STC14433-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14433-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2022-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo el 12 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y Segundo Promiscuo del Circuito, ambos de San Marcos, Sucre, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2021-00135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, aunque present\u00f3 demanda ejecutiva contra Anselmo Correa Solano, para hacer exigibles las sumas de dinero contenidas en dos pagar\u00e9s, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos en auto del 8 de septiembre de 2021, libr\u00f3 orden de pago \u00fanicamente por unos de ellos, tras considerar que, aunque en el otro se se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n se pagar\u00eda en un plazo de 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del 28 de diciembre de 2018, no se detall\u00f3 en forma sucesiva las fechas de vencimiento de las cuotas que mensualmente deb\u00edan pagar los obligados, no siendo clara la obligaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n
Refiere que refut\u00f3 lo decidido a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios, pero en prove\u00eddo el 12 de octubre siguiente el juez cognoscente mantuvo en reposici\u00f3n lo resuelto, y, el 18 de julio de 2022 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la misma localidad confirm\u00f3 \u00edntegramente. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 de dichas determinaciones, que las autoridades judiciales no solo \u00abomitie[ron] ordenar el pago de la suma correspondiente a otros conceptos [en lo que tiene que ver con el pagar\u00e9 027676110000209], sino que pasaran por alto que, en cuanto al otro t\u00edtulo, \u00abEl numeral 4 del art 709 del C de Co. indica que uno de los requisitos del pagar\u00e9 es que debe contener la forma de vencimiento, mas no se\u00f1ala imperativamente que tengan que detallarse una por una las fechas y valores de los instalamentos mensuales\u00bb; adem\u00e1s, en la cl\u00e1usula cuarta del pagar\u00e9 las partes pactaron la cl\u00e1usula aceleratoria. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende \u00ab(\u2026) ordenar que en un t\u00e9rmino no mayor a 48 horas, los juzgados accionados revoquen las providencias cuestionadas y proceden a dictar la que en derecho corresponda teniendo en cuenta que los t\u00edtulos valores cumplen con los requisitos de la norma comercial y de la procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos, luego de exponer las razones jur\u00eddicas por las cuales no libr\u00f3 orden ejecutiva frente a uno de los pagar\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 que las decisiones tomadas en ambas instancias \u00abno fueron caprichosas ni arbitrarias, ni mucho menos se trata de una v\u00eda de hecho como lo indica el accionante, pues estas (sic) se encuentran cimentadas en la jurisprudencia y leyes aplicables al caso en particular conforme a la libre interpretaci\u00f3n que los jueces pueden hacer sobre las mismas, ya que gozan de autonom\u00eda judicial respecto a la forma de interpretar las disposiciones normativas no correspondi\u00e9ndole al juez constitucional se\u00f1alar la correcta\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de esa urbe inform\u00f3, que mantuvo en todas sus partes la decisi\u00f3n criticada luego de advertir, en lo fundamental, que aqu\u00e9l \u00absurti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente bajo la observancia de las normas procesales previstas para este caso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda, al concluir que, aunque no se apuntaron en el cuerpo del instrumento cambiario adosado las fechas de cada una de las 60 cuotas de pago, y \u00e9stas se pod\u00edan inferir de la tabla de amortizaci\u00f3n allegada con el libelo, lo cierto es que, el operado judicial de la alzada \u00abno hizo descansar su decisi\u00f3n exclusivamente en ese \u00fanico pilar del que desde\u00f1a el establecimiento bancario, sino que en sus motivaciones tambi\u00e9n fij\u00f3 su juicio valorativo en la desatenci\u00f3n que \u00e9ste \u00faltimo hizo, de la estipulaci\u00f3n yacente en el literal g de la regla CUARTA apuntada en el t\u00edtulo valor\u00bb, alusiva a que para la activaci\u00f3n de la cl\u00e1usula aceleratoria acordada en caso de incumplimiento deb\u00eda notificarse esa decisi\u00f3n al deudor, sin que exista \u00abfactor suasorio que muestre que se honr\u00f3 ese labor\u00edo impuesto por los propios contratantes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente agreg\u00f3, que sobre \u00absemejante falencia (\u2026) nada dijo el promotor en su auxilio, [lo que] vuelve inviable cualquier orden de protecci\u00f3n que profiriera esta Colegiatura como \u00e1rbitro tutelar, pues en \u00faltimas, el resultado de un novel ejercicio intelectivo que se le compeliera a desarrollar al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, ser\u00eda el mismo, o sea, el fracaso del recaudo del derecho incorporado en el dispositivo de cambio a que se viene haciendo referencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la entidad financiera querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, y expresando que \u00ab(\u2026) no le asiste la raz\u00f3n ni al Honorable Tribunal de Sincelejo ni al Juzgado accionado, teniendo en cuenta que en la cl\u00e1usula cuarta del pagar\u00e9 No 027676180000012 las partes pactaron la denominada cl\u00e1usula aceleratoria en la cual incluyeron siete (7) causales de aceleraci\u00f3n del plazo y no una (1)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al no librar mandamiento de pago contra Anselmo Correa Solano respecto del pagar\u00e9 n\u00b0 027676180000012, dentro del coercitivo adelantado por Banagrario S.A. (n\u00b0. 2021-00135), dado que, supuestamente, ese instrumento s\u00ed es exigible por cumplir con la forma de vencimiento contemplada en el num. 4\u00b0 del art\u00edculo 709 del C\u00f3digo de Comercio, y, se aceler\u00f3 el plazo con base en lo convenido entre las partes. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 18 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto al confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n de librar mandamiento de pago por v\u00eda ejecutiva contra Anselmo Correa Solano y a favor del Banco Agrario de Colombia S.A., por la suma de dinero contenida en el t\u00edtulo n\u00b0 027676110000209, pero \u00abNegar la orden de pago con base en el pagar\u00e9 n\u00b0 02767618000012 \u00bb, tomadas el 8 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa localidad. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, STC6833-2022, 2 jun., rad. 00087-01). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. En el asunto estudiado, el despacho judicial criticado comenz\u00f3 por precisar que \u00abel t\u00edtulo valor debe cumplir con las exigencias de ley en forma estricta suficiente para reclamar el derecho que en \u00e9l se incorpora, pues de no ser as\u00ed este (sic) pierde su connotaci\u00f3n de t\u00edtulo valor y se convierte en otra clase de documento al adicionarle uno o varios documentos para complementarlos\u00bb; de ah\u00ed que, entonces, \u00abcomo bien lo dijo el Juez de primera instancia, (\u2026) se pronunci\u00f3 sobre todos los puntos que deb\u00edan ser objeto de pronunciamiento, es decir, sobre el PAGAR\u00c9N.\u00ba 027676110000209, y el PAGARENO. 027676180000012, los cuales fueron los t\u00edtulos valores aportados como recaudo\u00bb, <\/p>\n
Ahora, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de negar el mandamiento ejecutivo del pagar\u00e9 n\u00b0 027676780000012, precis\u00f3 inicialmente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la norma procesal ha sido terminante en establecer que, para dar inicio a un Proceso Ejecutivo, es indispensable la existencia de un T\u00edtulo Ejecutivo o un documento que preste merito (sic) ejecutivo, el cual consecuencialmente debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. Es por esto, que cuando se promueve un tr\u00e1mite de esta naturaleza, no entra a ser parte del debate judicial el hecho de si existe o no la deuda, \u2018sino que lo que se pretende es el pago inmediato de la obligaci\u00f3n a partir de la ejecuci\u00f3n de la misma\u00bb. As\u00ed, destac\u00f3, \u00abel t\u00edtulo valor debe cumplir con las exigencias de ley en forma estricta suficiente para reclamar el derecho que en \u00e9l se incorpora, pues de no ser as\u00ed este (sic) pierde su connotaci\u00f3n de t\u00edtulo valor y se convierte en otra clase de documento al adicionarle uno o varios documentos para complementarlos\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por la entidad apelante frente a la decisi\u00f3n de primera instancia de negar el mandamiento ejecutivo frente al pagar\u00e9 n\u00b0 027676180000012, por incumplir las exigencias de exigibilidad previstas en los art\u00edculos 621 y 709 del C\u00f3digo de Comercio, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEn el presente caso, [el citado t\u00edtulo] fue pactado por 60 cuotas, es decir, con vencimientos ciertos sucesivos de conformidad con el numeral 3 del art 673 del C de Co, siendo la fecha de desembolso el d\u00eda 28\/ 11\/2018, siendo la primera cuota pagadera el 28\/ 12\/2018 y como fecha de vencimiento final el 28\/11\/2023. <\/p>\n
Visto lo anterior, se percata este despacho judicial que (\u2026) las partes no pactaron expresamente la fecha de las cuotas, por lo que esta judicatura considera que no tienen fecha de exigibilidad de cada una de ellas, requisito indispensable, tal como lo exige el art\u00edculo 673 del C. Co\u00bb. <\/p>\n
Y en lo que tiene que ver con los requisitos previstos en el art\u00edculo 621 ib\u00eddem, que tambi\u00e9n deben contener el pagar\u00e9, refiri\u00f3 el fallador que el documento allegado <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tiene como fecha de la primera cuota pagadera el 28 de diciembre de 2018 y como fecha de vencimiento final el 28 de noviembre de 2023, pero que las cuotas pactada no tienen fecha de vencimiento, por lo que no se puede hablar de cuotas en mora, toda vez que las mismas no tienen forma de vencimiento, tal como lo indica el art\u00edculo anterior, por lo que tampoco son exigibles a la fecha.\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, el superior complement\u00f3 respecto a la cl\u00e1usula aceleratoria pactada, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 69 de la ley 45 de 1990 y la sentencia C-332 de 2001, que <\/p>\n
\u00abEn la cl\u00e1usula 4\u00ba del pagar\u00e9 N\u00ba 027676180000012, letra G, las partes pactaron la cl\u00e1usula aceleratoria, de la siguiente manera: <\/p>\n
Autorizamos al beneficiario o a cualquier tenedor leg\u00edtimo de este pagare (sic) para que sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial para constituirse en mora y\/ o incumplimiento, declara vencimiento el plazo de esta obligaci\u00f3n o de las cuotas que constituyan el saldo y exigir el pago total inmediato judicial o extrajudicialmente sin perjuicio de su facultad de restituir el plazo en las condiciones previstas por la Ley, en los siguientes casos. <\/p>\n
g) el plazo se tendr\u00e1 por vencido a partir del sexto d\u00eda h\u00e1bil del envi\u00f3 de la notificaci\u00f3n en la que se informa la decisi\u00f3n de acelerar el plazo a la \u00faltima direcci\u00f3n conocida del deudor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro que en la cl\u00e1usula aceleratoria pactada, el plazo se tendr\u00e1 por vencido a partir del sexto d\u00eda h\u00e1bil del env\u00edo de la notificaci\u00f3n en la que se informe la decisi\u00f3n de acelerar el plazo a la \u00faltima direcci\u00f3n conocida del deudor, lo que quiere decir que para que se pueda acelerar el plazo convenido se debe cumplir con el env\u00edo de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n al deudor a la \u00faltima direcci\u00f3n conocida de \u00e9ste, por lo que en el caso que nos ocupa no se configura dicha cl\u00e1usula, por cuanto no obra en el plenario que la parte ejecutante haya enviado dicha notificaci\u00f3n al deudor\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 el operador judicial accionado que, \u00ab(\u2026) el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos-Sucre, surti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente bajo la observancia de las normas procesales previstas para este caso\u00bb. <\/p>\n
4.2. Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC12174-2022, 14 sept. rad. 00230-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4.3. Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6513-2022, 26 may., rad. 00079-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n probatoria y la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos del pagar\u00e9 como t\u00edtulo valor, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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