STC14483-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14483-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00503-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Roger Agudelo Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Juan David Saldarriaga Franco y Alejandro Schlotterbeck G\u00f3mez. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Juan David Saldarriaga Franco promovi\u00f3 el mencionado proceso contra el accionante y Alejandro Schlotterbeck G\u00f3mez, dado que no rindieron cuentas debidamente soportadas, en desarrollo de unos negocios adelantados por la Comercializadora Agropecuaria de Antioquia S.A.S. -C.A.D.A., de la cual Saldarriaga Franco y Schlotterbeck G\u00f3mez eran socios y el ac\u00e1 actor administrador. <\/p>\n
En el libelo introductorio se relacion\u00f3, en el ac\u00e1pite de pruebas documentales, el \u00abdictamen pericial, estado de resultados contables desde el mes de agosto de 2013 a febrero de 2015, realizado por la contadora LILIANA RAMIREZ ZAPATA con soportes de ingresos y egresos de la compa\u00f1\u00eda CADA (A\u2013 Z No 1 a 4)\u00bb. <\/p>\n
Admitida la demanda el 22 de julio de 2016, se notific\u00f3 al aqu\u00ed accionante de forma personal el 22 de agosto siguiente, haciendo entrega de la copia de la demanda y sus anexos, seg\u00fan la correspondiente acta1. <\/p>\n
El accionado contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abFalta de causa para pedir\u00bb, pues \u00e9l fue el representante comercial y no el administrador; adem\u00e1s, solicit\u00f3 pruebas, entre ellas, el interrogatorio de \u00abLiliana Ram\u00edrez, contadora de C.A.D.A.\u00bb2. <\/p>\n
El 26 de enero de 2018 se llev\u00f3 a cabo la diligencia contemplada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que se decretaron pruebas, entre estas, las de la parte demandante, disponiendo que se escuchar\u00eda a Liliana Ram\u00edrez Zapata, no como perito, \u00absino sobre la obligaci\u00f3n de los demandados de rendir cuentas\u00bb, y se dispuso que no se decretar\u00eda el dictamen pericial solicitado, \u00abtoda vez que la finalidad del mismo no hace parte de esta etapa procesal\u00bb3. <\/p>\n
En la audiencia del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, adelantada el 6 de junio de 20184, se declararon no probadas las excepciones de fondo propuestas y se orden\u00f3 a los demandados rendir cuentas a la sociedad accionante. Apelada esta decisi\u00f3n por las partes, el 9 de abril de 20195, el Tribunal Superior de Medell\u00edn mantuvo la orden, pero s\u00f3lo respecto al accionado Roger Agudelo Restrepo6, quien posteriormente present\u00f3 el escrito de rendici\u00f3n de cuentas el 6 de junio de 2019, el cual fue objetado por el demandante7. <\/p>\n
Por auto del 1 de octubre de 20218 se requiri\u00f3 a las partes, para que aportaran copia del dictamen pericial relacionado en la demanda, en caso de contar con este, \u00abtoda vez que revisado el expediente se echa de menos dicha prueba, y luego de una b\u00fasqueda minuciosa (\u2026) no fue posible su ubicaci\u00f3n\u00bb, y fij\u00f3 el 25 de octubre de 2021 fecha para realizar la audiencia de reconstrucci\u00f3n del dictamen, de conformidad con el numeral 2 del art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso. Llegada la fecha, se suspendi\u00f3 la diligencia, para que la parte demandante contactara a la contadora que elabor\u00f3 el dictamen obrante en los folios a reconstruir. <\/p>\n
La diligencia continu\u00f3 el 17 de noviembre de 20219, en la que la parte activa puso a disposici\u00f3n una memoria USB con los documentos contentivos del dictamen, y la parte demandada asinti\u00f3 la propuesta del juez sobre el traslado por cinco d\u00edas de ese contenido. Frente a ello, en escrito del 24 de noviembre de 2021, el accionado se opuso, bajo el argumento de que, revisados los documentos de la USB, estos no hab\u00edan sido entregados en su momento con el traslado de la demanda. <\/p>\n
El 16 de agosto de 202210 se adelant\u00f3 la audiencia y el expediente fue reconstruido parcialmente \u00abrespecto al documento denominado \u201cDictamen pericial, estado de resultados contables desde el mes de agosto de 2013 a febrero de 2015, realizado por la contadora Liliana Ram\u00edrez Zapata (…)\u00bb, enunciado en la demanda, y se orden\u00f3 continuar con el proceso. Contra esta decisi\u00f3n, el demandando interpuso recursos, siendo resuelto desfavorablemente el de reposici\u00f3n y denegada la alzada, \u00abpor no ser la decisi\u00f3n susceptible de tal recurso\u00bb. <\/p>\n
El 24 de agosto de 2022, el Juzgado decret\u00f3 las pruebas para resolver el incidente de objeci\u00f3n de las cuentas presentadas, teniendo en cuenta todos los documentos aportados y ordenando como prueba de oficio un dictamen pericial, para que se estableciera el valor total de la diferencia entre las cuentas rendidas por el demandante y las del demandado. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que, cuando le notificaron la demanda, no le entregaron los documentos enunciados en el ac\u00e1pite de pruebas, en particular lo relacionado con el dictamen pericial, situaci\u00f3n que puso de presente el 17 de noviembre de 2021, reparo que \u00abno tuvo ning\u00fan efecto\u00bb, pues finalmente se tuvo por reconstruido. Aleg\u00f3 que el Juzgado ech\u00f3 de menos las piezas faltantes 6 a\u00f1os despu\u00e9s y que, al no ser conocidos esos documentos, se vulnera su derecho a la defensa, pues con estos pretend\u00eda sustentar el dinero faltante y el juramento estimatorio de la demanda. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se declare la nulidad constitucional de la decisi\u00f3n tomada en la audiencia del 16 de agosto de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Circuito de Envigado expuso que su decisi\u00f3n est\u00e1 acorde con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n parcial del expediente y aclar\u00f3 que los documentos extra\u00f1ados no fueron objeto de valoraci\u00f3n probatoria al momento de emitirse la sentencia, puesto que en ella solo se establece la obligaci\u00f3n de rendir cuentas en cabeza del demandado, por lo que no se evidencia perjuicio alguno derivado de la incorporaci\u00f3n de tales documentos al expediente, los cuales pueden ser controvertidos en el incidente de objeci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo pretendido, tras establecer que el Juzgado accionado agot\u00f3 rigurosamente el tr\u00e1mite previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para la reconstrucci\u00f3n parcial del expediente, concretamente el dictamen pericial relacionado en la demanda y advirti\u00f3 que, si bien el tutelante \u00abafirma que no le fue entregado copias del citado dictamen con el traslado de la demanda, esta situaci\u00f3n no fue objeto de reparo en la contestaci\u00f3n al libelo demandador\u00bb, con lo cual se sane\u00f3 cualquier irregularidad que se hubiera podido presentar en la notificaci\u00f3n. Adicionalmente, esa prueba no fue objeto de valoraci\u00f3n en la sentencia e, incluso, se deneg\u00f3, porque no era requerida en esa etapa, sino en la posterior rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida en la audiencia del 16 de agosto de 2022, mediante la cual se tuvo por reconstruido parcialmente el expediente, particularmente en cuanto al dictamen pericial anunciado en la demanda, y se orden\u00f3 continuar con el proceso, pues argumenta que, cuando fue notificado de la demanda, ese medio probatorio no fue entregado con el traslado. <\/p>\n
2. Verificado el material probatorio, se observa que el Juzgado convocado, mediante auto del 1 de octubre de 2021 (que no fue objeto de recurso alguno), dispuso iniciar el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n del expediente, particularmente en cuanto a los documentos ya mencionados; posteriormente, el 17 de noviembre de 2021, el demandante puso a disposici\u00f3n de las partes la USB con los documentos extra\u00f1ados. <\/p>\n
Durante el traslado de los soportes allegados, el aqu\u00ed accionante manifest\u00f3 su inconformidad en el hecho de que aqu\u00e9llos no le fueron entregados con el traslado en el acto de enteramiento. <\/p>\n
Instaurada la audiencia para resolver el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n, el 16 de agosto de 2022, el Juzgado determin\u00f3 que la objeci\u00f3n no estaba llamada a prosperar, dado que estos se anunciaron en la demanda, tanto al efectuarse el juramento estimatorio, como en la relaci\u00f3n de pruebas, y su entrega fue confirmada con el sello de presentaci\u00f3n personal, que dio cuenta de un total de 3723 folios. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el hecho de que tales documentos no se hubieran entregado con el traslado (pues en el acta de notificaci\u00f3n no se dej\u00f3 establecido el n\u00famero de folios), implica que posiblemente para ese momento ya se hab\u00edan extraviado, pero no significa que los folios a reconstruir conllevaran la incorporaci\u00f3n de nuevas pruebas al proceso, pues en la demanda se hicieron referencias espec\u00edficas sobre su contenido, que coincid\u00edan con lo aportado en la USB. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no se desconoci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n y defensa de la parte demandada, pues los documentos objeto de reconstrucci\u00f3n fueron allegados como prueba del juramento estimatorio y no se valoraron al momento de dictar sentencia, dado que esta defini\u00f3 exclusivamente la obligaci\u00f3n legal del accionado de rendir cuentas, pues el valor de lo adeudado (que pretend\u00eda probarse con el dictamen) se iba a resolver en el incidente de objeci\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas que se tramita con posterioridad al fallo; en consecuencia, decidi\u00f3 tener por reconstruido parcialmente el expediente y orden\u00f3 la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Frente a esa decisi\u00f3n, el demandado present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n11, reiterando que los documentos reconstruidos no hab\u00edan sido entregados en el traslado, pero el Juzgado confirm\u00f3 su decisi\u00f3n bajo los mismos argumentos y rechaz\u00f3 la alzada, por no estar enlistada en el art\u00edculo 321 del CGP. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron razonablemente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
3.1. En efecto, el Juzgado del Circuito accionado, luego de evacuar el tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, tuvo por reconstruido parcialmente el expediente en relaci\u00f3n con los documentos alusivos al dictamen pericial anunciado en la demanda, los cuales, una vez allegados, no fueron objetados por el aqu\u00ed accionante en cuanto a su identidad con los inicialmente radicados, sino, porque, seg\u00fan su dicho, no le fueron entregados con el traslado inicial del libelo introductorio. <\/p>\n
En ese orden, advierte la Sala que tal irregularidad no fue puesta de presente ante el juez de conocimiento en su momento, esto es, en la contestaci\u00f3n, a pesar de que el dictamen pericial fue enunciado en el ac\u00e1pite de pruebas de la demanda, con lo que ese puntual reparo no cumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Igualmente, se observa que las r\u00e9plicas al contenido del dictamen y la eventual valoraci\u00f3n corresponden a una etapa posterior a la sentencia, que actualmente se encuentra en curso, pues, en auto del 24 de agosto de los corrientes, se decretaron las pruebas para desatar la objeci\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas presentada, lo que evidencia, adem\u00e1s, que el asunto se encuentra en tr\u00e1mite ante el juez natural y que es en ese escenario que se debe ejercer el derecho de defensa. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb12. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 100 y 105, cuaderno principal, Carpeta 001, expediente 2015-00692. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 108, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 271, ibidem <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 280, ibidem <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 44, documento \u00fanico, carpeta C004, expediente 2015-00692. <\/p>\n
6\u0002 En lo que respecta a sus funciones de compra y venta de los productos comercializados por la compa\u00f1\u00eda y el recibo de dineros de los clientes por pago de facturas entre el 29 de agosto de 2011 y el 15 de marzo de 2015. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1gina 304, Carpeta C002, expediente 2015-00692. <\/p>\n
8\u0002 Documento 01, expediente 2015-00692. <\/p>\n
9\u0002 Documento 05, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Documento 08, ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Minuto 20:30. <\/p>\n
12\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14483-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14483-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00503-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68272\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}