STC14464-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14464-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00423-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte la impugnaci\u00f3n que German Alfonso Mej\u00eda Solano formul\u00f3 frente al fallo emitido el 13 de septiembre de 2022, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Andrea Rodr\u00edguez Fonseca le promovi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de dicha ciudad, extensiva a los part\u00edcipes del asunto 150001-31-10-008-2020-00225-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, en nombre de sus hijos menores de edad, Viviana Sof\u00eda y Samuel Mej\u00eda Rodr\u00edguez, pidi\u00f3 que se revoque la sentencia proferida en el juicio de disminuci\u00f3n de alimentos impulsado por el progenitor, German Alfonso Mej\u00eda Solano. Y en su reemplazo, emita un veredicto en el que prevalezca el acuerdo privado mediante la cual se fijaron las cuotas ordinarias y extraordinarias que el convocante deb\u00eda sufragar por tal concepto. <\/p>\n
En esencia, expuso, que el despacho acusado desat\u00f3 la controversia sin evidencia de los ingresos del demandante, y como de las pruebas que ella aport\u00f3 para demostrar que \u00e9l estaba capacidad para cumplir con la obligaci\u00f3n acordada mediante la escritura de divorcio. Asimismo, no decret\u00f3 las pruebas necesarias para validar lo devengado por su contradictor, sino que determin\u00f3 el monto a partir de un c\u00e1lculo, por lo dem\u00e1s, equivocado, sobre \u00abuna declaraci\u00f3n de seguridad social confesada por el mismo\u00bb. <\/p>\n
2.- La funcionaria querellada y German Alfonso Mej\u00eda Solano se opusieron al amparo. <\/p>\n
3.- El Tribunal concedi\u00f3 el amparo, invalid\u00f3 la providencia rebatida y le orden\u00f3 al despacho que emitiera una nueva, atendiendo los lineamientos se\u00f1alados en el fallo de tutela. Para ello advirti\u00f3 que la juzgadora determin\u00f3 los ingresos del demandante, \u00abpartiendo de una inferencia que es equivocada a la luz de las normas que rigen las cotizaciones de los trabajadores independientes con contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb. Tras realizar varias operaciones aritm\u00e9ticas, consider\u00f3 que lo devengado por German no era \u00abun poco m\u00e1s de $2.840.000\u00bb, como lo concluy\u00f3 la juez, sino $7.100.000. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 German Mej\u00eda, argumentando, en s\u00edntesis, que el juez de tutela supuso sus ingresos, contrario a lo que hab\u00eda demostrado en el proceso. <\/p>\n
5.- Andrea Rodr\u00edguez Fonseca replic\u00f3 el escrito del recurrente. Pidi\u00f3, adem\u00e1s, que i) se declare la nulidad del juicio objeto de queja constitucional, ii) se remitan copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para que investigue la conducta de German Mej\u00eda y de su apoderado en el proceso, iii) se condene en costas al recurrente, y iv) \u00abse inste al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia del Circuito Oral de Cartagena a que cesen sus actuaciones violatorias de derechos fundamentales y a que de aqu\u00ed en adelante el tr\u00e1mite de los procesos judiciales a su cargo sean bajo el amparo de la ley y procurando la garant\u00eda de los derechos constitucionales de los sujetos de especial protecci\u00f3n, en especial de los ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La protecci\u00f3n dispensada a favor de Viviana Sof\u00eda y Samuel Mej\u00eda Rodr\u00edguez debe mantenerse, pero por las razones y bajo las condiciones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
Ciertamente, la sentencia acusada es lesiva de las garant\u00edas de los menores de edad interesados. Pero no por los motivos se\u00f1alados por la Corporaci\u00f3n de origen, quien carec\u00eda de competencia para se\u00f1alar, en sede de tutela, la cuant\u00eda de los ingresos del recurrente, sino porque la juez dirimi\u00f3 la controversia sin tener evidencia de los hechos materia de la acci\u00f3n intentada por German Mej\u00eda Solano. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de un proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria debe constatarse la variaci\u00f3n de las condiciones que originaron la fijaci\u00f3n inicial, lo que supone, como lo ha dicho la Corte, verificar \u00abuna disminuci\u00f3n en la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o en la necesidad del alimentario, comparadas con la capacidad y necesidad presentes al momento de la tasaci\u00f3n inicial, conforme establece el inciso 8\u00ba del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, ha expuesto: <\/p>\n
Y cuando la variaci\u00f3n se presente por la existencia de un nuevo acreedor ha dicho: <\/p>\n
Con lo anterior no se quiere decir, que al tener el alimentante otra obligaci\u00f3n alimentaria con otra descendiente, tambi\u00e9n menor de edad, la graduaci\u00f3n de los alimentos a favor de su hijo resulte de una simple equiparaci\u00f3n con las condiciones de aqu\u00e9lla, como si se tratara de una sencilla divisi\u00f3n en partes iguales del patrimonio del alimentante, pues, lo cierto es que la tasaci\u00f3n partir\u00e1 de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y resultar\u00e1 del estudio concienzudo de las diferencias existentes entre los alimentarios, desde el punto de vista de la edad, su entorno social y las necesidades b\u00e1sicas y particulares de cada uno <\/p>\n
(STC4669-2020, entre otras). <\/p>\n
En el caso, la sentencia acusada no es el fruto de la verificaci\u00f3n de dichas circunstancias. La juzgadora asumi\u00f3 que la cuota pactada a favor de los menores en 2016 deb\u00eda ser disminuida de $1.050.000 a $800.000 porque el padre ten\u00eda una nueva hija. Pero no eval\u00fao, con par\u00e1metros objetivos, cu\u00e1l era la capacidad econ\u00f3mica inicial y actual del demandante, ni las necesidades de los alimentarios en funci\u00f3n de dichos aspectos. Por el contrario, asumi\u00f3, sin conocer los ingresos del impulsor del proceso, as\u00ed como de sus egresos, y de las condiciones de sus tres hijos, que devengaba \u00abpor lo menos $2.800.000\u00bb, que de ese valor le quedaban libres $1.200.000, y que a cada uno le correspond\u00eda, por partes iguales, $400.000. Obs\u00e9rvese que en ese sentido esboz\u00f3: <\/p>\n
Como los \u00fanicos elementos probatorios que me allegaron son dis\u00edmiles porque me est\u00e1n diciendo que se perciben unos ingresos de $2.800.000. Sin embargo, la base de cotizaci\u00f3n para salud y pensi\u00f3n equivalen a $809.400, esto fue por el mismo interrogatorio de parte rendido por la parte demandante, (\u2026) que la capacidad econ\u00f3mica de la cual no se puede tener certeza que sean de $2.800.00 porque no corresponde a la base para salud y pensi\u00f3n. Entonces, igualmente, haciendo la f\u00f3rmula de la cual hablaba la demandada, verdad, entonces, pudimos lograr establecer que, lo menos, siendo esta la salud y la pensi\u00f3n que \u00e9l cotiza, la parte le queda $1.200.000 como carga para satisfacer el 50% que debe tener como ingreso para satisfacer las 3 cargas alimentarias que le corresponden. Qu\u00e9 es lo que quiero decir, que en la actualidad, para sus dos menores hijas [sic] debe contar con $800.000\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, a prop\u00f3sito de las observaciones planteadas por la apoderada de la accionante respecto de la fijaci\u00f3n de la nueva cuota, precis\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la otra solicitud, que entiendo yo como una correcci\u00f3n. En ning\u00fan momento, el despacho ha expuesto que el demandado gana $6.000.000 o algo m\u00e1s. Hice una relaci\u00f3n de las pruebas con que cuento, y solamente le\u00ed la Planilla de Integrada de Autoliquidaci\u00f3n de Aportes \u2013 Certificado Hist\u00f3rico de Pagos. Yo solamente tengo lo que \u00e9l dijo en el interrogatorio de parte. \u00c9l dijo $355.000 y $454.000 para un total de $899.400 (\u2026). Eso lo encuentro probado. Entonces, si paga esto por salud y pensi\u00f3n debe tener un salario superior a $2.800.000. Eso es una inferencia l\u00f3gica. Ahora bien, as\u00ed como la parte activa, me imagino, y la parte demandada, si manejan un poco los aspectos matem\u00e1ticos, yo hasta ahora tengo la capacidad, le ped\u00ed a un compa\u00f1ero que es administrador de empresas y mientras se adelantaba la audiencia le solicit\u00e9 que hiciera la cuenta espec\u00edfica y me dio esas cuant\u00edas, y me dijo que por lo menos est\u00e1 en capacidad para pagar sus cargas econ\u00f3micas, sus tres hijos $1.200.000, que equivale al 50%. <\/p>\n
Ahora bien (\u2026), el dicho de cada parte debe estar soportado. Entonces, las partes son las que aportan las pruebas para que el juez decida, si es mayor los ingresos a estas cuant\u00edas, la parte accionada deb\u00eda buscar, pedir o solicitar cualquier prueba (\u2026). Es decir, que la carga probatoria en este caso no se efectu\u00f3 conforme a derecho. Se atuvieron nada m\u00e1s a las pruebas documentales existentes, y la parte demandada tampoco demostr\u00f3 que \u00e9l ganaba m\u00e1s o menos porque a \u00e9l no le interesaba. Entonces, los \u00fanicos elementos con los que cuento son los aportados a la audiencia, no tengo m\u00e1s elementos para decidir. Pero estos procesos son de ejecutoria formal (\u2026) [Audiencia de 16 de agosto de 2022, 1 hora 35 minutos 27 segundos en adelante, enlace expediente]. <\/p>\n
Como puede verse, la falladora de Cartagena disminuy\u00f3 los alimentos a favor de Viviana y Samuel, sin los fundamentos necesarios para predicar que, en la actualidad, su capacidad econ\u00f3mica hab\u00eda variado. <\/p>\n
Ahora, que las partes con la demanda y su contestaci\u00f3n no hubiesen aportado m\u00e1s evidencias sobre los hechos de la controversia, relativos a los ingresos del demandante, sus gastos para subsistir, y las condiciones de existencia de los menores involucrados, no habilitaba a la falladora a suponer dichas circunstancias. Toda vez que dichos supuestos eran imprescindibles para establecer los alimentos de dos sujetos de especial protecci\u00f3n, y que de ello depend\u00eda la satisfacci\u00f3n de los de la ni\u00f1a Diana Carolina Mej\u00eda Su\u00e1rez, que es la otra hija del recurrente, le incumb\u00eda a la falladora esclarecerlos de oficio. No de otro modo, pod\u00eda definir, en derecho, el litigio sometido a su composici\u00f3n. <\/p>\n
Si bien, como lo ha dicho la Sala, a las partes les corresponde probar los supuestos de hecho que alegan, no debe perderse de vista que en asuntos de este linaje, donde est\u00e1n comprometidos los alimentos de ni\u00f1os y adolescentes y, por tanto, los recursos que requieren para vivir dignamente, el juez debe adoptar todas las medidas que resulten apropiadas para proteger dicho derecho, entre las cuales, se encuentra, garantizar que la prestaci\u00f3n corresponda a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y a las necesidades de los alimentarios. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como se desprende del art\u00edculo 27 de la Convenci\u00f3n Sobre los Derechos del Ni\u00f1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991, \u00abtodo ni\u00f1o tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcion\u00e1rselo\u00bb dentro de sus posibilidades y medios econ\u00f3micos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el caso, la juez estaba en posibilidades de obtener la informaci\u00f3n requerida para dilucidar el conflicto, si en cuenta se tiene que las partes le indicaron en sus declaraciones, entre otros aspectos, que el actor trabajaba mediante contrato de prestaci\u00f3n de servicios para la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca, con quien pudo esclarecer los ingresos reales del impugnante. A su turno, pudo obtener de los extremos procesales los datos que le permitieran establecer la capacidad econ\u00f3mica inicial y actual del actor, en funci\u00f3n de sus egresos, y las necesidades econ\u00f3micas de sus 3 hijos. <\/p>\n
Por supuesto, en cuestiones donde debe fijarse la cuant\u00eda de los alimentos, las operaciones aritm\u00e9ticas son necesarias (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), pero ellas deben realizarse para hacer c\u00e1lculos con base en los hechos acreditados en el proceso, no para obtener la prueba de ellos. <\/p>\n
Tampoco debe perderse de vista, que el hecho de que el pleito haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal no significa que la tasaci\u00f3n de los alimentos no debe establecerse adecuadamente, pues, en todo caso, la idea es que la decisi\u00f3n que se adopte sea eficaz. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, la sentencia acusada, en efecto, es lesiva de las garant\u00edas de los menores de edad Viviana y Samuel, quienes tienen derecho a que los alimentos debidos por su progenitor se establezcan atendiendo a sus necesidades y a la verdadera capacidad econ\u00f3mica de este. Por tanto, la tutela implorada por su progenitora deb\u00eda salir avante, solo que por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
3.- Entonces, como la falla en que incurri\u00f3 la juzgadora de Cartagena consisti\u00f3 en desatar la demanda disminuci\u00f3n de alimentos promovida por German Alfonso Mej\u00eda Solano sin esclarecer, objetivamente, \u00abuna disminuci\u00f3n en la capacidad econ\u00f3mica del alimentante (\u2026) comparadas con la capacidad y necesidad presentes al momento de la tasaci\u00f3n inicial\u00bb, para conjurarla se ordenar\u00e1, en primer lugar, a la agencia convocada que en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas decrete los medios de convicci\u00f3n resulten pertinentes para determinar: i) la capacidad econ\u00f3mica del demandante durante la fijaci\u00f3n inicial de la cuota (2016), y la actual (ingresos, egresos del actor, entre otras circunstancias que resulten \u00fatiles para determinar la situaci\u00f3n patrimonial), y ii) y las necesidades de sus tres descendientes. En segunda medida, luego de recaudadas la totalidad de las probanzas decretadas, si se trata de medios documentales, los pondr\u00e1 en conocimiento de las partes, previo a la celebraci\u00f3n de la audiencia en la que definir\u00e1 nuevamente el litigio, la cual, de acuerdo con lo informado con la actora, adelantar\u00e1 el 13 de enero de 2023. Finalmente, a la hora de emitir la sentencia correspondiente, deber\u00e1 valorar las evidencias recaudadas antes y con ocasi\u00f3n del cumplimiento de este fallo de tutela. <\/p>\n
4.- En consecuencia, la protecci\u00f3n otorgada por el Tribunal se mantendr\u00e1 en cuanto dej\u00f3 sin vigor el veredicto de 19 de agosto de 2022, pero sus alcances se modificar\u00e1n, en los t\u00e9rminos expuestos en el numeral precedente. <\/p>\n
5.- Finalmente, se niegan las solicitudes que la accionante elev\u00f3 en el tr\u00e1mite de instancia, toda vez que son novedosas. Luego, los convocados no tuvieron oportunidad de ejercer frente a ellas su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. Confirmar los numerales primero y segundo del pronunciamiento de fecha, naturaleza y procedencia anotadas, en cuanto concedieron el amparo solicitado a favor de Viviana y Samuel Mej\u00eda Rodr\u00edguez, y dejaron sin efecto la sentencia dictada el 19 de agosto de 2022 en el asunto examinado. <\/p>\n
Segundo. Modificar el numeral tercero de dicha providencia, a trav\u00e9s del cual se establecieron las directrices para emitir el veredicto de reemplazo, en el siguiente sentido: <\/p>\n
ORDENAR al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena que, en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, decrete los medios de convicci\u00f3n que resulten pertinentes para esclarecer los hechos materia de la controversia, en los t\u00e9rminos y condiciones se\u00f1aladas en el numeral 4\u00b0 de las consideraciones de esa sentencia. <\/p>\n
Cuarto. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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