STC14461-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14461-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01871-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, Colpensiones, Mapfre Seguros de Colombia, Porvenir SA y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2013-00954. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, igualdad, vida digna, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el juicio referido. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, expuso que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los incrementos anuales a partir de la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral y los intereses moratorios. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 30 de junio de 2015 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el 11 de septiembre de 2017, para en su lugar, declarar que la demandante caus\u00f3 el derecho a acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, regulada en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003 en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
Inconforme, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL1615-2022 de 4 de mayo de 2022, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
En sentir de la actora, la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por desconocimiento del precedente constitucional, en especial las sentencias SU442-2016 que unific\u00f3 el criterio respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en pensiones de invalidez y la SU556-2019 donde se estableci\u00f3 el test de procedencia. <\/p>\n
Sostuvo que, adem\u00e1s, no se tuvo en cuenta su condici\u00f3n de vulnerabilidad, pues fue calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 57,53%, sumado a los m\u00faltiples padecimientos de salud y su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica ante la imposibilidad de acceder a un trabajo por sus afecciones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral respecto a la posibilidad de acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, permiti\u00e9ndose la aplicaci\u00f3n de la Ley 100 de 1993 en vigencia de la Ley 860 de 2003 para efecto de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, es claro que cumple con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 13 de abril de 2011 fecha de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, se encontraba cotizando y ten\u00eda acreditadas un total de 154,71 semanas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n accionada dejar sin efecto la sentencia cuestionada y, en su lugar, proferir una nueva determinaci\u00f3n atendiendo el precedente de la Corte Constitucional establecido en las sentencias SU442-2016 y SU556-2019, en ese orden, reconocer a su favor la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Subsidiariamente, solicit\u00f3 ordenarle proferir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la sentencia T-629-2015 \u00abbajo la valoraci\u00f3n de casos dif\u00edciles para el acceso a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb y, conceder el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la sentencia atacada y solicit\u00f3 negar las pretensiones de la accionante, toda vez que no incurri\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. Asimismo, destac\u00f3 que la decisi\u00f3n corresponde al resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 2 de la Ley Estatuaria 1781 de 20 de mayo de 2016 y el Reglamento Interno de la Sala. <\/p>\n
2. Porvenir SA solicit\u00f3 negar el amparo, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada se fundament\u00f3 en la sentencia SL2358-2017, donde se estableci\u00f3 que ante la inexistencia de una transici\u00f3n entre la norma inmediatamente anterior y la reformada por la Ley 860 de 2003, se trazaba una l\u00ednea de tiempo en los tres a\u00f1os anteriores para verificar si en ese lapso se cumplieron los requisitos de la norma anterior, sin embargo, en el caso concreto la demandante no acredit\u00f3 las 50 semanas cotizadas en el mencionado t\u00e9rmino. <\/p>\n
3. MAPFRE Colombia Vida Seguros SA se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que seg\u00fan qued\u00f3 demostrado en el proceso, la accionante no cumple con los requisitos vigentes para ser beneficiaria de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica solicitada, puesto que no cuenta con 50 semanas cotizadas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Colpensiones SA y el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras determinar que la sentencia de casaci\u00f3n se profiri\u00f3 con fundamento en la jurisprudencia aplicable al caso concreto y con plenas garant\u00edas para las partes. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 hizo un estudio respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensi\u00f3n de invalidez, sin embargo, a la luz de las pruebas allegadas al proceso, la fecha de estructuraci\u00f3n y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que se analizaba, encontr\u00f3 que no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adicionalmente manifest\u00f3 que se desconoci\u00f3 el derecho a la igualdad frente a la resoluci\u00f3n de asuntos similares como en el caso estudiado en la sentencia STC7463-2020, donde la demandante reclam\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez y se determin\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desconoci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa desarrollado en la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL1615-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el de 4 de mayo de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali el 30 de junio de 2015 que neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez que reclamaba. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en el desconocimiento del precedente constitucional por parte de la autoridad accionada, en especial las sentencias SU442 de 2016 que unific\u00f3 el criterio respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en pensiones de invalidez y la SU556-2019 donde se estableci\u00f3 el test de procedencia. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la actora se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Corporaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al estudiar el cargo \u00fanico formulado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEl sentenciador de alzada, al verificar la historial laboral de la demandante, encontr\u00f3 que en vigencia de la Ley 860 de 2003, no cumpli\u00f3 con el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 \u00faltimos a\u00f1os anteriores al estado de invalidez para causar la pensi\u00f3n; sin embargo, a trav\u00e9s de un \u00abejercicio de ponderaci\u00f3n\u00bb, con fundamento en la sentencia CC T629-2015, consider\u00f3 que el a quo \u00abtransgredi\u00f3 el derecho fundamental de la seguridad social de la afiliada\u00bb, puesto que dicha norma no pod\u00eda aplicarse de forma \u00abexhaustiva el requisito de la densidad de cotizaciones a aquellos afiliados que est\u00e1n muy cerca de cumplirlas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal Superior de Cali hab\u00eda errado, al revocar la decisi\u00f3n de primera instancia que absolvi\u00f3 a la entidad demandada del pago de la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan en favor de Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo, pese a no reunir las 50 semanas cotizadas en los 3 \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la condici\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dada la v\u00eda por la cual se dirig\u00eda la acusaci\u00f3n, no era objeto de controversia que (i) Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo naci\u00f3 el 9 de septiembre de 19[7]5, (ii) que se le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 57.53% de origen com\u00fan, con fecha de estructuraci\u00f3n 13 de abril de 2011, que durante los 3 a\u00f1os anteriores a la misma cotiz\u00f3 49 semanas y, (iii) que Porvenir SA, le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, ante el incumplimiento de los requisitos legales para su causaci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, ha establecido que la norma aplicable en asuntos donde se pretenda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez es la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n, siendo en el caso de la demandante la Ley 860 de 2003, la cual exige una p\u00e9rdida de 50% o m\u00e1s de la capacidad laboral y tener un m\u00ednimo de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente explic\u00f3 que, si bien la demandante hab\u00eda sido calificada con una P\u00e9rdida de Capacidad Laboral del 57.53%, lo cierto era que no reun\u00eda las 50 semanas exigidas por la mencionada norma para acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica reclamada. En ese sentido, determin\u00f3 que la decisi\u00f3n del Tribunal no estuvo ajustada a la Ley y refiri\u00f3 la sentencia SL468-2022 en la cual se estudi\u00f3 un caso similar. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que la sentencia de la Corte Constitucional T629-2015 en la cual el Tribunal Superior fundament\u00f3 su decisi\u00f3n, planteaba supuestos diferentes al estudiado, puesto que el all\u00e1 accionante ten\u00eda 20 a\u00f1os de edad cuando se le estructur\u00f3 la PCL y super\u00f3 el umbral de 26 semanas de aportes que determina el amparo del derecho a la pensi\u00f3n de invalidez de la poblaci\u00f3n joven, circunstancia que no ocurri\u00f3 en el caso de Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo pues para la fecha de la estructuraci\u00f3n de la PCL ten\u00eda 35 a\u00f1os. <\/p>\n
Por otra parte, determin\u00f3 que no era procedente la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, habida cuenta que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez de la demandante -13 de abril de 2011-, no estaba dentro del rango temporal del tr\u00e1nsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, delimitado por esa Corporaci\u00f3n hasta el 26 de diciembre de 2006, es decir por 3 a\u00f1os luego de entrada en vigencia de la \u00faltima, postura reiterada en la sentencia SL5657-2021. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, determin\u00f3 la prosperidad del cargo y dispuso casar la decisi\u00f3n de segundo grado, y en sede de instancia, confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali el 30 de junio de 2015 que neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez reclamada por Mar\u00eda Yolanda Montoya. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, encuentra la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, determinando la imposibilidad de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, toda vez que la estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante se produjo el 13 de abril de 2011, esto es fuera del rango temporal fijado por esa Corporaci\u00f3n para el tr\u00e1nsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, que permit\u00eda acceder a dicho principio y que fue delimitado hasta el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al desconocimiento del precedente constitucional alegado por Mar\u00eda Yolanda Montoya Restrepo, en especial de la sentencia SU442-2016 es pertinente recordar lo se\u00f1alado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, frente al apartamiento de los lineamientos fijados en esa decisi\u00f3n: <\/p>\n
\u00abAhora bien, no desconoce esta Sala la posici\u00f3n que ha sostenido la Corte Constitucional en cuanto al tema, en sentencias como la CC SU 442-2016 y a otros fallos de tutela recogidos en la CC SU442-2016 que permite en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa la utilizaci\u00f3n de un esquema normativo m\u00e1s antiguo que el inmediatamente anterior; no obstante, se aparta de la misma con apoyo en el criterio jurisprudencial actual de la Corporaci\u00f3n, donde se han expuestos las razones que llevan a ello, entre otras en las providencias CSJ SL1884-2020, CSJ SL2664-2020 y CSJ SL1938-2020. <\/p>\n
En esta \u00faltima, adujo frente a la fuerza vinculante del precedente constitucional, que \u00ablos principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-\u00bb, aclarando que la transgresi\u00f3n y desconocimiento del precedente constitucional, \u00fanicamente se predica respecto de las decisiones proferidas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad que son vinculantes y obligatorias en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes, y no de aquellas que derivan de los fallos de tutela, tambi\u00e9n conocidos como precedente en vigor, pero que le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, debido a sus efectos \u00abinter partes\u00bb. (SL5360-2021, reiterada en la SL1362-2022). (Negrillas de esta Sala). <\/p>\n
6. De otra parte, y en cuanto a lo manifestado por la accionante en la impugnaci\u00f3n referente a la sentencia STC7463-2020, donde seg\u00fan afirm\u00f3, en un caso similar la demandante reclam\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez y se determin\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desconoci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa desarrollado en la jurisprudencia constitucional, resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa de la accionada y vinculados. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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