STC14465-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14465-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01979-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Partido Pol\u00edtico Centro Democr\u00e1tico contra el Consejo Nacional Electoral, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, y el Concejo Municipal de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que se vincularon Nataly V\u00e9lez Lopera y Lina Marcela Garc\u00eda Ga\u00f1an. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La representante legal y directora nacional del centro democr\u00e1tico, pretende que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso, y a elegir y ser elegido, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ese partido pol\u00edtico aval\u00f3 e inscribi\u00f3 la lista de candidatos para las elecciones municipales del Concejo de Medell\u00edn celebradas el 27 de octubre de 2019, entre los que se encuentran Nataly V\u00e9lez Lopera y Lina Marcela Garc\u00eda Ga\u00f1an, y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, declar\u00f3 la elecci\u00f3n para el per\u00edodo constitucional 2019-2023 a los concejales inscritos por cada partido pol\u00edtico, de conformidad con el art\u00edculo 25 del Estatuto de la Oposici\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las nombradas ciudadanas, presentaron renuncia a la militancia del Centro Democr\u00e1tico el 28 y 30 de junio, respectivamente, y como no representan los ideales y contenidos program\u00e1ticos del partido, los llamados en su reemplazo son aquellos que las siguen en n\u00famero de votos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, teniendo en cuenta lo anterior, el centro democr\u00e1tico mediante derechos de petici\u00f3n de 13 y 25 de julio de 2022, solicit\u00f3 al presidente del Concejo Municipal de Medell\u00edn, a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, que iniciaran el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en orden a llamar a ocupar las curules a los candidatos que segu\u00edan en forma sucesiva y descendiente a las concejales nombradas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que en ese mismo orden, recibi\u00f3 como respuestas que no exist\u00eda causa constitucional, ni tampoco legal que permitiera retirar a las mencionadas concejales por falta absoluta y la \u00faltima entidad mencionada, refiri\u00f3 no tener competencia para dirimir el asunto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que actualmente las concejales ocupan la curul de la referida ciudad, sin embargo, al renunciar a la militancia no representan a esa colectividad pol\u00edtica, afectando las disposiciones consagradas en la Ley de Bancadas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar, <\/p>\n
i) al Presidente de la Mesa Directiva del Concejo del Municipio de Medell\u00edn, posesionar en los cargos de concejales el reemplazo de las mentadas ciudadanas, <\/p>\n
iii) a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil certificar quienes son los candidatos a reemplazar a las mencionadas concejales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral, manifest\u00f3 no vulnerar los derechos fundamentales invocados, y solicit\u00f3 ser desvinculado. <\/p>\n
2. El Concejo de Medell\u00edn refiri\u00f3 que, si bien es funci\u00f3n del presidente de la Corporaci\u00f3n declarar mediante acto administrativo las vacancias temporales, absolutas y llamar al candidato no elegido para que tome posesi\u00f3n del cargo previa certificaci\u00f3n de la autoridad competente, no puede proceder de esa manera sin que previamente se configure una de las causales de falta absoluta previstas en el art\u00edculo 51 de la Ley 136 de 1994. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que las normas constitucionales y legales no establecen como consecuencia a la renuncia voluntaria a la militancia la p\u00e9rdida de la curul, y en ese orden la vacancia definitiva y el derecho a ser designado el candidato no elegido que siga en la lista. <\/p>\n
3. Lina Marcela Garc\u00eda Ga\u00f1an y Nataly V\u00e9lez Lopera expresaron que adem\u00e1s que lo pedido v\u00eda tutela es de competencia del juez ordinario, no han sido notificadas de acci\u00f3n electoral o decisi\u00f3n debidamente ejecutoriada en que se anule su elecci\u00f3n, tampoco que ordene dictar acto administrativo que declare la vacancia absoluta de la curul, y que se provea por el mecanismo establecido en el art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Refirieron que de conformidad con la Ley 136 de 1994, y la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se establece c\u00f3mo opera la provisi\u00f3n de curules cuando hay una falta absoluta, y mientras est\u00e9 ocupada, no se ha previsto mecanismo diferente, con prescindencia de que el elegido haya o no dimitido a su militancia. <\/p>\n
Afirmaron la renuncia al partido desde el 28 de junio de 2022, y aclararon que no dimitieron a las curules, adem\u00e1s alegaron falta de legitimaci\u00f3n del partido accionante para solicitar protecci\u00f3n del derecho al trabajo, atendiendo que es de car\u00e1cter personal. <\/p>\n
4. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional dado que no ten\u00eda competencia para llevar a cabo el llamamiento para proveer las vacantes de los concejales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente el amparo invocado, y para el efecto, sostuvo que en este caso no se cumple el requisito de la subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela, atendiendo que la resoluci\u00f3n de la controversia implica demandar la nulidad sobreviniente de los actos administrativos que declararon la elecci\u00f3n de las ciudadanas. <\/p>\n
De manera que, para ese fin se puede agotar la acci\u00f3n de nulidad electoral, en donde se decidir\u00e1 si la renuncia a la militancia implica dimisi\u00f3n a la curul, tr\u00e1mite en el que se puede solicitar como medida provisional la suspensi\u00f3n de los actos de elecci\u00f3n que sean objeto de impugnaci\u00f3n, motivo por el cual la interposici\u00f3n del amparo es prematura. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Quinta del Consejo de Estado, si bien se afirma que la expulsi\u00f3n de un partido o movimiento pol\u00edtico tambi\u00e9n produce la p\u00e9rdida de la curul, se concluye que ni la ley, tampoco la constituci\u00f3n, han previsto expresamente esa consecuencia, lo que implica que la controversia se dirima por la respectiva instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con fundamento en que la acci\u00f3n electoral permite a cualquier persona demandar la nulidad del acto de elecci\u00f3n producto entre otros del voto popular. No obstante, en este caso no puede ejercerse porque para el momento de la renuncia a la militancia ya hab\u00eda caducado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el despacho sustanciador puede apartarse de la l\u00ednea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, \u00f3rgano de cierre en los procesos de nulidad electoral, bajo el argumento de que es un caso aislado y que por este motivo se aparta de la l\u00ednea y desarrolla jurisprudencial en este asunto. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que la secci\u00f3n quinta de dicha Corporaci\u00f3n ha resuelto en varias oportunidades que las curules en las Corporaciones P\u00fablicas de elecci\u00f3n popular son propias de los partidos y movimientos pol\u00edticos, ya que sobre estos recae el derecho a ocuparlas a trav\u00e9s de candidatos avalados y presentados en la contienda electoral. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que carece de herramientas jur\u00eddicas que permitan que una vez un concejal renuncie a la militancia del partido, devuelva al Centro Democr\u00e1tico la curul, afectando el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos de Medell\u00edn que votaron por qui\u00e9n fue inscrito en representaci\u00f3n de dicho partido. <\/p>\n
Dijo que aun cuando de manera expl\u00edcita no se plasm\u00f3 en el escrito de tutela que se ejerci\u00f3 para evitar un perjuicio irremediable, procede cuando se presente una situaci\u00f3n de amenaza a la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Esta acci\u00f3n constitucional la promovi\u00f3 el Partido Pol\u00edtico Centro Democr\u00e1tico para que se ordenara al Concejo del Municipio de Medell\u00edn que aplicara el procedimiento establecido en el art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y posesionara en las curules de las concejales Nataly V\u00e9lez Lopera y Lina Marcela Garc\u00eda Ga\u00f1an, \u00abquienes ostentaban la credencial y decidieron renunciar a la militancia del Centro Democr\u00e1tico\u00bb a aquellos que las siguen en n\u00famero de votos. <\/p>\n
En primera instancia se sostuvo que en este caso no se satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad y residualidad, atendiendo que la resoluci\u00f3n de la controversia implicaba demandar la \u00abnulidad sobreviniente\u00bb de los actos administrativos que declararon la elecci\u00f3n de las ciudadanas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad electoral. <\/p>\n
Revisados los documentos allegados, se observa que el accionante no ha agotado los medios ordinarios con los que cuenta para la defensa de los derechos que estima vulnerados. En efecto, reconoci\u00f3 no haber interpuesto la acci\u00f3n que en primera instancia se estim\u00f3 procedente para la resoluci\u00f3n de la problem\u00e1tica planteada, acontecer que cierra el camino a este mecanismo constitucional para resolver todas sus inconformidades, atendiendo su car\u00e1cter residual y especial, lo que traduce que no fue instituido para reemplazar los medios contemplados por el legislador para definir una controversia. <\/p>\n
Cabe precisar que la determinaci\u00f3n del vencimiento del t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n electoral por una \u00abnulidad sobreviniente\u00bb de los actos administrativos que declararon la elecci\u00f3n de las referidas ciudadanas como sustento de que el accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, no hay lugar a determinarla por esta v\u00eda, puesto que es un tema que corresponde definir la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, sobre el tema la Sala ha se\u00f1alado que \u00abSi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, revisado con detenimiento el asunto, surge otra circunstancia que permite observar que el accionante no agot\u00f3 todos los medios ordinarios que ten\u00eda a su alcance para la protecci\u00f3n de los derechos que estima vulnerados. <\/p>\n
Como se dijo, su inter\u00e9s es que se ordene al presidente del Concejo municipal de Medell\u00edn que proceda a posesionar en las curules de las concejales que renunciaron a la militancia de ese partido pol\u00edtico, a otras personas del centro democr\u00e1tico, proceder que fue negado expresamente con fundamento en lo siguiente, <\/p>\n
A la fecha no existe una causal legal ni constitucional que le permita al presidente del Concejo del Municipio declarar la vacancia absoluta de la curul de las concejalas (\u2026), ya que no se presenta ninguna de las causales de falta absoluta. Es la misma Constituci\u00f3n y la Ley las que se\u00f1alan taxativamente cuales son las causales de vacancia absoluta, y no le est\u00e1 permitido al operador administrativo crear causales o decretar vacancias absolutas por fuera de las causales ya definidas por el legislador, dado que en materia sancionatoria la interpretaci\u00f3n es restrictiva. As\u00ed las cosas, no puede declararse la vacancia absoluta por parte de la Presidencia del Consejo de Medell\u00edn, por la renuncia al partido de las concejalas (\u2026), dado que, los actos de renuncia, \u00fanica y exclusivamente hicieron referencia a la renuncia al partido, raz\u00f3n por la cual estas renuncias al partido no implicaron renuncia a la curul ni pueden ser interpretadas como tal, y por lo tanto no constituyen causal de vacancia absoluta que pueda ser decretada en ejercicio de la facultad conferida por el art\u00edculo 63 de la Ley 136 de 1994. <\/p>\n
No obstante, a pesar de que se denuncia que esa determinaci\u00f3n unilateral desconoce los derechos que se reclaman en este tr\u00e1mite, no se advierte que haya intentado en su defensa y ante el mismo funcionario, la interposici\u00f3n por lo menos de recurso de reposici\u00f3n, y que este hubiese sido resuelto de manera desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Tampoco se advierte agotada la impugnaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, autoridad designada por el legislador para resolver si corresponde a un acto administrativo impugnable, y sobre todo, la procedencia de los medios de control sobre el mismo. <\/p>\n
Se olvid\u00f3 entonces que las manifestaciones de la voluntad de la administraci\u00f3n gozan de presunci\u00f3n de legalidad y son v\u00e1lidas hasta tanto no haya sido anulada por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Todas las circunstancia descritas enmarcan esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
4. No obstante, el recurrente reclama que, aunque en el escrito de tutela no expres\u00f3 que esta acci\u00f3n se interpuso para evitar un perjuicio irremediable, la misma se abre paso cuando se presenta una situaci\u00f3n de amenaza a la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, argumento que no puede ser acogido para revocar la determinaci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Lo anterior porque como lo reconoce el mismo accionante, ese tema corresponde a un hecho nuevo, es decir no fue objeto de censura en el escrito de tutela, no se analiz\u00f3 en el tr\u00e1mite impugnado, y por eso no puede ser abordado, dado que con ese proceder necesariamente se vulnerar\u00eda el derecho de defensa de los accionados, atendiendo que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse puntualmente sobre el mismo. <\/p>\n
Cabe memorar que en cuanto a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, ha sostenido la Corte, \u00abSi bien es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ. STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01, reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01 STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01, STC4035-2021, STC4862-2021, STC12825-2021, STC1190-2022, STC1318-2022, STC1638-2022, STC1643-2022, y CSJ STC2254-2022). <\/p>\n
Por otra parte, no puede entenderse que se debe abrir paso a esta acci\u00f3n como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en la medida que, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, tambi\u00e9n es posible solicitar medidas preventivas, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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