00f3n, en caso de que la decisi\u00f3n final sea contraria a sus intereses. <\/p>\n
De manera que, se itera, el gestor cuenta con oportunidades y herramientas al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio para ser escuchado y demostrar porqu\u00e9, en su caso, la demanda extintiva se torna improcedente, pues la acci\u00f3n supralegal no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe resaltar que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches aqu\u00ed formulados. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en esta oportunidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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