STC14466-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14466-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de junio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Larios Navarro contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que el aqu\u00ed actor denunci\u00f3 penalmente a Jos\u00e9 Amaris Salas y Fredy Anaya Llorente por el presunto delito de \u00abfalsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb, noticia criminal asignada a la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional de Cartagena el 22 de agosto de 2018 bajo el SPOA 13001-60-01-128-2018-09119. <\/p>\n
Expuso el accionante que, luego de transcurridos tres (3) a\u00f1os desde la instauraci\u00f3n de la denuncia, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante ese despacho fiscal con el prop\u00f3sito de obtener informaci\u00f3n acerca del adelantamiento de la investigaci\u00f3n y de las razones por las cuales \u00abno se hab\u00eda definido la indagaci\u00f3n preliminar\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, como contestaci\u00f3n al pedimento, la titular de dicha fiscal\u00eda explic\u00f3 que se encontraban pendientes de completarse dos \u00f3rdenes dirigidas a polic\u00eda judicial consistentes en, \u00ab1. (\u2026) ubicar las planillas del correo 472 del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal; 2. Acceder al proceso disciplinario [2016-00294] que cursa en la misma Corporaci\u00f3n (Sala Penal)\u00bb, elementos necesarios para definir la investigaci\u00f3n \u00abya sea con archivo o solicitud de imputaci\u00f3n o preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, las referidas \u00f3rdenes fueron impartidas por el despacho fiscal en enero de 2020, \u00ablas cuales tienen 1 a\u00f1o y 6 meses [al momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela] (\u2026) sin haberse obtenido resultados por los polic\u00edas judiciales\u00bb, consecuencia de la omisi\u00f3n por parte del Tribunal Superior de Cartagena de responder a los requerimientos de la fiscal\u00eda. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que \u00abse ordene a la fiscal\u00eda 04 seccional de Cartagena, defina la indagaci\u00f3n preliminar de la investigaci\u00f3n [2018-09119] en un t\u00e9rmino perentorio; y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, brinde la informaci\u00f3n solicitada por la fiscal\u00eda 04 seccional de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Fiscal 4\u00aa Seccional \u2013 Unidad de Competencia General \u2013 de Cartagena inform\u00f3 que, en su despacho cursa la indagaci\u00f3n con radicado n\u00ba. 130016001128201809119, por el delito de \u00abfalsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb, la cual le fue asignada el 22 de agosto de 2018. Precis\u00f3 que, una vez recibida la noticia criminal, dise\u00f1\u00f3 el programa metodol\u00f3gico que permitiera esclarecer los hechos denunciados por el se\u00f1or Larios Navarro, como funcionario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Expuso, en el a\u00f1o 2019 imparti\u00f3 orden a Polic\u00eda Judicial n\u00ba. 4271141 con el prop\u00f3sito de que el investigador desarrolle 2 nuevas actividades. Para el a\u00f1o 2020, emiti\u00f3 la orden n\u00ba. 5148255 que implic\u00f3 adelantar 4 m\u00e1s y \u00abel 14 de enero de 2021, se realiza nueva orden a Polic\u00eda Judicial, la cual fue reasignada a un nuevo investigador y este procede a dar respuesta indicando la evacuaci\u00f3n de las actividades\u00bb. <\/p>\n
En otro aparte expres\u00f3 que, en respuesta brindada al accionante, le explic\u00f3 \u00abque se requiere un estudio detallado de todos los elementos materiales probatorios que reposan en la carpeta, ya que los mismos son voluminosos, a efecto de determinar el cumplimiento de lo descrito en los art\u00edculos 287,331 ,332 y 79 de la ley 906 de 2004 o por el contrario realizar una nueva orden a Polic\u00eda Judicial…\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, con fundamento en las peticiones elevadas por el demandante, solicit\u00f3 al investigador Iv\u00e1n Lecompte Baena, informaci\u00f3n sobre todo lo desarrollado para obtener los documentos y los resultados de \u00e9ste, sosteniendo que el precitado servidor \u00abal no obtener respuesta requiri\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de fecha 21 de abril hoga\u00f1o, al Tribunal Superior de Cartagena para que procedan (sic) aportar la documentaci\u00f3n requerida estando atentos a la respuesta que suministre el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, si bien la indagaci\u00f3n lleva m\u00e1s de 2 a\u00f1os, la misma se encuentra activa y cuenta con m\u00faltiples \u00f3rdenes a Polic\u00eda Judicial, resaltando que la mora para adoptar una decisi\u00f3n de fondo \u00abobedece a factores diversos a la incuria o la negligencia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
En primer lugar, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna por parte de la magistratura accionada, en tanto que, por un lado, no es la autoridad que tiene a cargo el adelantamiento del asunto cuya resoluci\u00f3n se reclama, y porque, su vinculaci\u00f3n obedeci\u00f3 \u00aba que aqu\u00e9lla es destinataria de una solicitud de informaci\u00f3n, la cual es requerida por el ente investigador para el establecimiento del rumbo que debe seguir la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, neg\u00f3 el amparo respecto de la fiscal\u00eda tutelada tras colegir que la tardanza que se le atribuye se justifica en el \u00abalto volumen de trabajo o congesti\u00f3n en el que se halla inmersa\u00bb; y porque, \u00ab(\u2026) ha ejecutado varias acciones en pro de la obtenci\u00f3n de elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, lo cual, por razones ajenas a su voluntad, hasta el momento no ha logrado recaudar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que, frente a los casos de mora judicial, existen los mecanismos de recusaci\u00f3n y de vigilancia administrativa \u00aba las cuales puede acudir el actor, si persiste en su disenso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante manifest\u00f3 impugnar el fallo de primer grado, sin agregar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la fiscal\u00eda convocada est\u00e1 desconociendo las prerrogativas invocadas por el quejoso al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada por haber transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os \u2013 al momento de interposici\u00f3n del amparo \u2013 sin haber definido el curso de la indagaci\u00f3n identificada con SPOA 130016001128201809119. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Valga destacar que frente al tema solo resultar\u00eda procedente la injerencia del juez constitucional cuando resulte manifiesta y notoria la desidia o negligencia de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionan la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 nov. 2015, rad. 88998) <\/p>\n
De igual forma, se precis\u00f3 que este tipo de situaciones, cuando carecen de una justificaci\u00f3n v\u00e1lida, genera en realidad vulneraci\u00f3n al debido proceso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995 rad. 1937, reiterada CSJ STC, 8 jun. 2010, rad. 00814-00; STC, 19 dic. 2012, rad. 00814-00 y STC598-2015, 3 feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que escenarios donde se ventilen circunstancias de esta naturaleza, involucran tambi\u00e9n la transgresi\u00f3n directa del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se ha se\u00f1alado que este derecho \u201cno puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u201d, por cuanto lo contrario \u201cimplicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb (CC. T-030\/05). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, es relevante aclarar que, si bien no se encuentra acreditado dentro de este ruego que el interesado haya activado alguno de los mecanismos a trav\u00e9s de los cuales podr\u00eda plantear su inconformidad frente a la actitud omisiva de la funcionaria fiscal tutelada (recusaci\u00f3n o vigilancia judicial administrativa), ello no es obst\u00e1culo para revisar de fondo el confutado asunto, dada la notoria tardanza en su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Ahora, atendiendo los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, resulta necesario establecer si, en este particular, las razones exhibidas por la convocada justifican v\u00e1lidamente el t\u00e9rmino transcurrido desde la recepci\u00f3n de la denuncia penal sin que hasta ahora se haya definido el destino de la instrucci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.1. En ese sentido, la Fiscal 4\u00aa Seccional de Cartagena al pronunciarse frente al traslado de la presente acci\u00f3n de tutela inform\u00f3 que, le fue asignada la indagaci\u00f3n por el presunto delito de \u00abfalsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb el 22 de agosto de 2018. <\/p>\n
3.1.2. Explic\u00f3 que, elabor\u00f3 el respectivo plan metodol\u00f3gico para el recaudo de los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica para lo cual, libr\u00f3 diversas \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial (n\u00ba 4271141: 2 actividades en el a\u00f1o 2019; y, n\u00ba 5148255: 4 labores de investigaci\u00f3n en el a\u00f1o 2020; el 14 de enero de 2021, una nueva orden que fue reasignada a otro investigador). <\/p>\n
3.1.3. Aclar\u00f3 que, en respuesta al derecho de petici\u00f3n que el denunciante Larios Navarro elev\u00f3, le precis\u00f3 que la indagaci\u00f3n se hallaba en estudio de los elementos recaudados \u00abya que los mismos son voluminosos a efecto determinar el cumplimiento de lo descrito en los art\u00edculos 287, 331, 332, y 79 de la ley 906 de 2004 o por el contrario realizar una nueva orden a polic\u00eda judicial\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. Cont\u00f3 que el investigador Iv\u00e1n Lecompte Baena rindi\u00f3 informe relacionado con la actuaci\u00f3n adelantada ante el Tribunal Superior de Cartagena, \u00abpara obtener los documentos [\u2026] el precitado servidor al no obtener respuesta requiri\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de fecha 21 de abril [2021] [\u2026] para que procedan aportar la documentaci\u00f3n requerida estando atentos a la respuesta que suministre el tribunal\u00bb. <\/p>\n
3.1.5. Agreg\u00f3 que, fue nombrada en la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional el 3 de febrero de 2020, despacho que no contaba para entonces con asistente desde el mes de octubre de 2019 y as\u00ed permaneci\u00f3 hasta agosto de 2020. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que, le fueron asignadas funciones de Coordinadora de la Unidad de Competencia General, y apunt\u00f3 que tiene una carga de 1.059 expedientes y que, \u00abnuevamente [no tiene] asistente ya que la misma fue traslada a otro despacho\u00bb. <\/p>\n
3.2. Pese a lo anterior, y sin desconocer las dificultades aducidas, se constata que, adem\u00e1s de la superaci\u00f3n objetiva de los t\u00e9rminos para la indagaci\u00f3n \u2013 par\u00e1grafo 1\u00ba, art\u00edculo 175 de la ley 906 de 20042 \u2013, la autoridad accionada no ha ofrecido razones que alcancen para justificar la mora que se reprocha, pues, aunque resalt\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto apenas hasta el a\u00f1o 2020, y sum\u00f3 explicaciones tales como: la carga laboral, la ausencia de asistente en el despacho por algunos periodos o sus funciones como coordinadora de unidad, no son estas suficientes para comprender el prolongado tiempo en que se ha mantenido en indefinici\u00f3n la instrucci\u00f3n, si se tiene en cuenta que, a la fecha, han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde la interposici\u00f3n de la denuncia. <\/p>\n
Tampoco resulta oponible que la fiscal\u00eda demandada cuente con un nuevo titular desde el mes de octubre de 20213, pues, las situaciones administrativas internas de la entidad no tendr\u00edan que repercutir en el cumplimiento cabal y oportuno de las labores investigativas ni erigirse como excusa de la dilaci\u00f3n se\u00f1alada; as\u00ed mismo, no podr\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino de indagaci\u00f3n desde que el nuevo fiscal tiene el asunto a su cargo, en la medida que un entendimiento de ese tenor no encuentra asidero en la legalidad del canon 175 referido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque la fiscal accionada en el informe que present\u00f3 en estas diligencias, detall\u00f3 que en el mes de enero de 2021 emiti\u00f3 una nueva orden a polic\u00eda judicial y el investigador responsable de aqu\u00e9lla en abril de esa anualidad repiti\u00f3 la solicitud al Tribunal Superior de Cartagena con miras a obtener copias de unas planillas de correo oficial 472 y el acceso a un expediente disciplinario, no se verifica desde esa data un esfuerzo del ente acusador en promover el efectivo cumplimento de las mismas, revisar por qu\u00e9 no se han llevado a cabo, reiterarlas o modificarlas en aras de su efectiva materializaci\u00f3n, lo que denota una pasividad en la direcci\u00f3n del caso que, en definitiva, redunda en la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Y, si bien el despacho fiscal demandado cuenta con un n\u00famero considerable de casos, ello no lo exime del deber de controlar la actividad instructiva en aquellos que ya cuentan con un plan metodol\u00f3gico establecido y unas \u00f3rdenes espec\u00edficas libradas a los investigadores, con el fin de garantizar su desarrollo y acatamiento. <\/p>\n
En una tutela de similares contornos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 que la carga laboral no es suficiente para justificar retrasos en el cumplimiento de las funciones propias, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Lo expuesto permite colegir que la autoridad accionada, adem\u00e1s de incurrir en un desconocimiento de los t\u00e9rminos legales, no demostr\u00f3 haber actuado con la suficiente diligencia en el cumplimiento de su funci\u00f3n constitucional. Situaci\u00f3n que incide negativamente en los derechos de la parte actora. <\/p>\n
En este punto se resalta que contrario a lo sostenido por el Tribunal de primer grado, no es dable catalogar la mora como justificada con fundamento en la congesti\u00f3n que presenta la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Rama Judicial, pues m\u00e1s all\u00e1 de una afirmaci\u00f3n gen\u00e9rica, para que opere el reconocimiento de la mora judicial justificada es menester que la autoridad judicial acredite las razones que motivan el desconocimiento de los t\u00e9rminos judiciales dada la complejidad del asunto u otros factores, as\u00ed como las labores desarrolladas tendientes al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales. Condiciones anteriores que no fueron demostradas en este caso\u00bb (CSJ STP12530-2022. 13 sep. 2022, rad. 125857) Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la inacci\u00f3n frente a las labores que le son confiadas a la instituci\u00f3n acusada se observa injustificada, por lo que emerge ineludible la intervenci\u00f3n del juez de amparo en procura de remediar la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del actor, quien, en su condici\u00f3n de denunciante, est\u00e1 a la espera de las resultas de la indagaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2018. <\/p>\n
Y es que, no puede desconocerse la razonabilidad de los t\u00e9rminos previstos por el legislador, los cuales, se insiste, en esta instancia, se encuentran visiblemente superados luego de haber transcurrido algo m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde la asignaci\u00f3n de la noticia criminis sin que se hayan recaudado los elementos suficientes para adoptar una decisi\u00f3n concreta. <\/p>\n
En situaciones como la analizada, tambi\u00e9n la Corte Constitucional ha relievado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los fiscales, jueces y magistrados han de concebir la labor judicial como una funci\u00f3n que va mucho all\u00e1 de emitir providencias, dado que para que \u00e9stas sean leg\u00edtimas deben proferirse conforme a la Constituci\u00f3n y a la ley, tanto formal como materialmente, lo cual incluye que en su expedici\u00f3n se acaten los t\u00e9rminos procesales. De all\u00ed que \u201cla jurisdicci\u00f3n no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisi\u00f3n sobre las situaciones que generan el litigio, atentando as\u00ed, gravemente contra la seguridad jur\u00eddica que tienen los ciudadanos\u00bb (CC. T-052\/18). <\/p>\n
Corolario de las disquisiciones realizadas, se revocar\u00e1 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, toda vez que para esta Sala no se logr\u00f3 justificar, bajo un criterio objetivo eximente, la mora judicial en que incurri\u00f3 la autoridad accionada, para en su lugar tutelar las prerrogativas esenciales invocadas y, en consecuencia, ordenar a la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Cartagena que, en un t\u00e9rmino de 6 meses, defina la indagaci\u00f3n 130016001128201809119; esto es, si archiva o contin\u00faa con el proceso penal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se dispensar\u00e1 la protecci\u00f3n rogada con el fin de defender y exaltar principios constitucionales tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso, al evidenciarse, en este caso, que la Fiscal\u00eda demandada, sin justificaci\u00f3n suficiente, ha superado los m\u00e1rgenes de razonabilidad para adelantar la indagaci\u00f3n no 130016001128201809119 en la que el tutelante funge como denunciante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al titular de la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional Delegada ante los jueces penales del Circuito de Cartagena, que dentro del t\u00e9rmino de seis (6) meses calendario, siguientes al enteramiento de esta providencia, adopte las determinaciones que correspondan de acuerdo con la ley procesal penal en relaci\u00f3n con la indagaci\u00f3n SPOA 130016001128201809119. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta sentencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 4 de octubre de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 6 de octubre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 175. DURACI\u00d3N DE LOS PROCEDIMIENTOS. PAR\u00c1GRAFO 1o. La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos a\u00f1os contados a partir de la recepci\u00f3n de la noticia criminis para formular imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. Este t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de tres a\u00f1os cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
(\u2026) Si vencido este t\u00e9rmino no se ha llevado a cabo la imputaci\u00f3n o el archivo, el fiscal que est\u00e9 conociendo del proceso ser\u00e1 relevado del caso y se designar\u00e1 otro fiscal, dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, quien deber\u00e1 resolver sobre la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n o el archivo en un t\u00e9rmino perentorio de noventa (90) d\u00edas, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. <\/p>\n
Lo previsto en este par\u00e1grafo no obstar\u00e1 para que se pueda disponer la reapertura del caso cuando exista m\u00e9rito para ello. <\/p>\n
3\u0002 En sede de impugnaci\u00f3n, esta Sala requiri\u00f3 a la fiscal accionada Ana Teresa Tirado Ortega a fin de que aportara informaci\u00f3n acerca del estado actual de la indagaci\u00f3n 130016001128201809119; la mencionada funcionaria en comunicaci\u00f3n del 10 de octubre de 2022 indic\u00f3 que, por resoluci\u00f3n n\u00ba 399 de 20 de octubre de 2021, fue reubicada por necesidades del servicio en la Fiscal\u00eda 32 Seccional de la unidad CAIVAS y que el nuevo titular de la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional de Cartagena es el doctor Paulo Xavier Romero Julio, con correo electr\u00f3nico paulo.romero@fiscalia.gov.co. La Sala reiter\u00f3 el requerimiento al e-mail referido, sin obtener respuesta (constancia de lectura de correo electr\u00f3nico: 10 de octubre de 2022, 16:07:45). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14466-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14466-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68260"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68260\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}