STC14436-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14436-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03621-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Francisco Arias Henao contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00325. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 30 de septiembre de 2022, mediante el cual el tribunal encartado -en el coactivo que se promueve en contra suya- confirm\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la cauci\u00f3n prestada por el ejecutante para la materializaci\u00f3n de las cautelas, pese a que la presentaci\u00f3n de esa garant\u00eda se hizo por fuera del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se deje sin efecto la cuestionada providencia y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistratura accionada hizo un breve recuento de lo acontecido en el ejecutivo que ac\u00e1 interesa y defendi\u00f3 la legalidad de la providencia que all\u00ed se emiti\u00f3 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el hoy querellante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 inicialmente que \u00abbien vista la regulaci\u00f3n de la contracautela que para juicios ejecutivos consagra el art. 599, inciso 5\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, que consiste en prestar una cauci\u00f3n por parte del ejecutante, a instancia del \u201cejecutado que proponga excepciones de m\u00e9rito o el tercer afectado con la medida cautelar\u201d, no est\u00e1 previsto all\u00ed el supuesto de tener que levantarse las medidas en caso de que la cauci\u00f3n se presente de manera extempor\u00e1nea al termino de 15 d\u00edas. Tanto menos en este caso, en que no fue cumplida una de las exigencias dispuestas en la norma, porque el juzgado, al momento de ordenar que se constituyera cauci\u00f3n, omiti\u00f3 efectuar un an\u00e1lisis sobre la clase de bienes que son objeto de embargo y secuestro y tampoco desarroll\u00f3 un estudio sobre \u201cla apariencia de buen derecho de las excepciones de m\u00e9rito\u201d (segmento final de la norma citada)\u00bb. <\/p>\n
Luego de citar el aludido precepto, reliev\u00f3 que \u00abDel segmento normativo en cita, a simple vista aflora, y as\u00ed debe interpretarse, que la secuela de levantar las medidas cautelares opera cuando la cauci\u00f3n en definitiva no se constituye, mejor dicho, hay una omisi\u00f3n indeterminada. Porque despu\u00e9s, en frase posterior, la norma fij\u00f3 el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas para presentar esa cauci\u00f3n, es verdad, pero no estableci\u00f3 que deb\u00eda aplicarse de modo inexorable esa misma consecuencia en el evento de que el ejecutante cumpla la orden del juez de manera extempor\u00e1nea. En apoyo de lo apuntado, el art. 603, inciso 2\u00ba, del CGP prev\u00e9 que en \u201cla providencia que ordene prestar la cauci\u00f3n se indicar\u00e1 su cuant\u00eda y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las se\u00f1ale. Si no se presta oportunamente, el juez resolver\u00e1 sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este c\u00f3digo\u201d, es decir, que ordena al juez aplicar el efecto seg\u00fan las reglas de cada situaci\u00f3n. As\u00ed, viene de verse que en el supuesto legal bajo an\u00e1lisis \u2013art. 599\u2013, el legislador no consagr\u00f3 expresamente que el ejecutante de forma autom\u00e1tica, sea sancionado con la cancelaci\u00f3n de las cautelas, en caso de presentar por fuera del t\u00e9rmino la cauci\u00f3n que fue ordenada. Por consiguiente, si al momento de estudiar el expediente para decidir en el punto, el juez observa que la orden se cumpli\u00f3 algunos d\u00edas por fuera de lo previsto, es razonable que acepte la cauci\u00f3n para cumplir los prop\u00f3sitos de la norma, que en \u00faltimas consisten en tener un respaldo para amparar la responsabilidad del ejecutante, por eventuales perjuicios que se causen con la pr\u00e1ctica de las medidas preventivas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abasiste raz\u00f3n al apelante en que los t\u00e9rminos fijados en la ley \u201cpara la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario\u201d (inc. 1\u00ba, art. 117 del CGP). Empero esa regla general se refiere principalmente, a las oportunidades que ata\u00f1en con el cumplimiento de los actos de postulaci\u00f3n, probatorios y recursos, la ejecutoria de las providencias, entre otros, que determinan la preclusi\u00f3n de los actos tendientes a la defensa y contradicci\u00f3n, dentro del esquema de audiencia bilateral y el actuar ordenado de las etapas del proceso, mas no opera esa regla de modo absoluto en todo lo que concierne con los procesos. Porque siempre ha de atenderse si las normas que se\u00f1alan plazos o t\u00e9rminos, se rigen por la regla general de perentoriedad e improrrogabilidad, o prev\u00e9n secuelas de distinta estirpe, pues ya se vio que en trat\u00e1ndose de la prestaci\u00f3n oportuna de las cauciones, el citado art. 603 no prev\u00e9 una consecuencia generalizada de preclusi\u00f3n absoluta, sino que \u201cel juez resolver\u00e1 sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este c\u00f3digo\u201d, o lo que es lo mismo, que en cada evento aplique las reglas que se acomoden a la norma que gobierne la respectiva situaci\u00f3n. Y tambi\u00e9n se repar\u00f3 que el estudiado aparte del precepto 599 de dicho estatuto, no prev\u00e9 el levantamiento autom\u00e1tico de las cautelas ante una demora en el otorgamiento de la cauci\u00f3n, que no es igual a una total o indeterminada omisi\u00f3n. Comprensi\u00f3n que, por cierto combina varios m\u00e9todos de ex\u00e9gesis, como (i) el gramatical, vale decir, el estudio del tenor literal de la norma \u2013art. 27 del C.C.\u2013, (iii) el teleol\u00f3gico o finalidad de la pauta legislativa \u2013ib., art. 27 \u2013, y (iii) el sistem\u00e1tico, que ordena integrar el contexto de la ley con la debida correspondencia y armon\u00eda de todo el dispositivo normativo \u2013art. 30 id.\u2013; junto con los principios de igualdad de la partes y la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (art. 11 del CGP)\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 argumentando que \u00abEn este asunto, mediante auto notificado el 4 de junio de 2021, en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n del demandado, el juzgado orden\u00f3 al ejecutante prestar cauci\u00f3n por el 10% de las pretensiones conforme al art. 599, inciso 5\u00ba, del CGP, de forma puntual y sin ninguna motivaci\u00f3n (folio 65 del pdf 01, cuaderno ppal.), adem\u00e1s de no se\u00f1alar el t\u00e9rmino, aunque remiti\u00f3 a la norma aludida, que lo consagra, ni tampoco fijar una consecuencia espec\u00edfica por la eventual renuencia. El ejecutante cumpli\u00f3 el requerimiento el 7 de julio, unos d\u00edas por fuera del plazo (folios 69 a 74 ib.). Sin embargo, pese a esa extemporaneidad, que ins\u00edstese, s\u00f3lo fue de unos d\u00edas, debe tomarse en cuenta que el ejecutante cumpli\u00f3 con la orden antes de que el juez cerrara la actuaci\u00f3n con una decisi\u00f3n sobre el particular, lo cual le permiti\u00f3 analizar la p\u00f3liza que fue aportada (folios 73 y 74 del pdf 01 del cuaderno principal), y procedi\u00f3 a aceptarla al encontrar que \u201ccumple con los presupuestos de suficiencia para materializar las medidas cautelares decretadas\u201d en el proceso (folio 81 ib.), aspecto este \u00faltimo que ni siquiera fue objeto de reproche por el apelante. Resoluci\u00f3n que cumple los est\u00e1ndares interpretativos antes explicados, as\u00ed no se hubiesen explicitado en detalle, en la medida en que ni del art. 599 del CGP, ni del art. 603 ibidem u otra norma concerniente a las cauciones, emana que deba procederse a la cancelaci\u00f3n inmediata de las cautelas, ante una tardanza en la cauci\u00f3n, garant\u00eda esta que de todos modos se prest\u00f3 y cumple la finalidad instituida en la ley\u00bb. <\/p>\n
Como explicaci\u00f3n de respaldo, el tribunal enfatiz\u00f3 que \u00absi no se acogiera el anterior argumento, el levantamiento de las medidas cautelares tampoco ser\u00eda justiciera en este expediente, porque como se adelant\u00f3 en el pr\u00f3logo de estas consideraciones, el juzgado no analiz\u00f3 los requisitos de procedibilidad de esa cauci\u00f3n pedida por el ejecutado, pese a que lo preceptuado en la norma es que ordene constituir la contracautela a cargo del ejecutante y a solicitud del ejecutado, pero no en cualquier hip\u00f3tesis, como si fuera un derecho sin l\u00edmites del \u00faltimo, por cuanto el precepto 599 del CGP mand\u00f3 en la parte final, de manera perentoria, que para \u201cestablecer el monto de la cauci\u00f3n, el juez deber\u00e1 tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de m\u00e9rito\u201d. Mandato restrictivo desacatado en los autos (folios 73 y 74 del pdf 01 del cuaderno principal), visto que al fijarse la cauci\u00f3n, no hubo valoraci\u00f3n para dilucidar, en primer lugar, cu\u00e1l era la clase de bienes involucrados, y en segundo lugar, si las excepciones de m\u00e9rito ostentan apariencia de buen derecho. Aspectos que, por cierto, no son de poca monta, porque la ley busca conciliar la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado con los bienes cautelados, aunado a la circunstancia de percibir a simple golpe de vista, una buena posibilidad de que prosperen los medios defensivos del ejecutado. Incumplidos, pues, los elementos condicionales en la decisi\u00f3n de fijar la contracautela bajo an\u00e1lisis, no se muestra razonable que se pretenda el levantamiento de las medidas cautelares, simplemente porque el demandante constituy\u00f3 la garant\u00eda pocos d\u00edas despu\u00e9s de fenecido el t\u00e9rmino, pues soluci\u00f3n tan implacable que, rep\u00edtese, no est\u00e1 prevista en la norma para la demora, por lo menos deber\u00eda estar precedida de un sustento apropiado por parte del juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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