STC14496-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14496-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al auto proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Miguel Chaves Hern\u00e1ndez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, la Fiscal\u00eda 296 Local de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y la Personer\u00eda Delegada para Asuntos Penales, todos de esta capital; y la defensora p\u00fablica Celia Montenegro Delegado, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-05397. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, por intermedio de apoderada, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que fue imputado y procesado por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, asunto que se tramit\u00f3 ante el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, luego de surtidas las audiencias de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y preparatoria (a las que no pudo asistir porque su defensora no le avis\u00f3 con tiempo), y previo a la instalaci\u00f3n del juicio oral, su abogada lo llam\u00f3 para advertirle que, en dicha diligencia (del 4 de diciembre de 2020) \u00abdeb\u00eda decir [\u2026] que estaba de acuerdo, sin explicarle de qu\u00e9 se trataba\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en la referida vista p\u00fablica, la defensa y fiscal\u00eda plantearon al juez un preacuerdo al que hab\u00edan llegado para finalizar de manera anticipada el proceso, consistente en la aceptaci\u00f3n de los cargos pero en calidad de c\u00f3mplice; sin embargo, afirm\u00f3 que su defensora en ning\u00fan momento lo enter\u00f3 al respecto; por ello, durante la audiencia, en las tres ocasiones que fue interrogado por el juez sobre su entendimiento de las condiciones plasmadas en el preacuerdo, manifest\u00f3 que \u00abno entend\u00eda lo que se estaba practicando\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la audiencia fue suspendida con el fin de que la defensora procediera a explicarle el prop\u00f3sito de la negociaci\u00f3n con la fiscal\u00eda y, tras la reanudaci\u00f3n, su abogada le indic\u00f3 al juez que todo obedec\u00eda a una \u00abconfusi\u00f3n en los t\u00e9rminos jur\u00eddicos, pero que s\u00ed lo hab\u00eda entendido\u00bb, de forma que, ante la reiteraci\u00f3n a la pregunta del juez, respondi\u00f3 que s\u00ed. <\/p>\n
Sostuvo que, aunque finalmente acept\u00f3 el preacuerdo, lo hizo \u00absin entenderlo, sin tener la seguridad de hacerlo, entendi\u00f3 que lo iban a condenar, pero no le dijeron cu\u00e1nto tiempo. Los t\u00e9rminos de autor y c\u00f3mplice no le fueron comprendidos. Nunca tuvo comunicaci\u00f3n clara con la abogada donde le explicara los hechos, contest\u00f3 que s\u00ed en el \u00faltimo momento porque la abogada Celia fue lo que le recomend\u00f3, diciendo que era lo mejor para \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 18 de febrero de 2021 el juzgado lo conden\u00f3 a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n, sin concesi\u00f3n de subrogados, decisi\u00f3n que apel\u00f3 su abogada, solicitando esencialmente \u00abque se modifique la sentencia en el sentido de revocar la negativa de la prisi\u00f3n domiciliaria y en su defecto sea otorgada la misma\u00bb; sentencia que fue confirmada integralmente por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal el 30 de junio de 2021. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se declaren nulas las decisiones proferidas por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal de Bogot\u00e1 \u00ab(\u2026) donde se [le] condena irregular e ilegalmente; y la del 30 de junio de 2021 donde se confirma la sentencia de primera instancia (\u2026) ordenar sean compulsadas copias pertinentes ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que sean investigados los funcionarios judiciales que pudieron obrar ilegal y arbitrariamente dentro de esta causa penal y ordenar compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que sean investigados los funcionarios judiciales que pudieron obrar il\u00edcita e ilegalmente dentro de esta causa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que le correspondi\u00f3 el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n promovido dentro del radicado 2019-05397 confirmando en su integridad el fallo confutado, decisi\u00f3n que se sujet\u00f3 a los argumentos expuestos en el recurso, \u00aben los cuales, no se esgrimi\u00f3 lo que ahora se menciona en la demanda de tutela\u00bb y que, en todo caso, no observ\u00f3 que se presentaran irregularidades que viciaran la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda Municipal de Bogot\u00e1, asever\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva porque es la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la encargada de atender los requerimientos referidos por los accionantes. <\/p>\n
3. La abogada Celia Montenegro Delgado (defensora p\u00fablica) indic\u00f3 que el proceso adelantado contra Chaves Hern\u00e1ndez le fue asignado por reparto extraordinario el 23 de diciembre de 2019 para asistir a audiencia concentrada, la cual se realiz\u00f3 el 14 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Seguidamente, asegur\u00f3 que siempre estuvo pendiente del proceso y que tuvo comunicaci\u00f3n directa v\u00eda celular con el procesado, \u00abqui\u00e9n siempre manifest\u00f3 entender lo asesorado y explicado, tanto as\u00ed que nunca demostr\u00f3 inconformidad alguna frente a la representaci\u00f3n que ejerci\u00f3\u00bb y que, antes de la iniciaci\u00f3n del juicio le puso de presente las alternativas jur\u00eddicas que ten\u00eda, entre ellas, la posibilidad de preacordar o el principio de oportunidad <\/p>\n
Destac\u00f3 que, finalmente, \u00abel fiscal propuso la alternativa de realizar un preacuerdo, ofreciendo la degradaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice, por lo que procedi\u00f3 a comunicarse telef\u00f3nicamente con el se\u00f1or Chaves Hern\u00e1ndez para explicarle \u201ccon el tiempo suficiente y nuevamente los beneficios como consecuencia de un preacuerdo, se le explica, c\u00f3mo desde que asumi\u00f3 el proceso, que esta conducta punible violencia intrafamiliar agravada estaba excluida de subrogados por el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, en lenguaje comprensible\u201d lo que manifest\u00f3 entender y comprender. Como consecuencia de ello, decidi\u00f3 acogerse al preacuerdo\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, aunque es cierto que el hoy accionante, en el desarrollo de la audiencia, manifest\u00f3 no entender el preacuerdo, \u00ab(\u2026) tambi\u00e9n lo es, que no era frente a los beneficios, como las consecuencias del mismo, s\u00ed no al momento en que el juez menciona aspectos jur\u00eddicos, es decir, cuando se refiri\u00f3 a la degradaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice y en todo caso esta situaci\u00f3n le fue aclarada en ese momento\u00bb, pero que en ning\u00fan momento su defendido le manifest\u00f3 no comprender o desconocer que iba a recibir una condena sin beneficio de otorgamiento de libertad. <\/p>\n
PROVIDENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal rechaz\u00f3 la tutela por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb por cuanto, la demanda fue presentada por Lida In\u00e9s Ria\u00f1o Guayasan aduciendo la calidad de agente oficiosa de Jos\u00e9 Miguel Chaves Hern\u00e1ndez, con fundamento en que aqu\u00e9l es \u00abanalfabeta\u00bb, pero, \u00abno acredit\u00f3 que [este] tenga una limitante f\u00edsica o mental que le impida actuar directamente o a trav\u00e9s de representante judicial. Tampoco se tiene noticia que est\u00e9 en imposibilidad de valerse por s\u00ed mismo o que no pueda promover su defensa material para acudir a la v\u00eda tutelar\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La abogada Lida In\u00e9s Ria\u00f1o Guayasan manifest\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n de la Sala a quo, adjuntando el Poder especial conferido por el accionante para promover la demanda constitucional; de esa manera, se\u00f1al\u00f3, daba por acreditada su \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer, inicialmente, si la memorialista se encuentra facultada para representar a Jos\u00e9 Miguel Chaves Hern\u00e1ndez en este tr\u00e1mite; de superarse lo anterior, si la demanda satisface los requisitos de procedibilidad; y, finalmente, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas de actor al condenarlo a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb en calidad de c\u00f3mplice, en virtud de un preacuerdo cuyas condiciones, supuestamente, no le fueron adecuadamente explicadas. <\/p>\n
2. Aclaraci\u00f3n previa. <\/p>\n
Si bien la Hom\u00f3loga a quo rechaz\u00f3 el amparo por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de quien suscribi\u00f3 la demanda en representaci\u00f3n del afectado, considera la Corte que tal circunstancia realmente envuelve la manifestaci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n traducido en el poder especial que se requiere para su promoci\u00f3n a nombre de otra persona. <\/p>\n
Con el escrito de impugnaci\u00f3n, la profesional del derecho Ria\u00f1o Guayasan aport\u00f3 el poder echado de menos por la Sala a quo, otorgado por el accionante Chaves Hern\u00e1ndez, por lo que habr\u00e1 de tenerse por subsanada la irregularidad se\u00f1alada en primer grado, habilit\u00e1ndose el examen preliminar de la salvaguarda tras advertirse suficientes las facultades especificadas en el memorial contentivo de dicho mandato. <\/p>\n
3. La subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
3.2. En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el actor pudo impugnar, a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 30 de junio de 2021, mediante la cual confirm\u00f3 la condena a 36 meses de prisi\u00f3n, sin concesi\u00f3n de subrogados, por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar en calidad c\u00f3mplice\u00bb, producto de preacuerdo aprobado en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal de Bogot\u00e1, pero omiti\u00f3 hacerlo. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para plantear ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las irregularidades que expuso en torno a la aprobaci\u00f3n del preacuerdo y la negativa de los subrogados o beneficios punitivos, pues, al margen de los alegatos que hicieron parte de la alzada formulada por su defensora, el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004 se\u00f1ala que el referido recurso extraordinario tiene como finalidad \u00abla efectividad del derecho material, el respecto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos, y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
En contextos como este, es decir, frente al desaprovechamiento de los medios de refutaci\u00f3n procedentes, la Corte ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, rad. 00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Es decir, la inviabilidad de la presente salvaguarda se entiende en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3.3. De otro lado, cabe precisar que, si el gestor del resguardo se encontraba inconforme con la gesti\u00f3n defensiva desplegada por la abogada Celia Montenegro Delgado, debi\u00f3 exponer oportunamente tal circunstancia ante la Defensor\u00eda del Pueblo, a fin de que all\u00ed eventualmente se evaluara la posibilidad de designar un nuevo profesional que asumiera su representaci\u00f3n de cara a la instancia extraordinaria o, en su defecto, contratar un togado por su propia cuenta, como lo ha hecho para la interposici\u00f3n del presente amparo, que pudiera asistirlo en sucesivo. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, la apoderada del actor denunci\u00f3 que los funcionarios judiciales y la abogada defensora que tuvieron a cargo el caso de su prohijado, habr\u00edan presuntamente incurrido en conductas con trascendencia penal y\/o disciplinaria, seg\u00fan lo expuso, por lo que solicit\u00f3 que se ordene compulsar copias a las autoridades respectivas. <\/p>\n
Sin embargo, en este particular, es menester indicar que, si la mandataria de Chaves Hern\u00e1ndez considera que el actuar de quienes lo juzgaron y de quien lo represent\u00f3 en el juicio penal, amerita ser examinado por las autoridades competentes, est\u00e1 a su alcance activar directamente tales gestiones, asumiendo la responsabilidad que se pueda eventualmente derivar, ya que, no es el juez de tutela el llamado a intervenir en ello, pues ser\u00eda tanto como asumir facultades y funciones que le son ajenas, inherentes a quien est\u00e1 habilitado legal y constitucionalmente para determinar la viabilidad de dichas denuncias. <\/p>\n
Frente a ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es preciso indicar que, si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, en todo caso, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el numeral primero de la providencia impugnada; y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Jose Miguel Chaves Hern\u00e1ndez, conforme los razonamientos contenidos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en este fallo a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 12 de octubre de 2022 \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente, 14 de octubre de 2022. <\/p>\n
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