STC14442-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14442-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 3 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00383. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 1\u00b0 de abril de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Productos Alimenticios La Locura S.A., debido a que, supuestamente, \u00abes un establecimiento de comercio comercial abierto al publico (sic) [que] en la actualidad tiene una construcci\u00f3n anti-t\u00e9cnica a tal punto que los discapacitados o disminuidos f\u00edsicos ciudadanos que se movilizan en Silla de Ruedas, no pueden ingresar a dicho inmueble, pues no existe ACCESIBILIDAD, como lo ordena la ley 361 de 1997, violando igualmente algunos literales de la ley 472 de 1998\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado. <\/p>\n
Una vez enterado el inicio del tr\u00e1mite a la comunidad mediante aviso fijado el 23 de junio de los corrientes, por auto del 15 de julio siguiente se program\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, y, el pasado 11 de agosto se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la Loter\u00eda de Risaralda para integrar el litisconsorcio necesario por la parte pasiva, decisiones que fueron atacadas en reposici\u00f3n por el actor, por cuanto a su juicio, la citada diligencia debe realizarse \u00aben el mes de julio o agosto de 2022 (\u2026) y adem\u00e1s en el mismo d\u00eda (\u2026) todas las acciones populares a mi nombre, ya que no asistir\u00e9 a pacto alguno\u00bb; y adem\u00e1s, \u00abNO ES NECESARIO VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE donde preste el servicio publico (sic) el establecimiento comercial accionado\u00bb; no obstante, mediante prove\u00eddos del 5 y 9 de septiembre pasado se desestimaron los citados mecanismos. <\/p>\n
Finalmente aduce el solicitante, que como \u00abno hay pruebas por decretar\u00bb, es deber del fallador resolver anticipadamente el asunto. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9lula cognoscente, en lo fundamental, \u00abproferir sentencia anticipada como lo permite el art 278 CGP, pues no hay pruebas por practicar\u00bb, y, \u00abla nulidad de las vinculaciones que pretende hacer el tutelado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n de Control F\u00edsico de la Secretar\u00eda Municipal de Pereira, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
3. Productos Alimenticios La Locura S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abla parte actora no demuestra cual (sic) fue el supuesto resultado de la visita del fisco al inmueble objeto de la acci\u00f3n popular base de la petici\u00f3n de sentencia anticipada, por ende, no se evidencia con claridad cual (sic) es la vulneraci\u00f3n al debido proceso que alega en la tutela, muy por el contrario, los documentos susceptibles de valoraci\u00f3n probatoria desestiman los hechos narrados. Por el contrario, a la fecha no se evidencia en el expediente de la acci\u00f3n popular, el citado dictamen, ni su traslado, por lo que se puede concluir que a la fecha se sigue estando en el recaudo de las pruebas ordenadas en el auto de admisi\u00f3n, por lo que, no es procedente dictar sentencia anticipada\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tras relacionar cada una de las actuaciones desplegadas al interior del asunto constitucional criticado, pidi\u00f3 denegar la acci\u00f3n, por cuanto \u00abno satisface las condiciones indicadas en el literal b, [y] el actuar del Juzgado se rige a las reglas establecidas en la Ley 472\/98, C\u00f3digo General del Proceso, a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, a los deberes y obligaciones del Juez y a los principios que rigen el procedimiento de las acciones populares, que es en donde se se\u00f1ala, ocurre la violaci\u00f3n del derecho fundamental reclamado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, luego de advertir que \u00abel promotor de la acci\u00f3n formul\u00f3 otra tutela con fundamento en la misma acci\u00f3n popular (2022-00383), radicada en esta Corporaci\u00f3n bajo el n\u00famero 2022-00310-00, de la que conoci\u00f3 este mismo despacho (\u2026) [y] al confrontar la acci\u00f3n de amparo que se acaba de relacionar, con la que es objeto de estudio, sin lugar a duda alguna se colige que en ambas intervienen las mismas partes, pues fueron promovidas por el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira; se apoyan en los mismos hechos; buscan proteger iguales derechos vulnerados y las pretensiones son similares\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que se \u00abcondenar\u00e1 en costas al accionante, (\u2026) en cuant\u00eda de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente (\u2026) a favor de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, pidiendo que se revoque la multa que le impuso el fallador constitucional de primer grado, argumentando que \u00abNO SOY ABOGADO Y QUE POR MI NULA EXPERIENCIA EN DERECHO Y POR ERROR DE MI PARTE PRESENTE REPETIDO EL AMPARO, PERO ELLO NO ES TEMERARIO O DE MALA FE A MI CONTRA, PUES LO QUE OCURRI\u00d3 ES POR MI ERROR INVOLUNTARIO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el gestor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial del querellante, porque, supuestamente, i) vincul\u00f3 de manera innecesaria a la acci\u00f3n popular criticada al propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio demandado, y, ii) no dict\u00f3 sentencia anticipada ante la falta de pruebas por practicar. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC6507-2022, 26 may 2022, rad. 00117-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo promovi\u00f3 otro amparo contra el estrado denunciado, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expuso las mismas pretensiones para que, en suma, se profiera sentencia anticipada y se decrete la nulidad de la vinculaci\u00f3n ordenada en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00383. <\/p>\n
3.1. En efecto, est\u00e1 demostrado que el 2 de septiembre de 2022, el querellante present\u00f3 otro ruego tuitivo donde solicit\u00f3 de manera id\u00e9ntica \u00abproferir sentencia anticipada como lo permite el art 278 CGP, pues no hay pruebas por practicar\u00bb y que \u00abse ordene [la] nulidad de las vinculaciones que pretende hacer valer el tutelado\u00bb, el que correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira bajo el radicado 2022-00310, el que fue decidido en sentencia del d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o que declar\u00f3 la improcedencia del amparo, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada \u00edntegramente por esta Corte en fallo STC13809-2022 del 12 de octubre siguiente. <\/p>\n
3.2. As\u00ed entonces, deviene di\u00e1fano que esa causa concuerda con la actual en todos los puntos que la motivan, por lo que puede concluirse que se constituye una evidente equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia del auxilio y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido en ambas instancias, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el libelista, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun. 2022, rad. 00083-01). <\/p>\n
3.3. Ahora, tras avalar la improcedencia de la acci\u00f3n cuando se ha interpuesto una simult\u00e1nea en la que coinciden partes, causa y pretensiones u objeto, lo cual dimana de lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, surge el tema de la sanci\u00f3n impuesta como consecuencia del comportamiento temerario del convocante. <\/p>\n
Esto, porque al mantenerse id\u00e9ntica aspiraci\u00f3n y los mismos presupuestos que motivan ambas quejas constitucionales, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio; concretamente, el inciso final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 reprocha ese proceder, se\u00f1alando que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
La disposici\u00f3n legal en cita fue encontrada ajustada a la Carta Pol\u00edtica, al precisar el \u00f3rgano jurisdiccional competente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ning\u00fan motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, tambi\u00e9n acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el Derecho, en aplicaci\u00f3n de criterios de justicia, a la comprobaci\u00f3n del da\u00f1o que se deriva de acci\u00f3n u omisi\u00f3n antijur\u00eddica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasion\u00f3, tal como dispone el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Desde luego, no se trata de sustituir a la jurisdicci\u00f3n especializada ya que el juez de tutela tan s\u00f3lo tiene autorizaci\u00f3n para ordenar la condena en abstracto y su liquidaci\u00f3n corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo o al juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
Considera la Corte que no es el art\u00edculo acusado el que puede tildarse de contrario a la preceptiva superior, toda vez que en \u00e9l no se dispone ni autoriza que la actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y m\u00e1s bien lo supone, raz\u00f3n por la cual no es admisible la tesis del actor sobre posible desconocimiento de las normas fundamentales que lo consagran. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb (CC C-543\/92). <\/p>\n
Referente al tema, la Sala destac\u00f3: \u00abla denominada \u00abcondena en costas\u00bb en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02\u00bb, y puntualiz\u00f3 que \u00abatendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC11363-2017, 2 ago. 2017, rad. 00451-02). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En consecuencia, como el ejercicio de la salvaguarda debe ser razonable y ponderado para evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, en este evento se estructura una circunstancia que genera el fracaso de la solicitud formulada en la impugnaci\u00f3n, e implica, como acaba de verse, que tambi\u00e9n deba convalidarse la sanci\u00f3n impuesta al gestor por obrar con temeridad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14442-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14442-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00345-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}