STC14452-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC14452-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01832-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2015-00195. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que Sara Elodia Arias Rodr\u00edguez inici\u00f3 juicio ordinario laboral contra Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez y solidariamente contra la Naci\u00f3n Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, Fonade y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- el cual fue acumulado a los procesos adelantados por Atenaida Mar\u00eda Nieves y Rosa Mar\u00eda Daza Maestre. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las demandantes promovieron el referido asunto con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con Eduvilia Fuentes Berm\u00fadez y, en consecuencia, se le condenara al pago de las prestaciones sociales y salarios adeudados, se declarara la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, as\u00ed como la responsabilidad solidaria de las aludidas entidades con la demandada en el pago de lo reclamado. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar en sentencia de 15 de mayo de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al pago de los salarios y prestaciones reclamadas, asimismo, declar\u00f3 que el ICBF era solidariamente responsable de todas las obligaciones que Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez ten\u00eda para con las demandantes, determinaci\u00f3n que, revoc\u00f3 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 6 de febrero de 2020. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las demandantes interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2186-2022 de 29 de junio de 2022, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 revocar el numeral tercero de la sentencia proferida por el Juzgado a quo, para en su lugar, absolver a la Naci\u00f3n -Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional-, e igualmente, modific\u00f3 los numerales sexto y s\u00e9ptimo para declarar probadas las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva presentada por Fonade y absolver de las costas al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Adujo la entidad accionante que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en defecto sustantivo al inaplicar los art\u00edculos 21, numeral 9 de la Ley 7 de 1979 y los art\u00edculos 123, 127 y 128 del Decreto Ley 2388 de 1979 frente al car\u00e1cter administrativo y at\u00edpico del contrato de aportes que celebra el ICBF. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente, en especial de la sentencia SL4430-2018, donde se exoner\u00f3 al ICBF de la responsabilidad solidaria frente a la celebraci\u00f3n de un contrato de aportes, dado el car\u00e1cter administrativo y at\u00edpico de dicho acuerdo, criterio reiterado en varios pronunciamientos, en los que se ha reafirmado la inaplicabilidad de la responsabilidad solidaria contendida en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo respecto del ICBF al tratarse de una actividad regulada por normas especiales de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
Igualmente sostuvo que incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico, pues al ser Sala de Descongesti\u00f3n no tiene la competencia para apartarse de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1781 de 2016, que adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al canon 16 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
Estim\u00f3 que, contrario a lo indicado por la accionada, la existencia de un contrato de aportes excluye la aplicaci\u00f3n de la responsabilidad solidaria prevista en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, ello en virtud de los art\u00edculos 21, numeral 9 de la Ley 7 de 1979 y 123, 127 y 128 del Decreto Ley 2388 de 1979, disposiciones que fueron desconocidas por la autoridad accionada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ha amparado en varias oportunidades el derecho al debido proceso del ICBF frente a providencias judiciales en las que tambi\u00e9n se ha desconocido el precedente fijado en la sentencia SL4430-2018, en otras, las providencias STL16160-2019, STL6804-2020, STP5592-2021 y recientemente en la STC3798-2022 de 30 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL2186-2022 de 29 de junio de 2022 y, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisi\u00f3n conforme a la jurisprudencia fijada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia SL4430-2018. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente se opuso a la prosperidad del amparo e indic\u00f3 que al resolver el cargo \u00fanico presentado por la causal primera de casaci\u00f3n que recibi\u00f3 r\u00e9plica, la Sala concluy\u00f3 que, conforme a la jurisprudencia se acreditaron los yerros jur\u00eddicos endilgados al Tribunal Superior, raz\u00f3n por la cual procedi\u00f3 a casar el fallo recurrido y a proferir sentencia de reemplazo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al debido proceso e igualdad, habida cuenta que las situaciones que se resolvieron en las sentencias mencionadas por la entidad accionante, fueron esencialmente diferentes a lo sucedido en el tr\u00e1mite, lo que fue discutido y que concluy\u00f3 con el fallo atacado. Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que el conflicto jur\u00eddico ordinario ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada y plena garant\u00eda de los derechos invocados. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha expuso las actuaciones del proceso ordinario laboral objeto de esta acci\u00f3n e inform\u00f3 que mediante auto de 16 de agosto de 2022 dispuso obedecer y cumplir lo dispuesto por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3. <\/p>\n
3. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo constitucional, tras determinar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por el ICBF con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional. En ese sentido destac\u00f3 que no pod\u00eda la parte interesada, pretender que, en sede de tutela, se impartieran decisiones diferentes a las admitidas con ocasi\u00f3n del proceso ordinario, cuando se evidenciaba que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 actu\u00f3 en derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la entidad accionante insistiendo en los argumentos iniciales. En ese sentido reiter\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 omiti\u00f3 aplicar el precedente judicial fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia SL4430-2018. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad que considera vulnerados con la sentencia SL2186-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 29 de junio de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, absolvi\u00f3 al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar que declar\u00f3 la responsabilidad solidaria del ICBF en el proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
Observa la Sala en los documentos que fueron allegados a este tr\u00e1mite, que entre el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Fondo de Proyectos de Desarrollo – Fonade y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, se suscribi\u00f3 el Convenio Interadministrativo No. 211034 cuyo objeto era la gerencia integral para la atenci\u00f3n integral de la primera infancia y sus actividades complementarias en la fase de transici\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as atendidas por el programa de atenci\u00f3n integral a la primera infancia – PAIPI convenio en virtud del cual se le entreg\u00f3 la gerencia del PAIPI al Fonade quien a su vez celebr\u00f3 con Eduvilia Fuentes Berm\u00fadez en su calidad de propietaria y representante legal del Colegio Gabriela Mistral, un contrato que ten\u00eda como objeto la prestaci\u00f3n integral en educaci\u00f3n inicial, cuidado y nutrici\u00f3n a los ni\u00f1os y ni\u00f1as menores de 5 a\u00f1os en condici\u00f3n de vulnerabilidad vinculados al PAIPI, en tr\u00e1nsito a la estrategia de cero a siempre, a trav\u00e9s de propuestas de intervenci\u00f3n oportunas, pertinentes y de calidad. <\/p>\n
.La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 al estudiar el cargo \u00fanico formulado por las recurrentes Sara Elodia Arias Rodr\u00edguez, Atenaida Mar\u00eda Nieves y Rosa Mar\u00eda Daza Maestre plante\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal Superior de Riohacha se equivoc\u00f3 al revocar la decisi\u00f3n de primer grado, que tuvo por demostrada la existencia de contratos de trabajo entre cada una de las demandantes y Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez, a pesar de haber tenido por acreditada la prestaci\u00f3n personal de los servicios de aquellas. <\/p>\n
Luego de realizar el respectivo an\u00e1lisis concluy\u00f3, <\/p>\n
[L]a Sala observa que le asiste raz\u00f3n a la censura en cuanto el juzgador de la alzada se equivoc\u00f3 al haber tenido por acreditada la prestaci\u00f3n personal de los servicios de las demandantes en favor de Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez, y a pesar de ello, obvi\u00f3 situarse en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo que le impon\u00eda, a partir del hecho demostrado, verificar si aquella logr\u00f3 infirmar la presunci\u00f3n contenida en la norma. <\/p>\n
Por el contrario, soport\u00f3 su argumento en que conforme la preceptiva del art\u00edculo 167 del CGP, las promotoras del litigio debieron demostrar, clara y contundentemente, el horario en el que prestaron sus servicios y la supervisi\u00f3n que del cumplimiento de sus actividades hiciera su empleadora y, a partir de tales presupuestos, coligi\u00f3 que, dada la ausencia de demostraci\u00f3n de ellos, no hab\u00eda lugar a declarar la existencia del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
As\u00ed, el error jur\u00eddico del ad quem brota patente, pues, se reitera, si desde el inicio consider\u00f3 indiscutible que Atenaida Mar\u00eda Nieves, Sara Elodia Arias Rodr\u00edguez y Rosa Mar\u00eda Daza Maestre hab\u00edan prestado personalmente servicios a Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez, el paso siguiente debi\u00f3 ser el an\u00e1lisis de los medios de prueba que se acompa\u00f1aron al proceso y con ellos determinar si la presunci\u00f3n legal resultaba desvirtuada (CSJ SL3288-2021), que no, exigir a las actoras la demostraci\u00f3n de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que fue lo que termin\u00f3 haciendo. <\/p>\n
En, ese orden, consider\u00f3 que al encontrarse demostrado el yerro jur\u00eddico endilgado al Tribunal Superior, deb\u00eda casarse la decisi\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
Enseguida procedi\u00f3 a proferir sentencia de instancia, remiti\u00e9ndose a los recursos de apelaci\u00f3n presentados por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el ICBF, frente a lo cual indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab Los recursos de apelaci\u00f3n coinciden en la inconformidad atinente a la responsabilidad solidaria que encontr\u00f3 procedente el juez de primera instancia con el ICBF y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, asunto que se abordar\u00e1, en primer lugar, por razones de m\u00e9todo en tanto de su resultado pende la censura atinente a la condena por \u00abindemnizaci\u00f3n moratoria\u00bb, pues como viene de verse, la propuesta por el MEN en relaci\u00f3n con la falta de acreditaci\u00f3n de los contratos de trabajo entre las demandantes y Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez, no tiene de donde asirse\u00bb. <\/p>\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n al criterio jurisprudencial establecido en la sentencia SL3774-2021 le asist\u00eda raz\u00f3n en su inconformidad al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, entidad que no resultaba solidariamente responsable de las condenas impartidas en primera instancia, por lo cual la absolver\u00eda de todas las pretensiones elevadas en su contra. <\/p>\n
Frente a la ausencia de responsabilidad solidaria alegada por el ICBF destac\u00f3 que al estudiar el convenio interadministrativo n\u00ba 211034, as\u00ed como su adici\u00f3n, pr\u00f3rroga y modificaci\u00f3n, cuyo objeto correspondi\u00f3 a la \u00abGerencia integral para la Atenci\u00f3n Integral de la Primera Infancia y sus actividades complementarias en la fase de transici\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as atendidos por el PAIPI, a la estrategia de Cero a Siempre en las modalidades de Centros de Desarrollo Infantil Temprano e Itinerante\u00bb, se observaba que el mismo se sustentaba entre otras disposiciones normativas, en lo previsto en el 44 de la Constituci\u00f3n Nacional, la Ley 1098 de 2006 – C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia- y, la Ley 1295 de 2009, encaminadas a ejecutar una pol\u00edtica p\u00fablica en los niveles nacional, distrital y municipal, con la finalidad de velar por la atenci\u00f3n integral de la poblaci\u00f3n compuesta por ni\u00f1os y ni\u00f1as, conforme los l\u00edmites y excepciones all\u00ed planteados. <\/p>\n
Luego de citar in extenso el contenido de la sentencia SL3774-2021 se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
En ese sentido, determin\u00f3 que la decisi\u00f3n del fallador de primera instancia no luc\u00eda desacertada, al tener por acreditada la responsabilidad solidaria del ICBF en el asunto estudiado, puesto que, <\/p>\n
\u00abel convenio interadministrativo n.\u00b0 211034, tiene como finalidad el adelantamiento del programa de atenci\u00f3n integral para la primera infancia y sus actividades complementarias, en el marco de la estrategia \u00abDe Cero a Siempre\u00bb, que sin lugar a dudas se identifica y enmarca dentro de la misi\u00f3n que le fue encomendada desde su creaci\u00f3n al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, que permite concluir, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 del CST, su calidad de beneficiaria del servicio, al existir afinidad entre las funciones y competencias de esa entidad y la actividad desarrollada por el Colegio Gabriela Mistral para el cual prestaron sus servicios las demandantes en el marco normativo y contractual del referido convenio\u00bb. (Destaca esta Sala). <\/p>\n
Con fundamento en esos lineamientos estableci\u00f3 que la responsabilidad solidaria del ICBF deb\u00eda ser confirmada. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos sustantivo y org\u00e1nico ni el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, concluyendo en sede de instancia que, la decisi\u00f3n del Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar donde encontr\u00f3 acreditada la responsabilidad solidaria del ICBF, resultaba acertada, por lo cual resolvi\u00f3 confirmarla. <\/p>\n
Ahora, referente al presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial se observa que la sentencia SL4430-2018 invocada por el ICBF, desarrolla un caso con supuestos f\u00e1cticos diferentes al aqu\u00ed estudiado donde se estableci\u00f3 que la solidaridad del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo no era procedente en el contrato estatal de aportes del ICBF, toda vez que su objeto era una actividad sui generis regulada por normas especiales de derecho p\u00fablico -Ley 80 de 1993- y al que no le eran aplicables las normas del derecho individual del trabajo; mientras que en el caso aqu\u00ed estudiado se trat\u00f3 de un convenio interadministrativo que tuvo como finalidad el adelantamiento del programa de atenci\u00f3n integral para la primera infancia y sus actividades complementarias, la cual se enmarcaba en la misi\u00f3n del Instituto de Bienestar Familiar y que permit\u00eda concluir su calidad de beneficiaria del servicio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 ib\u00eddem, al existir relaci\u00f3n entre las competencias de dicha entidad y la actividad desarrollada por el Colegio Gabriela Mistral para el cual prestaron sus servicios las demandantes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la entidad accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14452-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC14452-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01832-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}