STC14437-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14437-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00293-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la tutela que Nerio Alexander Bastidas Padilla le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abal debido proceso administrativo, defensa y contradicci\u00f3n\u00bb para que, se emitieran las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
(\u2026) TERCERO: Que se declare la vulneraci\u00f3n al debido proceso a favor del accionante, as\u00ed como, la vulneraci\u00f3n al derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, por parte del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de C\u00facuta, respecto de la Resoluci\u00f3n 028 del 21 de junio de 2022, por no garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte y correr traslado de dicha prueba de oficio decretada mediante auto de mejor proveer. <\/p>\n
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene garantizar el derecho de defensa y de contradicci\u00f3n de la contraparte y correr traslado del auto de mejor proveer, as\u00ed como, de dicha prueba recibida, para que se garantice el debido proceso del accionante, derecho de defensa y de contradicci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 012 (9 may. 2022), por medio de la cual adopt\u00f3 \u00abla estabilidad laboral reforzada del accionante, y en la misma realiz\u00f3 un nombramiento en propiedad de los aspirantes de la lista de elegibles\u00bb, espec\u00edficamente el de Francesco Armando Pisciotti Contreras, la que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n y, aqu\u00e9l para resolver \u00abdecret\u00f3 de oficio una prueba de mejor proveer\u00bb que consisti\u00f3 en oficiar \u00ab(\u2026) al Ministerio del Trabajo, para que se pronunciara y\/o emitir\u00e1 concepto sobre la autorizaci\u00f3n respecto del despido de un empleado en condici\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, luego corri\u00f3 traslado del \u00ab(\u2026) recurso de reposici\u00f3n al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que \u00e9ste tuviera conocimiento del mismo, y as\u00ed, ejerciera derecho de defensa y contradicci\u00f3n contra esta\u00bb; empero, a \u00e9l, \u00ab[la] prueba [de oficio], y el informe emitido por el Ministerio del Trabajo nunca se [le] comunic\u00f3, ni notific\u00f3 el concepto emitido por dicha autoridad, (\u2026) ausencia [que] no [le] permiti\u00f3 tener conocimiento que la misma hab\u00eda sido decretada, por lo cual no [pudo] ejercer [su] derecho de defensa y contradicci\u00f3n contra esta prueba decretada de oficio\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el estrado confutado mantuvo inc\u00f3lume el prove\u00eddo y rechaz\u00f3 de plano la alzada \u00abpor improcedente, tal como se hab\u00eda dispuesto en el numeral 5\u00ba de la Resoluci\u00f3n\u00bb (Res. n\u00ba 028, 21 jun.), decisi\u00f3n que, en su criterio, \u00abvulnera [su] debido proceso administrativo, derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, al resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse[le] puesto en conocimiento que se hab\u00eda [decretado] prueba de mejor proveer, a\u00fan m\u00e1s, que no se [le] haya comunicado el concepto emitido como resultado de esta prueba, como si se hizo al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abno existe prueba dentro ni fuera del acto administrativo Resoluci\u00f3n 028 del 21 de julio de 2022, que se [le] haya comunicado, notificado y\/o puesto es conocimiento de la prueba de oficio de mejor proveer decretada por el Juzgado Segundo de Familia\u00bb; por lo que no cont\u00f3 con \u00abla oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de cualquier actuaci\u00f3n judicial o administrativa, antes de que se dicte una decisi\u00f3n de fondo, para poder ejercer mi derecho de defensa y contradicci\u00f3n, situaci\u00f3n \u00e9sta, que vulnera el debido proceso administrativo derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y raz\u00f3n por la cual, se interpone la presen te acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en el \u00abtr\u00e1mite impartido a la petici\u00f3n de estabilidad laboral\u00bb presentada por el actor y, destac\u00f3, que frente a lo decidido mediante Resoluciones 012 del 9 de mayo de 2022 y 028 del 21 de junio de 2022, se present\u00f3 por parte del hoy tutelante acci\u00f3n de tutela ante al Consejo de Estado con radicado: 110010315000202203147-00, en la que se profiri\u00f3 sentencia, el pasado 19 de agosto\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta – Norte de Santander dijo que no ha transgredido prerrogativa alguna al gestor y, que \u00abse colige sin mayor dificultad que al interior del ordenamiento jur\u00eddico, existe ciertamente un medio de defensa judicial de car\u00e1cter contencioso administrativo que le permite al se\u00f1or NEIRO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA entrar a debatir la legalidad de las decisiones adoptadas en la Resoluci\u00f3n 028 del 21 de junio de 2022, expedido por el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta (\u2026) v\u00eda Nulidad y Restablecimiento del Derecho, medio de control por el cual se ventilan discusiones con relaci\u00f3n a la legitimidad, la legalidad y la validez de los actos administrativos\u00bb. <\/p>\n
Francesco Armando Pisciotti Contreras se opuso al ruego superlativo \u00abpor tratarse de unos hechos que ya fueron resueltos mediante sentencia del Consejo de Estado y que es claro, que no se le est\u00e1 violentando ning\u00fan derecho, al tratarse de otorgar derechos prevalentes a la persona que aprob\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de C\u00facuta desestim\u00f3 la salvaguarda, porque \u00ab(\u2026) este caso comparte identidad de partes, de causa y de objeto con la tutela que viene de referenciarse [202203147]. Es que ambas apuntan al cuestionamiento de la mentada Resoluci\u00f3n 028 y persiguen devolver al se\u00f1or Bastidas al cargo que ocupaba en el despacho accionado. Esas razones hacen evidente la existencia de la denominada cosa juzgada constitucional, configurada por la multiplicidad de acciones de tutela con identidad de prop\u00f3sito\u00bb; de ah\u00ed que \u00abLa comprobaci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional impide reabrir o surtir de nuevo un debate que fue definido, con saldo desfavorable al interesado y, as\u00ed las cosas, con sujeci\u00f3n a esta insoslayable regla tienen los suscritos servidores un motivo m\u00e1s para denegar la protecci\u00f3n deprecada\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el precursor, indicando que frente a la figura de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, el a quo \u00aben su af\u00e1n de negar el amparo no valor\u00f3 cada una de las acciones de tutelas interpuestas por el suscrito, pues no estudi\u00f3 de fondo el objeto concreto, por el cual se presentaron, calando as\u00ed, el argumento errado que la Juez del Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, que lo indujo en error de tipo, al igual que el argumento esbozado por la apoderada de la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial Norte de Santander\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00absi bien, la acci\u00f3n de tutela a que trae a colaci\u00f3n el A quo, tuvo relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n ac\u00e1 nombrada, lo cierto es que en nada tiene que ver con el derecho invocado en tal acci\u00f3n, pues la misma se interpuso contra la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 007 del 07 de junio proferida por el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, (\u2026) no son los mismos sujetos procesales esta va dirigida contra el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta\u00bb, m\u00e1xime si \u00abla presente resoluci\u00f3n se le hace alusi\u00f3n o se relaciona en esa acci\u00f3n de tutela, es porque, es una hecho sobreviniente de esa Resoluci\u00f3n N\u00b0 007 del 07 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, y que, entre otras cosas, no se solicit\u00f3, ni se invoc\u00f3 la vulneraci\u00f3n al debido proceso que hoy se ataca en esta actual acci\u00f3n constitucional, que no es m\u00e1s que la vulneraci\u00f3n al debido proceso por no correrle traslado a una prueba de mejor proveer, que, seg\u00fan el ordenamiento jur\u00eddico, esta debi\u00f3 ser puesta en conocimiento del recurrente, antes de ser resuelto dicho recurso, so pena de la vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abest\u00e1 errado el A quo, o se dej\u00f3 inducir al error por la Juez Segunda de Familia, al no realizar un estudio de fondo en cada uno los argumentos expuestos en las anteriores acciones de tutela, al interpretar que, por la expedici\u00f3n de un acto administrativo, \u00e9ste, no puede causar m\u00e1s de una vulneraci\u00f3n, pues esta interpretaci\u00f3n est\u00e1 errada por parte del Tribunal\u00bb, por cuanto \u00absi bien es un mismo acto administrativo, este puede tener m\u00e1s de un vicio de nulidad, y pues no hay norma en comento que lo proh\u00edba, pues el mismo Decreto 2591, NO limita a un ciudadano acudir las veces que \u00e9ste considere vulnerado alg\u00fan derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, solicit\u00f3: (i) \u00absea revocado el fallo de primera instancia, y en su lugar realizar un estudio y an\u00e1lisis de fondo de las pruebas dejadas de estudiar por el Juez A quo, que se accedan a las s\u00faplicas de la presente acci\u00f3n o en su defecto se profiera un fallo ajustado a derecho\u00bb; (ii) \u00abQue se compulsen copias, a la Juez Segunda de Familia de C\u00facuta, por hacer incurrir a t\u00edtulo de dolo, al Juez A quo, al insinuar y aportar documental de que hay acciones de tutelas id\u00e9nticas (\u2026)\u00bb; (iii) \u00abQue se compulsen copias por la actuaci\u00f3n dolosa de la apoderada de la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial de Norte de Santander, al inducir al fallador en error al aportar pronunciamientos alejados de la realidad y sin le lleno del material probatorio (\u2026)\u00bb; y (iv) \u00abQue se compulsen copias al Juez A quo, por la falta de interpretaci\u00f3n en derecho en el estudio de fondo de la presente acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como, la omisi\u00f3n de aplicar los correctivos y\/o sanciones estipulados en el ordenamiento jur\u00eddico por la temeridad que esboz\u00f3 hacia el suscrito al manifestar la cosa juzgada, e insinuar que se han presentado tutelas id\u00e9nticas materializando as\u00ed la temeridad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se precisa que, aunque asuntos como el que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala competen a la especialidad de lo contencioso administrativo, por tratarse de una \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb promovida por un \u00abex -empleado\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (art. 1\u00b0 Decreto 333 de 2020, ord. 8\u00b0), se examinar\u00e1 el caso, por econom\u00eda procesal, atendiendo la fecha de radicaci\u00f3n de la demanda tuitiva (5 sep. 2022) y, ante los m\u00faltiples rechazos que la misma ha tenido, que provocaron el conflicto de competencias dirimido por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta (26 sep.). <\/p>\n
2.- Dilucidado lo anterior, se anuncia el decaimiento del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado; empero, por falta del presupuesto de la subsidiariedad, que no por temeridad o la configuraci\u00f3n de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
Y es que en el sub-lite, no operaron tales fen\u00f3menos jur\u00eddicos, en la medida que la sentencia de 19 de agosto hoga\u00f1o, emitida por el Consejo de Estado – Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo -, en la guarda n\u00ba 2022-03147, tuvo origen en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 012 (9 may. 2022), por medio de la cual adopt\u00f3 \u00abla estabilidad laboral reforzada del accionante, y en la misma realiz\u00f3 un nombramiento en propiedad de los aspirantes de la lista de elegibles\u00bb, en tanto la actual, lo tiene en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 028, 21 jun.) que rechaz\u00f3 de plano el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la primera \u00abpor improcedente (\u2026)\u00bb, seg\u00fan el quejoso, \u00abpor no garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte y correr traslado de dicha prueba de oficio decretada mediante auto de mejor proveer(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- No obstante lo anterior, brota la improcedencia del amparo, porque si el querellante se duele de una supuesta \u00abvulneraci\u00f3n al derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, por parte del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de C\u00facuta, respecto de la Resoluci\u00f3n 028 del 21 de junio de 2022\u00bb (Resalta la Sala), ya que, deb\u00eda garantizarle \u00abel derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte y correr traslado de dicha prueba de oficio decretada mediante auto de mejor proveer\u00bb, lo cierto es que, como de manera reiterada lo ha adoctrinado esta Corporaci\u00f3n (STC5112-2021, STL4219-2021), ese es un debate que debe ser esclarecido por el juez de lo contencioso administrativo (STC11174-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si a juicio del impulsor, con la \u00abresoluci\u00f3n\u00bb adoptada, el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en \u00abvulneraci\u00f3n de sus derechos esenciales\u00bb en la manera antes dicha al no trasladar una prueba y\/o comunicar un prove\u00eddo, es diamantino que, previo a acudir a esta v\u00eda, debi\u00f3 agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, que para el caso, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar las decisiones, a trav\u00e9s de la figura de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, escenario en el que, si lo cre\u00e9 pertinente, puede requerir medidas cautelares, conforme lo establece el canon 230 \u00eddem, sin que exista plena certeza si Bastidas Padilla hizo uso del instrumento a su alcance, ya que en el libelo no hace referencia a ese punto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
Sin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020 y STC133-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha predicado que, <\/p>\n
[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026), el proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u00absuspensi\u00f3n del acto administrativo\u00bb en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d (STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que tal circunstancia impide el estudio de fondo del caso. <\/p>\n
4.- Las aspiraciones del accionante, encaminadas a que se compulsen copias para que se investiguen las conductas de la Juez Segunda de Familia de C\u00facuta, la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial de Norte de Santander y el a quo constitucional, por hacer \u00abinducir al fallador en error\u00bb a t\u00edtulo de dolo y, por \u00abla falta de interpretaci\u00f3n en derecho en el estudio de fondo de la presente acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como, la omisi\u00f3n de aplicar los correctivos y\/o sanciones estipulados en el ordenamiento jur\u00eddico por la temeridad\u00bb, respectivamente, se advierte que es a \u00e9l, a quien corresponde ponerlas directamente en conocimiento de las autoridades competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada se ha sostenido, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC15096-2017, STC1166-2018, STC3570-2021 y STC5445-2022). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14437-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14437-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00293-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}