STC14503-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14503-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00843-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Rodrigo Vargas Ord\u00f3\u00f1ez contra el Juzgado Veinte de Familia, la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda y la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Agente del Ministerio P\u00fablico adscrita al estrado accionado y a las partes e intervinientes en el incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n de radicado 529 de 2021. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, \u00abimparcialidad en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, m\u00ednimo vital, dignidad humana, honra, intimidad, buen nombre y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que: <\/p>\n
El 22 de diciembre de 2021, la Comisar\u00eda accionada impuso como medida de protecci\u00f3n definitiva a favor de \u00c1ngela del Pilar Siabato Rodr\u00edguez y en contra del tutelante la orden de \u00ababstenerse de realizar cualquier acto de violencia, agresi\u00f3n, maltrato, amenaza u ofensa\u00bb, la prohibici\u00f3n de \u00abingresar al sitio de residencia, estudio, trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre\u00bb y de seguir, asechar, husmear o rondar en los sitios en los que aquella habite o frecuente, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de acudir a un tratamiento terap\u00e9utico profesional con psicolog\u00eda, para el control de impulsos agresivos y manejo de la ira, entre otros, de lo cual deb\u00eda allegar el certificado de asistencia. Lo anterior, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 20001. <\/p>\n
El 22 de marzo de 2022, por solicitud de \u00c1ngela del Pilar Siabato Rodr\u00edguez, la Comisar\u00eda avoc\u00f3 y admiti\u00f3 el primer incidente de desacato frente a la medida de protecci\u00f3n impuesta contra Rodrigo Vargas Ord\u00f3\u00f1ez, por hechos ocurridos en febrero pasado, relacionados con presuntas agresiones psicol\u00f3gicas y verbales por parte del incidentado2. <\/p>\n
El 4 de abril de 20223, con presencia del aqu\u00ed accionante, se adelant\u00f3 la correspondiente audiencia, en la que se decretaron y practicaron pruebas, como los mensajes \u00abdonde se evidencia conversaciones con terceros\u00bb, las constancias de asistencia a las sesiones de psicolog\u00eda de la convocante y del incidentado, as\u00ed como el escrito de solicitud de medida de protecci\u00f3n, en la que la suplicante report\u00f3 las presuntas agresiones; adem\u00e1s, se dej\u00f3 sentado que no se decretaba la prueba documental -acta de compromiso de 03 de febrero de 2022-, porque con esto no se desvirtuaba la ocurrencia de los hechos constitutivos de violencia psicol\u00f3gica. <\/p>\n
Otorgada la palabra a las partes, la interesada manifest\u00f3 inconformidad con la constancia psicolog\u00eda allegada por el convocado, en tanto se\u00f1al\u00f3 que la profesional que adelanta el tratamiento es amiga de \u00e9l. Por su parte, el citado, frente a las pruebas decretadas, resalt\u00f3 que se amparaba en la presunci\u00f3n de buena fe, pues la violencia aducida por la quejosa era inexistente y, por el contrario, es ella quien ha generado violencia en su contra. En cuanto a los mensajes de celular dijo que esas conversaciones fueron \u00absacadas de contexto\u00bb. A continuaci\u00f3n, se declar\u00f3 \u00aben firme el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb. <\/p>\n
El 31 de mayo de 2022, el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1, en grado jurisdiccional de consulta, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n5, decisi\u00f3n que notific\u00f3 por estado 39 de 1 de junio de ese mismo a\u00f1o6. <\/p>\n
3. El actor sostuvo que, en la audiencia celebrada el 4 de abril de 2022, se le coart\u00f3 el derecho de defensa y el debido proceso, en tanto se desatendi\u00f3 su petici\u00f3n de suspender la diligencia, para acudir a ella en compa\u00f1\u00eda de un abogado. Reproch\u00f3 que la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada es incoherente, porque \u00abel funcionario motiva la decisi\u00f3n imponiendo dos (2) SMLMV de multa y resuelve imponiendo tres (3) SMLMV\u00bb. Expres\u00f3 su inconformidad con el actuar de la abogada estrat\u00e9gica de litigio de g\u00e9nero de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer, porque, en su sentir, irrespet\u00f3 sus derechos. <\/p>\n
Censur\u00f3 que, en el prove\u00eddo emitido por el Juzgado el 31 de mayo de 2022, al decidir el grado jurisdiccional de consulta, no se realiz\u00f3 en debida forma un control de legalidad a la causa, no se valor\u00f3 \u00aba conciencia\u00bb el asunto y se realiz\u00f3 un \u00abCOPY PAGE\u00bb, porque el nombre de la accionante est\u00e1 errado y alude a una hija del querellado que no existe. <\/p>\n
4. Requiri\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda accionada el 4 de abril de 2022 y la providencia de 31 de mayo de 2022, mediante la cual el Juzgado censurado homolog\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que su decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en elementos de convicci\u00f3n suficientes que evidenciaron el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n por parte del actor. Manifest\u00f3 que, si bien se incurrieron en imprecisiones mecanogr\u00e1ficas, por auto de 12 de julio de 2022 se corrigieron y destac\u00f3 que dichos errores no tienen la entidad suficiente para predicar un indebido an\u00e1lisis probatorio o la incongruencia en la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. La Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda dijo que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite incidental atendiendo la normativa que regula la materia y con respeto del debido proceso y agreg\u00f3 que no es viable revocar la providencia sancionatoria, porque se emiti\u00f3 con el prop\u00f3sito de fomentar la justicia y reparar a la v\u00edctima de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
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3. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la entidad, por no encontrarse legitimada en la causa. <\/p>\n
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4. Yinny Paola Valencia Atuesta, abogada de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer, puso de presente que represent\u00f3 a la quejosa en el incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n adelantada en contra del tutelante e inform\u00f3 que este ostenta la calidad de abogado y no logr\u00f3 desvirtuar que los hechos de violencia psicol\u00f3gica denunciados tuvieran lugar, mientras que la convocante aport\u00f3 elementos demostrativos suficientes para probar su ocurrencia. <\/p>\n
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5. La Procuradora 152 Judicial II de Familia refiri\u00f3 que a la causa precitada se le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite de ley y que las providencias censuradas no son arbitrarias, ni carentes de sustento, por lo que solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego constitucional. <\/p>\n
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6. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n adoptada es razonable, pues se encuentra debidamente sustentada en las probanzas que obran en el expediente. Resalt\u00f3 que el accionante no aport\u00f3 elementos suasorios tendientes a infirmar los hechos denunciados por la incidentante y que, por el contrario, qued\u00f3 demostrado que aqu\u00e9l tiene contacto con terceros ajenos a la relaci\u00f3n de la expareja, para tratar de poner en entredicho el comportamiento de la quejosa. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no era imperativo para el Juzgado encartado hacer referencia, en el grado de jurisdicci\u00f3n de consulta, a la falta de asistencia por parte de un profesional del derecho del tutelante, comoquiera que este compareci\u00f3 a la diligencia y pudo ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos iniciales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n 529 de 2021, dictada en su contra por la Comisar\u00eda accionada el 4 de abril de 2022 y confirmada por el Juzgado de Familia censurado el 31 de mayo siguiente, pues, en su criterio, no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n del caso. <\/p>\n
2. En torno al tema debatido, se observa que el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 al resolver, en el grado jurisdiccional de consulta, la sanci\u00f3n impuesta al actor en el incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n decretada el 22 de diciembre de 2021, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmarla. <\/p>\n
Para ello, luego de referirse a los antecedentes del asunto y traer a colaci\u00f3n el marco normativo aplicable, se\u00f1al\u00f3 que el incidentado hab\u00eda sido notificado de la existencia del tr\u00e1mite y de la programaci\u00f3n de la audiencia a la cual se hizo presente y rindi\u00f3 los correspondientes descargos. <\/p>\n
Seguidamente, advirti\u00f3 que se ten\u00edan diferentes conversaciones de mensajer\u00eda instant\u00e1nea aportados por la querellante, de fecha 29 de enero de 2022, en las que se evidencia que el incidentado hace referencia a su anterior relaci\u00f3n a familiares y terceros, \u00abtratando de crear un ambiente de duda y pone[r] [en] entredicho el comportamiento\u00bb de \u00c1ngela del Pilar Siabato Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si bien el tutelante en sus descargos afirm\u00f3 que guard\u00f3 distancia con la familia de la convocante, lo cierto es que acept\u00f3 que hab\u00eda ense\u00f1ado una fotograf\u00eda a \u00abla cu\u00f1ada y el hermano\u00bb de aqu\u00e9lla para comprobarles una presunta infidelidad. <\/p>\n
Consider\u00f3 que los comentarios que realiza el incidentado sobre la relaci\u00f3n que sostuvo con la quejosa \u00abson hechos contundentes de violencia\u00bb psicol\u00f3gica, los cuales se encuentran demostrados con las conversaciones -v\u00eda chat- adosadas al plenario y las declaraciones de las partes, situaci\u00f3n que \u00abcausa en la v\u00edctima un ambiente de incertidumbre y miedo de tener que compartir escenarios laborales y otros familiares\u00bb, como se estableci\u00f3 en el informe proferido por el profesional en psicolog\u00eda que est\u00e1 llevando a cabo el tratamiento a la incidentante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, asever\u00f3 que la orden de pago del plan terap\u00e9utico a favor de la suplicante y a cargo del incidentado, as\u00ed como el exhorto al citado de hacer una retractaci\u00f3n p\u00fablica en el lugar donde labora con aquellas personas con las que afect\u00f3 el buen nombre de la incidentante \u00abson mecanismos oportunos y ejemplarizantes, que buscan resarcir el da\u00f1o causado en la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Corolario, se\u00f1al\u00f3 que los hechos denunciados por la quejosa mediante los cuales puso de presente el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n se encuentran verificados con las pruebas analizadas, como la denuncia, los mensajes de datos, el informe de riesgo y psicol\u00f3gico y las declaraciones de las partes, lo cual no logr\u00f3 infirmar el denunciado, por lo que se vio \u00ababocado a afrontar un fallo adverso a sus intereses\u00bb como el que finalmente se homolog\u00f3. Lo anterior, con el prop\u00f3sito de \u00abimpedir cualquier violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los individuos, m\u00e1xime cuando pueden verse lesionados derechos e intereses de personas por su condici\u00f3n indefensas y vulnerables\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron razonablemente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, la decisi\u00f3n controvertida se emiti\u00f3 luego de surtirse el procedimiento legal para el efecto, pues el accionante fue notificado y escuchado en la diligencia. De igual manera, el Juzgado valor\u00f3 los elementos materiales probatorios obrantes en el plenario, como el escrito de solicitud incidental, los mensajes de datos enviados por el incidentado a los parientes de la afectada, en los que puso en duda la conducta de esta durante la relaci\u00f3n en pareja, los informes rendidos por la profesional de la salud mental en desarrollo del tratamiento psicol\u00f3gico dispensado a aqu\u00e9lla y las declaraciones rendidas por ambas partes, para colegir de forma razonada que el aqu\u00ed accionante incumpli\u00f3 la medida de protecci\u00f3n dictada el 22 de diciembre de 2021 a favor de \u00c1ngela del Pilar Siabato Rodr\u00edguez y en contra del solicitante. <\/p>\n
Ello, pues consider\u00f3 fundadamente que el ac\u00e1 accionante incurri\u00f3 en conductas de violencia psicol\u00f3gica que generan un ambiente de incertidumbre en la v\u00edctima y afectan su normal desarrollo en entornos laborales y familiares, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n de confirmar la sanci\u00f3n impuesta al promotor como consecuencia del incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n memorada no luce caprichosa, antojadiza o carente de sustento. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb7. <\/p>\n
3.2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…). (CSJ STC 25 ene. de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 de 11 sept. 2020). <\/p>\n
4. De otro lado, se advierte que si el tutelante considera que la abogada estrat\u00e9gica de litigio de g\u00e9nero de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer pudo incurrir en una posible falta disciplinaria, porque, en su sentir, irrespet\u00f3 sus derechos, lo procedente es presentar la respectiva queja ante las autoridades competentes, pues no es el juez de tutela el llamado a definir lo pertinente, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 68 al 84, expediente de medida de protecci\u00f3n 529 de 2021. Archivo \u201c2022-00249 MEDIDA PROTECCION\u201d. Carpeta \u201cAnexos J20 Familia Bogot\u00e1\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 130 al 132, Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 57, expediente de incidente de incumplimiento de medida de protecci\u00f3n 600 de 2019. <\/p>\n
4\u0002 Folios 230 a 239, Ibidem. <\/p>\n