STC14478-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14478-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01288-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Correa Restrepo contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 2017-02147-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y la presunci\u00f3n de inocencia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. El Juzgado Penal del Circuito de Envigado (Antioquia), al interior del resguardo constitucional con radicado 2017-00152-01, -con auto del 3 de octubre de 2017- resolvi\u00f3 \u00abcompulsar copias\u00bb en contra del abogado aqu\u00ed accionante, con fundamento en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 19911. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con sentencia del 8 de mayo de 2020, dispuso \u00abdeclarar disciplinariamente al [acusado] por incumplir el deber previsto en el art\u00edculo 28-6 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir correlativamente en la falta contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado tipificada en el art\u00edculo 33-3 de la Ley 1123 de 2007 a t\u00edtulo de dolo\u00bb. En consecuencia, decidi\u00f3 \u00abimponer[le] sanci\u00f3n [\u2026] de suspensi\u00f3n de dos a\u00f1os del ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
2.3. En grado de consulta jurisdiccional \u2013pues el enjuiciado no se hizo parte en el tr\u00e1mite sub judice-, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -con providencia del 27 de julio de 2022- decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2020 por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia [\u2026]\u00bb3. <\/p>\n
Agrega, que las decisiones proferidas desconocieron \u00abla calificaci\u00f3n de la conducta en lo relativo al principio de culpabilidad que la sola existencia de dos tutelas, aparentemente similares, no hace a la \u00faltima temeraria\u00bb. Asimismo, no se tuvo en cuenta por los juzgadores de instancia que las \u00abpretensiones en los amparos objeto de reproche no son las mismas\u00bb. Y, no se llev\u00f3 a cabo \u00abun estudio minucioso de la acusaci\u00f3n de temeridad, sin ver que los derechos de petici\u00f3n no eran id\u00e9nticos como erradamente lo enunciaron en sendos fallos\u00bb. Finalmente, estima que en su caso no result\u00f3 probado su \u00abactuar de mala fe o doloso [\u2026], pues [estas] no se presumen, como si se hace con el principio constitucional de la buena fe\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se \u00abrevoquen las sentencias de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no advirti\u00f3 ninguna \u00abvulneraci\u00f3n de derecho, al punto que el accionante pretende traer a colaci\u00f3n un nuevo escenario de valoraci\u00f3n probatoria sin precisar en qu\u00e9 medida fue que los colegiados de instancia inobservaron el acervo probatorio, cuando claro es que no es ni la oportunidad ni el juez natural para reclamar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, m\u00e1xime cuando las pruebas obrantes en el legajo disciplinario ya fueron objeto de la respectiva ponderaci\u00f3n [\u2026]4. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito de Envigado (Antioquia) solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto. Ello pues, consider\u00f3 que \u00abno se vislumbra amenaza ni menos a\u00fan transgresi\u00f3n [de su] parte [\u2026]; toda vez que, la actuaci\u00f3n adelantada por este Despacho en segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado Nro. [\u2026] 2017 00152 01, observ\u00f3 en todo momento respeto irrestricto por el debido proceso y dem\u00e1s Garant\u00edas Constitucionales legales de todas las partes e intervinientes\u00bb5. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 27 de julio de 2022, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. Ello pues, estima que no fue notificado del inicio del tr\u00e1mite disciplinario. Adem\u00e1s, los fallos emitidos carecen de veracidad f\u00e1ctica dado que las tutelas \u2013por las cuales fue sancionado por temeridad-, corresponden a pretensiones distintas, aunado a que no se prob\u00f3 por las autoridades judiciales su actuar doloso. <\/p>\n
2. De entrada, es necesario precisar lo relativo a la indebida notificaci\u00f3n alegada por el actor frente al juicio disciplinario. De la revisi\u00f3n del expediente, se observa que, tanto el inicio del tr\u00e1mite como las decisiones proferidas posteriormente, le fueron comunicadas a las direcciones refrendadas ante la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia6, entidad que certific\u00f3 que \u00abno se han realizado actualizaciones\u00bb7. Por lo tanto, las comunicaciones surtidas por la autoridad referenciada, se cumplieron en estricto sentido, conforme a la informaci\u00f3n suministrada por el aqu\u00ed demandante ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados. Precisamente, en un asunto de similares contornos, la Sala sostuvo que <\/p>\n
frente a los motivos de censura alegados por el actor con respecto a la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb de la apertura del proceso, se verific\u00f3 que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia adelant\u00f3 todas las gestiones tendiente a su notificaci\u00f3n, sin que se haya podido localizar porque no se evidencia de las pruebas aportadas la existencia de otra direcci\u00f3n para la notificaci\u00f3n del profesional del derecho y, adem\u00e1s, ten\u00eda desactualizada su informaci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados, deber que se le impone con fundamento en lo establecido en el numeral 15 del art\u00edculo 28 de la ley 1123 de 2007, por lo cual no encuentra la Sala que la situaci\u00f3n de la que se duele el recurrente sea imputable a la autoridad acusada (STC16663-2019). <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, la Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ha de tenerse en cuenta que el actor no elev\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna de cara al proceso disciplinario que se le inicio, -por cuanto fue notificado por los despachos judiciales en las direcciones suministradas por \u00e9l ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados-, especialmente, el recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado proferida el 8 de mayo de 2020. Sumado a ello, de considerar la indebida vinculaci\u00f3n al juicio disciplinario, cont\u00f3 con la herramienta procesal de las nulidades \u2013conforme lo estipulado el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso-. Por lo tanto, el gestor tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad8. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, debe destacarse que la prerrogativa de defensa del actor fue resguardada por los jueces de instancia, pues en primer lugar se resalta que el accionante tuvo conocimiento de las comunicaciones surtidas en el juicio \u2013de acuerdo con las direcciones registradas en el Registro Nacional de Abogados-. Adem\u00e1s, ante su ausencia en el tr\u00e1mite disciplinario, le fue nombrado defensor de oficio. De cara a lo resaltado, la Sala, en casos similares, ha sostenido que <\/p>\n
Aunado a lo anterior, y en lo que refiere a la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, advierte la Corte que, ante la no comparecencia del togado (aqu\u00ed accionante) a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, se procedi\u00f3 a darle aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite emplazatorio previsto en el art\u00edculo 104 de la Ley 1123 de 2007, design\u00e1ndosele como defensor de oficio al se\u00f1or Jaime Andr\u00e9s Escudero Duarte, qui\u00e9n posteriormente fue relevado por Andr\u00e9s Felipe Acevedo Garc\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed pues, al nombr\u00e1rsele defensor de oficio y este a su vez defender los intereses de su representado en la audiencia de juzgamiento celebrada el 24 de octubre de 2019, se entiende garantizado el derecho a la defensa del promotor, por lo tanto, no se evidencia una vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental implorado que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela (STC16663-2019). <\/p>\n
Y, en otro asunto, sobre el mismo t\u00f3pico, expuso que <\/p>\n
Ante tal recuento procesal, para el Despacho no hubo lugar a la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, pues s\u00ed hubo conocimiento del proceso disciplinario, se libraron las correspondientes comunicaciones a las direcciones registradas en el Registro Nacional de Abogados y se le garantiz\u00f3 el derecho de defensa al nombrar un defensor de oficio (STC15551-2021). <\/p>\n
5. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 5 a 16 del archivo PDF \u00ab1-. Acta Reparto Queja Anexos 2017-02147\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 9 del archivo PDF \u00ab4-. Sentencia comunicaciones 2017-02147\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab12 Providencia Totalmente Firmada\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de octubre de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de octubre de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Direcciones de la oficina y de su direcci\u00f3n de residencia. <\/p>\n
7\u0002 Folio 1 del archivo PDF \u00ab2-Apertura Comunicaciones 2017-2147\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, en un caso de situaci\u00f3n f\u00e1ctica an\u00e1loga, la Corte se\u00f1al\u00f3 que: Y no se diga que tal prove\u00eddo no contempl\u00f3 todas las presuntas irregularidades que hoy se denuncian por esta senda constitucional, comoquiera que, si no fue as\u00ed, se debi\u00f3 a que el accionante omiti\u00f3 alegar tales vicisitudes en la solicitud de nulidad o en el recurso de apelaci\u00f3n, ambos incoados ante los jueces de conocimiento. Dicha circunstancia impide que el juez constitucional pueda evaluar el correspondiente tr\u00e1mite de instancia, ya que no se acredita el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad (STC15551-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala ha sostenido que: \u00ab(\u2026) si [el actor] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (STC9546-2017. Reiterado en STC15551-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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