STC14495-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14495-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 29 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jamer Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa capital, y los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2017-00384. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el \u00ab21 de abril de 2022 (\u2026), recibi\u00f3 alerta telef\u00f3nica de unos vecinos suyos, quienes le indicaban que a la puerta de su casa se encontraba una serie de personas acompa\u00f1adas de miembros de la Polic\u00eda Nacional y un cerrajero, intentando abrir la puerta de su casa [por lo que] se dirige a su residencia, en donde entra en contacto con la se\u00f1ora Juez Cuarta Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien le informa que por comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Cuarto de Familia (\u2026), est\u00e1 procediendo a efectuar la entrega de ese inmueble a la persona que lo adquiri\u00f3 en diligencia de remate surtida dentro del proceso Ejecutivo de Alimentos [seguido contra Luis Gerney Restrepo Ruiz]. <\/p>\n
Que el inmueble \u00abes de su propiedad, que tiene suscrita una promesa de compraventa desde hace muchos a\u00f1os [siendo promitente vendedor el se\u00f1or Restrepo Ruiz], que es quien pr\u00e1cticamente lo ha construido y efectuado mejoras, que paga los servicios p\u00fablicos y que es su residencia desde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os [s\u00f3lo que], el vendedor (\u2026) ocult\u00f3 la existencia de una deuda cuantiosa (\u2026), la cual debi\u00f3 ser asumida en su totalidad por [el accionante], y que ante el reclamo de este, se ocasion\u00f3 la negativa del demandado a suscribir (\u2026) la escritura p\u00fablica que formalizara lo acordado\u00bb, y que pese a haber alegado lo anterior ante la juez comisionada, esta \u00able manifiesta que simplemente cumple una orden superior y le concede un plazo, hasta el nueve (09) de mayo, para desocupar el inmueble y proceder a su entrega\u00bb. <\/p>\n
Que tras ubicar el expediente del \u00abejecutivo de alimentos promovido por Mayerly Cruz Garc\u00eda contra Luis Gerney Restrepo Ruiz [estableci\u00f3] que sobre el inmueble se hab\u00eda practicado diligencia de secuestro el 07 de marzo de 2019 [la cual] fue atendida por el demandado, quien (\u2026) facilit\u00f3 el acceso al inmueble, con llave de la puerta que \u00e9l posee, [y que] una vez (\u2026) la se\u00f1ora Juez lo declara legalmente secuestrado, [el] secuestre manifiesta dej\u00e1rselo en dep\u00f3sito al demandado por ser \u00e9l quien vive all\u00ed [y] en ese momento el demandado Restrepo Ruiz expone al Juzgado que \u00e9l en realidad no vive ah\u00ed; que quien reside es el se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 (\u2026), pero que este no paga arriendo\u00bb, y que \u00abal parecer, el proceso contin\u00faa su curso sin novedad alguna, habi\u00e9ndose llegado [al] remate del inmueble y ordenado su entrega\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 6 de mayo de 2022\u00bb, su abogado promovi\u00f3 \u00abincidente de nulidad [mismo que] fue rechazado de plano por el accionado a trav\u00e9s de auto del 11 de mayo, bajo el amparo del art. 40 del CGP, argumentando que la nulidad surgida en la diligencia de secuestro debe alegarse dentro de los cinco d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordena agregar el despacho comisorio\u00bb; que \u00abel 21 de junio [de 2022] se niega la reposici\u00f3n y no se me concede apelaci\u00f3n, por lo que pido reposici\u00f3n y en subsidio queja, todo ello negado en auto del 16 de agosto \u00faltimo\u00bb. <\/p>\n
Que como adicionalmente \u00abel 19 de mayo [hab\u00eda impetrado] incidente de levantamiento de embargo y secuestro con base en la posesi\u00f3n que mi representado ostenta sobre el inmueble desde el a\u00f1o 2009\u00bb, el querellado \u00abtambi\u00e9n rechaz\u00f3 de plano este incidente, argumentando no solo que el t\u00e9rmino al que hace referencia el num. 8\u00b0 del art. 597 del CGP estaba vencido, sino que la medida cautelar fue levantada en la misma providencia que aprob\u00f3 la diligencia de remate\u00bb. Que contra esa decisi\u00f3n \u00abinterpuse reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, con resultados fallidos, pues el 16 de agosto se me negaron ambos, por lo cual repuse nuevamente interponiendo queja subsidiaria, todo lo cual tambi\u00e9n se me neg\u00f3 en prove\u00eddo del pasado 15 de septiembre\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda \u00abse decrete la nulidad de la diligencia de secuestro llevada a cabo el 7 de marzo de 2019 (\u2026) sobre el inmueble con matr\u00edcula 350-145834 (\u2026), dentro del proceso ejecutivo de alimentos [rad. 2017-00384]\u00bb, as\u00ed como \u00abde toda la actuaci\u00f3n procesal subsiguiente a la misma\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno al [demandante]\u00bb, y que dentro del proceso de ejecuci\u00f3n a su cargo, \u00abse le han resuelto todas las solicitudes elevadas, tanto la del incidente de levantamiento de embargo y la solicitud de nulidad de la diligencia de secuestro; as\u00ed como los recursos de reposici\u00f3n interpuesto frente a estas decisiones, [los cuales] no han resultado avantes dado que lo pretendido por el accionante es retrotraer las actuaciones desde la diligencia de secuestro del bien inmueble rematado [pues las supuestas] maniobras enga\u00f1osas [del promitente vendedor] no fueron alegadas en la oportunidad establecida en la ley, dado el principio de preclusividad de las etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel fundamento del rechazo de plano de las solicitudes de nulidad e incidentes de levantamiento de embargo, se encuentra amparado en lo dispuesto en [los] art\u00edculo[s] 455 [y] 456 del C.G.P. (\u2026), solicitudes [que] son abiertamente extempor\u00e1neas dado que es precisamente en la diligencia de entrega del bien rematado, donde el [actor] adujo haberse enterado de que el bien estaba secuestrado y estaba rematado, diligencia que al tenor de lo dispuesto en las normas en cita, no admite nulidad ni oposici\u00f3n dado que ya fue adjudicado en p\u00fablica subasta a un tercero de buena fe que lo adquiri\u00f3; y con el producto de la venta se cancelaron los cr\u00e9ditos alimentarios\u00bb, y cit\u00f3 como apoyo jurisprudencial \u00abla sentencia T-061 de 20[07]\u00bb. <\/p>\n
2. Mayerly Cruz Garc\u00eda, vinculada en su calidad de demandante en la ejecuci\u00f3n cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, se opuso al auxilio rechazando que el querellante adujera propiedad sobre el bien rematado en el juicio alimentario, pues \u00abseg\u00fan el certificado de libertad y tradici\u00f3n quien aparece como propietario es el se\u00f1or Restrepo Ruiz [padre de sus dos menores hijos]\u00bb, y que \u00abel accionante nunca ha iniciado un proceso ordinario ni de ninguna \u00edndole contra el sr Luis Restrepo\u00bb, pese a la cl\u00e1usula de incumplimiento que all\u00ed se consign\u00f3. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el referido contrato de promesa de compraventa \u00abfue firmado el 1 de marzo de 2009 y muy conveniente lo llevan a la notar\u00eda el 17 de agosto de 2017 fecha posterior con relaci\u00f3n a la radicaci\u00f3n de la demanda ejecutiva de alimentos [siendo] evidente la intenci\u00f3n de dilatar el proceso por parte del demandado, causando as\u00ed un grave perjuicio a la adjudicataria quien adquiri\u00f3 de buena fe\u00bb, y que \u00abel se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o y los que conviven en el inmueble tienen un referente grado de consanguinidad y afinidad con el se\u00f1or Luis Gerney Restrepo Ruiz, los cuales de conformidad a lo manifestado por el demandado, ten\u00edan conocimiento del proceso como de las actuaciones de embargo, secuestro y remate\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9, conceptu\u00f3 que el amparo deprecado \u00abse torna improcedente [porque] existe otro mecanismo de defensa judicial en el que deben zanjarse las diferencias, ya que al juez [de tutela] le est\u00e1 vedado interferir en las funciones de la autoridad de conocimiento ordinario\u00bb, adem\u00e1s, \u00abla controversia gira en torno a un derecho de car\u00e1cter patrimonial que en las circunstancias expuestas por el quejoso, no es susceptible de amparo por v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00absi bien el actor present\u00f3 ante el juzgado accionado incidente de nulidad contra la diligencia de secuestro llevada a cabo el 7 de marzo de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad al igual que incidente de levantamiento de embargo y secuestro, as\u00ed como los recursos contra las decisiones que rechazaron de plano esos tr\u00e1mites, (\u2026) ninguno de los prove\u00eddos mediante los que se rechazaron esos pedimentos, esto es, el 11 de mayo y 21 de junio de 2022, se tornan arbitrarios, ilegales y caprichosos. Por el contrario, se avizora que el accionado indic\u00f3 los fundamentos jur\u00eddicos que imped\u00edan la prosperidad de los mismos, normas que se ajustan a los tr\u00e1mites promovidos por el accionante aqu\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que \u00abla solicitud de amparo no cumple con los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad\u00bb, el primero porque \u00abel hecho vulnerador ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2019, espec\u00edficamente el d\u00eda en que se perfeccion\u00f3 la medida de secuestro decretada por el a-quo. Por tanto, si el accionante ostentaba la calidad de \u201cpropietario o poseedor\u201d y \u201cresid\u00eda\u201d en dicho bien desde el a\u00f1o \u201c2009\u201d, no hay manera de pensar que para el momento en que se adelant\u00f3 la diligencia de secuestro \u00e9ste no se enter\u00f3 de la misma ni promovi\u00f3 actuaci\u00f3n alguna para defender sus intereses\u00bb. Y el segundo, porque \u00abel tutelante cuenta con otros mecanismos ordinarios para plantear la discusi\u00f3n que trae a trav\u00e9s de los incidentes y esta acci\u00f3n. Si lo pretendido es alegar su calidad de \u201cpropietario\u201d del bien y el aparente incumplimiento del negocio jur\u00eddico celebrado con Luis Gerney Restrepo Ruiz, ejecutado en el proceso de alimentos, todos esos aspectos deben ventilarse ante el juez y escenario competente, el que sin lugar a dudas no es el juez constitucional como tampoco el juez que adelanta el ejecutivo de alimentos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso para refutar que \u00abconoci\u00f3 de la realizaci\u00f3n de la mencionada diligencia apenas este a\u00f1o, precisamente cuando una Juez comisionada se hizo presente en el inmueble para practicar diligencia de entrega\u00bb, pues en su sentir, es a partir de all\u00ed donde debe contabilizarse el t\u00e9rmino ya que la actuaci\u00f3n \u00abse le ha mantenido oculta maliciosa y deliberadamente\u00bb. As\u00ed mismo, que \u00abel fallo aqu\u00ed atacado omite referencia alguna a la legalidad de la diligencia de secuestro no obstante referirse a ella como \u201checho vulnerador\u201d [y], aunque aparentemente las decisiones proferidas por el accionado (\u2026) pudieran aparecer ajustados a la ley, ello lo es solo formalmente, porque en el fondo evitaron considerar las graves circunstancias de fondo que rodearon la realizaci\u00f3n de la diligencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el querellante, al disponer la entrega del bien rematado dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2017-00384, tras desestimar el \u00abincidente de nulidad de la diligencia de secuestro\u00bb y dem\u00e1s pedimentos por \u00e9l formulados, o s\u00ed, por el contrario, tal actuaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados, y en esos eventos, los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza a los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de lo pretendido, toda vez que las decisiones adoptadas al interior del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2017-00384, obedecen a un criterio razonable y por tanto no configuran defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
En efecto, precisando que la censura constitucional la dirige el accionante contra la orden de entrega material del inmueble sobre el cual alega ser \u00abpropietario\u00bb, porque en su sentir, a tal actuaci\u00f3n se lleg\u00f3 sin que se le otorgara posibilidad de refutar sus prerrogativas derivadas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, se advierte que tales reproches, fueron objeto de an\u00e1lisis por parte del juez cognoscente, principalmente en el marco de una solicitud de nulidad de la diligencia de secuestro realizada el 7 de marzo de 2019, sin que la definici\u00f3n dada sobre el particular evidencie yerro susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo. <\/p>\n
Ciertamente, para que el accionado resolviera \u00abrechazar de plano el tr\u00e1mite del incidente de nulidad presentado por el se\u00f1or Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o a trav\u00e9s de su mandatario judicial, mediante auto del 11 de mayo de 2022, expuso que de conformidad con lo estatuido en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que la cuestionada diligencia de secuestro se practic\u00f3 a trav\u00e9s de comisionado, \u00ab\u201c(\u2026) La nulidad podr\u00e1 alegarse a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente, y el auto que la decida solo ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n\u201d\u00bb, y que con base en dicha norma: <\/p>\n
Por las anteriores razones, este despacho considera que la solicitud de nulidad planteada por el se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 se torna abiertamente extempor\u00e1nea, y por tanto, deber\u00e1 ser rechazada de plano conforme lo establece el art\u00edculo 130 del C.G.P, que prev\u00e9: <\/p>\n
\u201cRechazo de incidentes. El juez rechazara de plano los incidentes que no est\u00e9n expresamente autorizados por este C\u00f3digo, y los que se promuevan fuera de termino (\u2026)\u201d (subrayo juzgado)\u00bb. <\/p>\n
Luego, con prove\u00eddo del 21 de junio de 2022, la autoridad convocada desat\u00f3 desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n -y se abstuvo de conceder el subsidiario de apelaci\u00f3n-, precisando que el argumento del recurrente, consistente en que \u00abno tuvo la oportunidad de enterarse de la diligencia de secuestro por el actuar doloso del ejecutado Luis Gerney Restrepo Ruiz [quien], sin su consentimiento irrumpi\u00f3 en el inmueble y atendi\u00f3 la diligencia a sabiendas que el se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o era poseedor del inmueble por muchos a\u00f1os (\u2026), no resulta admisible [porque] habi\u00e9ndose decretado el embargo y secuestro del bien inmueble (\u2026) desde el 26 de julio de 2017 e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el 8 de agosto de 2017 (anotaci\u00f3n No. 14) del certificado de tradici\u00f3n, surti\u00e9ndose el tr\u00e1mite propio de publicidad de la medida, que pone dicho bien fuera del comercio aunado que fue secuestrado por el comisionado Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, despacho comisorio No. 34 que fue agregado el 9 de abril de 2019; el se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o no hubiese ejercido oposici\u00f3n en la misma diligencia o dentro de los t\u00e9rminos conferidos por la ley; y venga a proponer la nulidad de la diligencia de secuestro en forma extempor\u00e1nea y cuando ya el bien se hab\u00eda rematado\u00bb. <\/p>\n
Enseguida reforz\u00f3 su postura se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00abEn suma, cualquiera sea la causal invocada para solicitar la nulidad de la diligencia de secuestro, \u00e9sta deb\u00eda invocarla dentro de los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual no aconteci\u00f3 tal como se consign\u00f3 en la providencia recurrida objeto del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Debe memorarse que las nulidades procesales se rigen por los principios de taxatividad y preclusividad, lo que conduce afirmar que no puede invocarse nulidades que no est\u00e9n determinadas previamente en la ley, y salvo las insaneables, \u00e9stas deben alegarse en su debida oportunidad, so pena de que se saneen cuando no se alegan oportunamente. <\/p>\n
Ahora, ind\u00edquesele al abogado recurrente que si considera que el ejecutado y\/o secuestre incurrieron en el delito de fraude procesal debe ponerlo en conocimiento ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, para que inicie las investigaciones. <\/p>\n
N\u00f3tese que precisamente es en la entrega del bien rematado, donde el se\u00f1or Jamer Hincapi\u00e9 Pati\u00f1o aduce haberse enterado de que el bien estaba secuestrado y estaba rematado, diligencia que no admite ninguna oposici\u00f3n por lo expresamente indicado en los art\u00edculos 308, numeral cuarto y art\u00edculo 456 del C.G.P dado que ya fue adjudicado en p\u00fablica subasta a un tercero; y con el producto de la venta se cancelaron los cr\u00e9ditos alimentarios. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-061 de 2017, indico: <\/p>\n
\u201cNo obstante, lo que s\u00ed ha de tenerse en cuenta es la existencia de un plazo razonable para que la nulidad sea alegada o sea declarada oficiosamente, pues de lo contrario resultar\u00edan afectados los derechos de terceros, compradores de buena fe de un inmueble que fue adjudicado en un proceso ejecutivo, plazo razonable que se extiende hasta la aprobaci\u00f3n del remate o hasta la adjudicaci\u00f3n del bien inmueble, de conformidad con las interpretaciones admisibles del art\u00edculo 141.2 del C. P. C. M\u00e1xime cuando existen otras disposiciones procesales que proh\u00edben la oposici\u00f3n a la entrega del bien rematado \u2013tales como el art\u00edculo 531 del C. P. C.23 – las cuales son aplicables anal\u00f3gicamente en el caso de la adjudicaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda es inviable, porque la actuaci\u00f3n refutada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, ya que, contrario a lo sostenido por el actor, no adolece de defecto sustantivo, f\u00e1ctico, procedimental o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las discrepancias nuevamente esbozadas por el actor, demuestran que la intenci\u00f3n de anteponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio del fallador de la causa, convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que el resguardo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada entre otras en STC12574-2022, 21 sep. 2022, rad. 00282-01). <\/p>\n
En ese orden, el hecho de que el querellante disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la decisi\u00f3n se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio, al advertirse que la resoluci\u00f3n judicial criticada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14495-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14495-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00351-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68281","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68281\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}