STC14492-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14492-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02507-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Manuel Antonio Mart\u00ednez Mar\u00edn contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, seguridad social, as\u00ed como el principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las normas colectivas, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abdejar sin efectos la sentencia de instancia SL4761-2021\u2026\u00bb; y que se \u00abprofiera un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los lineamientos que considere\u2026 en sentencia de tutela\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Manuel Antonio Mart\u00ednez Mar\u00edn promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Empresa de Servicio P\u00fablico de Aseo de Cali EMSIRVA ESP, con miras a que se ordenara el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2004-2007, as\u00ed como las mesadas dejadas de percibir desde que adquiri\u00f3 el derecho, con los reajustes legales y los intereses moratorios. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 26 de abril de 2011 el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali absolvi\u00f3 a la parte demandada, decisi\u00f3n que apelada fue confirmada el 22 de junio de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa cuidad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, el 28 de octubre de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n la cas\u00f3; y el 20 de octubre de 2021 se emiti\u00f3 fallo de reemplazo con el que se revoc\u00f3 la de 26 de abril de 2011, conden\u00f3 a Emsirva ESP al pago del mayor valor entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional y la de vejez reconocida por Colpensiones, representado en la mesada adicional, sin perjuicio de las mesadas que se siguieran causando, que se deber\u00edan indexar al momento de pago, y absolvi\u00f3 a la demandada del pago de intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que pidi\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional por acreditar 53 a\u00f1os de edad y 20 a\u00f1os de servicios en 2009, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Convenci\u00f3n; y que como le fue denegada la misma, promovi\u00f3 el juicio criticado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no se hizo una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la convenci\u00f3n en detrimento de los derechos adquiridos; que no se le reconocieron los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 para pensiones convencionales, pese a que se hab\u00eda establecido que proced\u00eda para todas las pensiones. <\/p>\n
2.6. Adujo que se incurr\u00eda en un defecto sustantivo, material y violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n; que la Sala acusada aplic\u00f3 una err\u00f3nea hermen\u00e9utica jur\u00eddica al considerar que la Convenci\u00f3n no contemplaba la forma de definir el IBL ni los factores salariales; que no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad; y que se configuraba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que la providencia criticada era razonable, pues fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y a los precedentes aplicables, por lo que no resultaba lesiva de prerrogativa esencial alguna; que el texto extralegal no concretaba el lapso e ingresos a considerar para calcular la base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, ni la tasa de reemplazo; que se explic\u00f3 que no era posible acudir al art\u00edculo 98 de dicha Convenci\u00f3n; que la improcedencia de los intereses moratorios contemplados en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 estuvo guiada por la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, en cuanto hab\u00eda se\u00f1alado que no aplicaban para pensiones convencionales; que la determinaci\u00f3n proferida preservaba las garant\u00edas de igualdad y debido proceso en favor de las partes, as\u00ed como la prevalencia de los derechos sustanciales; y que el accionante pretend\u00eda la reanudaci\u00f3n de un debate atendido y agotado en las instancias propias del proceso ordinario laboral adelantado. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la providencia revisada no comportaba los vicios alegados, susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo; que prevalec\u00eda el principio de autonom\u00eda judicial que imped\u00eda al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la atacada, la cual hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada; que la tutela no era una instancia adicional; que no se vulneraba el derecho a la igualdad porque no adjuntaron las decisiones que respaldaban su dicho; y que no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la tutela se sustent\u00f3 conforme a las exigencias establecidas por la Corte Constitucional; que la sentencia no se ajustaba a los hechos y derechos invocados; que no se estudiaron los defectos alegados; y que se deb\u00eda acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El texto convencional no concreta el lapso a considerar para calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n; tampoco, los factores salariales a tener en cuenta, ni la tasa de reemplazo a aplicar. <\/p>\n
El art\u00edculo 87 convencional prev\u00e9 que \u00abel valor de la mesada corresponder\u00e1 al porcentaje igual al estipulado por la ley\u00bb, de modo que, en materia de tasa de reemplazo, es perentorio remitirse a las normas en el r\u00e9gimen de prima media, vigentes al momento en el que se configur\u00f3 el derecho pensional. <\/p>\n
De cara a los factores que inciden en la prestaci\u00f3n, el accionante no acierta al afirmar que debe acudirse a los que consagra el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva y que seg\u00fan afirma en la demanda, corresponden al \u00abpromedio de salarios devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios\u00bb. Ello, por cuanto la citada cl\u00e1usula convencional hace parte de un cap\u00edtulo distinto al de las pensiones de jubilaci\u00f3n y refiere la definici\u00f3n de salario para efectos laborales, que no pensionales. Adem\u00e1s, explic\u00f3 la Corte en la sentencia CSJ SL1925-2021, \u00absi las partes hubieran querido extender los efectos de esta disposici\u00f3n a los derechos pensionales del art\u00edculo 87 convencional, as\u00ed lo hubieran consignado expresamente y en tal perspectiva la norma tendr\u00eda el sentido perseguido por el actor\u00bb (CJS SL1925-2021). Sin embargo, as\u00ed no ocurri\u00f3 y por tanto no se puede dar ese alcance. <\/p>\n
Por consiguiente, en estos eventos, en los que el acuerdo extralegal no contempla la forma de definir el ingreso base de liquidaci\u00f3n ni los factores salariales de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, se debe llenar ese vac\u00edo con la norma legal vigente que regule esos asuntos (CSJ SL4086-2017 y CSJ SL3138-2018, reiteradas en la CSJ SL1925-2021). <\/p>\n
En resumen, se hace necesario identificar las disposiciones legales que sirven de par\u00e1metro para definir el ingreso base de liquidaci\u00f3n y el periodo a tener en cuenta, en vista del vac\u00edo existente en la convenci\u00f3n; tambi\u00e9n, para establecer el porcentaje o tasa de reemplazo a aplicar, ante la clara remisi\u00f3n a la ley. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la Sala observa que el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, que en su caso es el 30 de junio de 1995 por ser un servidor p\u00fablico del orden territorial (art\u00edculo 151 de la Ley 100 de 1993), reuni\u00f3 20 a\u00f1os de servicio (fl. 107 cdno de la Corte). De acuerdo con el mismo documento y en la medida en que continu\u00f3 cotizando en forma ininterrumpida, reuni\u00f3 con creces el equivalente a 750 semanas al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005; para ese momento sum\u00f3 1513 semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n cobij\u00f3 al demandante y sus efectos se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
En ese contexto y en raz\u00f3n a que la afiliaci\u00f3n al sistema data del 19 de enero de 1972, en principio tendr\u00eda derecho a la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, la Sala advierte que si bien, registra la densidad de semanas exigida por el art\u00edculo 12 de ese reglamento, cumpli\u00f3 la edad de 60 a\u00f1os el 22 de julio de 2016, por fuera del l\u00edmite temporal hasta el cual se extendi\u00f3 el beneficio transicional. Igual situaci\u00f3n se presenta de cara a la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
Como quiera que desde el 25 de mayo de 1990 ostenta la condici\u00f3n de trabajador oficial, fluye claro que el mismo d\u00eda y mes de 2010, reuni\u00f3 el requisito de 20 a\u00f1os de servicio p\u00fablico previsto en la Ley 33 de 1985. A su vez, la edad de 55 a\u00f1os qued\u00f3 satisfecha el 22 de julio de 2011. Por tanto, esta es la norma llamada a regular la tasa de reemplazo con la que debe liquidarse la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional. Seg\u00fan lo dispone su art\u00edculo 1, se trata del 75%. <\/p>\n
Dado que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, le hac\u00edan falta m\u00e1s de diez a\u00f1os para adquirir el derecho, la norma que regula el ingreso base de liquidaci\u00f3n es el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, que se refiere al promedio de los salarios cotizados durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n, actualizados con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor. Ahora, es criterio de la Corte que en los eventos en que el interesado contin\u00fae trabajando despu\u00e9s de causar la pensi\u00f3n, el ingreso base de liquidaci\u00f3n debe calcularse con inclusi\u00f3n de la \u00faltima cotizaci\u00f3n (CSJ SL3113-2019); en consecuencia, el c\u00e1lculo de la primera mesada se har\u00e1 con los salarios devengados del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2019. <\/p>\n
Los factores salariales ser\u00e1n los establecidos en el art\u00edculo 1 del Decreto 1158 de 1994, esto es: \u00abla asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual, los gastos de representaci\u00f3n, la prima t\u00e9cnica, cuando sea factor de salario, las primas de antig\u00fcedad, ascensional de capacitaci\u00f3n cuando sean factor de salario, la remuneraci\u00f3n por trabajo dominical o festivo, la remuneraci\u00f3n por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificaci\u00f3n por servicios prestados\u00bb (CSJ SL4454-2018, CSJ SL2878-2019, CSJ SL3277-2019, CSJ SL057-2021 y CSJ SL1925-2021). La tasa de reemplazo es del 75%, conforme con lo previsto en la Ley 33 de 1985. <\/p>\n
As\u00ed, hechos los c\u00e1lculos de conformidad con los anteriores par\u00e1metros y con apoyo en los documentos que aport\u00f3 la demandada en virtud del requerimiento de la Sala (fls. 82 a 103 cdno. de la Corte), como valor de la primera mesada pensional, se obtiene la suma de $1.921.635,68, conforme se detalla a continuaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Precisado lo anterior, la Sala observa que mediante la Resoluci\u00f3n SUB79932 de 30 de marzo de 2019, que aport\u00f3 la demandada cuando respondi\u00f3 el requerimiento de la Corte y que se tiene como prueba de un hecho sobreviniente, se acredit\u00f3 que Colpensiones reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1 de abril de 2019, esto es, en la misma fecha de disfrute de la prestaci\u00f3n convencional, en cuant\u00eda inicial de $2.224.398, valor superior al de la extralegal. Por ende, no habr\u00eda en principio mayor valor a cargo de la demandada, en cuanto qued\u00f3 subrogada en el pago. <\/p>\n
No obstante, en el mencionado acto administrativo la entidad de seguridad indic\u00f3 que el estatus de pensionado se configur\u00f3 el 22 de julio de 2018, de suerte que no caus\u00f3 el derecho a la mesada 14. En cambio, tal beneficio s\u00ed aplica para la pensi\u00f3n convencional pues, pese a que fue derogado por el Acto Legislativo 01 de 2005, ello no ocurre cuando el derecho se estructura antes del 31 de julio de 2011 y el valor de la pensi\u00f3n es inferior a tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como es el caso ($2.484.348 para 2019). <\/p>\n
Como consecuencia de lo expuesto, el mayor valor a cargo de la demandada est\u00e1 representado en la mesada adicional de marras. Por tanto, el retroactivo adeudado asciende a los valores que se generaron en 2019, 2020 y 2021 por ese concepto, por un total de $5.858.219. Lo anterior, sin perjuicio de la catorceava mesada que se siga causando, a\u00f1o por a\u00f1o y con los incrementos legales que, como se dijo, no hace parte de la pensi\u00f3n a cargo de Colpensiones. <\/p>\n
No proceden los intereses moratorios contemplados en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que no aplican para pensiones convencionales (CSJ SL2802-2020). Sin embargo, el retroactivo deber\u00e1 ser indexado, as\u00ed no haya sido solicitado en las pretensiones del escrito introductorio. Al respecto, en la sentencia CSJ SL359-2021 la Corte explic\u00f3: <\/p>\n
Es cierto que dicho ajuste no hizo parte de las pretensiones de la demanda, pero tambi\u00e9n lo es que, pese a ello, su imposici\u00f3n oficiosa es perfectamente viable porque la indexaci\u00f3n no comporta una condena adicional a la solicitada. <\/p>\n
En efecto, la indexaci\u00f3n se erige como una garant\u00eda constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relaci\u00f3n con el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el art\u00edculo 1626 del C\u00f3digo Civil precept\u00faa que \u2018el pago efectivo es la prestaci\u00f3n de lo que se debe\u2019, esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e \u00edntegra a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 1646 ibidem. De ah\u00ed que, si la AFP no paga oportunamente la prestaci\u00f3n causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligaci\u00f3n de indexarla como \u00fanico conducto para cumplir con los mencionados est\u00e1ndares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devalu\u00f3 el valor del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Por las razones expuestas, se declarar\u00e1n no probadas las excepciones propuestas\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 5 de octubre de 2022. <\/p>\n
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