STC14491-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14491-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01575-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Carolina Forero Torres contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cafam y a los intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2018-00487. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, dignidad humana, seguridad social, \u00abacceso a la recta impartici\u00f3n de justicia\u00bb y estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Carolina Forero Torres instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cafam, por haber sido despedida, sin tener en cuenta sus padecimientos de salud, relacionados con \u00abmolestias y dolores en las manos\u00bb, as\u00ed como con el \u00abs\u00edndrome del t\u00fanel carpiano\u00bb, y sin tener autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, por lo cual pidi\u00f3 que se declarar\u00e1 la estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, se condenara a la demandada al \u00abreintegro, pago de salarios dejados de pagar desde el momento de la terminaci\u00f3n de contrato de trabajo hasta mi reintegro efectivo, y el pago de la sanci\u00f3n de que trata la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 24 de abril de 2019, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la accionada de las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n que fue confirmada el 21 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. La se\u00f1ora Forero Torres interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, mediante decisi\u00f3n CSJ SL2386-2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.4. En criterio de la promotora, las autoridades judiciales accionadas desconocieron sus \u00abpadecimientos f\u00edsicos, causados por la actividad laboral desarrollada en vigencia del contrato de trabajo\u00bb, y \u00abdesobedecieron el precedente jurisprudencial vertical de la Corte Constitucional trazado en sentencia de unificaci\u00f3n SU-049 de 2017\u00bb. Enfatiz\u00f3 que las pruebas aportadas al proceso laboral \u00abno fueron valoradas adecuadamente, pues las mismas conducen a inferir sin asomo de duda, que al momento en que CAFAM termin\u00f3 el v\u00ednculo laboral, la suscrita se encontraba disminuida f\u00edsicamente\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abCASAR totalmente el fallo dictado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA \u2013 SALA LABORAL y acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral afirm\u00f3 que \u00absigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb permanente y que la decisi\u00f3n se justific\u00f3 \u00abrazonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que [se] apoy\u00f3\u00bb, las que la tutelante \u00abpretende mostrar como erradas, buscando con la acci\u00f3n, las resultas favorables de un proceso ordinario ya concluido\u00bb. <\/p>\n
2. Cafam indic\u00f3 que en el juicio se estudi\u00f3 debidamente el acervo probatorio y se resolvi\u00f3 adecuadamente el asunto. Resalt\u00f3 que lo pretendido era utilizar indebidamente la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al estimar que \u00abla autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso de referencia\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que, en su caso, respecto de la estabilidad laboral reforzada, se imprimi\u00f3 una interpretaci\u00f3n normativa \u00abdis\u00edmil a los lineamientos que ha trazado la Corte Constitucional\u00bb y, en esa medida, \u00abno es que se quiera interponer una tercera instancia, sino que el Juez de tutela examine con detenimiento los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante persigue la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, que considera vulneradas por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 12 de julio de 2022, que defini\u00f3, en \u00faltimas, el proceso ordinario laboral promovido contra Cafam, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 21 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por la tutelante, analiz\u00f3 el fondo del asunto y expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo dictado por el ad quem. <\/p>\n
3.1. Precis\u00f3 que los cuestionamientos se centraban en la interpretaci\u00f3n que el juez plural efectu\u00f3 respecto del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que presentan una cierta afectaci\u00f3n en su salud f\u00edsica, mental o sensorial. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia a lo contemplado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y al criterio fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en las sentencias CSJ SL6850-2016; CSJ SL11411-2017, CSJ SL3772-2018, CSJ SL711-2021 y destac\u00f3 que \u00abla estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud constituye un l\u00edmite especial a la libertad de despido unilateral con que cuentan los empleadores\u00bb, la cual propende por la \u00abconservaci\u00f3n del empleo y por la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n originada en la existencia de cualquier limitaci\u00f3n f\u00edsica o sensorial\u00bb. <\/p>\n
Luego, afirm\u00f3 que, acorde a lo indicado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL1360-2018, la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 debe ser sistem\u00e1tica, atendiendo a las dem\u00e1s fuentes jur\u00eddicas de protecci\u00f3n a las personas con discapacidad y, sobre todo, a su \u00abfinalidad y los bienes jur\u00eddicos que busca proteger, que no son otros que la no discriminaci\u00f3n en el empleo o, en otras palabras, la salvaguarda de la estabilidad laboral frente a comportamientos discriminatorios del empleador, fundados en deficiencias f\u00edsicas, sensoriales o mentales\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 tambi\u00e9n que, en la sentencia CSJ SL3723-2020, se indic\u00f3 que el prop\u00f3sito de dicha normativa era: <\/p>\n
(\u2026) brindar protecci\u00f3n contra la discriminaci\u00f3n en el trabajo, esto es, de recibir un trato diferente o excluyente por un motivo ileg\u00edtimo (entendida esta como lo prev\u00e9 el C111 de la OIT y los art\u00edculos 7 al 14 de la R169 que es complementaria o reglamentaria del C159), lo que, a su vez, se traduce en \u00abla materializaci\u00f3n de la readaptaci\u00f3n profesional y en el empleo de las personas con una discapacidad relevante en el trabajo, cuyo fundamento espec\u00edfico internacional, para el mundo del trabajo, se encuentra en el C159 y las recomendaciones 99 y 168 de la OIT. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que en la sentencia CSJ SL5700-2021 se indic\u00f3 que \u00abno toda afecci\u00f3n de salud es merecedora de la protecci\u00f3n foral\u00bb y, en esa medida, estableci\u00f3 que dicha afecci\u00f3n \u00abno est\u00e1 determinada por la existencia de una patolog\u00eda o una incapacidad m\u00e9dica\u00bb, sino por \u00abuna situaci\u00f3n objetiva, concretada en un grado de limitaci\u00f3n relevante\u00bb, que \u00abgarantice su finalidad y el efecto jur\u00eddico que busca proteger, esto es, se resalta, la no discriminaci\u00f3n en el empleo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la sentencia CSJ SL571-2021 se expuso que, a pesar de que la legislaci\u00f3n nacional e internacional no se\u00f1alaba expresamente una \u00abregla num\u00e9rica para identificar el grado de discapacidad, esta fue incorporada al art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2463 de 2001\u00bb, siendo esta \u00abimperativa en los casos en los cuales el despido acontece dentro de su vigencia, o ser\u00e1 \u201cpar\u00e1metro jurisprudencial\u201d, en los ocurridos con posterioridad a la misma\u00bb; y que, aunque dicho Decreto tuvo vigor, en principio, hasta el a\u00f1o 2013, lo cierto era que, conforme se indic\u00f3 en la sentencia CSJ SL711-2021, el \u00abinstrumento establecido para la calificaci\u00f3n de la discapacidad, previsto en el Decreto 917 de 1999, mantuvo su vigencia hasta la expedici\u00f3n del nuevo Manual de Calificaci\u00f3n de Invalidez, expedido mediante el Decreto 1507 de 2014\u00bb y, en consecuencia, la limitaci\u00f3n a partir de la cual se pod\u00eda hacer efectiva la protecci\u00f3n reclamada por la actora era \u00abla de grado por lo menos moderado, es decir, igual o superior al 15% de PCL\u00bb. <\/p>\n
En punto de lo se\u00f1alado, refiri\u00f3 que, por virtud del principio de la libertad probatoria, \u00aben el evento de que no exista una calificaci\u00f3n y, por lo tanto, se desconozca el grado de la limitaci\u00f3n que pone al trabajador en situaci\u00f3n de discapacidad, […] esta puede inferirse de su estado de salud\u00bb, para lo cual revis\u00f3 el material probatorio allegado, en especial, la historia cl\u00ednica de la se\u00f1ora Forero Torres y frente a ello encontr\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] unas manifestaciones, anteriores y posteriores al despido, en las que diferentes m\u00e9dicos dan cuenta de sus impresiones diagn\u00f3sticas (esto es, deducciones preliminares, sin car\u00e1cter definitivo) y proponen eventuales tratamientos, pero lo cierto es que, para la fecha de terminaci\u00f3n del nexo laboral, ninguna de esas condiciones era evidente, e incluso, los ex\u00e1menes m\u00e9dicos laborales peri\u00f3dicos indican que ella era apta para el cargo. <\/p>\n
En cuanto a recomendaciones m\u00e9dicas, las que en este caso constan en las documentales tra\u00eddas al proceso son posteriores al despido y, respecto de las que se alegan como mal valoradas, no se muestran entre las que se revisaron, tanto en el expediente f\u00edsico como en la versi\u00f3n digitalizada, pues el correo del 4 de junio de 2015, visto en el folio 49, que dice remitirlas al empleador, no las contiene. Por otra parte, as\u00ed existieran estas recomendaciones con la especificidad que se indica en el cargo segundo, en todo caso, en la historia cl\u00ednica ocupacional del 3 de junio de 2015 se concluy\u00f3 que, en ese momento, la censora era \u2014se itera\u2014 apta para el cargo, con lo que se desdice la notoriedad de su disminuida condici\u00f3n de salud, con impacto en el desempe\u00f1o laboral… <\/p>\n
En ese orden, es relevante recordar que el dictamen de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del 22 de febrero de 2018 (f.\u00ba 77 y ss., seg\u00fan el expediente f\u00edsico y f.\u00ba 82 en la versi\u00f3n digital), se limita a fijar el origen laboral del diagn\u00f3stico de \u00abS\u00edndrome del t\u00fanel carpiano (Derecho)\u00bb, sin establecer otras conclusiones. <\/p>\n
3.2. As\u00ed, determin\u00f3 que, al no encontrarse demostrado que la impugnante tuviera una condici\u00f3n tal, que supusiera la activaci\u00f3n a su favor de la protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, lo pertinente era desestimar los cargos. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada neg\u00f3 el beneficio de la estabilidad laboral reforzada solicitada por la tutelante, contenido en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, al evidenciar que, si bien la gestora parec\u00eda de dolencias osteomusculares en sus extremidades superiores, lo cierto era que no obtuvo un dictamen sobre el grado cuantitativo de la incidencia en su salud y no acredit\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral estructurada durante la vigencia de la relaci\u00f3n de trabajo igual o superior al 15%, que le produjera el efecto jur\u00eddico que deprec\u00f3, criterio que se ajusta a lo definido por la Sala Casaci\u00f3n Laboral permanente, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, en las sentencias CSJ SL571-2021, SL711-2021. <\/p>\n
4.1. En t\u00e9rminos similares, recientemente esta Sala neg\u00f3 una tutela, en la cual se cuestionaba una decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, que \u00abdispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia\u00bb, declar\u00f3 que la gestora \u00abno gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados (\u2026) que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de casaci\u00f3n Laboral soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente aplicable al caso concreto\u2026 <\/p>\n
\u201clas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. Por tanto, los fallos que la Corte Constitucional emita en sede de tutela, por regla general tienen efectos respecto a las partes involucradas en el tr\u00e1mite, es decir, inter partes, de modo que no es procedente que la regla en ella definida se aplique a terceros\u201d. (SL4609-2020). <\/p>\n
En punto a las sentencias SU-049 de 2017 y SU380 de 2021, se advierte que si bien la Corte Constitucional tiene establecido que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, dicha postura no ha sido acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin que ello revele una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, prevaleciendo el principio de autonom\u00eda judicial que impide al juez de tutela inmiscuirse en asuntos como el debatido, especialmente cuando la decisi\u00f3n estuvo fundamentada en la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, la cual no pod\u00eda ser desconocida por la accionada. (CSJ STC10680-2022, reiterada en CSJ STC13226-2022 y en CSJ STC13252-2022). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el asunto, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC13815-2021, CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021. <\/p>\n
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STC14491-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14491-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01575-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68278","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68278"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68278\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}