STC14451-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14451-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00332-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de Septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00212-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que: i) Se ordenara al estrado acusado, \u00abADMITIR la ACCION POPULAR pues cumple con el art 18 ley 472 de 1998\u00bb; \u00ab(\u2026) m\u00e1s nunca desconocer el precedente judicial\u00bb y \u00abdecrete nulidad del estado fijado el d\u00eda 31 de agosto de 2022 al ser el mismo del d\u00eda 30 de agosto\u00bb; ii) \u00abse requiera a la sala administrativa y sala disciplinaria del consejo seccional de la judicatura a fin que consignen si el tutelado puede exigir requisitos de lo que manda art 18 ley 472 de 1998\u00bb; iii) \u00abal procurador delegado actuar en [su] acci\u00f3n de tutela y se garantice art 29 CN\u00bb; iv) \u00abAPLICAR FALLO DE LA H CSJ SCC STC11370-2018\u00bb; y, v) \u00abAplicar fallo de tutela H TRIBUNAL SUPERIOR SC DE PEREIRA RADICADO 66001 22 13 000 2017 01042 00\u00bb. <\/p>\n
En compendio afirm\u00f3 que el juzgado censurado se \u00abniega a admitir\u00bb la demanda popular de la referencia, pese a que subsan\u00f3 las falencias advertidas en el auto inadmisorio, las cuales no est\u00e1n contempladas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, rechazando el libelo porque no se indic\u00f3 la \u00abforma como se obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica respecto a la persona por notificar\u00bb, en virtud de lo preceptuado en el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alo que la Procuradur\u00eda delegada no act\u00faa en el sumario recriminado para velar por el cumplimiento del \u00abdebido proceso\u00bb, ya que la autoridad confutada emiti\u00f3 el mismo estado el 30 y 31 de agosto del cursante a\u00f1o, desconociendo el \u00abderecho\u00bb sustancial y los precedentes \u00abSTC11370- 2018\u00bb de esta Sala y el expedido el \u00ab9-oct-2017\u00bb por el \u00abTribunal Superior de Pereira\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas inform\u00f3 que en prove\u00eddo de 18 de agosto de 2022 \u00abinadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2022-00212\u00bb en contra del establecimiento de comercio Ferreter\u00eda y El\u00e9ctricos Ferrecentro y exhort\u00f3 al gestor para que en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas subsanara las deficiencias observadas, pero como no las corrigi\u00f3, el 29 de agosto siguiente lo rechaz\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que el accionante present\u00f3 nuevamente \u00abdemanda popular\u00bb contra el mismo establecimiento de comercio (rad. 2022-00263-00), la cual se encuentra en estudio. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa \u00abcomisionado con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n Risaralda\u00bb y la Defensor\u00eda del Pueblo solicitaron su desvinculaci\u00f3n, en tanto no hay \u00abacci\u00f3n\u00bb u omisi\u00f3n que se les impute. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira desestim\u00f3 el auxilio por improcedente, tras apreciar que \u00abel 29 de agosto de este a\u00f1o se emiti\u00f3 el auto por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda, luego para el 31 de ese mismo mes, fecha en la que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, a\u00fan estaba en curso el t\u00e9rmino de ejecutoria de esa providencia. Ante esa situaci\u00f3n, lo cierto es que dentro del propio tr\u00e1mite ordinario concurr\u00eda un medio adicional para cuestionar los argumentos que expuso el juzgado de conocimiento al adoptar la decisi\u00f3n criticada, en cuanto debi\u00f3 recurrirse el auto que rechaz\u00f3 la demanda por ausencia de subsanaci\u00f3n, oportunidad que desech\u00f3 el actor para acudir en forma directa a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque \u00abse acudi\u00f3 a este medio de forma prematura, lo que hace improcedente el ruego constitucional. Ello por cuanto, se reitera, el actor tuvo a disposici\u00f3n recursos judiciales ordinarios para controvertir la decisi\u00f3n de rechazo y por consiguiente la de inadmisi\u00f3n (art. 90 CGP), luego no tiene cabida la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor, aduciendo que \u00abes desgastante que se me exija como ciudadano conocer la ley y se diga que ten\u00eda a mi alcance un recurso no soy abogado, pido se ampare mi acci\u00f3n y se garantice el acceso a la administraci\u00f3n de justicia sin m\u00e1s dilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez cuestiona el interlocutorio de 29 de agosto de 2022, por medio del cual, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas rechaz\u00f3 la \u00abdemanda popular\u00bb n.\u00b0 2022-00212-00, en su sentir, exigiendo cargas adicionales no establecidas en la ley 472 de 1998. <\/p>\n
Sin embargo, una mirada al dossier objetado, permite descartar la viabilidad del resguardo y la refrendaci\u00f3n de lo opugnado. En efecto: <\/p>\n
1.1.- El impulsor inco\u00f3 \u00abacci\u00f3n popular\u00bb contra el establecimiento comercial Ferreter\u00eda y El\u00e9ctricos Ferrecentro Dosquebradas, con el prop\u00f3sito que se le mandara construir \u00abuna rampa apta para ciudadanos que se desplazan en silla de ruedas\u00bb. <\/p>\n
1.2.- El 18 de agosto de los corrientes, el juzgado \u00abinadmiti\u00f3 el libelo\u00bb para que en el lapso de \u00abtres (3) d\u00edas\u00bb, indicara: i) La \u00abforma como se obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica respecto a la persona por notificar\u00bb, en virtud de lo preceptuado en el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 2213 de 2022\u00bb; ii) El \u00abnombre del propietario de la edificaci\u00f3n o instalaci\u00f3n abierto al p\u00fablico donde funciona el establecimiento comercial, quien ser\u00eda la persona llamada a realizar las adecuaciones correspondientes, tal como lo impone el art\u00edculo 52 de la ley 361 de 1997 (\u2026) Lo anterior teniendo en cuenta que el literal d) del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, establece que para promover una acci\u00f3n popular se presentara\u0301 la demanda o petici\u00f3n con \u201cla indicaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible\u201d\u00bb y, iii) \u00absi frente a la presunta falta de diligencia e incumplimiento del accionado que refiere el hecho 3 y 4, se ha formulado queja ante alguna entidad; de ser as\u00ed, se allegara\u0301 la prueba correspondiente\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Contra esa resoluci\u00f3n, guard\u00f3 silencio y no se dio tr\u00e1mite a la petici\u00f3n elevada por Cotty Morales, en atenci\u00f3n que no es parte en la lid, ni ha pedido serlo. <\/p>\n
2.- Significa entonces, que el promotor acudi\u00f3 a este excepcional remedio cuando a\u00fan no hab\u00eda cobrado firmeza el auto que \u00abrechaz\u00f3 la demanda popular\u00bb. En otras palabras, que opt\u00f3 por acudir a este instrumento excepcional (30 ag. 2022), en lugar de ejercer el instrumento ordinario con el que contaba para poner de manifiesto su desaz\u00f3n, desatendiendo la naturaleza residual que caracteriza la \u00abtutela\u00bb, ello, por cuanto no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n aquella \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb, siendo ese medio procedente de acuerdo con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, dejando fenecer la oportunidad procesal con la que dispon\u00eda para alegar las inconformidades que ahora exhibe en sede tutelar. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Sala ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (STC6663-2018, STC762-2021 y STC9550-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018, STC762-2021 y STC9550-2022). <\/p>\n
Bajo ese entendido no es factible conceder el amparo suplicado, ya que no es de recibo utilizar la justicia supralegal con el objeto de revivir \u00aboportunidades procesales\u00bb que no fueron debidamente aprovechadas. <\/p>\n
3.- Frente a la aspiraci\u00f3n del querellante, encaminada a que se aplique el \u00abprecedente STC11370-2018\u00bb, se precisa que esta Corporaci\u00f3n, en eventos similares, ha decantado que: <\/p>\n
(\u2026) 3. Referente a los precedentes citados por el se\u00f1or (\u2026), se le recuerda que, si bien en otrora la Corte pas\u00f3 por alto la incuria del petente de la salvaguarda en la interposici\u00f3n del remedio horizontal consagrado en la citada regla 36 frente a providencias como la ac\u00e1 examinada, esa postura de la Sala cambi\u00f3 recientemente, por cuanto permitir la inobservancia de los requisitos propios de este amparo constitucional terminar\u00eda desnaturaliz\u00e1ndolo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, es viable activar este mecanismo contra decisiones judiciales notoriamente arbitrarias con incidencia directa y negativa en derechos fundamentales, siempre y cuando, quien recurre a esta especial forma de protecci\u00f3n, haya agotado los medios legales ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n, en la respectiva actuaci\u00f3n litigiosa; permitirlo de otra forma desconocer\u00eda el art\u00edculo 86 Superior. <\/p>\n
Ahora, es factible soslayar en algunos casos el principio de subsidiariedad de la tutela cuando se est\u00e1 frente a un perjuicio irremediable; empero, el sub j\u00fadice no es uno de ellos. (CSJ STC14623-2018, criterio reiterado en STC7975-2021 y STC9097-2021). <\/p>\n
Tampoco resulta viable invocar el \u00abfallo de tutela H TRIBUNAL SUPERIOR SC DE PEREIRA RADICADO 66001 22 13 000 2017 01042 00\u00bb, en tanto, cada caso tiene particularidades que lo diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias expedidas en esos eventos generan \u00abefecto interpartes\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y en STC5396-2022). <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, las plegarias de Sebasti\u00e1n tendientes a que i) \u00abse requiera a la sala administrativa y sala disciplinaria del consejo seccional de la judicatura a fin que consignen si el tutelado puede exigir requisitos de lo que manda art 18 ley 472 de 1998\u00bb ii) \u00abse ordene al procurador delegado actuar en mi acci\u00f3n de tutela y se garantice art 29 CN\u00bb iii) \u00abse le ordene al tutelado m\u00e1s nunca desconocer el precedente judicial iv) \u00abse decrete nulidad del estado fijado el d\u00eda 31 de agosto de 2022 al ser el mismo del d\u00eda 30 de agosto\u00bb, escapan de la \u00f3rbita constitucional, siendo a \u00e9l a quien incumbe formular directamente ante los organismos competentes, los requerimientos y\/o inquietudes para que las accionadas en el marco de sus funciones analicen y emprendan, de ser viables, los tr\u00e1mites correspondientes (CSJ STC1423-2020 y STC11965-2021 entre otras). <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14451-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14451-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00332-02 (Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de Septiembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}