STC14439-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14439-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03598-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por John Mario Lopera Pineda contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, \u00abdignidad humana\u00bb, petici\u00f3n, \u00abredenci\u00f3n de pena y libertad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada por imposibilitarle \u00abredimir pena\u00bb ante la omisi\u00f3n en atender sus solicitudes y la tardanza en desatar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que tiene a cargo en la causa penal en la que fue condenado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado fallar \u00aba favor o en contra dicho recurso y as\u00ed quedar en firme la sentencia y poder redimir pena\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El 5 de septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 la sentencia en la que se conden\u00f3 al accionante a 145,5 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. <\/p>\n
2.2. Contra esa determinaci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que, admitido por la accionada, el 11 de noviembre de 2020 entr\u00f3 al despacho para la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
2.3. Con auto del pasado 1\u00ba de abril, ante solicitud del quejoso, la Sala acusada le indic\u00f3 que, acorde al precepto 190 de la Ley 906 de 2004, \u00abel hecho que el asunto se encuentra en sede de Casaci\u00f3n, no es \u00f3bice para que solicite ante la autoridad competente, esto es, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, la\u2026 redenci\u00f3n de pena por trabajo, estudio y\/o ense\u00f1anza, allegando para ello los soportes requeridos expedidos por el centro de reclusi\u00f3n en el cual se encuentra detenido\u00bb; as\u00ed mismo, le inform\u00f3 que \u00abel proceso ingres[\u00f3] al despacho, una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado para que las partes se pronunciaran sobre el recurso de casaci\u00f3n y se encuentra en el turno para ello emitir el fallo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, el accionante adujo que lleva 56 meses recluido en centro carcelario sin posibilidad de \u00abredimir pena\u00bb porque no ha sido resuelto el mentado recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sumado a que no le ha sido contestado el derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 frente al particular. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado del mismo lugar limitaron su intervenci\u00f3n a remitir los datos de ubicaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto fustigado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada Segunda de Intervenci\u00f3n en Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que, \u00abconsultados [sus] archivos\u2026[,] encontr\u00f3 que\u2026 [le] correspondi\u00f3 emitir concepto sobre el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los procesados, el cual fue enviado a la Corte en el mes de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, destac\u00f3 que con auto del pasado 1\u00ba de abril respondi\u00f3 la solicitud de emisi\u00f3n de fallo que le present\u00f3 el quejoso y deprec\u00f3 \u00abse declare improcedente el amparo\u2026 por no estar demostrada afrenta alguna a los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
[l]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
3. Por otro lado, en todo caso, se observa que la solicitud referida por el actor fue debidamente atendida por la Corporaci\u00f3n encausada, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 1\u00ba de abril \u00faltimo, el cual no recurri\u00f3 y en el que, de forma expresa, ante el requerimiento de uno de los procesados, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026recibi\u00f3\u2026 esta Corporaci\u00f3n el memorial\u2026 mediante el cual solicita se le resuelva de manera pronta el recurso de casaci\u00f3n ya que\u2026 no ha podido redimir pena, por cuanto el fallo no ha cobrado ejecutoria. <\/p>\n
En virtud de lo anterior h\u00e1gasele saber\u2026 que acorde con lo establecido por el art\u00edculo 190 de la Ley 906 de 2004, durante el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n las peticiones referentes a la libertad del procesado y dem\u00e1s asuntos que no est\u00e9n vinculados con la impugnaci\u00f3n, entre ellos, enti\u00e9ndase tambi\u00e9n las solicitudes de redenci\u00f3n de pena, ser\u00e1n de la exclusiva competencia del juez de primera instancia, por lo que contrario a su manifestaci\u00f3n el hecho que el asunto se encuentra en sede de Casaci\u00f3n, no es \u00f3bice para que solicite ante la autoridad competente, esto es, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, la solicitud de redenci\u00f3n de pena por trabajo, estudio y\/o ense\u00f1anza, allegando para ello los soportes requeridos expedidos por el centro de reclusi\u00f3n en el cual se encuentra detenido. <\/p>\n
Por ende, de cara al debido proceso, como la trasgresi\u00f3n u omisi\u00f3n atribuida era inexistente para el momento en que se radic\u00f3 el reclamo tutelar, pues la solicitud referida por el censor hab\u00eda sido debidamente atendida, al margen de que lo fuese en sentido distinto al que pretendi\u00f3, ning\u00fan tipo de injerencia al respecto, por parte de este juzgador constitucional, tendr\u00eda cabida, m\u00e1xime cuando all\u00ed se le aclar\u00f3 que puede acudir ante el fallador ordinario a-quo para formular \u00abpeticiones referentes a [su] libertad\u2026 y dem\u00e1s asuntos que no est\u00e9n vinculados con la impugnaci\u00f3n, entre ellos, enti\u00e9ndase tambi\u00e9n las solicitudes de redenci\u00f3n de pena\u00bb. <\/p>\n
Al respecto ha sostenido esta Sala que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Lo consignado denota la improcedencia del ruego tutelar, por la inviabilidad del derecho de petici\u00f3n en las actuaciones judiciales y por la no conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso en el asunto recriminado, a lo que debe adicionarse que hall\u00e1ndose \u00e9ste en turno para la emisi\u00f3n del respectivo fallo de casaci\u00f3n, se muestra justificada la tardanza enrostrada a la sede judicial recriminada, en la medida en que obedece a circunstancias excepcionales y razonablemente justificadas. <\/p>\n
N\u00f3tese que sobre la excepcional viabilidad de este resguardo por la demora de las autoridades judiciales en la definici\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada, entre muchas otras, en STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01; y STC13394-2017, 30 ago., rad. 2017-00721-02). <\/p>\n
De all\u00ed que se tenga por sentado que las situaciones en las cuales es procedente la salvaguarda constitucional por la tardanza en la resoluci\u00f3n de los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01); siendo evidente que ninguna de las primera hip\u00f3tesis se demostr\u00f3 en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas imponen el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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