STC14499-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14499-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01749-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 7 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Zuleta Marulanda contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal 2019-00090. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa \u00aby garant\u00edas judiciales\u00bb que considera lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la extensa demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n recaudados se extracta que contra Alexander Zuleta Marulanda se adelanta el proceso indicado precedentemente, acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, despacho ante el cual la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en la vista p\u00fablica celebrada el 20 de mayo de 2021, formul\u00f3 pliego de cargos. <\/p>\n
La audiencia preparatoria se llev\u00f3 a cabo el 2 de agosto de aquel a\u00f1o y en ella la defensa del procesado solicit\u00f3 el rechazo de un elemento probatorio de tipo testimonial, petici\u00f3n desestimada por el cognoscente. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, el profesional del derecho que representa los intereses de acusado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, desatado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar el pasado 11 de agosto en el sentido de confirmar lo decidido por la c\u00e9lula judicial a quo1. <\/p>\n
3. El actor acusa a las autoridades convocadas de incurrir en un \u00abdefecto procedimental absoluto [sic]\u00bb, en la medida que \u00able reconoci\u00f3 efectos distintos al art\u00edculo 346 del C.P.P. a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb. <\/p>\n
En efecto, dice que, como el elemento material de convicci\u00f3n decretado por la autoridad cognoscente no fue \u00abdebidamente descubierto\u00bb por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n desde la acusaci\u00f3n, la sanci\u00f3n procesal para tal omisi\u00f3n era el rechazo del mismo, de conformidad con la disposici\u00f3n legal en cita y el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en particular, el contenido en el auto AP948-2018, 7 de marzo, rad. 51882, de all\u00ed que la no aplicaci\u00f3n de tal consecuencia jur\u00eddica se torne caprichosa e ilegal. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abrevocar la providencia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una servidora adscrita al despacho del magistrado ponente de la providencia de segundo grado expres\u00f3 que \u00abpor parte de esta sala no se incurri\u00f3 en una conducta que hiciera transito a la configuraci\u00f3n de alg\u00fan presupuesto de procedibilidad espec\u00edfico\u2026 o alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que amenace o vulnere los derechos fundamentales alegados por el accionante, dilucid\u00e1ndose que la decisi\u00f3n tomada en estricto acatamiento al ordenamiento jur\u00eddico, por tanto, se puede colegir que no se supera\u2026 el examen de los requisitos de procedencia, al no haber claridad en los fundamentos de la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Penal del Circuito de Valledupar, luego de rememorar las principales actuaciones surtidas, resalt\u00f3 que \u00abesta c\u00e9lula judicial ha actuado ajustado a los lineamientos legales y constitucionales aplicables a la causa penal\u2026 de tal suerte que ha dado garant\u00eda a los derechos procesales constitucionales que se erigen en cabeza de cada una de las partes e intervinientes\u00bb, por lo que solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
3. El Fiscal Sexto Seccional adscrito a la Unidad de Fiscal\u00edas de Bosconia (Cesar) se limit\u00f3 a hacer un recuento de los antecedentes procesales. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abla causa reprochada\u2026 est\u00e1 en curso\u2026 por ese motivo\u2026 ostenta la posibilidad de reclamar al interior de [la] mism[a], el respeto de las prerrogativas fundamentales invocadas\u00bb al tiempo que cuenta con herramientas de impugnaci\u00f3n frente a una eventual sentencia desfavorable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n pues contra lo resuelto por el Tribunal de Valledupar \u00abno procede recurso alguno\u00bb por tratarse de una providencia interlocutoria proferida en segunda instancia, con lo que se encuentra \u00abagotada\u2026 la v\u00eda ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior sostiene que, en su caso particular, se ve abocado a sufrir un perjuicio irremediable si el juez constitucional no interviene para proteger sus derechos, dado que \u00aben caso de una eventual sentencia condenatoria\u2026 soportada en una prueba ilegal, se librara [sic] orden de captura\u2026 para cumplir la sentencia\u00bb de all\u00ed que los instrumentos defensivos que subsisten en la actuaci\u00f3n se tornen ineficaces por cuanto \u00abes de p\u00fablico conocimiento que los tr\u00e1mites para resolver una demanda de casaci\u00f3n\u2026 son extensos\u00bb. <\/p>\n
En suma, adem\u00e1s de insistir en los planteamientos del libelo inicial, solicit\u00f3 \u00abse revoque la decisi\u00f3n de tutela en primera instancia\u2026 se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justica resuelva de fondo la acci\u00f3n de tutela interpuesta\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Alexander Zuleta Marulanda dentro del proceso penal 2019-00090, con la emisi\u00f3n del auto del pasado 11 de agosto, por medio del cual confirm\u00f3 el prove\u00eddo en que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar decret\u00f3 un elemento de prueba solicitado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que, aparentemente, no fue debidamente descubierto a la defensa en la etapa procesal respectiva. <\/p>\n
Previo a ello deber\u00e1 abordarse brevemente la solicitud de nulidad formulada por el impugnante. <\/p>\n
2. De la nulidad <\/p>\n
Se\u00f1ala el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La parte que alegue una nulidad deber\u00e1 tener legitimaci\u00f3n para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
No podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
El juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esta oportunidad, el apoderado del actor en el escrito de impugnaci\u00f3n se limit\u00f3 a solicitar \u00abla nulidad de lo actuado\u00bb para que \u00abse ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva de fondo la acci\u00f3n de tutela interpuesta\u00bb; empero, no fundament\u00f3 su pedimento en alguna de las causales contempladas en el art\u00edculo 133 del Estatuto Procesal General y menos present\u00f3 consideraci\u00f3n dirigida a demostrar por qu\u00e9 la actuaci\u00f3n surtida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal se encontraba viciada, debiendo disponerse su invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la postulaci\u00f3n carece de desarrollo argumentativo, debe rechazarse de plano por desatender los principios de taxatividad y acreditaci\u00f3n que rigen el instituto de las nulidades, pues no solo basta con que se formule una petici\u00f3n de tal magnitud, sino que es imprescindible que el interesado plantee \u00ablos fundamentos de hecho y de derecho en los que se fundamenta\u00bb. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
4. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
5. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no se ha proferido sentencia de primer grado frente a la cual el inconforme podr\u00e1 ejercitar los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales, son los recursos de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado y eventualmente el extraordinario de casaci\u00f3n, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe resaltar que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches aqu\u00ed formulados. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad formulada por el impugnante. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia cuestionada. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, REMITIR la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La alzada hab\u00eda sido denegada en una primera oportunidad, pero en virtud del recurso de queja interpuesto por la defensa, fue concedida ante la colegiatura convocada. <\/p>\n
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