STC14540-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14540-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03616-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada al interior del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00014-01. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual el Tribunal se neg\u00f3 a decretar una prueba a pesar de \u00abLA EXISTENCIA DE DUDA RAZONABLE\u00bb. Manifiesta que, con dicha decisi\u00f3n se est\u00e1n desconociendo las sentencias T-010 de 2011 y T-201 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se le ordene a la accionada decretar \u00abmi prueba ante la duda razonable o decrete prueba de oficio\u00bb1. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que \u00abel 11 de los cursantes se profiri\u00f3 auto por medio del cual se neg\u00f3 la solicitud de decreto de prueba elevada por el actor\u00bb. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que dicha providencia \u00abno fue objeto de recurso alguno, luego el amparo resulta improcedente por incumplir el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb2. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la negativa del Tribunal de decretar la prueba solicitada por aqu\u00e9l al interior de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00014-01. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio3, se evidencia que la autoridad acusada -el pasado 11 de octubre de 20224- neg\u00f3 la solicitud del accionante en torno al decreto y pr\u00e1ctica de nuevas pruebas en segunda instancia. Frente a tal decisi\u00f3n, el actor guard\u00f3 silencio5. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, la Corte concluye la improcedencia del ruego ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. Ciertamente, la incuria en la utilizaci\u00f3n de los recursos establecidos6 para atacar los desacuerdos frente a las determinaciones de los jueces, imposibilita el uso de esta senda constitucional, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que no es la direcci\u00f3n para redimir oportunidades legales fenecidas, pues no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios. Ello pues, son la consecuencia de su dejadez. No en vano esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (Ver recientemente en STC4031-2020, 25 de junio de 2020, rad. 2020-00059-01 y STC12519-2022, 21 de septiembre, rad. 2022-00198-01). <\/p>\n
4. Finalmente, en torno al supuesto desconocimiento de las sentencias de tutela T-010 de 2011 y T-201 de 2015, es preciso indicarle al actor que los supuestos f\u00e1cticos planteados en dichas providencias son diferentes a los plasmados en esta oportunidad. Adem\u00e1s, se debe destacar que los efectos de las decisiones constitucionales son inter partes, de manera que los fallos de esta naturaleza no producen efectos \u00aberga omnes\u00bb, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb. (Citada en CSJ10096-2021, 11 de agosto de 2021, rad. 2021-00115-01; reiterada en STC1295-2022, 10 de febrero de 2022, rad. 2021-02655-01). <\/p>\n
5. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela invocada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0012Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Expediente acci\u00f3n popular rad. 2022-00014-01. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c26NiegaPrueba.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular rad. 2022-00014-01. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c28ejecutoriaDespacho.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
6\u0002 En efecto, el actor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que le neg\u00f3 la solicitud de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
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