STC14481-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14481-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01769-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Carmenza Ceballos de Henao contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscal de la Protecci\u00f3n Social -U.G.P.P.- y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2019-00151. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, buen nombre, honra, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas, \u00abbuena fe, confianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abrespeto del acto propio\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. Posterior al deceso, solicit\u00f3 ante la UGPP el pago de la pensi\u00f3n post mortem y la de sobrevivientes; sin embargo, la entidad las neg\u00f3, por considerar que el se\u00f1or Henao Hurtado no dej\u00f3 acreditado el requisito objetivo para acceder a dicha prestaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la UGPP, para que le reconocieran las pensiones anteriormente referidas, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Pereira, el cual dict\u00f3 sentencia el 10 de septiembre de 2019 y reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n especial anticipada de vejez a Bernardo Henao Hurtado, a partir del 19 de abril del a\u00f1o 2016 y hasta el 20 de junio del mismo a\u00f1o, pero neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la tutelante, al establecer que la declaraci\u00f3n juramentada que ella present\u00f3 no era prueba suficiente para demostrar el requisito de convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os. <\/p>\n
2.4. El 2 de junio de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, al desatar la alzada interpuesta, modific\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo, para condenar a la UGPP a pagar un retroactivo pensional a favor de la masa sucesoral del se\u00f1or Henao Hurtado, \u00abpor las mesadas pensionales causadas entre el 19\/04\/2016 y el 20\/06\/2016 que estim\u00f3 en $2\u2019488.779\u00bb, y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.5. El 7 de marzo de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL864-2022, resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.6. En criterio de la promotora, si las autoridades judiciales accionadas hubieran efectuado una valoraci\u00f3n probatoria, \u00absin incluir la subjetividad de que la Declaraci\u00f3n Juramentada de Convivencia era \u201cprefabricada\u201d\u00bb, habr\u00edan concluido que sus \u00abaseveraciones encontraban respaldo, adem\u00e1s, en una serie de documentos e indicios que ineludiblemente llevaban a demostrar que lo por m\u00ed declarado [\u2026] era lo que en realidad aconteci\u00f3\u00bb. Resalt\u00f3 que, de persistir la incertidumbre, \u00abera imperativo hacer uso del poder oficioso, tanto por que no se trataba de una prueba por m\u00ed construida sino el cumplimiento de una obligaci\u00f3n impuesta por una autoridad [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 a dejar sin efectos las determinaciones emitidas por las autoridades judiciales accionadas y, en consecuencia, ordenar al fallador de instancia realizar un an\u00e1lisis probatorio de la declaraci\u00f3n juramentada de convivencia y, de ser necesario, disponer pruebas de oficio para verificar el requisito de convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os, que garantice su derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que el amparo deb\u00eda negarse, toda vez que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con sustento en la ley y en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, pues, en su sentir, no se configur\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas reclamadas, dado que las decisiones adoptadas \u00abse ajustaron al ordenamiento legal\u00bb. Indic\u00f3 que la tutelante pretende desconocer la existencia de cosa juzgada en su caso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por considerar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, m\u00e1xime teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que \u00abning\u00fan an\u00e1lisis se hace de manera concreta sobre los defectos formulados contra las decisiones judiciales atacadas, al punto que es palmaria la ausencia de al menos un contraargumento que de manera directa los confronte\u00bb, vulnerando de esta manera su derecho a \u00abser o\u00edda en sede constitucional y que se desvirt\u00faen los cargos\u00bb. <\/p>\n
2. Estando en tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- solicit\u00f3 confirmar el fallo de primera instancia, pues en las decisiones proferidas \u00abno solo se realiz\u00f3 un estudio juicioso del material probatorio de la situaci\u00f3n de quien acciona sino de la normativa que regulaba la prestaci\u00f3n de sobrevivientes solicitada\u00bb, para llegar a la conclusi\u00f3n de que \u00abno demostr\u00f3 convivencia con el causante dentro de los \u00faltimos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se dejen sin efectos las determinaciones emitidas por las autoridades judiciales accionadas y, en su lugar, que se ordene al fallador de instancia realizar un an\u00e1lisis probatorio de la declaraci\u00f3n juramentada de convivencia y, de ser necesario, decretar pruebas de oficio, para verificar el requisito de convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os, que confirme su derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, pues esta defini\u00f3 el asunto, se observa que la Sala acusada, luego de mencionar ciertas deficiencias de orden t\u00e9cnico en la presentaci\u00f3n del recurso, expuso que, si estas se dejaran de lado, las pretensiones de la actora tampoco saldr\u00edan avante. <\/p>\n
3.1. Al respecto, precis\u00f3 que, como el se\u00f1or Bernardo Henao Hurtado \u00abfalleci\u00f3 el 20 de junio de 2016 y complet\u00f3 los requisitos de la pensi\u00f3n anticipada de vejez por invalidez, el 19 de abril de 2016, dejando causado el derecho reclamado en esta demanda, a partir del momento de su muerte\u00bb, esto implicaba que, en el presente asunto, no se trataba de un afiliado, sino de un pensionado, por lo que era viable exigir un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os \u00abseg\u00fan los t\u00e9rminos del literal a) del art\u00edculo 13 de le Ley 797 de 2003 y no el solicitado en el recurso de casaci\u00f3n, que solo aplica cuando el causante es un afiliado\u00bb, caso en el que solo basta con acreditar la existencia del v\u00ednculo de comunidad de pareja, con vocaci\u00f3n de permanencia real, efectiva y vigente al momento del \u00f3bito del asegurado. <\/p>\n
Luego, hizo menci\u00f3n del criterio expuesto en las sentencias CSJ SL1905-2021 y CSJ SL2820-2021, de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, para se\u00f1alar que no existi\u00f3 equivocaci\u00f3n alguna del juez plural, al exigirle la acreditaci\u00f3n del tiempo m\u00ednimo de convivencia, requisito que no se prob\u00f3, dado que: <\/p>\n
el expediente administrativo (digital), contiene una serie de resoluciones, que nada informan sobre la convivencia entre la actora y el de cujus, al limitarse a negar tanto las solicitudes de pensi\u00f3n de vejez, como la de sobrevivientes, pero por no reunir las semanas indicadas en la ley. <\/p>\n
Es m\u00e1s, el argumento de la censura est\u00e1 encaminado a mostrar que la direcci\u00f3n relacionada en los medios insertos en la carpeta de la investigaci\u00f3n administrativa, que comprenden las resoluciones pensionales, sus actas de notificaci\u00f3n, la historia laboral y las certificaciones de ofrenda, era la misma, situaci\u00f3n que, con contundencia, no tiene la vocaci\u00f3n de acreditar la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte, ya que lo pretendido, en \u00faltimas, es realizar una serie de elucubraciones, conjeturas, suposiciones, hip\u00f3tesis o inferencias, para arribar al desenlace pretendido, lo cual no es posible en este recurso extraordinario, pues el error de hecho, debe brillar \u00abal ojo\u00bb (sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL, 14 nov 2012, rad. 37812). <\/p>\n
Igualmente, anot\u00f3 que, en cuanto al registro civil de matrimonio, dicho documento tampoco era id\u00f3neo para acreditar la convivencia, dado que este solo muestra que se contrajeron nupcias, pero no registra datos relacionados con la convivencia, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en las sentencias CSJ SL1706-2021 y CSJ SL3045-2020; asimismo, en lo relacionado con la certificaci\u00f3n laboral y el dictamen pericial, enfatiz\u00f3 que \u00abno son aptas en la casaci\u00f3n del trabajo\u00bb y, frente a la declaraci\u00f3n extraprocesal rendida por la se\u00f1ora Carmenza Ceballos de Henao, acot\u00f3 que no pod\u00eda otorg\u00e1rsele el efecto pretendido, toda vez que \u00abser\u00eda avalar que las partes crearan las pruebas para su beneficio\u00bb. <\/p>\n
3.2. En lo atinente al cuestionamiento de que \u00abera imperativo hacer uso del poder oficioso\u00bb, aludi\u00f3 a la sentencia CSJ SL872-2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente se pronunci\u00f3 sobre las pruebas oficiosas en los procesos del trabajo, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
como en m\u00faltiples veces lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, es tema orientado a obtener el \u2018completo\u2019 esclarecimiento de los hechos controvertidos en el proceso (art\u00edculo 54 C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), o lo \u2018necesario\u2019 para resolver la apelaci\u00f3n o la consulta (art\u00edculo 83 ibidem), pero, en modo alguno, un mecanismo mediante el cual se pueda desplazar, reemplazar o relevar a las partes de la \u2018iniciativa probatoria\u2019 que conforme a las reglas de la carga de la prueba les compet\u00eda de acuerdo con el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para entonces, por ser incuestionable la vigencia de la regla probatoria del onus probandi\u2026 <\/p>\n
\u2026las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en materia de pr\u00e1ctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ning\u00fan caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe: Al demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acci\u00f3n. Al demandado, acreditar aquellos en que base su defensa. <\/p>\n
El desinter\u00e9s o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el Juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuaci\u00f3n de \u00e9ste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal. <\/p>\n
De otra parte, si el Juez no cumple con su deber de decretar o de practicar las pruebas que le fueron pedidas, ese incumplimiento no envuelve quebranto aducible en casaci\u00f3n de las normas instrumentales que le ordenan proceder celosamente en el tr\u00e1mite de los procesos, como medio para alegar el desconocimiento de textos sustanciales de la ley, sino que apenas comprometer\u00eda la responsabilidad personal del funcionario frente a los litigantes por las omisiones en que hubiere incurrido… <\/p>\n
Frente a lo afirmado por la recurrente sobre la \u00absustracci\u00f3n, de manera injustificada, de una parte fundamental de la investigaci\u00f3n administrativa presentada como prueba en el despacho de instancia\u00bb, resalt\u00f3 que esto no sucedi\u00f3, pues, seg\u00fan el expediente digital, sobre dicho aspecto \u00abno trat\u00f3 la alzada\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed, concluy\u00f3 que, al no encontrarse demostrado que la se\u00f1ora Carmenza Ceballos de Henao hubiera acreditado los supuestos sobre los que soportaba sus aspiraciones, lo pertinente era desestimar los cargos. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada por la actora, al establecer que no se cumpli\u00f3 con el requisito contemplado en el literal a) del art\u00edculo 13 de le Ley 797 de 2003, esto es, acreditar un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os, criterio que se ajusta a lo definido por la Sala Casaci\u00f3n Laboral permanente en su calidad de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, en las sentencias CSJ SL1905-2021, SL2820-2021. <\/p>\n
4.1. En t\u00e9rminos similares, esta Sala neg\u00f3 una tutela, en la cual se cuestionaba una decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, que \u00abdispuso no casar el prove\u00eddo de segundo grado\u00bb, al encontrar que, en efecto, \u00abno se demostr\u00f3 la convivencia (\u2026) por espacio de cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento\u00bb del causante, quien era pensionado, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por la interesada, relacionados con la acreditaci\u00f3n de la convivencia en los \u00faltimos cinco a\u00f1os de vida del causante (art. 13 de la Ley 797 de 2003), la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que no existi\u00f3 un error en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios adosados, toda vez que: <\/p>\n
(\u2026) de las pruebas denunciadas no logra evidenciarse la existencia del supuesto f\u00e1ctico que ech\u00f3 de menos el sentenciador, esto es, una convivencia estable y continua de la pareja durante al menos cinco a\u00f1os\u2026 <\/p>\n
A su turno, adujo que <\/p>\n
(\u2026) al no evidenciarse yerro alguno respecto de las pruebas calificadas, a la Sala no le es posible verificar la valoraci\u00f3n de los testimonios denunciados por la censura (\u2026). En todo caso, a\u00fan si por holgura se pudieran estudiar, lo cierto es que el contenido de la prueba testimonial coincide con las conclusiones del Tribunal en cuanto consider\u00f3 que ella no corroboraba la convivencia alegada por la actora, pues, solo informaba sobre la vecindad del causante y tambi\u00e9n de la promotora. <\/p>\n
Para concluir que,\u2026 <\/p>\n
\u2026la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la recurrente y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que la precursora no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de esta especial justicia (CSJ STC15541-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se observa en el asunto que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
4.3. De otra parte, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. Cabe destacar que, en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, que: <\/p>\n
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC13815-2021, CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14481-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14481-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01769-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68270","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68270"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68270\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}