STC14444-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14444-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00414-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena frente al fallo proferido el 7 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida contra aquel despacho por Olga Isabel G\u00f3mez Quintana, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 el resguardo de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abalimentos\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abvida digna\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como del \u00abprincipio del inter\u00e9s superior del menor\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada al dejar de entregarle los dineros cautelados al padre de su hija. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado acusado disponer \u00abla entrega de dep\u00f3sitos judiciales tipo 6 descontados al se\u00f1or\u2026 Padilla Arrieta, que se encuentran a favor de la se\u00f1ora\u2026 G\u00f3mez Quintana, en representaci\u00f3n de su menor hija\u2026[,] a raz\u00f3n de que\u2026 hacen referencia a la obligaci\u00f3n alimentaria mensual de la menor\u00bb; y en todo caso, \u00ab[s]e informe\u2026 la raz\u00f3n por la cual no se han entregado los dep\u00f3sitos judiciales a favor de la menor por concepto de alimentos\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Ante el juzgado acusado cursa el juicio ejecutivo por alimentos que la accionante, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, promovi\u00f3 contra el padre de \u00e9sta, Ra\u00fal Enrique Padilla Arrieta, en el cual, desde el 26 de septiembre de 2019, al tratarse de una obligaci\u00f3n peri\u00f3dica, para su satisfacci\u00f3n, se dispuso \u00abel embargo de la suma de\u2026 $150.000,oo, deducible del salario que recibe el demandado\u2026 como empleado de la empresa Ford – Bar\u00fa Motors S.A.\u00bb, precisando, de un lado, que ese descuento deb\u00eda efectuarlo el pagador de esa entidad, debiendo consignarlo a \u00f3rdenes del estrado judicial \u00abdentro de los\u2026 (5) primeros d\u00edas de cada mes\u00bb; y de otra parte, que \u00ab[d]ichas cuotas se incrementar[\u00e1]n anualmente a partir del 1\u00ba de enero del a\u00f1o 2020 y as\u00ed sucesivamente cada a\u00f1o con base al incremento del IPC del a\u00f1o inmediatamente anterior, por lo que deber\u00e1n deducirse dichas cuotas de manera actualizada con sus incrementos autom\u00e1ticos\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la accionante critic\u00f3 que aunque al deudor, de forma ininterrumpida, se le han realizado los descuentos derivados de la mencionada medida cautelar, desde el mes de marzo del a\u00f1o en curso a ella no se le ha entregado ninguna suma por concepto de la obligaci\u00f3n alimentaria, ni se le han contestado los requerimientos frente al particular; vi\u00e9ndose afectados los derechos al m\u00ednimo vital y vida digna de su hija menor de edad, quien \u00abno ha podido asistir a sus clases\u00bb, en tanto que ella no \u00abcuenta con los recursos para su completo sustento\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Procurador Diez Judicial II de Familia conceptu\u00f3 que \u00abel Juzgado de conocimiento deber\u00e1 atender y pronunciarse sobre las solicitudes presentada por la tutelante a efecto de impulsar la causa conforme a la respectiva etapa procesal en que se encuentra, espec\u00edficamente relacionado con los Dep\u00f3sitos judiciales dejados de Cancelar desde el mes de Marzo del\u2026 a\u00f1o en curso, en caso contrario, se deber\u00e1 tener en cuenta la respuesta emitida por el Juzgado de conocimiento para poder analizar si nos encontramos frente a un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Familia de Cartagena solicit\u00f3 el despacho adverso del ruego tutelar, por ser improcedente ante la presencia de un hecho superado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el pasado 25 de agosto la actora solicit\u00f3 \u00abel pago y autorizaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales que tuviere pendientes\u00bb; que el d\u00eda 29 siguiente \u00abfueron ingresados y autorizados para su pago los siguientes t\u00edtulos judiciales: 412070002617920 y 412070002631372, consignados por el cajero pagador de FORD BARU MOTORS S.A., los d\u00edas 06\/07\/2022 y 11\/08\/2022, como dep\u00f3sitos Tipo 1\u00bb; lo que comunic\u00f3 a la censora el d\u00eda 30 posterior. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, al responder, \u00abse encontraba dentro del t\u00e9rmino establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para resolver las solicitudes de t\u00edtulos judiciales\u00bb, evidenci\u00e1ndose que \u00abno ha incurrido en ninguna circunstancia que se puedan (sic) considerar vulneradora de los derechos fundamentales del accionante, habida cuenta que [a]l proceso del cual se trata, se le ha dado el tr\u00e1mite correspondiente para ello. Y que de presentarse alguna tardanza en la gesti\u00f3n\u2026 ha obedecido en parte al c\u00famulo de solicitudes que [le] corresponde atender d\u00eda tras d\u00eda, el proceso\u2026 adem\u00e1s tuvo que ser objeto de digitalizaci\u00f3n, a las condiciones actuales de trabajo en medio de la pandemia, al incremento inusitado de acciones constitucionales y vigilancias que llegan al despacho y ahora sumamos otra nueva acci\u00f3n retardataria para nuestra gesti\u00f3n desde el mes de marzo del a\u00f1o pasado, contenida en el Art\u00edculo 9 del Acuerdo PCSJA21-11731 del 29 de enero del 2021 concordante con la Circular DEAJC21- 15 del 24 de febrero de esta anualidad, mediante el cual se implement\u00f3 el Token de seguridad para la autorizaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales DJ 04 que nos hacen perder un tiempo valioso de hasta tres (3) minutos por cada deposito, s\u00f3lo a la espera de dicha clave din\u00e1mica seg\u00fan la congesti\u00f3n del sistema\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el amparo ordenando al estrado convocado que, \u00absi no lo ha hecho todav\u00eda, autorice el pago de todos los dep\u00f3sitos judiciales constituidos en favor de la actora y de su menor hija desde marzo de 2022\u00bb, para lo cual consider\u00f3, en lo medular, que \u00abel Despacho accionado no acredit\u00f3 haber autorizado el pago de todos los dep\u00f3sitos judiciales reclamados\u00bb, comoquiera que \u00abla accionante afirm\u00f3 que el Juzgado\u2026 \u201cno ha realizado la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales desde el mes de marzo de 2022\u201d y, en este tr\u00e1mite, dicha autoridad judicial solamente demostr\u00f3 haber autorizado el pago de 2 de esos dep\u00f3sitos, constituidos el 6 de julio y el 11 de agosto de 2022, pero no aport\u00f3 evidencia del pago de los dem\u00e1s que han sido constituidos desde el mes de marzo de 2022, respecto de los cuales ninguna referencia hizo en su informe\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abtampoco remiti\u00f3 un enlace que permitiera acceder al expediente del proceso\u2026, tal como se le solicit\u00f3 en el auto admisorio, lo cual hubiera permitido constatar si hab\u00eda m\u00e1s dep\u00f3sitos judiciales pendientes de pago en tal actuaci\u00f3n\u00bb; de donde \u00abmal podr\u00eda hablarse aqu\u00ed de una carencia actual de objeto por hecho superado, dado que las pruebas que obran en el expediente no permiten concluir que se encuentran completamente satisfechas las pretensiones planteadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Juzgado acusado insistiendo en que en este caso se present\u00f3 un hecho superado porque autoriz\u00f3 \u00ablos dos \u00fanicos dep\u00f3sitos judiciales que la peticionaria ten\u00eda pendiente de pago\u00bb, sin que existiera ning\u00fan otro, \u00abpor lo que no ser\u00eda dable obligar[lo]\u2026 al cumplimiento de una obligaci\u00f3n (sic) a todas luces imposible\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que la reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n de los derechos de primer grado prevalentes de su hija menor de edad, critic\u00f3 al Juzgado acusado por omitir entregar, desde el mes de marzo del a\u00f1o en curso, los dep\u00f3sitos judiciales constituidos, con ocasi\u00f3n de la medida cautelar dispuesta sobre el salario del ejecutado, para la satisfacci\u00f3n de la cuota alimentaria a favor de la ni\u00f1a involucrada en el juicio reprochado. <\/p>\n
3.1. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, de cara al caso concreto, se tiene que a pesar de que la accionante adujo la falta de cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial por cuotas alimentaria desde el mes de marzo del a\u00f1o en curso, el Juzgado acusado impugn\u00f3 el fallo de primer grado, deprec\u00f3 su revocatoria, con el consecuente despacho adverso del resguardo, por hecho superado, porque autoriz\u00f3 el pago de los constituidos en los meses de julio y agosto de esta anualidad, comoquiera que, en concordancia con lo certificado por el Banco Agrario de Colombia, afirm\u00f3, no aparec\u00eda ning\u00fan otro constituido y pendiente de pago entre abril y junio de 2022. <\/p>\n
Pues bien, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que trat\u00e1ndose de procesos de alimentos de menores, \u00abel beneficiario de la prestaci\u00f3n reclamada corresponde a un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, pues se trata de un menor de edad, lo que implica la imperiosa necesidad de analizar el asunto con mayor rigor\u00bb (CSJ STC18581-2016, 16 dic., rad. 2016-00640-01); y que el juzgador debe \u00abdesplegar todas aquellas acciones para lograr que tal herramienta sea eficaz, pues en esos casos est\u00e1 evidenciada la urgencia del alimentante de percibir esos ingresos a fin de conjurar una eventual situaci\u00f3n de calamidad\u00bb (CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01). <\/p>\n
Aplicando tales premisas al caso sub examine, considera la Corte que aunque resulta cierto que acorde con lo certificado por el Banco Agrario de Colombia, s\u00f3lo aparec\u00edan impagados los dos (2) t\u00edtulos aducidos por el estrado impugnante, igualmente es cierto que la orden constitucional de primer grado debe mantenerse, en favor de las garant\u00edas prevalentes de la menor de edad involucrada, m\u00e1xime al advertir que la orden dada por el Tribunal a-quo qued\u00f3 condicionada a que aquella autoridad a\u00fan no hubiere autorizado \u00abel pago de todos los dep\u00f3sitos judiciales constituidos en favor de la actora y de su menor hija desde marzo de 2022\u00bb, de donde, en modo alguno, se le impuso una carga de imposible cumplimiento, simplemente se le llam\u00f3 la atenci\u00f3n para que, de hallarlos constituidos, procediera de conformidad. <\/p>\n
Sin embargo, lo anterior deja al descubierto que, por alg\u00fan motivo a\u00fan desconocido, el empleador del ejecutado no viene efectuando los descuentos en los t\u00e9rminos dispuestos al decretar la medida cautelar, sin que el Juzgado haya tomado medida correctiva alguna frente al particular, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del precepto 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el cual impone al fallador adoptar las medidas respectivas para garantizar los alimentos futuros a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, m\u00ednimo por los dos (2) a\u00f1os siguientes a la culminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Lo dicho impon\u00eda al Juzgador acusado un an\u00e1lisis detenido y riguroso de la particular situaci\u00f3n presentada y, bajo esa l\u00ednea, la adopci\u00f3n de alguna medida urgente, especial y excepcional, ultra o extrapetita, en pro de la seguridad alimentaria de la menor, bajo una interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica y sistem\u00e1tica del contenido de los preceptos 129, 130 y 134 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
5. En consecuencia, la impugnaci\u00f3n propuesta se desatar\u00e1 adversamente y, de oficio, habr\u00e1 de modificarse la determinaci\u00f3n del a-quo constitucional, en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se extiende a que el Juzgado accionado tome las determinaciones que halle adecuadas para garantizar el derecho alimentario de la menor edad, especialmente de cara al cabal cumplimiento de la medida de embargo all\u00ed dispuesta. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, de oficio, modifica el fallo impugnado en el sentido de que la orden constitucional excepcional que se impone tambi\u00e9n se extiende a que, en el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto, el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena adopte las medidas respectivas, en aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los c\u00e1nones 129, 130 y 134 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en pro de garantizar los alimentos de la menor involucrada en el tr\u00e1mite fustigado, para verificar que el pagador del deudor venga haciendo los respectivos descuentos de su salario, destacando que no se advierte justificaci\u00f3n alguna para su aparente suspensi\u00f3n, de acuerdo a los documentos obrantes en el plenario, entre abril y julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, se confirma el veredicto opugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, oportunamente, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
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STC14444-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14444-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00414-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Quinto de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68239"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68239\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}