STC14470-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14470-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 4 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Misael Milsar Garz\u00f3n Morales contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00128. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 12 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 \u00abadmiti\u00f3 demanda de declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, instaurada [en su contra] por la se\u00f1ora Arianis Fl\u00f3rez Mart\u00ednez\u00bb, disponiendo su notificaci\u00f3n \u00abcomo lo indica el art\u00edculo 291 y s.s. del C.G.P., en armon\u00eda con el Decreto 806 del 2020. Por \u00faltimo, el tutelado orden\u00f3 a la parte actora acreditar el env\u00edo de la demanda, anexos, auto que admiti\u00f3 demanda con el fin de controlar el t\u00e9rmino de traslado\u00bb. <\/p>\n
Que la demandante \u00abhizo caso omiso\u00bb a las anteriores cargas procesales, ocasionando \u00abque [su apoderado] hubiera realizado de forma err\u00f3nea los c\u00f3mputos de los t\u00e9rminos para presentar la contestaci\u00f3n\u00bb, pese a que \u00abmediante auto del 3 de junio de 2022 [el juzgado resolvi\u00f3] \u201cinstar a la parte actora para que aporte las evidencias de la forma como obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado y, adicionalmente, allegue el acuse de recibido del correo electr\u00f3nico remitido al se\u00f1or Garz\u00f3n Morales\u201d, [y la requiri\u00f3] \u201cpara que aclare la direcci\u00f3n f\u00edsica del demandado\u201d\u00bb, asegurando que \u00e9l y su mandatario \u00abnunca tuvimos conocimiento en qu\u00e9 fecha la parte actora dio cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Que frente a la anterior situaci\u00f3n, su abogado \u00abpermaneci\u00f3 atento a los autos electr\u00f3nicos emitidos y montados en el micrositio de la p\u00e1gina web del despacho judicial\u00bb, para a partir del cumplimento de las \u00f3rdenes impartidas a la actora, contabilizar el t\u00e9rmino para contestar el libelo; empero, el 1\u00b0 de agosto de 2022, el juzgado resolvi\u00f3 \u00ab\u201ctener por no descorrido el traslado de la demanda por el se\u00f1or Jos\u00e9 Milsar Garz\u00f3n Morales [y] abstenerse de tener en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda y excepciones formuladas\u201d\u00bb, y con auto del 29 de agosto de 2022, \u00abresolvi\u00f3 rechazar de plano\u00bb los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que interpuso contra la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse ordene dejar sin efectos el auto del 1\u00b0 de agosto de 2022, proferido por el despacho judicial tutelado dentro del proceso [rad. 2022-00128], el cual rechaz\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026), y en su lugar se ordene proferir un auto que atienda los principios constitucionales [invocados]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Tercera de Familia de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 en lo pertinente, que \u00abla parte actora alleg\u00f3 al proceso el certificado de entrega de la demanda, anexos y auto admisorio enviado a trav\u00e9s del correo 472, el 26 de mayo de [2022], los cuales fueron recibidos directamente por el se\u00f1or Jos\u00e9 Milsar, como se observa en el documento aportado por la demandante\u00bb; que como se \u00abtuvo como fecha de notificaci\u00f3n el 26 de mayo de 2022, conforme al certificado de entrega allegado, [el] t\u00e9rmino que venci\u00f3 el 30 de junio de 2022, habiendo descorrido el traslado de la demanda el 18 de julio de 2022, (\u2026) es decir 18 d\u00edas despu\u00e9s de encontrarse vencido el t\u00e9rmino, [con providencia] del 1 de agosto del 2022, se tuvo por no contestada la demanda por haberse presentado extempor\u00e1neamente y se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia que prev\u00e9 el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que con prove\u00eddo del 29 de agosto de 2022, \u00abresolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte demandada (\u2026), rechazando el mismo\u00bb, decisi\u00f3n que \u00abqued\u00f3 en firme el pasado 2 de septiembre sin observaci\u00f3n alguna\u00bb, y que frente a la inconformidad por \u00abla posible indebida notificaci\u00f3n de la demanda [el accionante] pudo haber presentado \u201cla nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u201d prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta de la que no hizo uso dentro del t\u00e9rmino. Adem\u00e1s, el accionante tampoco present\u00f3 recurso de queja contra la providencia que rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, si no estaba conforme con la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9, dijo que en el caso en cuesti\u00f3n \u00abexiste otro mecanismo de defensa judicial en el que deben zanjarse las diferencias, cual es la justicia ordinaria y no el funcionario de tutela\u00bb, no obstante, seguidamente asever\u00f3 \u00abque ya el asunto fue decidido al interior del proceso\u00bb y por tanto proced\u00eda denegar el auxilio implorado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 las pretensiones al advertir que desconoce \u00abel principio de subsidiariedad que rige la acci\u00f3n\u00bb, ya que contra el auto proferido por el accionado el 29 de agosto de 2022, donde se\u00f1al\u00f3 que \u00abel auto [del 1\u00b0 de agosto] no era susceptible de recursos a la luz de lo preceptuado en el inciso 2\u00ba numeral 1\u00ba del art\u00edculo 372 del C.G.P., en tanto se trataba del auto que hab\u00eda fijado fecha para audiencia, [el accionante] no interpuso ning\u00fan recurso, teniendo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de queja (Art\u00edculo 352 del CGP), pues si bien es cierto el auto que fija fecha para audiencia no es susceptible de recurso, tambi\u00e9n lo es, que el auto que rechaza la contestaci\u00f3n de la demanda es apelable (Art\u00edculo 321 del CGP)\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si se aplicara \u00abcon menor rigor el requisito de la subsidiariedad\u00bb, advert\u00eda que no se produjo la vulneraci\u00f3n invocada, pues \u00abfue precisamente el actor quien corrobor\u00f3 que efectivamente hab\u00eda sido notificado de la demanda (\u2026), el 24 de mayo del 2022, a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico josemilzar28@gmail.com y que adem\u00e1s le fue entrega copia de la demanda, de los anexos y del auto admisorio a trav\u00e9s de correo f\u00edsico enviado (\u2026) el 26 de mayo del 2022, es decir, que suficientemente enterado estaba de la existencia del proceso\u00bb, y contabilizando el t\u00e9rmino de traslado desde esa data, \u00abvenci\u00f3 el 11 de julio de 2022, habi\u00e9ndose presentado el d\u00eda 18 de julio del 2022, es decir, de manera extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo para insistir en los argumentos de la demanda tutelar y, por tanto, criticar la desestimaci\u00f3n de las mismas por el sentenciador a-quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al haber rechazado \u00abpor extempor\u00e1nea\u00bb la contestaci\u00f3n de la demanda presentada dentro del declarativo radicado bajo el n\u00b0 2022-00128. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de la salvaguarda con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la sentencia desestimatoria de la presente queja constitucional, precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a su improcedencia porque no satisface el presupuesto general de la subsidiariedad, en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, al criticarse la actuaci\u00f3n surtida dentro del juicio de uni\u00f3n marital de hecho y existencia de sociedad patrimonial seguido contra el ac\u00e1 accionante, porque, en su sentir, se produjeron yerros en su notificaci\u00f3n personal y tras ello se contabiliz\u00f3 err\u00f3neamente el t\u00e9rmino de traslado para contestar la demanda, el primer aspecto que denota su desidia radica en que para obtener la correcci\u00f3n de esas \u00abirregularidades\u00bb, no propuso la correspondiente nulidad. <\/p>\n
Luego, al haber interpuesto recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto del 1\u00b0 de agosto de 2022, mediante el cual el juzgado tuvo por no contestada la demanda aduciendo su extemporaneidad, y en prove\u00eddo del 29 del mismo mes y a\u00f1o no haberse resuelto, porque, en criterio del encartado, tal decisi\u00f3n no era susceptible de dichos medios de impugnaci\u00f3n, el querellante omiti\u00f3 refutar este \u00faltimo pronunciamiento invocando el recurso de queja (art\u00edculo 321-1, del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Es m\u00e1s, como en el prove\u00eddo en menci\u00f3n, el estrado acusado hizo una amplia exposici\u00f3n de motivos para tener por no descorrido oportunamente el t\u00e9rmino para contestar la demanda, deven\u00eda procedente el cuestionamiento de los puntos nuevos all\u00ed tratados en sede de reposici\u00f3n, y, en \u00faltimas, de mantenerse inc\u00f3lume lo decidido, intentar, como ya se advirti\u00f3, que el asunto fuera revisado por el superior funcional del accionado a trav\u00e9s del mecanismo previsto y regulado en los art\u00edculos 352 y 353 del citado estatuto adjetivo, pero no lo hizo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no se emplearon las herramientas jur\u00eddicas consagradas para controvertir la resoluci\u00f3n por la que hoy el actor se duele, la acci\u00f3n constitucional impetrada deviene inviable dado su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, el cual constituye un criterio insuperable que por ende debe confirmarse al no evidenciarse evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues n\u00f3tese que el all\u00ed demandado se encontraba representado por abogado. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que esto procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice no acontece. Sobre el punto, se ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC11022, 24 ago. 2022, rad. 00644-01). <\/p>\n
Del mismo modo, sobre la improcedencia de esta acci\u00f3n en virtud de la causal 1\u00aa del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, la Sala ha recalcado que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC11786-2022, 7 sep. 2022, rad. 00350-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que ser\u00e1 por su improcedencia en tanto no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad, puesto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado de los mecanismos judiciales legalmente previstos para rebatir la actuaci\u00f3n reprochada, y ante la inexistencia de excusa para tal comportamiento, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14470-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14470-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00352-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68263","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68263\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}