STC14450-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14450-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03630-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gildardo Enrique Ospina Mu\u00f1et\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de ese mismo Distrito Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-00132. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae del escrito inicial y los anexos, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con sentencia del 18 de febrero de 2015 conden\u00f3 al aqu\u00ed actor (y a otros) a la pena de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el concurso de delitos de \u00abhomicidios agravados, desaparici\u00f3n forzada, tortura, terrorismo y concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
La anterior condena fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Penal, en fallo del 31 de agosto de 2015, decisi\u00f3n contra la cual, la defensa de los all\u00ed procesados, interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fuera inadmitido por la Hom\u00f3loga Penal con auto del 24 de febrero de 2016. <\/p>\n
Ospina Mu\u00f1et\u00f3n acude a la presente tutela cuestionando con \u00e9nfasis la pena que le fue impuesta porque la considera \u00abdesproporcionada y no fue ajustada a derecho, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos (1990) por los cuales fui condenado\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00abse revoque el fallo condenatorio y se ampare el debido proceso o se anule lo actuado a partir del momento procesal que se tasa la pena, para que as\u00ed se dicte condena con una tasaci\u00f3n adecuada a la fecha de ocurrencia de los hechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio de uno de sus Magistrados se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto el gestor, al cuestionar las sentencias que lo condenaron, \u00abpretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional para insistir, sin argumentos, en solicitudes que fueron desestimadas en las instancias y en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, lo que resulta abiertamente improcedente\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia indic\u00f3 que, efectivamente, el 31 de agosto de 2015 confirm\u00f3 la condena impuesta por el a quo a Ospina Mu\u00f1et\u00f3n por los punibles de \u00abdesaparici\u00f3n forzada en concurso, homicidio agravado en concurso, tortura, terrorismo y concierto para delinquir\u00bb, e inform\u00f3 que el 20 de abril de 2016 el expediente fue devuelto al juzgado de conocimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la prerrogativa denunciada por el actor en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-00132, al condenarlo a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el concurso de delitos de \u00abhomicidios agravados, desaparici\u00f3n forzada, tortura, terrorismo y concierto para delinquir\u00bb (sentencia de primera instancia del 18 de febrero de 2015; de segundo grado del 31 de agosto del mismo a\u00f1o y, auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n del 24 de febrero de 2016), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por imponer una sanci\u00f3n punitiva \u00abdesproporcionada\u00bb y que no estuvo acorde a las establecidas en la codificaci\u00f3n penal vigente en la \u00e9poca de los hechos juzgados (1990). <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3.2. En este asunto, el accionante cuestiona las decisiones proferidas al interior del juicio penal que se le adelant\u00f3, en concreto, la pena que le fue impuesta; asimismo, el auto mediante el cual, la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, determinaci\u00f3n esta \u00faltima que data del 24 de febrero de 2016 (AP952-2016, rad. 47396). <\/p>\n
De manera que, resulta cierta la desatenci\u00f3n del referido presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n, comoquiera que si el actor consideraba desconocidas sus prerrogativas por los juzgadores de instancia y hab\u00eda ya agotado los medios ordinarios y extraordinarios de refutaci\u00f3n que la normativa procedimental prev\u00e9, debi\u00f3 acudir al resguardo de manera tempestiva pero no lo hizo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como prudente por la jurisprudencia constitucional, pues la radicaci\u00f3n del presente ruego data del 27 de septiembre de 2022 (seg\u00fan constancia de la plataforma recepci\u00f3n de tutelas en l\u00ednea) <\/p>\n
Es decir, desde la fecha de la providencia proferida en sede extraordinaria hasta el momento en que se interpuso este auxilio, transcurri\u00f3 con amplitud m\u00e1s del semestre establecido como plazo razonable para proponerlo. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales, postura reiterada de esta Corte que en tal sentido ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ag. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se plante\u00f3 en esta sede argumentaci\u00f3n dirigida a forzar el an\u00e1lisis de alguna de las excepciones del se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe destacar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de ninguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas y el cuestionamiento a la legalidad de la pena que desde la primera instancia procesal le fue impuesta al precursor del amparo, ex\u00e1menes que, en este caso, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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