STC14487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 85001-22-08-000-2022-00187-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2022 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Yopal, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Flor Stella Vaca Mondrag\u00f3n contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, Bancolombia S.A. y Reintegra S.A.S. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, vivienda digna, igualdad, informaci\u00f3n, confianza leg\u00edtima y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por los accionados en el curso del proceso de reorganizaci\u00f3n 85001310300320160040700. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Bancolombia promovi\u00f3 una demanda ejecutiva hipotecaria contra Flor Stella Vaca Mondrag\u00f3n, que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal1, el cual libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de agosto de 2016 y, el 16 de marzo de 20172, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y la subasta del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 470-33264. <\/p>\n
2.2. El 10 de julio de 2017, la actora, representada por el promotor designado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial que ella inici\u00f3, inform\u00f3 la apertura de este tr\u00e1mite, por lo que, con auto del 14 de septiembre siguiente3, el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad dispuso el env\u00edo del juicio ejecutivo al de reorganizaci\u00f3n de radicado 2016-00407. <\/p>\n
2.3. Como el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no fue presentado en el t\u00e9rmino de cuatro meses establecido, por auto del 14 de mayo de 20194 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n y se dio apertura al de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, en el que se orden\u00f3 el embargo y secuestro de todos los bienes de propiedad de la deudora aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.4. Contra la anterior decisi\u00f3n, la actora interpuso apelaci\u00f3n, que fue negada el 20 de enero de 2020, por improcedente. Frente a esta determinaci\u00f3n impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de queja. El 3 de febrero de 20225, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n y neg\u00f3, por improcedente, el recurso de queja; asimismo, comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul Casanare, para efectuar la diligencia de secuestro y la toma de posesi\u00f3n por parte del liquidador sobre el inmueble identificado con FMI 470-33264, ubicado en el referido municipio, as\u00ed como la motocicleta de placas NBE60C, ambos de propiedad de la tutelante. <\/p>\n
2.5. La promotora, v\u00eda tutela, considera que, en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por Bancolombia, se liquid\u00f3 la tasa de inter\u00e9s \u00abalterando lo ordenado en la norma constitucional (Art. 51), ley de vivienda 546\/99, sentencia de la Corte Constitucional C-955\/00, sentencia Constitucional SU-813 de \/07\u00bb, al igual que lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n Externa 3 del 2 de mayo de 2012 emitida por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Adujo que Bancolombia realiz\u00f3 cesi\u00f3n \u00abde los derechos litigiosos sin entregar la garant\u00eda hipotecaria, para no liquidar el cr\u00e9dito con la normativa de la Ley de vivienda 546\/99, sino para desentenderse de los cobros en exceso\u00bb y no comunic\u00f3 lo pertinente \u00aba la deudora, como tampoco lo hizo el cesionario\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado accionado que se abstenga de realizar la \u00abdiligencia de remate\u00bb en el proceso de reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como \u00abhacer extensivo el Art\u00edculo 1684 del C\u00f3digo Civil, para no ser obligada a pagar m\u00e1s de lo que honestamente puedo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y se\u00f1al\u00f3 que los hechos que la actora expuso en la tutela debieron ser alegados en su momento en el proceso ejecutivo 2016-00878 adelantado por BANCOLOMBIA SA, por ser este el escenario id\u00f3neo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el inicio del tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n de los bienes de la deudora obedeci\u00f3 al hecho de haberse acogido al proceso de recuperaci\u00f3n y a que en este no se present\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y agreg\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, no se ha ordenado remate alguno de los bienes de la deudora. <\/p>\n
2. Bancolombia respald\u00f3 las actuaciones tanto del proceso ejecutivo hipotecario como del de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, en consideraci\u00f3n a que, de un lado, la accionante no aleg\u00f3 en sede judicial lo que pretende por este mecanismo expedito, relativo a la incorrecta liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito de vivienda e inaplicabilidad de Ley 546 de 1999, as\u00ed como el hecho de no haber tenido en cuenta la inconsistencia que se presenta en la tasa de inter\u00e9s con la que se liquid\u00f3 el cr\u00e9dito y, de otro lado, porque el amparo resulta prematuro, toda vez que, en \u00abel proceso con radicado 85001-31-03-003-2016-00407-00, no se se\u00f1al\u00f3 o program\u00f3 audiencia de remate, la juez mantuvo fue la decisi\u00f3n de comisionar para llevar a cabo diligencia de secuestro y toma de posesi\u00f3n de los bienes de la deudora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien manifest\u00f3 que Bancolombia, desde el momento del desembolso, \u00abme viol\u00f3 el debido proceso seg\u00fan los art\u00edculos 20 y 21 de la ley 546 del 23 de diciembre de 1999, donde estamos, adem\u00e1s, frente a un fraude procesal, seg\u00fan el precepto de la Corte Constitucional en la Sentencia C-955\/2000\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si el Juzgado accionado ha vulnerado las prerrogativas fundamentales de la promotora en el tr\u00e1mite del proceso de reorganizaci\u00f3n de radicado 2016-00407-00. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que, si bien la accionante cuestiona que no se dio cumplimiento a la ley de vivienda 546 de 1999 en el proceso ejecutivo promovido por Bancolombia, que no se tuvieron en cuenta las inconsistencias evidenciadas con la tasa de inter\u00e9s con la que se liquid\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario y que no se le notific\u00f3 la cesi\u00f3n de este, lo cierto es que ella no reclam\u00f3 ante el juez natural lo que alega a trav\u00e9s de la tutela objeto de estudio y, por tanto, esta es improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha manifestado que este instrumento constitucional no fue establecido para \u00absustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb6. <\/p>\n
3. De otro lado, consta en el expediente que, mediante auto del 3 de febrero de 2022, la autoridad judicial accionada comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul Casanare, para la diligencia de secuestro del inmueble identificado con matr\u00edcula 470-33264, conforme a las medidas decretadas en la apertura de la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n. Dicha determinaci\u00f3n fue objeto de recurso por parte de la ac\u00e1 actora y, mediante auto del 24 de abril del a\u00f1o en curso, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Como se observa, el estrado cognoscente no dispuso el remate del inmueble que la tutelante cuestiona, pues la \u00fanica medida que tom\u00f3 en relaci\u00f3n con este fue comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul Casanare, para la diligencia de secuestro, de suerte que, como la orden de ejecuci\u00f3n del remate no ha sido emitida, la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n de esa actuaci\u00f3n resulta prematura, pues el juez constitucional no puede adelantarse a definir un asunto que debe decidir, en la oportunidad pertinente, el juez natural y, por consiguiente, el amparo promovido no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha considerado que una tutela es prematura cuando no se conoce cu\u00e1l es la postura jur\u00eddica final que adoptar\u00e1 el juez natural, \u00abdesatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga (\u2026) y (\u2026) en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb7. <\/p>\n
4. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, dado que no se encuentran probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados, m\u00e1xime teniendo en cuenta que tales asuntos deben ser objeto de estudio y decisi\u00f3n por parte del juez competente, en el marco del proceso en el que la tutelante se encuentra vinculada y en el que, por consiguiente, puede ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acta de reparto, folio 80 Pdf 2016-00878 Con Principal. Carpeta remitidos, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 139-140 Pdf 2016-00878 Con Principal. Carpeta remitidos, expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 150 Pdf 2016-00878 Con Principal. Carpeta remitidos, expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta C01Principal, archivo 02, folio 232-240, expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Carpeta C01Principal, pdf15AutoResuelveRecurso, expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterado en CSJ STC3807-2018 y en CSJ STC, 2 jun. 2020, rad. 2020-00195-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14487-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14487-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 85001-22-08-000-2022-00187-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}