STC14434-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14434-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ambas de Risaralda, as\u00ed como los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse ordene inmediatamente al tutelado fijar y liquidar agencias en derecho\u00bb y adem\u00e1s, \u00abaplicar los fallos de tutela que obliga a la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales, CSJ STC15220-2019, STC15239 STC151152019, STC 15 feb 1995 rad 1937, reiterada STC15116-2019175\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su inconformidad el accionante sostuvo que dentro de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado \u00ab66001 31 03 002 2022 00069 00\u00bb, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira no emite sus decisiones dentro de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, puntualmente, le ha tardado en liquidar las agencias en derecho, situaci\u00f3n que en su criterio amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que no ha participado dentro del proceso cuestionado ni el actor le ha presentado solicitud alguna relacionada con el mismo. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para intervenir dentro del presente tr\u00e1mite, porque el reclamo ata\u00f1e al funcionario judicial que conoce de la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, dentro de las que se resalta que fue admitida el 1 de marzo del presente a\u00f1o y luego de surtido el tr\u00e1mite de rigor se dict\u00f3 sentencia el 5 de agosto siguiente y el 9 de septiembre pasado liquid\u00f3 las agencias en derecho y aprob\u00f3 las costas, por lo cual pidi\u00f3 no se acceda a la protecci\u00f3n invocada al respecto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 el amparo por hecho superado, tras constatar que el 9 de septiembre de los corrientes el estrado acusado emiti\u00f3 la decisi\u00f3n echada de menos por el accionante. <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor del resguardo, exigiendo que se ordene al juzgado accionado cumplir con los t\u00e9rminos procesales que impone la Ley 472 de 1998, ya que, dice, solo con acciones de tutela logra el impulso de los procesos que all\u00ed adelanta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Pues bien, analizados los reparos formulados por el accionante, se advierte que su reclamo se circunscribi\u00f3, en esencia, a que el juzgado accionado incumple con los t\u00e9rminos perentorios para emitir decisiones dentro de la acci\u00f3n popular que tramit\u00f3 contra John \u00c1ngel Buritic\u00e1 Ossa, como propietario del establecimiento de comercio Angelcolor, puntualmente, porque no ha liquidado las costas ni resuelto sobre su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo tal \u00f3ptica, advierte la Corte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que con prove\u00eddo calendado 9 de septiembre del corriente a\u00f1o, la oficina judicial enjuiciada emiti\u00f3 auto con que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas elaborada por la secretar\u00eda en la misma fecha, con lo cual se cumpli\u00f3 lo puntualmente requerido por el accionante mediante la tutela. <\/p>\n
Entonces, como la situaci\u00f3n censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; CSJ STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01 y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
Valga enfatizar, que la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n echada de menos por el accionante, releva al juez de tutela de entrar a revisar si antes de ello hubo mora judicial injustificada, como lo pretende \u00e9ste en su impugnaci\u00f3n, pues, el prop\u00f3sito del mecanismo tutelar, consistente en remediar o evitar la inminente afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, qued\u00f3 cumplido con dicho proceder, lo que hace innecesaria cualquier otra consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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