STC14448-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC14448-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01088-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de junio de 20221 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Fernando Gait\u00e1n Gir\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado n\u00b0 2013-00005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad y debido proceso, as\u00ed como de los principios de legalidad y retroactividad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que el 5 de octubre de 2021 el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del delito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb en la causa adelantada en su contra y otros procesados y, lo conden\u00f3 a 110 meses de prisi\u00f3n como autor del delito de \u00abcohecho propio\u00bb, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 11 de mayo de 2022 cuya lectura se realiz\u00f3 el 18 de mayo siguiente. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, de conformidad con el desarrollo del mencionado proceso, hasta la fecha de la decisi\u00f3n de segunda instancia, se configur\u00f3 a su favor la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de \u00abcohecho propio\u00bb, teniendo en cuenta que la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el 15 de mayo de 2014. <\/p>\n
Al respecto afirm\u00f3 que ese delito contempla una pena de 80 a 144 meses de prisi\u00f3n, aumentada en una tercera parte por tratarse de servidores p\u00fablicos, quedando los l\u00edmites punitivos de 80 a 192 meses de prisi\u00f3n, es decir un m\u00e1ximo de 16 a\u00f1os, siendo este \u00faltimo extremo el que reducido a la mitad por interrupci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, arroja un nuevo guarismo de 8 a\u00f1os, lo que significa que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se concret\u00f3 el 15 de mayo de 2022, fecha para la cual a\u00fan no se hab\u00eda \u00abdado lectura a la decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n la cual ocurri\u00f3 el 18 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal Superior debi\u00f3 resolver de oficio la procedencia de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de \u00abcohecho propio\u00bb, sin embargo, no lo hizo. <\/p>\n
Sostuvo que, si bien su defensor de confianza interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto es que la presentaci\u00f3n de la demanda no garantiza de manera inmediata y eficaz el restablecimiento de sus derechos, por lo cual acude a este mecanismo en aras de evitar el perjuicio irremediable de la restricci\u00f3n de su libertad a causa de una orden de captura vigente, mientras la sentencia de segundo grado no sea revocada. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revocar la decisi\u00f3n de segunda instancia en lo que a \u00e9l respecta y, en su lugar, decretar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de \u00abcohecho propio\u00bb y cancelar la orden de captura librada en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no es cierto lo afirmado por el interesado respecto a la ocurrencia de la prescripci\u00f3n el 15 de mayo de 2022, puesto que el punible de \u00abcohecho propio\u00bb por el cual fue acusado tiene una pena m\u00e1xima de 192 meses de prisi\u00f3n, guarismo que se debe aumentar en una tercera parte por su condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, cuya operaci\u00f3n aritm\u00e9tica arroja 256 meses, que divididos en la mitad dan como resultado 128 meses, es decir 10 a\u00f1os y 8 meses, por tanto la causa seguida contra el procesado prescribir\u00eda en enero de 2025 plazo que se suspende con la emisi\u00f3n de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022 y le\u00edda el 18 de mayo siguiente. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por conducto de apoderado manifest\u00f3 que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no cumple los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales, entre ellos el de subsidiaridad y relevancia constitucional. <\/p>\n
3. El Procurador 9 Judicial Penal II de Bogot\u00e1 sostuvo que no se present\u00f3 la omisi\u00f3n endilgada al Tribunal Superior, ya que, si oficiosamente dicha Corporaci\u00f3n no estudi\u00f3 el tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del delito de \u00abcohecho propio\u00bb, fue porque no lo consider\u00f3 pertinente al tener certeza que para el 11 de mayo de 2022 cuando se profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia, no se hab\u00eda dado su actualizaci\u00f3n, circunstancia que permit\u00eda concluir la inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el reclamante. Igualmente, destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de la subsidiaridad. <\/p>\n
4. El defensor de confianza de otro de los procesados sostuvo que no le asist\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico para pronunciarse frente a la acci\u00f3n de tutela interpuesta y manifest\u00f3 atenerse a los resuelto en sede constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo al estimar el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, estadio procesal adecuado para alcanzar su pretensi\u00f3n, donde el juez natural responder\u00e1 los motivos de inconformidad que le asisten en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n atacada a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si bien el art\u00edculo 86 del Decreto 2591 de 1991 permite acudir a la tutela exclusivamente cuando, existiendo otros medios de defensa, aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que es una obligaci\u00f3n del accionante demostrar y no solo mencionar que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no resulta adecuado ni eficaz para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, as\u00ed como el perjuicio irremediable que est\u00e1 por consumarse, sin embargo, tal carga argumentativa y demostrativa fue olvidada por el interesado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que para establecer la procedencia de la acci\u00f3n en casos como el estudiado donde no se ha agotado el recurso de casaci\u00f3n, se debe demostrar que el interesado se encuentre en alguna situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, bien por su edad, estado de salud, condiciones f\u00edsicas o mentales, criterios que permiten orientar el examen de idoneidad del recurso extraordinario para la protecci\u00f3n derechos supuestamente vulnerados, no obstante, como en el presente caso no concurr\u00edan ninguna de las condiciones especiales, no pod\u00eda pregonarse la ineptitud del recurso para garantizar las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante cuestionando la tardanza por parte del a quo constitucional en la notificaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, m\u00e1xime cuando en cuatro oportunidades solicit\u00f3 al Magistrado Ponente proferir el respectivo pronunciamiento. <\/p>\n
Por otra parte, afirm\u00f3 que la carga argumentativa echada de menos por el juez constitucional de primer grado, referente a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, fue expuesta en el escrito inicial \u00aben diversos puntos de la tutela que al parecer o no fueron le\u00eddos o no fueron durante estos cuatro meses debidamente interpretados\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la acci\u00f3n fue desestimada en primera instancia con el argumento central de que hab\u00eda sido presentado el recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, se desconoci\u00f3 que dicho mecanismo tarda alrededor de cinco a\u00f1os para ser resuelto, cuando la acci\u00f3n de tutela fue formulada justamente para la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Diego Fernando Gait\u00e1n Gir\u00f3n acude a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de mayo de 2022, pues en su sentir, oper\u00f3 a su favor la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de \u00abcohecho propio\u00bb en el proceso adelantado en su contra, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el 15 de mayo de 2014 hasta la fecha en que se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el proceso adelantado contra Diego Fernando Gait\u00e1n Gir\u00f3n se encuentra actualmente en curso, surti\u00e9ndose el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por su defensor, siendo ese el escenario donde se deban plantear las inconformidades frente a la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y que cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre ese aspecto esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC13188-2021 y STC5070-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora, aunque el accionante afirma que el Tribunal debi\u00f3 haber resuelto de oficio la procedencia de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de \u00abcohecho propio\u00bb, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n hasta la fecha en que se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, ello solo es apreciaci\u00f3n subjetiva del peticionario, cuyo sustento, tal y como se expuso, solo puede ser estudiado por el juez natural en el escenario dispuesto para tal fin, m\u00e1xime cuando la Corporaci\u00f3n accionada en el informe rendido en este tr\u00e1mite indic\u00f3 que seg\u00fan la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica efectuada la causa seguida contra el procesado prescribir\u00eda solo hasta enero de 2025. <\/p>\n
Igualmente se advierte que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, pues en esta ocasi\u00f3n tampoco \u00abse demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01, reiteradas en Sentencias STC804-2022, STC3077-2022 y STC4595-2022). <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que, la alegada ausencia de idoneidad del recurso de casaci\u00f3n para la defensa de los intereses del accionante en virtud de la tardanza para su resoluci\u00f3n, es hipot\u00e9tica. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien el solicitante manifiesta que acude a este mecanismo para obtener el restablecimiento y protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, en especial el derecho a circular libremente, puesto que se encuentra vigente una orden de captura librada en su contra, lo anterior no puede ser tomado como una violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, en tanto que, tal circunstancia es el resultado del adelantamiento de un proceso en su contra en el cual los juzgadores de conocimiento lo hallaron responsable de las conductas endilgadas y dadas las facultades punitivas en cabeza del Estado fue condenado, decisi\u00f3n frente a la cual formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, sin que se encuentre acreditada alguna circunstancia que permita obviar la idoneidad de ese mecanismo. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con lo se\u00f1alado por el accionante referente a la tardanza parte del juez constitucional de primera instancia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, se observa que, si bien la decisi\u00f3n fue proferida en junio de 2022, lo cierto es que la notificaci\u00f3n extra\u00f1ada ya se efectu\u00f3. Con todo, si el peticionario considera que en la actividad del juez constitucional de primera instancia existi\u00f3 alguna irregularidad, puede acudir al tr\u00e1mite pertinente ante la autoridad correspondiente. <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala el 7 de octubre de 2022 y asignada mediante acta de reparto de 11 de octubre de 2022. <\/p>\n
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