STC14443-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14443-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03620-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Zulima Ortiz Bayona contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez inici\u00f3 un declarativo para que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que ten\u00eda con Zulima Ortiz Bayona, aqu\u00ed libelista, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2019-00595), quien, con sentencia anticipada de 13 de marzo de 2020, accedi\u00f3 al petitum, fijando los extremos temporales del citado v\u00ednculo del 30 de agosto de 2011 al 28 de marzo de 2019, junto con la sociedad patrimonial durante el mismo interregno y su consecuente estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, a juicio de la gestora, en la citada causa se incurrieron en m\u00faltiples irregularidades, toda vez que nunca se le notific\u00f3 del inicio de ese proceso, pues su otrora compa\u00f1ero habr\u00eda recibido el enteramiento, ya que, para la fecha en la que aquel promovi\u00f3 el verbal, a\u00fan persist\u00eda la convivencia entre ambos, hecho que pretendi\u00f3 corroborar con las anotaciones respectivas del libro de registro de mensajer\u00eda de la administraci\u00f3n de la unidad residencial1. As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez la habr\u00eda hecho incurrir en errores en la distribuci\u00f3n de los bienes sociales, aspectos que no pudo poner en conocimiento del cognoscente por el rese\u00f1ado motivo. Tambi\u00e9n censur\u00f3 la apreciaci\u00f3n probatoria del despacho2 y la forma en que encontr\u00f3 acreditados los periodos decretados. <\/p>\n
2.3. Ante tal panorama, formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pero, con fallo de 29 de agosto de 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 lo declar\u00f3 infundado (rad. n.\u00ba 2021-00315), tras colegir que \u00abno demostr\u00e9 que el demandante Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez fue la persona que recibi\u00f3 los sobres contentivos del citatorio para que concurriera al Juzgado a recibir notificaci\u00f3n, as\u00ed como el aviso de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y, de otra parte, porque seg\u00fan el Tribunal, yo ten\u00eda conocimiento de la demanda en mi contra por cuanto el cuatro de octubre de 2019 se registr\u00f3 la misma [en los FMI de los inmuebles involucrados] en tanto que el fideicomiso [que constituy\u00f3 en favor de sus descendientes] fue registrado el siguiente 10 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb. Aseveraci\u00f3n de la cual se apart\u00f3, porque, en su decir, no se percat\u00f3 de las anotaciones registradas. <\/p>\n
2.4. Aunado a lo anterior, ante la ejecutoria de la decisi\u00f3n del estrado de familia, Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez present\u00f3 la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, la cual le fue notificada al correo electr\u00f3nico, \u00abdesconociendo de mala fe que yo le hab\u00eda comprado la totalidad de los mismos inmuebles mediante la escritura No. 3839 otorgada el d\u00eda 28 de diciembre del a\u00f1o 2018, bienes que a su vez hab\u00edamos adquirido conjuntamente con mi demandante por compra, efectuada mediante Escritura No. 2463 otorgada el d\u00eda 31 de mayo de 2011, por lo cual insisto, yo ya era titular del derecho de cuota del 50% sobre tales bienes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Y, como \u00faltimo hecho vulnerador, anot\u00f3 que su excompa\u00f1ero inici\u00f3 otro verbal para que se le declare responsable por la supuesta sustracci\u00f3n de bienes sociales y, por consiguiente, se le sancione con la p\u00e9rdida de derechos sobre la porci\u00f3n que le pertenece, el cual se adelanta a instancias del Juzgado Doce de Familia de esa localidad (rad. n.\u00ba 2022-00692), del cual est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n sobre su admisibilidad, de acuerdo con las anotaciones del sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abdecretar la nulidad de lo actuado dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho tramitado en el Juzgado 10 de Familia de Bogot\u00e1 bajo el radicado n\u00famero 11001-31-10-010-2019- 00595-00 a partir del auto del 17 de febrero de 2020 inclusive, mediante el cual, se me dio por notificada del auto admisorio de la demanda, con el fin de que se reponga la actuaci\u00f3n y se me permita controvertir los hechos de la misma\u00bb; (ii) \u00abdejar sin efecto la sentencia de fecha 29 de agosto, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 -Sala de Familia-, declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb y (iii) \u00abcompulsar copias para ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a efectos de que se investigue la presunta conducta de fraude procesal en que al parecer incurri\u00f3 el se\u00f1or Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez [y] ordenar la apertura del incidente sancionatorio de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Doce de Familia de la citada ciudad indic\u00f3 que \u00aben este Despacho se adelanta el proceso de Ocultamiento de Bienes con radicado 110013110012 2022 00692 00, recibido por reparto desde las 16:24 horas del pasado 10 de octubre de 2.022, procedimiento que en la actualidad se encuentra en tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de la demanda por parte del personal del Despacho, por tanto, no existe ninguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de la suscrita, ni se ha infringido derecho fundamental alguno, por lo que respetuosamente solicito la desvinculaci\u00f3n de este Despacho en la mencionada acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado que precis\u00f3 agenciar los intereses de Carlos Eduardo Mu\u00f1oz adujo que \u00abninguna raz\u00f3n le asiste a la accionante en su denodado empe\u00f1o de dejar sin efecto la sentencia del Juzgado 10 de Familia de Bogot\u00e1 (\u2026) la cual cumpli\u00f3 a cabalidad con todas las etapas procesales y en las cuales se observaron y respetaron las garant\u00edas de ley\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho, por cuanto: (i) la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 la libelista, contra el fallo que decret\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho (rad. n.\u00ba 2021-00315); y (ii) el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esa urbe dict\u00f3 la rese\u00f1ada sentencia anticipada (rad. n.\u00ba 2019-00595), supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la garant\u00eda de debido proceso que le asiste. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la primera determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que present\u00f3 la gestora \u2013con fundamento en la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013, contra la sentencia anticipada que se dict\u00f3 en el declarativo de la uni\u00f3n marital que se inici\u00f3 en su contra, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el colegiado precis\u00f3, inicialmente, que \u00abla causal en este caso se fundamenta en que la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona no tuvo conocimiento de la existencia del proceso declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho adelantado en su contra por parte del se\u00f1or Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, en raz\u00f3n a que \u00e9ste obstaculiz\u00f3 la recepci\u00f3n de las notificaciones pues continuaban conviviendo, adem\u00e1s omiti\u00f3 informar en el proceso la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la se\u00f1ora Zulia, as\u00ed como desisti\u00f3 de las medidas cautelares para evitar que \u00e9sta se enterara\u00bb. Sobre este aspecto, anot\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPara constatar si tal alegaci\u00f3n se encuentra demostrada, es necesario traer a cuento las actuaciones pertinentes al objeto de debate que se constatan en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho, as\u00ed como las pruebas relevantes acopiadas en desarrollo del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.1. Proceso de uni\u00f3n marital de hecho: <\/p>\n
3.1.1. Luego de someterse a reparto el 7 de junio de 2019, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda declarativa de la uni\u00f3n marital de hecho de Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez contra Zulima Ortiz Bayona, con auto de 19 de junio de 2019. <\/p>\n
3.1.2. Mediante auto de 22 de agosto de 2019 se decret\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda respecto de los inmuebles con FMI Nos. 50C-1813065, 50C-1812571, 50C-1812572 y 50C-1797097, cuyo registro tuvo lugar el 4 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3.1.3. Seg\u00fan constancia de la empresa de env\u00edos, el 18 de noviembre de 2019 se realiz\u00f3 la entrega del citatorio para la notificaci\u00f3n personal de que trata el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, en la direcci\u00f3n carrera 64\u00aa No. 22-14 Torre 2 apartamento 1302, dirigido a la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona con la observaci\u00f3n \u201cLA PERSONA A NOTIFICAR SI (sic) RESIDE EN ESTA DIRECCION (sic)\u201d y recibido por \u201cSELLO RECIBIDO CONJUNTO SALITRE RESERVADO\u201d. Las mismas anotaciones aparecen en la constancia expedida respecto al aviso de notificaci\u00f3n entregado el 12 de diciembre de 2019 en la referida direcci\u00f3n y tambi\u00e9n dirigido a la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona. <\/p>\n
3.1.4. Como se adelant\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, las anotadas diligencias de notificaci\u00f3n fueron tenidas en cuenta con auto de 17 de febrero de 2020, en el que adem\u00e1s se dispuso que en raz\u00f3n al silencio frente a la demanda, \u201cla demandada se hace acreedora a la sanci\u00f3n que prescribe el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda y \u00e9stos son: el 1, 2, 4 y 5. Tambi\u00e9n se decretaron pruebas documentales y se negaron la prueba testimonial y de interrogatorios de parte. Luego, se emiti\u00f3 la sentencia que ahora es objeto de revisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario, se decretaron y recibieron las declaraciones de las partes y de varios testigos, as\u00ed como algunas documentales \u2013dentro de las cuales se encuentra el libro de registro de correspondencia de la unidad residencial respectiva\u2013, de cuya valoraci\u00f3n conjunta y bajo las reglas de la sana cr\u00edtica coligi\u00f3 que \u00abno existe medio persuasivo que de manera contundente permita afirmar que el se\u00f1or Carlos Eduardo Mu\u00f1oz fue quien reclam\u00f3 tanto el citatorio para la notificaci\u00f3n personal como el aviso de notificaci\u00f3n remitidos a la se\u00f1ora Zulima Ortiz, mucho menos que de as\u00ed haber ocurrido, haya optado por ocultarlas a \u00e9sta\u00bb. Lo anterior, con fundamento en que: <\/p>\n
\u00ab4.1.1. Como se anot\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, seg\u00fan las certificaciones expedidas por la empresa de mensajer\u00eda, los d\u00edas 18 de noviembre y 12 de diciembre de 2019 fue recibido por parte de la porter\u00eda del Conjunto Salitre Alto Reservado las anotadas comunicaciones, dej\u00e1ndose constancia de que en el apartamento 1302 de la torre 2 resid\u00eda la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona. <\/p>\n
4.1.2. Sin embargo, de las copias de las minutas de correspondencia de la empresa de vigilancia que para la \u00e9poca prestaba sus servicios a la administraci\u00f3n de la unidad residencial, as\u00ed como de las diferentes respuestas entregadas por aquella frente a los requerimientos realizados por esta Corporaci\u00f3n, se tiene que: <\/p>\n
<\/p>\n
* En desarrollo del interrogatorio de parte del se\u00f1or Carlos Eduardo, si bien reconoci\u00f3 que el d\u00eda 18 de noviembre de 2019 recibi\u00f3 una comunicaci\u00f3n, se trataba de una carta a \u00e9l enviada por parte del plantel de educaci\u00f3n superior donde laboraba, aclaraci\u00f3n de la que no es posible derivar efectos adversos al declarante, m\u00e1xime si en la planilla No. 126 de dicha fecha en el rengl\u00f3n 8 tan solo se indica que el se\u00f1or \u201cCarlos\u201d recibi\u00f3 \u201c01 sobre\u201d sin que se precise a qui\u00e9n se encontraba dirigido ni se hacen otras anotaciones que sugieran que se trat\u00f3 de una especie de comunicaci\u00f3n judicial con destino a la se\u00f1ora Zulima Ortiz. <\/p>\n
<\/p>\n
* Seg\u00fan lo informado por la empresa Cuidar Ltda., existen dos libros de control de correspondencia, lo que explica la existencia de dos planillas para el 18 de noviembre de 2019, una identificada con el No. 126 allegada por la recurrente y otra con el No. 066 aportada por el se\u00f1or Carlos Eduardo e incorporada de oficio, y aunque al parecer se extravi\u00f3 el libro al que pertenece la primera de las mencionadas, obs\u00e9rvese que con fundamento en \u00e9ste se expidi\u00f3 la respuesta de la empresa Cuidar Ltda. de fecha 10 de marzo de 2021 aportada con el recurso, pues en ella se incorpor\u00f3 la citada minuta No. 126 y las subsecuentes relacionadas con el apartamento 1302 torre 2, sin que alguna constate que el se\u00f1or Carlos Eduardo Mu\u00f1oz fue quien recibi\u00f3 el aviso de notificaci\u00f3n radicado el 12 de diciembre de 2019 en la unidad residencial, habida consideraci\u00f3n que el \u00faltimo registro de entrega de correspondencia a don Carlos Eduardo para el a\u00f1o 2019 es precisamente el de 18 de noviembre, el siguiente de 23 de enero de 2020 correspondiendo a \u201c01 PAQUETE DE COLSANITAS\u201d. Lo anterior, tampoco lo reportan las copias allegadas por la empresa Cuidar Ltda. a este Tribunal y que corresponden al otro libro de control de correspondencia. <\/p>\n
4.1.3. A lo anterior, se agrega que en la comunicaci\u00f3n sostenida a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico entre las partes que se rese\u00f1\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, no es posible inferir que el se\u00f1or Carlos Eduardo reconozca que ocult\u00f3 a la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona la existencia del proceso declarativo, lo que tampoco se desprende de lo informado por los se\u00f1ores Jos\u00e9 del Carmen Forero Am\u00f3rtegui y Nubia Gladys Ca\u00f1averal Beltr\u00e1n, pues es escaso el conocimiento que tienen acerca de los hechos materia de debate, el primero porque no fung\u00eda como administrador del conjunto residencial para el a\u00f1o 2019, mientras que la segunda m\u00e1s all\u00e1 de denotar la extensi\u00f3n de la convivencia hasta mediados de 2020 verdaderamente desconoce si la se\u00f1ora Zulima ignoraba la demanda que pesaba en su contra\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, esgrimi\u00f3 como argumento adicional que \u00abel hecho de que se haya omitido informar la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la se\u00f1ora Zulima Ortiz Bayona en la demanda de uni\u00f3n marital de hecho, por s\u00ed solo no abre paso a la causal de indebida notificaci\u00f3n, habida cuenta que se encuentra acreditada la realizaci\u00f3n en debida forma de una de las maneras de enteramiento formal contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la notificaci\u00f3n por aviso previa remisi\u00f3n de la citaci\u00f3n a notificaci\u00f3n personal\u00bb, raz\u00f3n por la cual: <\/p>\n
Con todo, enfatiz\u00f3 en que, por el contrario, obran probanzas en la foliatura que sugieren que la aqu\u00ed censora s\u00ed ten\u00eda conocimiento de la causa que se adelantaba en su contra, toda vez que \u00abla medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda decretada mediante auto de 22 de agosto de 2019 respecto de los inmuebles con folios No. 50C-1813065, 50C-1812571, 50C-1812572, 50C-1797097, fue registrada el 4 de octubre de 2019, mientras que la constituci\u00f3n del fideicomiso por parte de la se\u00f1ora Zulima Ortiz a favor de sus hijos David Ricardo Corrales Ortiz y Carlos Enrique Tamara Ortiz se registr\u00f3 el 10 de octubre de 2019\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, el tribunal recalc\u00f3 que \u00abaunque en el interrogatorio de parte, la se\u00f1ora Zulima Ortiz anunci\u00f3 que la constituci\u00f3n del anotado fideicomiso se realiz\u00f3 bajo la orientaci\u00f3n de don Carlos Eduardo y de un \u201cnotario\u201d y que por esa raz\u00f3n ella no se percat\u00f3 de la anotaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda declarativa que ya se encontraba en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, lo cierto es que tal afirmaci\u00f3n est\u00e1 hu\u00e9rfana de respaldo. Por el contrario, su hijo David Ricardo, en el testimonio, asegur\u00f3 que fue por idea suya que tuvo lugar el fideicomiso, y que se llev\u00f3 a cabo como una forma de proteger el patrimonio de la se\u00f1ora Zulima Ortiz y dejar claridad de que el apartamento era de su exclusiva propiedad y no de la \u201cuni\u00f3n\u201d que aquella sostuvo con el se\u00f1or Carlos Eduardo\u00bb. <\/p>\n
Por ello, a\u00f1adi\u00f3 que \u00absi bien es cierto que el apoderado del se\u00f1or Carlos Eduardo mediante memorial de 24 de febrero de 2020 deprec\u00f3 el decreto de otra medida cautelar y que de tal solicitud desisti\u00f3 luego de que se profiri\u00f3 la sentencia, lo cierto es que, como se indic\u00f3, para ese momento ya se encontraba decretada y registrada la inscripci\u00f3n de la demanda respecto del apartamento, garaje y dep\u00f3sito que la se\u00f1ora Zulima comprometi\u00f3 mediante fideicomiso a favor de sus hijos, si en cuenta se tiene que lo primero ocurri\u00f3 el 4 de octubre de 2019 y lo segundo el d\u00eda 10 del mismo mes y a\u00f1o. De este modo, no hay raz\u00f3n para aceptar que el referido desistimiento tuvo como finalidad evitar \u201calertar\u201d a la ahora recurrente\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, estableci\u00f3 que \u00abun an\u00e1lisis de las pruebas consideradas de manera individual y en su conjunto bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica revela que la recurrente Zulima Ortiz Bayona no cumpli\u00f3 con la carga que le asist\u00eda al tenor del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, probar con suficiencia los hechos sobre los que fundament\u00f3 su pretensi\u00f3n de nulidad de la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, aun cuando el remedio extraordinario se declar\u00f3 infundado \u2013lo que, per se, ser\u00eda suficiente para desestimar el amparo\u2013, la Sala precisa que, en todo caso, auscultados los argumentos expuestos por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 para decretar la uni\u00f3n marital de hecho, tampoco se evidencia la ocurrencia de un yerro susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo, pues, ciertamente, para proceder de esa forma, el estrado adujo, en lo fundamental, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es pertinente resolver el fondo del asunto conforme a todas las pruebas recaudadas para lo cual, en primera medida, se valorar\u00e1 la conducta procesal de la demandada al tenor de lo dispuesto en el art. 97 del CGP presumiendo, como se dijo, ser ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el libelo introductorio que se refieren, en s\u00edntesis, a la convivencia permanente y singular de la pareja aproximadamente desde el mes de agosto de 2011 y hasta el 28 de marzo de 2019, lapso durante el cual conformaron un hogar dentro del cual adquirieron cuatro (4) inmuebles y una promesa de compra venta sobre dos inmuebles m\u00e1s, y se brindaron ayuda mutua, tanto as\u00ed que la demandada fue afiliada como beneficiaria junto con sus dos hijos en la EPS (Sanitas) del demandado, lo que se evidencia del certificado de afiliaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Respaldan lo anterior, como actos propios de compa\u00f1eros permanentes encaminados a socorrerse mutuamente y unir esfuerzos para constituir un patrimonio com\u00fan, los certificados de tradici\u00f3n de los inmuebles con folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 50C-1813065, 50C-1812571, 50C-1812572, 50C-1797097 y el contrato de compraventa. Aunado a lo anterior, los recibos de servicios p\u00fablicos domiciliarios y de pago de administraci\u00f3n del apartamento ubicado en el conjunto residencial Alto Reservado aportados por el demandante, demuestran el socorro y ayuda mutua en raz\u00f3n a que acreditan que el pago lo efectu\u00f3 \u00e9l y el inmueble citado es donde reside la demandada, lo que se deduce de la notificaci\u00f3n realizada a esta ya que los certificados de entrega expedidos por la empresa de servicios postales indican que la persona a notificar s\u00ed reside all\u00ed. As\u00ed las cosas, como no hubo oposici\u00f3n a las pretensiones de la demanda por la pasiva y teniendo en cuenta la prueba recaudada, hay lugar a concluir que, para las fechas indicadas en la demanda, existi\u00f3 la convivencia que aqu\u00ed se investiga\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, reliev\u00f3 que \u00abse declarar\u00e1 que entre las partes existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho desde el 30 de agosto de 2011 tal y como se solicit\u00f3 en la demanda, hasta el 28 de marzo de 2019, y como consecuencia hay lugar a reconocer la sociedad patrimonial de hecho entre los se\u00f1ores Carlos Eduardo Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez y Zulima Ortiz Bayona durante el mismo periodo (\u2026), en tanto que se demostr\u00f3 el presupuesto contenido en la norma respecto a que existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os entre personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, tal y como consta en los registros civiles de nacimiento aportados\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a las autoridades accionadas, en tanto esas disposiciones fueron contrarias a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en lo que respecta a las supuestas irregularidades y\/o eventuales conductas punibles en las que habr\u00edan incurrido algunos de los interesados en la actuaci\u00f3n que se auscult\u00f3 \u2013v. gr., como la relatada en uno de los hechos del libelo inicial3\u2013, expone la Sala que nada obsta para que la memorialista acuda directamente ante las entidades correspondientes para formular sus eventuales quejas o denuncias. <\/p>\n
Lo anterior, dado que, sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s que, si se \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n [con] la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, insisti\u00f3 en que \u00abla convivencia con \u00e9l se dio hasta finales de julio de 2020 y no hasta el 28 de marzo de 2019 como \u00e9ste, de mala fe lo afirm\u00f3 en la demanda, pues de otra forma no se entender\u00eda como el d\u00eda 18 de noviembre, es decir, despu\u00e9s de 9 meses de supuestamente haber abandonado definitivamente el apartamento, \u00e9l apareciera recibiendo el sobre relacionado en la citada planilla, en donde se evidencia adem\u00e1s que frecuentemente para esa \u00e9poca sol\u00eda recibir correspondencia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En especial, se doli\u00f3 de que \u00abel estado civil de una persona por regla general no es demostrable a trav\u00e9s de la confesi\u00f3n; no obstante, como ocurre en la uni\u00f3n marital de hecho, esta puede ser demostrada mediante actos como: el trato de la pareja, la fama, lugar de residencia, entre otros, hechos que sirven para demostrar la convivencia y, por ende, para declarar la uni\u00f3n marital de hecho; sin embargo, como ocurri\u00f3 en el proceso que curs\u00f3 en mi contra el demandante de manera maliciosa modific\u00f3 las fechas entre las cuales se dio la uni\u00f3n marital de hecho entre \u00e9ste y la suscrita, tal como probatoriamente ha quedado acreditado, situaci\u00f3n que el juzgado no evidenci\u00f3 por omisi\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab(\u2026) si el Juzgado hubiera recepcionado (sic) el interrogatorio del demandante MU\u00d1OZ RODRIGUEZ, habr\u00eda podido determinar la tradici\u00f3n del apartamento, garajes y dep\u00f3sito mencionados a lo largo de esta demanda, es decir, hab\u00eda constatado que esos inmuebles fueron adquiridos en su totalidad por el demandante y la suscrita demandada, en vigencia de nuestra uni\u00f3n marital de hecho, tal como consta en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2463 del 31 de mayo de 2011, informaci\u00f3n que el aludido demandante ocult\u00f3 en la demanda, induciendo en error al Juzgado, haci\u00e9ndole creer que se trataba de bienes propios, cuando en realidad, tal como ha quedado demostrado, eran bienes sociales, comportamiento que eventualmente constituye el delito de fraude procesal, por lo que respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se sirvan compulsar copias para ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y as\u00ed mismo, ordenen a la Juez de primera instancia adelantar el incidente sancionatorio de que trata el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
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STC14443-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14443-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03620-00 (Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Zulima Ortiz Bayona […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}