STC14489-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14489-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Alberto Cotes Ram\u00edrez en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2019-00119. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva, cosa juzgada y propiedad privada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor demand\u00f3, en acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa y de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, al se\u00f1or Reynaldo M\u00e1rquez Rueda. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla dict\u00f3 fallo el 17 de junio de 2021, desestimando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Inconforme con el anterior prove\u00eddo, el aqu\u00ed accionante lo apel\u00f3, y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia de 29 de marzo de 2022, lo revoc\u00f3, al declarar, oficiosamente, la nulidad absoluta del negocio de compraventa cuya ineficacia se buscaba y orden\u00f3 la restituci\u00f3n, a favor del demandante, de los c\u00e1nones de arrendamiento percibidos desde cuando se materializ\u00f3 la medida de embargo y representados en los t\u00edtulos judiciales debidamente constituidos, as\u00ed como del bien inmueble objeto del contrato. Parejamente, le orden\u00f3 al accionante restituir al interpelado las sumas de $188.839.096, por concepto del precio indexado pagado de la venta realizada, y $75.167.180 por intereses civiles. De otra parte, dispuso el levantamiento de las cautelares decretadas y practicadas sobre la finca ra\u00edz. <\/p>\n
2.4. En auto de 30 de junio ulterior, el Juzgado a quo dict\u00f3 auto de obedecimiento al superior. <\/p>\n
2.5. El 7 de julio de los cursantes, el aqu\u00ed promotor pidi\u00f3 (i) se expidiera oficio con destino a la Notar\u00eda Doce de Barranquilla, a fin de que se registrara la nulidad absoluta del instrumento p\u00fablico que conten\u00eda el contrato de venta; (ii) se requiriera a la \u00abparte demandada y\/o a la Administradora reconocida en este proceso como tal, ASESORAR INMOBILIARIA DEL CARIBE SAS\u00bb, para que restituyera la \u00abposesi\u00f3n y tenencia\u00bb del inmueble; (iii) que le entregaran los t\u00edtulos judiciales recaudados por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento, depositados por la arrendataria SERVIMERCADEO SAS \u00aby recibidos por la Administradora ASESORAR INMOBIIARIA DEL CARIBE SAS\u00bb, adem\u00e1s de \u00abpagar[le] directamente (\u2026) los c\u00e1nones de arrendamiento que llegaren a faltar (\u2026)\u00bb; y (iv) que se instara a \u00abAsesorar INMOBILIARIA DEL CARIBE SAS, (autorizada y reconocida como tal para seguir recibiendo los c\u00e1nones de arriendo y constituirlos en dep\u00f3sitos judiciales)\u00bb, a levantar el embargo de los c\u00e1nones de arrendamiento \u00aby que los siguientes desde junio de 2022 que siga recaudando (\u2026) [se] los siga cancelando a [\u00e9l] directamente (\u2026), como su leg\u00edtimo propietario inscrito y poseedor por la restituci\u00f3n (\u2026) ordenada\u00bb. <\/p>\n
2.6. El estrado a quo resolvi\u00f3 acerca de los anteriores pedimentos a trav\u00e9s de auto de 6 de septiembre de 2022. En \u00e9l, en lo pertinente, (i) comision\u00f3 a la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Barranquilla, para que practicara la diligencia de restituci\u00f3n del bien; (ii) neg\u00f3 la s\u00faplica dirigida a que se le permitiera disponer de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos por Asesorar Inmobiliaria del Caribe S.A.S., en tanto \u00abla sentencia de segunda instancia (\u2026) no orden\u00f3 nada al respecto\u00bb; (iii) desestim\u00f3 la petici\u00f3n enfilada a que se entregaran todos los t\u00edtulos judiciales recaudados por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, por cuanto, al haber \u00absumas de dinero pendientes por entregar por parte del demandante a la parte demandada\u00bb, operaba la compensaci\u00f3n legal prevista en el art\u00edculo 1715 del C\u00f3digo Civil, resultando que el tutelante deb\u00eda pagar $143.084.204,32; (iv) dispuso el levantamiento de las cautelares decretadas, incluyendo las reca\u00eddas sobre los c\u00e1nones de arrendamiento \u00abpendientes por pagar de la empresa SERVIMERCADEO SAS\u00bb; y (v) neg\u00f3 la solicitud de que las rentas causadas desde junio de 2022 se cancelaren directamente al aqu\u00ed impulsor, ya que eso no \u00abfue ordenado por el Tribunal Superior (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.7. En escrito de 12 de septiembre posterior, el demandante solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n del pronunciamiento precedente. <\/p>\n
3. El actor tacha de irregulares algunas de las determinaciones contenidas en el auto de 6 de septiembre de los cursantes, en particular, aquellas por las cuales se declar\u00f3 la compensaci\u00f3n de lo rec\u00edprocamente adeudado entre \u00e9l y el demandado M\u00e1rquez Rueda y en cuanto desestim\u00f3 el pedimento enfilado a que Asesorar Inmobiliaria del Caribe S.A.S. le siguiera pagando los c\u00e1nones de arrendamiento causados desde junio de 2022. <\/p>\n
Ello, en s\u00edntesis, porque el operador judicial tergivers\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues no dispuso que las deudas existentes entre ambos extremos procesales deb\u00edan compensarse; aunado a que de aqu\u00e9l fallo s\u00ed se coleg\u00eda que las rentas producidas por el inmueble eran suyas. <\/p>\n
4. Con estribo en lo narrado, pide dejar sin efectos las decisiones rese\u00f1adas, contenidas en el auto del 6 de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
5. En escrito radicado el 25 de octubre, el accionante aport\u00f3 unos documentos que daban cuenta del estado de sus deudas con una entidad financiera y con el Distrito de Barranquilla. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado accionado hizo un recuento de su gesti\u00f3n e inform\u00f3 el gestor pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n del auto del 6 de septiembre de 2022. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, porque estaba pendiente de resolverse la s\u00faplica de aclaraci\u00f3n elevada por el gestor en relaci\u00f3n con el pronunciamiento de 6 de septiembre de los cursantes y porque, una vez dichos pedimentos fueren zanjados, el tutelante contaba con la posibilidad de recurrir las decisiones del juzgado que estimaba irregulares. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito inicial y destac\u00f3, adem\u00e1s, que la tutela emerg\u00eda como el \u00fanico remedio id\u00f3neo para conjurar la lesi\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pide que se dejen sin efectos algunas de las determinaciones adoptadas en el auto de 6 de septiembre de 2022, emanado del juzgado querellado. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones procesales, advierte esta Sala que, en efecto, como lo dictamin\u00f3 el a quo constitucional, la salvaguarda propuesta es improcedente. <\/p>\n
N\u00f3tese que en contra el auto emitido el 6 de septiembre de 2022, el aqu\u00ed censor formul\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n, la cual, atendiendo a la informaci\u00f3n que obra en la foliatura, estaba pendiente de zanjarse al momento de presentaci\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
En ese orden, la Sala concluye la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro, dado que no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia de la autoridad natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026) (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha puntualizado que resulta apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia (ver cita en STC5325-2019, se subraya). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, se advierte que resuelto lo anterior lo procedente es que el gestor, presente las inconformidades antes el competente, atendiendo a lo previsto en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto establece que: \u00ab[l]a providencia que resuelva sobre la aclaraci\u00f3n no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podr\u00e1n interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaraci\u00f3n (\u2026)\u00bb (destacado fuera del original). <\/p>\n
La situaci\u00f3n que se acaba de evidenciar torna inviable el amparo propuesto, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que los planteamientos hayan sido resueltos en las instancias ordinarias, dado que el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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