STC14543-2022.<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14543-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03164-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada en nombre de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez1 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y a los se\u00f1ores Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez, C\u00e1ndido Mosquera Cuenca, Juan Carlos, Casilda, Mireya y Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez2, Danyely Carolina Mosquera Hormiga y Yeniffer Andrea Mosquera Castrill\u00f3n3, a los se\u00f1ores Yeison Alejandro Cabrera Mora, Nora Fernanda Fl\u00f3rez Valencia4 y a Seguros del Estado S.A.5, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de radicado 2020-00006-00 (01). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de los derechos fundamentales de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Los se\u00f1ores C\u00e1ndido Mosquera Cuenca, Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez, Danyely Carolina Mosquera Hormiga, Yeniffer Andrea Mosquera Castrill\u00f3n y Juan Carlos, Casilda, Mireya y Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, a trav\u00e9s de apoderado, quien recibi\u00f3 poder especial suscrito por cada uno de ellos6, presentaron una demanda de responsabilidad civil extracontractual7 el 4 de febrero de 2020 contra Yeison Alejandro Cabrera Mora, Nora Fernanda Fl\u00f3rez Valencia y Seguros del Estado S.A., con el fin de que se les declarara civil y solidariamente responsables y se les condenara a pagar los graves perjuicios inmateriales y materiales ocasionados por la muerte de Franco Alirio Mosquera G\u00f3mez8, ocurrida el 10 de octubre de 2019, como consecuencia de un accidente de tr\u00e1nsito con el veh\u00edculo de placas TJX844 acaecido el 4 de octubre anterior. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga admiti\u00f3 la demanda el 14 de febrero de 2020, providencia en la cual concedi\u00f3 el amparo de pobreza a los accionantes. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 30 de agosto de 20219, el Juzgado de conocimiento dict\u00f3 sentencia, declarando civilmente responsables a los se\u00f1ores Yeison Alejandro Cabrera Mora y Nora Fernanda Fl\u00f3rez Valencia y conden\u00e1ndolos a pagar, por perjuicios morales, 55 s.m.l.m.v. a los padres e hija de occiso, 15 s.m.l.m.v. para la sobrina y 25 s.m.l.m.v. para los hermanos (Juan Carlos, Casilda y Mireya). <\/p>\n
De otro lado, el Juzgado precis\u00f3 que se abstendr\u00eda de resolver sobre los perjuicios pedidos por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, en calidad de hermano de la v\u00edctima, toda vez que: <\/p>\n
no solo no fue posible allegar la prueba del perjuicio a \u00e9l irrogado, precisamente por no haber sido posible recibir su interrogatorio, sino porque dentro de las declaraciones de parte, rendidas por sus padres y hermanos, se dej\u00f3 claro que el demandante no sab\u00eda o no sabe leer ni escribir y, posiblemente, no comprende lo que le dice, es decir, que eventualmente -sin que esta servidora se encuentre afirmando tal circunstancia- puede presentar un tipo o cualquier tipo de discapacidad. Lo cierto es que, en estas condiciones, el poder otorgado por Jonny Alexander Mosquera a los profesionales del derecho presenta presuntas irregularidades en el momento de su otorgamiento, pues no resulta l\u00f3gico (\u2026) que sus familiares aduzcan que Jonny no sepa leer ni escribir, pero haya otorgado poder…10 (Destaca la Sala). <\/p>\n
Sobre el particular, afirm\u00f3 que, si bien el extremo activo alleg\u00f3 al Despacho solicitud para formalizar el apoyo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1996 de 2019, no aport\u00f3 las resultas de dicho tr\u00e1mite11 ni una ratificaci\u00f3n del poder por parte de los padres de Jonny Alexander, de manera que no hab\u00eda derecho de postulaci\u00f3n, requerido para adelantar cualquier actuaci\u00f3n judicial ante un juez del circuito; no obstante, aclar\u00f3 que no estaba definiendo la incapacidad o necesidad de apoyo en el demandante, pues no era competente ni era ese el objeto del proceso y orden\u00f3 compulsar copias penales y disciplinarias contra el apoderado, por las irregularidades evidenciadas en el referido documento. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, hizo un recuento de las distintas manifestaciones que hicieron los dem\u00e1s accionantes y testigos sobre la presunta condici\u00f3n de salud del se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez, as\u00ed: i) su padre asever\u00f3 que \u00e9l \u00abno comprende nada, toca mandarlo con un escrito, no sabe leer ni escribir, firm\u00f3 el poder porque solo saber poner el nombre\u00bb; ii) su hermano Juan Carlos dijo que era una persona especial, \u00abno puede hablar bien, no pronuncia bien las palabras, entonces como los ni\u00f1os se burlaban de \u00e9l no lo enviaron m\u00e1s al colegio, estudi\u00f3 hasta tercero de primera y solo sabe escribir su nombre, \u00e9l entiende, pero no le sabe responder, porque es muy t\u00edmido\u00bb; iii) su hermana Mireya afirm\u00f3 que \u00abno sabe leer ni escribir y tiene una mentalidad de un ni\u00f1o de 11 o 15 a\u00f1os, muchas cosas no las comprende\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, neg\u00f3 los perjuicios a la vida de relaci\u00f3n reclamados por los dem\u00e1s accionantes, porque de las declaraciones practicadas no se evidenciaba la afectaci\u00f3n a sus condiciones normales ni de desarrollo rutinario, m\u00e1s all\u00e1 del dolor causado por la muerte reciente de su familiar, compensado con el reconocimiento al perjuicio moral. Por otra parte, reconoci\u00f3 unos perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para sus padres, y da\u00f1o emergente y lucro cesante para la sobrina, como propietaria del veh\u00edculo en el que se transportaba el occiso. Respecto de la aseguradora, en calidad de demandada y de llamada en garant\u00eda, precis\u00f3 que responder\u00e1 hasta el l\u00edmite m\u00e1ximo de la p\u00f3liza contratada y al deducible para el valor de los da\u00f1os a terceros. <\/p>\n
2.4. En relaci\u00f3n con el se\u00f1or Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, el apoderado de los accionantes solicit\u00f3 adici\u00f3n de la sentencia, para que se pronunciara sobre las pretensiones de aqu\u00e9l, en concreto, en el sentido de indicar si se negaban o no, frente a lo cual, la operadora judicial de conocimiento accedi\u00f3 y adicion\u00f3 la parte resolutiva del fallo, para precisar que se abstendr\u00eda de \u00abpronunciarse respecto de los perjuicios irrogados al se\u00f1or YONNY ALEXANDER MOSQUERA G\u00d3MEZ por cuanto se advirtieron presuntas irregularidades en el poder que fuera otorgado para adelantar el presente proceso\u00bb12. <\/p>\n
2.5. En la misma audiencia, los apoderados de las partes apelaron. <\/p>\n
Particularmente, el representante judicial de los demandantes formul\u00f3 en la diligencia los siguientes repartos: i) cuestion\u00f3 que el Juzgado se hubiera abstenido de resolver sobre las pretensiones de Jonny Alexander, aduciendo que \u00e9l fue reconocido como demandante y que no se aleg\u00f3 nulidad alguna en el proceso frente al poder otorgado, de manera que, al ser convalidado, debi\u00f3 decidirse de fondo sobre su demanda; ii) atac\u00f3 los montos de los perjuicios morales declarados, incluyendo la negativa frente a Jonny Alexander, pues de decidirse lo primero se conceder\u00edan en igualdad de condiciones a las ya reconocidas a los dem\u00e1s accionantes, con las cuales dijo no estar de acuerdo, por la cuant\u00eda y su tasaci\u00f3n en s.m.l.m.v., pidiendo su aumento para todos los demandantes con base en los precedentes aplicables para ese tipo de perjuicios, concretamente el contenido en el SC5686-2018, por lo cual deb\u00eda acudirse al monto m\u00e1ximo all\u00ed fijado13; iii) reproch\u00f3 que no se hubiera reconocido el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, porque, pese a que se acept\u00f3 que a los demandantes se les afectaron sus condiciones y relaciones sociales, la juez incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n del asunto, al concluir que aquella afectaci\u00f3n se configuraba por el luto, raz\u00f3n por la cual indic\u00f3 que se debe reconocer y liquidar lo pretendido, conforme con las reglas de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia; iv) afirm\u00f3 que deb\u00edan ordenarse los intereses moratorios, previstos en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, pedidos frente al da\u00f1o emergente y el lucro cesante; v) censur\u00f3 la compulsa de copias, por las presuntas irregularidades del poder de Jonny Alexander, aduciendo que \u00e9l s\u00ed suscribi\u00f3 el mandato, que su firma correspond\u00eda con la de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y que ten\u00eda nota de presentaci\u00f3n personal, sumado a que los demandantes destacaron que \u00e9l s\u00ed suscribi\u00f3 el documento; vi) las costas del proceso, pues consider\u00f3 que deb\u00edan ser m\u00e1s altas; y vii) indebida interpretaci\u00f3n de la demanda, dado que, aunque solicitaron en el escrito inicial los perjuicios causados la v\u00edctima desde el accidente hasta su muerte, los cuales deb\u00edan reconocerse a favor de sus sucesores, la Juzgadora neg\u00f3 lo pertinente. <\/p>\n
Precis\u00f3, adem\u00e1s, que manten\u00eda el derecho a presentar los repartos en los tres d\u00edas siguientes. <\/p>\n
2.6. En la diligencia, se concedieron los recursos y se otorg\u00f3 a todos los impugnantes el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, para que presentaran los reparos concretos. El 2 de septiembre de 2021, mediante correo electr\u00f3nico enviado al Juzgado de conocimiento a las 15:18 p.m.14, el apoderado de los demandantes alleg\u00f3 el escrito correspondiente, del cual se destaca lo relativo a las pretensiones de Jonny Alexander, que constituyen la base fundacional de esta tutela15, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Decisi\u00f3n: Abstenerse de decidir de fondo la pretensi\u00f3n del demandante Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez. <\/p>\n
1. Reparo: Discriminaci\u00f3n ilegal e inconstitucional a una persona con discapacidad. El A-quo decide no pronunciarse de fondo porque tiene \u201cdudas\u201d de la capacidad del demandante Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez para firmar el mandato judicial. En el proceso no se prob\u00f3 que la firma del poder fuera falsa y no lo es, porque como dijeron los otros demandantes, Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez s\u00ed firma y esto se puede corroborar con un simple cotejo de la fotocopia de la cedula de ciudadan\u00eda que reposa en el expediente. El poder tiene nota de presentaci\u00f3n personal ante un Juzgado civil del circuito de Buga y los familiares- demandantes (padres y hermanos) afirmaron que Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez firma y fue quien firm\u00f3 el poder\u2026 <\/p>\n
1.2.) Reparo: La respetada juez no aplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente las disposiciones consagradas en la ley 1996 de 2019, entre ellas: el numeral 4 y 5 del art\u00edculo 4, el art\u00edculo 6. Normas que proh\u00edben la discriminaci\u00f3n, eliminan las barreras de acceso a los servicios p\u00fablicos y establecen la presunci\u00f3n de validez de los negocios jur\u00eddicos firmados por personas con discapacidad. Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez tiene tanto inter\u00e9s y necesidad en el proceso, que asisti\u00f3 a las audiencias iniciales en compa\u00f1\u00eda de sus padres para absolver los interrogatorios. <\/p>\n
1. Reparo: Indebida interpretaci\u00f3n del numeral 4 del art\u00edculo 113 y el inciso tercero del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General Del Proceso, que establece la nulidad por indebida representaci\u00f3n de alguna de las partes o carencia integra de poder por parte del apoderado. En el presente proceso no hay carencia total de poder, porque el poder con nota de presentaci\u00f3n personal se encuentra en el expediente. El poder no es falso, porque se puede cotejar la firma con la cedula y, adem\u00e1s, los padres y hermanos del demandante declararon que \u00e9l lo hab\u00eda firmado… <\/p>\n
2. Cuantificaci\u00f3n de los perjuicios morales:\u2026 <\/p>\n
2.1) Reparo: Desconocimiento de precedente jurisprudencial. La juez desconoci\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n Civil ha reconocido como compensaci\u00f3n de perjuicio moral la suma de $72.000.000, cuando lo que se afecta son los derechos a la vida e integridad f\u00edsica. Lo anterior conforme a la sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018\u2026 <\/p>\n
2.2) Reparo: Indebida valoraci\u00f3n de la prueba: la juez no valor\u00f3 la cercan\u00eda de la v\u00edctima directa con los demandantes, por ejemplo qued\u00f3 probado: Que la v\u00edctima directa viv\u00eda de manera permanente con los padres, hija y su hermano Jonny. Tambi\u00e9n que Juan Carlos y Franco Alirio, convivan mucho tiempo juntos por trabajar en la misma empresa. La intensidad del dolor por la muerte de un padre, hijo, hermano y t\u00edo se presume. Los demandados debieron probar que el dolor sufrido por los demandantes no tiene similitud con el dolor sufrido por los demandantes en los precedentes se\u00f1alados. <\/p>\n
2.3) Falta de motivaci\u00f3n. La juez no motivo la decisi\u00f3n de no respetar los precedentes [jurisprudenciales] de las salas civiles del Tribunal y la Corte\u2026 <\/p>\n
3) Negar el perjuicio a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1) Reparo: Desconocimiento del precedente jurisprudencial: la sala civil de la corte suprema justica ha indicado que en muerte se puede afectar el diario vivir de los demandantes. Negar el perjuicio a la vida de relaci\u00f3n a los familiares del muerto desconoce la reiterada jurisprudencia de la sala civil en la materia. <\/p>\n
3.2) Reparo: Error de valoraci\u00f3n probatoria. Con la prueba testimonial, documental y declaraci\u00f3n de parte qued\u00f3 probado que todos los demandantes dejaron de hacer actividades rutinarias y placenteras de su diario vivir. Despu\u00e9s de la muerte de Franco Alirio se tuvieron que ir al hospital a acompa\u00f1arlo mientras falleci\u00f3, tuvieron que viajar para ir al velorio y el entierro, no volvieron a realizar actividades sociales como paseos, fiestas y reuniones. La juez de primera instancia concluye que est\u00e1n probadas las anteriores afectaciones, pero que esto no es por causa del accidente, sino por la muerte. Y es claro que todos los perjuicios son a causa de la muerte. Muerte que causaron los demandaos y por lo tanto, deben reparar todas las consecuencias\u2026 <\/p>\n
5) Negar la reparaci\u00f3n del perjuicio moral y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, a favor de la masa herencial de Franco Alirio Mosquera. <\/p>\n
5.1) Reparo: Indebida interpretaci\u00f3n de la demanda: la juez de primera instancia no interpret\u00f3 la demanda bajo los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y la tutela judicial efectiva. Las causas y el objeto de la Litis estaban expresamente claras en determinar que los da\u00f1os sufridos directamente por Franco Alirio Mosquera estaban pretendidos. En los hechos se describen estos da\u00f1os (causas) y en las pretensiones se pide la declaraci\u00f3n de responsabilidad y en las condenas se pide que se condene a favor de todos los demandantes, en ese caso, a favor de los representantes de la masa herencial. (Destaca la Sala). <\/p>\n
2.7. El 20 de septiembre de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga admiti\u00f3 el recurso y otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, para sustentar la alzada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 202016, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico 138 del 21 siguiente. <\/p>\n
2.8. De acuerdo con la constancia secretarial visible en el expediente17, ejecutoriado el auto anterior, el 29 de septiembre18, el representante judicial de los entonces accionantes radic\u00f3 nuevamente la sustentaci\u00f3n de los reparos concretos, reiterando lo dicho en el memorial anterior y enfatizando que, acorde con lo indicado en la Ley 1996 de 2019, se deb\u00eda presumir la capacidad de las personas y que solo el afectado o sus representantes pod\u00edan alegar la nulidad por carencia de poder, lo cual no ocurri\u00f3, entre otros; y, concretamente, respecto de la inconformidad relativa a los perjuicios morales, esto es, lo expuesto ante el a quo en el numeral 2.2. del documento antes citado, argument\u00f3 lo siguiente frente a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez: <\/p>\n
2.2) Reparo: Indebida valoraci\u00f3n de la prueba: la juez no valor\u00f3 la cercan\u00eda de la v\u00edctima directa con los demandantes. <\/p>\n
Sustentaci\u00f3n: con respecto a Yonny Mosquera la juez dijo que adem\u00e1s del poder, negaba el perjuicio moral por qu\u00e9 no hab\u00eda pruebas del perjuicio que sufri\u00f3. La juez dej\u00f3 de valorar los testimonios y las declaraciones de parte de los otros demandantes de d\u00f3nde queda probado que Yonny mosquera viv\u00eda con su hermano, que despu\u00e9s del fallecimiento preguntaba por \u00e9l todos los d\u00edas y que sufri\u00f3 mucha y tristeza y dolor por la p\u00e9rdida de su familiar. <\/p>\n
La intensidad del dolor por la muerte de un padre, hijo, hermano y t\u00edo se presume. Los demandados debieron probar que el dolor sufrido por los demandantes no tiene similitud con el dolor sufrido por los demandantes en los precedentes se\u00f1alados. (Subraya la Sala). <\/p>\n
Tambi\u00e9n reiter\u00f3 el derecho de los familiares afectados (padres, hija, hermanos, sobrina) a la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y los dem\u00e1s argumentos planteados desde la intervenci\u00f3n en primera instancia. <\/p>\n
2.9. El 2 de septiembre de 202219, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la sentencia del a quo en lo relativo a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, entre otros, y modific\u00f3 algunas de las condenas impuestas a favor de los dem\u00e1s accionantes. <\/p>\n
3. La parte actora reprocha que en la determinaci\u00f3n del Tribunal se puede inferir que \u00abno existe prueba en el proceso que elimine la presunci\u00f3n sobre el da\u00f1o moral que sufri\u00f3 Jonny por la muerte de su hermano\u00bb, pues se limita \u00aba discriminar a Jonny diciendo que se le niega perjuicio porque no sabe leer, ni escribir y tiene una mente de un ni\u00f1o de 11 a\u00f1os\u00bb, sin hacer referencia a los \u00abtestimonios de Sandra Betancourt, Mart\u00edn [M\u00e9ndez] y Juan Carlos Palomino que declaran que Franco viv\u00eda con Jonny y este entendi\u00f3 la muerte de hermano y sufr\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3.1. Conforme a lo relatado, la parte actora inst\u00f3 que se ordene al Tribunal accionado \u00ab[revocar] la decisi\u00f3n de abstenerse o negar los perjuicios a JONNY ALEXANDER MOSQUERA GOMEZ\u00bb y que se le conmine a \u00abno volver a proferir providencias donde se discrimine a personas en raz\u00f3n a su discapacidad\u00bb, pues, en este caso, \u00able negaron el perjuicio a Jonny solo por ser discapacitado\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con los anexos de la tutela, se adjunt\u00f3 un poder especial para promover la presente acci\u00f3n constitucional suscrito por la se\u00f1ora Rosalba G\u00f3mez de Mosquera, refiriendo como su documento de identificaci\u00f3n la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 25.587.258, quien asevera actuar como agente oficioso de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, el cual tambi\u00e9n contiene la firma de su hijo, aduciendo que \u00abact\u00faa en nombre propio al firmar el poder\u00bb; como soporte, se alleg\u00f3 un video, en el cual la madre (tutelante) le indica a su hijo Jonny que firme el documento y, en consecuencia, \u00e9l procede a registrar su r\u00fabrica. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga argument\u00f3 que \u00abla parte demandante, ahora accionante, no atac\u00f3 el argumento expuesto en la queja tutelar\u00bb, es decir, lo relacionado con su decisi\u00f3n de abstenerse de condenar en perjuicios a favor de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, raz\u00f3n por la cual \u00abla sentencia de segundo grado no se pronunci\u00f3 al respecto, lo que da al traste con el presupuesto de subsidiariedad que cobija esta clase de tr\u00e1mites\u00bb. Enfatiz\u00f3 que el fin de la tutela es acudir a \u00abun \u201crecurso adicional\u201d, no contemplado por el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga manifest\u00f3 que no pod\u00eda reprocharse que la juez de primera instancia, al evidenciar el estado de \u00absubnormalidad mental del se\u00f1or JONNY ALEXANDER se haya preocupado por la forma como \u00e9ste aparece otorgando directamente poder a un abogado, y por el manejo y\/o destino que tendr\u00eda la suma dinero que eventualmente podr\u00eda reconoc\u00e9rsele como indemnizaci\u00f3n\u00bb y, en esa medida, consider\u00f3 que el proceder del a quo era consecuente con \u00abla teleolog\u00eda protectora de la ley 1996 de 2019\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, acorde con lo dicho, tampoco era cierto que la Sala se haya negado reconocer los da\u00f1os morales al se\u00f1or Jonny con el argumento de que \u00e9ste \u00ab\u2026no sabe leer, ni escribir y tiene una mente de un ni\u00f1o de 11 a\u00f1os\u2026, como se afirma en el escrito de tutela\u00bb, siendo esta una afirmaci\u00f3n \u00abcontraria a la lealtad procesal que se espera de quienes ejercen la profesi\u00f3n de abogado\u00bb. <\/p>\n
Puso de presente que el extremo activo pudo interponer recurso extraordinario de casaci\u00f3n y no lo hizo y que, al no haberse adoptado una decisi\u00f3n de fondo, por \u00abun impedimento (\u2026) TEMPORAL para pronunciarse sobre el menoscabo moral reclamado por el se\u00f1or JONNY ALEXANDER MOSQUERA, el cual, una vez superado, no impedir\u00eda \u201c\u2026iniciar otro proceso al desparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento\u2026\u201d\u00bb, de conformidad con lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 304 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Seguros del Estado S.A., a trav\u00e9s de su representante legal para asuntos judiciales, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por cuanto lo pretendido no est\u00e1 relacionado con sus competencias. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora pretende que se invalide la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que confirm\u00f3 la emitida el 30 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en tanto negaron los derechos relacionados con el se\u00f1or Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre el particular, en primer lugar, resulta pertinente se\u00f1alar que aunque la tutela se impetr\u00f3 por Rosalba G\u00f3mez de Mosquera, aduciendo la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 25.587.25820, en el expediente del proceso de origen se registra con ese documento a la se\u00f1ora Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez21, raz\u00f3n por la cual, en auto del 12 de octubre del presente a\u00f1o, se especific\u00f3 que la \u00abpresente queja constitucional se tramita agenciando los derechos del se\u00f1or Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez\u00bb, pues, como se evidenci\u00f3 en el juicio cuestionado, aqu\u00e9l tiene dificultades para hablar claramente y, seg\u00fan indicaron los declarantes, no sabe escribir, de manera que se puede inferir que no est\u00e1 en total disposici\u00f3n para intervenir directamente y, por tanto, un tercero puede acudir a esta instancia como su agente oficioso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora bien, revisada la sentencia dictada por el Tribunal accionado, que fue, en \u00faltimas, la que defini\u00f3 el asunto, se advierte que neg\u00f3 lo relativo al recurso interpuesto frente a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, por dos razones: la primera, porque consider\u00f3 que la sentencia impugnada no accedi\u00f3 a lo reclamado con base en que \u00abno fue posible allegar la prueba del perjuicio a \u00e9l irrogado precisamente por no haber sido posible recibir su interrogatorio\u00bb, aspecto que no fue impugnado; y, la segunda, toda vez que encontr\u00f3 razonables las irregularidades en el poder por \u00e9l conferido, que soportaron que la Juzgadora de primera instancia se abstuviera de pronunciarse, por estimar necesario \u00aballegar al proceso un acuerdo de apoyo conforme a la Ley 1996 de 2019\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer aspecto, el Tribunal afirm\u00f3 que los apelantes, \u00aben lugar de ofrecer un argumento serio de contraste frente a tan espec\u00edficos fundamentos del fallo de primer grado [en especial el referente a que ante la imposibilidad de interrogarlo \u201c\u2026no fue posible\u2026\u201d obtener \u201c\u2026la prueba del perjuicio a \u00e9l irrogado\u2026\u201d]\u00bb, se limitaron a expresar que: <\/p>\n
el poder conferido por JONNY ALEXANDER \u201c\u2026tiene nota de presentaci\u00f3n personal ante un Juzgado civil del circuito de Buga (sic) y los familiares demandantes (padres y hermanos) afirmaron que Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez firma y fue quien firm\u00f3 el poder\u2026\u201d, a\u00f1adiendo que \u201c\u2026no hay decisi\u00f3n que declare la falta de poder o la incapacidad absoluta del demandante\u2026\u201d, y que la decisi\u00f3n de la juez traduce un acto de discriminaci\u00f3n contra dicho demandante por causa de su discapacidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, determin\u00f3 que \u00abfrente al rese\u00f1ado argumento axial del fallo apelado [no estar probado el perjuicio irrogado a dicho actor] ning\u00fan embate argumentativo serio y coherente hubo por parte de los recurrentes\u00bb22, quedando claro en la audiencia respectiva que el interrogatorio que se pretend\u00eda practicar con \u00e9l para establecer el da\u00f1o alegado con la muerte de su hermano \u00abno pudo practicarse por cuanto (\u2026) [\u00e9l] ni siquiera comprendi\u00f3 las implicaciones del juramento y tampoco pudo expresar los aspectos b\u00e1sicos de sus generales de ley, lo cual impidi\u00f3 a la juzgadora determinar el tipo de perjuicio padecido por aqu\u00e9l, y su extensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez de segunda instancia estaba sujeto a los reparos concretos y argumentos de la parte apelante, la cual omiti\u00f3 cuestionar \u00abla falta de prueba de los perjuicios reclamados por JONNI ALEXANDER MOSQUERA\u00bb y, en consecuencia, <\/p>\n
la decisi\u00f3n de no reconocerlos e indemnizarlos no puede sucumbir frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en su contra, desde luego que si los reparos no atacan id\u00f3neamente todos los fundamentos TORALES del fallo apelado, o lo que es lo mismo, no fustigan con argumentos coherentes y serios alguno de los fundamentos axiales de la decisi\u00f3n impugnada, \u00e9sta deber\u00e1 permanecer inalterable en segunda instancia, pues trat\u00e1ndose de ese tipo de pilares argumentativos de la providencia, uno solo de ellos que permanezca intangible, tiene entidad suficiente para sostenerla. <\/p>\n
En cuanto a las irregularidades evidenciadas en el poder suscrito por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, el Tribunal consider\u00f3: <\/p>\n
nada tiene de antojadizo, arbitrario -y menos discriminatorio- el discernimiento de la a-quo en torno a la necesidad de allegar al proceso un acuerdo de apoyo conforme a la Ley 1996 de 2019 respecto de JONNY ALEXANDER, toda vez que con el advenimiento de dicha normatividad se establecieron medidas no solo \u201c\u2026espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u2026\u201d23, sino \u201c\u2026adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primac\u00eda de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos\u2026\u201d24. <\/p>\n
Entre tales medidas se encuentran los acuerdos de apoyo para la celebraci\u00f3n de actos jur\u00eddicos (art\u00edculos 15 a 20), las directivas anticipadas (art\u00edculos 21 a 31) y la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos (art\u00edculos 32 a 43), que fue precisamente lo que la a-quo ech\u00f3 de menos. Por manera que la exigencia de la a-quo se entronca en la teleolog\u00eda de la mentada ley, en cuanto procura impedir que una persona que notoriamente exterioriz\u00f3 su discapacidad cognitiva para intervenir en un proceso judicial sea objeto de abusos, garantiz\u00e1ndole la primac\u00eda de su voluntad y preferencias a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n de alguna de las medidas antes descritas. <\/p>\n
Muestra palmaria de ello [la notoria discapacidad] es que una vez instalada la audiencia inicial (el 13-05-2021), JONNI ALEXANDER ni siquiera pudo efectuar su presentaci\u00f3n, pues por m\u00e1s que su hermana MIREYA le repiti\u00f3 en varias ocasiones que respondiera \u201c\u2026mi nombre es JONNI\u2026\u201d, apenas pudo decir \u201cJONNI\u201d, al cabo de lo cual el tambi\u00e9n demandante JUAN CARLOS MOSQUERA G\u00d3MEZ tom\u00f3 la vocer\u00eda para indicar \u201c\u2026se\u00f1ora juez, eh, una cosita; lo que pasa es que mi hermano es especial, entonces le voy a leer: \u00c9l se llama JONNY ALEXANDER MOSQUERA G\u00d3MEZ, n\u00famero de c\u00e9dula eh, 1.061.714.224 de Popay\u00e1n\u2026\u201d. Y cuando en la continuaci\u00f3n de la audiencia inicial llevada a cabo el 28-06-2021 la juez intent\u00f3 que absolviera el interrogatorio de parte, su prop\u00f3sito se vio frustrado porque tras hacerle las prevenciones de ley, de cara a los art\u00edculos 33 Superior y 442 del C\u00f3digo Penal, no fue posible que entendiera el contenido de las mismas, lo cual se tornaba necesario, habida cuenta que dicho acto procesal era bajo el apremio del juramento que genera implicaciones para quien as\u00ed concurre ante los estrados judiciales. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que el reparo no estaba llamado a prosperar. <\/p>\n
3.1. Igualmente, el Tribunal mantuvo la compulsa de copias, derivada de las presuntas anomal\u00edas en el otorgamiento del poder de Jonny Alexander, porque \u00abluce irregular que una persona, en tales condiciones, y sin alguna de las medidas de apoyo enlistadas en la Ley 1996 de 2019, haya conferido poder a un profesional del derecho para reclamar el pago de unas sumas de dinero por concepto de indemnizaciones\u00bb. <\/p>\n
3.2. En torno a la indemnizaci\u00f3n otorgada por perjuicios morales y el alegado desconocimiento del precedente judicial aplicable, el Tribunal consider\u00f3 que \u00ab[en] ese contexto [refiri\u00e9ndose al dolor que se sufre por la muerte de un ser querido] es dable inferir que la intempestiva e injusta p\u00e9rdida de su hijo, padre, t\u00edo y hermano FRANCO ALIRIO MOSQUERA G\u00d3MEZ, ha producido a los demandantes una intensa afectaci\u00f3n\u00bb, causando un da\u00f1o moral \u00abfundamentado en las relaciones que se entretejen con ocasi\u00f3n de los v\u00ednculos propios de la familia conformada por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
En concreto, sobre el monto de la compensaci\u00f3n otorgada, argument\u00f3 que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha viabilizado que las condenas se impongan en salarios m\u00ednimos legales mensuales y que \u00abuna indemnizaci\u00f3n asonante a tales directrices no puede ser inferior\u00bb a 60 s.m.l.m.v. para los padres e hijos y 30 s.m.l.m.v. para los hermanos, por lo que aument\u00f3 el perjuicio moral reconocido en esas sumas, en tanto consider\u00f3 que no desconoc\u00edan la cuant\u00eda fijada en la sentencia CSJ STC5686-2018. Respecto de la sobrina, mantuvo la condena en 15 s.m.l.m.v., porque \u00absensatamente compensa el perjuicio por ella reclamado\u00bb. <\/p>\n
3.3. De otro lado, neg\u00f3 lo relativo al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, por cuanto en la demanda y su reforma los accionantes \u00abomitieron indicar de qu\u00e9 manera se produjo dicho perjuicio\u00bb y \u00abninguna plataforma f\u00e1ctica elaboraron para el prop\u00f3sito se\u00f1alado, limit\u00e1ndose a reproducir un segmento jurisprudencial referido a la manera como el da\u00f1o extrapatrimonial se puede manifestar, y a se\u00f1alar el quantum de lo pretendido por dicho rubro\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el Juzgado de primera instancia neg\u00f3 ese perjuicio, porque las declaraciones rendidas para su acreditaci\u00f3n se sustentaron en la tristeza por la partida de su pariente, la cual era evidente y derivada del mismo da\u00f1o moral alegado, dado que Franco Alirio ten\u00eda menos de 2 a\u00f1os de muerto, pero sin indicar dificultad alguna en los actores para continuar ejerciendo sus actividades rutinarias y, ante la falta de prueba, no hab\u00eda lugar a su reconocimiento. <\/p>\n
3.4. Neg\u00f3 el pago de los intereses moratorios contemplados en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, dado que no encontr\u00f3 una causa de mora imputable a la aseguradora, en tanto, aunque aquella no accedi\u00f3 a la reclamaci\u00f3n extrajudicial pedida, motiv\u00f3 su decisi\u00f3n, frente a lo cual el Colegiado resalt\u00f3: i) la suma pretendida era excesiva, cosa que aparece corroborada en el proceso; ii) los demandantes no cumplieron con la carga de acreditar su parentesco con la v\u00edctima fatal; y iii) la aseguradora s\u00ed efectu\u00f3 un ofrecimiento a la parte demandante el 9 de enero de 2019, que no fue aceptado. Aunado a ello, aclar\u00f3 que en la apelaci\u00f3n no controvirtieron el argumento del Juzgado, en torno a la improcedencia de dichos intereses, pues se centraron en se\u00f1alar que la mora se causaba desde la reclamaci\u00f3n hasta la sentencia, sin precisar en qu\u00e9 sustentaban la indebida valoraci\u00f3n probatoria alegada en ese aspecto. <\/p>\n
3.5. Sobre las pretensiones reclamadas a favor de la masa herencial de la v\u00edctima, por los perjuicios sufridos por aqu\u00e9l entre el d\u00eda del accidente y el de la muerte, negada por el a quo porque ninguna condena espec\u00edfica se reclam\u00f3 en ese sentido, el Tribunal advirti\u00f3 que no presentaron argumentos para rebatir la conclusi\u00f3n del juzgado de primera instancia y, por tanto, no hab\u00eda lugar a analizar el asunto. <\/p>\n
3.6. Respecto del lucro cesante pedido a favor de los padres del occiso, el Colegiado sostuvo que los apelantes no confrontaron \u00abel s\u00f3lido fundamento esgrimido por la a-quo a la hora de establecer que lo devengado por el finado MOSQUERA G\u00d3MEZ correspond\u00eda al salario m\u00ednimo\u00bb; no obstante, como tambi\u00e9n atacaron la metodolog\u00eda implementada para calcular ese perjuicio, encontr\u00f3 que les asist\u00eda raz\u00f3n y que, en efecto, deb\u00eda hacerse un ajuste, lo cual lo condujo a reconocer un lucro cesante consolidado futuro de $ 45\u00b4915.714,93 para el padre y $ 61\u00b4209.376,62 para la mam\u00e1 del occiso. <\/p>\n
3.7. Frente al aumento del da\u00f1o emergente reconocido a favor de la sobrina del fallecido, por el valor de la camioneta en la que ocurri\u00f3 el accidente y que era de su propiedad, dijo que tampoco se sustent\u00f3 el reparo en debida forma para poder proceder con su estudio, pues solo dijeron que el valor era mayor y que no se apreciaron las pruebas que acreditaban el precio real del automotor; no obstante, actualiz\u00f3 la suma reconocida por ese concepto. <\/p>\n
3.8. Y, sobre las agencias en derecho, dijo que el reparo era prematuro. <\/p>\n
4. Pues bien, centrados en los argumentos tenidos en cuenta por el Colegiado accionado para negar los reclamado a favor de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, aspecto al cual se limita la tutela, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional propuesta en su nombre tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
El Tribunal adujo, en primer lugar, que uno de los argumentos axiales por los cuales se neg\u00f3 lo reclamado no fue atacado en el recurso de apelaci\u00f3n, haciendo menci\u00f3n a que el Juzgado de primera instancia advirti\u00f3 que Jonny Alexander no pudo ser interrogado y que, por esa raz\u00f3n, no se prob\u00f3 el perjuicio sufrido por \u00e9l con la muerte de su hermano; lo anterior, pues el Colegiado consider\u00f3 que solo se hab\u00eda cuestionado la determinaci\u00f3n relacionada con el poder allegado en representaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Juzgado de conocimiento, en el fallo de primera instancia, indic\u00f3 en la parte considerativa que se abstendr\u00eda de pronunciarse sobre lo pretendido por Jonny Alexander, \u00abno solo porque no fue posible allegar la prueba del perjuicio a \u00e9l irrogado, precisamente por no haber sido posible recibir su interrogatorio, sino porque dentro de las declaraciones de parte rendidas por sus padres y hermanos se dej\u00f3 claro que el demandante no sabe leer ni escribir\u00bb, raz\u00f3n por la cual hab\u00eda presuntas irregularidades en el mandato por \u00e9l otorgado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 no fue otra que la de abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, ante la falta de la postulaci\u00f3n requerida, cuesti\u00f3n que qued\u00f3 muy clara al resolver la solicitud de adici\u00f3n formulada por el apoderado de la parte actora25, quien reclam\u00f3 que se indicara si se negaban o no las pretensiones de Jonny Alexander, frente a lo cual la Juzgadora precis\u00f3, por auto dictado en la misma diligencia, que era pertinente adicionar el resuelve de la sentencia, para: \u00abAbstenerse de pronunciarse respecto de los perjuicios irrogados al se\u00f1or JONNY ALEXANDER MOSQUERA G\u00d3MEZ por cuanto se advirtieron presuntas irregularidades en el poder que fuera otorgado para adelantar el presente proceso\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De lo anterior se vislumbra que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, no hubo un argumento axial para negar los perjuicios reclamados por la falta de prueba del da\u00f1o sufrido por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, pues ese no fue el eje central de la determinaci\u00f3n de primera instancia, en tanto lo decidido fue abstenerse de decidir en raz\u00f3n a las dudas sobre el mandato. <\/p>\n
Sobre el particular, ha dicho la Sala que <\/p>\n
tal y como se ha sostenido, \u00abla citada Sentencia C-836 de 2001 estableci\u00f3 la diferencia de obligatoriedad entre la ratione decidendi de la decisi\u00f3n y el obiter dicta, se\u00f1alando que \u201cla parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jur\u00eddicas\u201d que hacen parte de la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n, es decir aquellos que son \u201cinescindibles de la decisi\u00f3n sobre un punto de derecho.\u201d (\u2026)\u201d (C.C. C-621 de 2015, citada en STC16473-2019). <\/p>\n
En ese sentido precis\u00f3 el alto Tribunal Constitucional, que \u00abla ratio decidendi est\u00e1 representada por aquel fundamento normativo que, m\u00e1s all\u00e1 de las particularidades irrelevantes del caso, constituye la base directa de la decisi\u00f3n tomada en el caso concreto\u2026 (C-1195-01). (CSJ STC4285-2020). <\/p>\n
En ese orden, es claro que aquella menci\u00f3n no tiene reflejo en la parte resolutiva de la sentencia, limitada a las presuntas irregularidades en el poder conferido, raz\u00f3n por la cual, como no se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo que negara, por ausencia de prueba, las pretensiones del se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez, y lo relativo a la falta de postulaci\u00f3n que dio lugar a la decisi\u00f3n de abstenci\u00f3n s\u00ed fue objeto de recurso, no era viable establecer que no se hab\u00eda cuestionado el fundamento toral del fallo de primera instancia, pues aqu\u00e9l no era otro que lo relativo al mandato. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no pod\u00eda concluir el Tribunal, como lo hizo en el fallo del 2 de septiembre de los corrientes, que no se present\u00f3 \u00abun argumento serio de contraste frente a tan espec\u00edficos fundamentos del fallo de primer grado [en especial el referente a que ante la imposibilidad de interrogarlo (\u2026) \u201c\u2026no fue posible\u2026\u201d obtener \u201c\u2026la prueba del perjuicio a \u00e9l irrogado\u2026\u201d\u00bb, ni que \u00abNo habiendo sido rebatido por los apelantes, ese fundamento axial del fallo se torna inmodificable para el Tribunal\u00bb26, por virtud de lo previsto en los art\u00edculos 320 y 322 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto aquello, se itera, fue algo que se mencion\u00f3, pero que no sustenta la ratio decidendi de la providencia de primera instancia. <\/p>\n
4.2. Sin perjuicio de lo expuesto, advierte la Sala que, contrario a lo referido por el Colegiado accionado y aunque el aspecto anteriormente mencionado sobre la falta de prueba del perjuicio reclamado por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez no tenga la relevancia que se le quiso dar en el fallo cuestionado, lo cierto es que lo relativo al da\u00f1o a \u00e9l irrogado s\u00ed fue objeto del recurso. <\/p>\n
Lo anterior, se deduce, porque en los reparos expuestos en la diligencia respectiva, el apoderado de los accionantes atac\u00f3 la falta de decisi\u00f3n de lo reclamado por Jonny Alexander y, al referirse al perjuicio moral y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n de los dem\u00e1s accionantes, dej\u00f3 claro que hac\u00eda extensivo ese reproche a favor de aqu\u00e9l, bajo la premisa que se acceder\u00eda al primer cargo. <\/p>\n
Es de anotar que, en la diligencia, el apoderado de la parte actora indic\u00f3 que presentar\u00eda los reparos completos y su sustentaci\u00f3n por escrito en los tres d\u00edas siguientes, lo cual hizo en la oportunidad respectiva, precisando, frente a los perjuicios morales reconocidos y los negados a favor de Jonny Alexander, que \u00abla juez no valor\u00f3 la cercan\u00eda de la v\u00edctima directa con los demandantes, por ejemplo qued\u00f3 probado: Que la v\u00edctima directa viv\u00eda de manera permanente con (\u2026) su hermano Jonny; adem\u00e1s, sostuvo que La intensidad del dolor por la muerte de un padre, hijo, hermano y t\u00edo se presume\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece: <\/p>\n
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Tampoco puede perderse de vista que la misma fundamentaci\u00f3n se alleg\u00f3 en el t\u00e9rmino otorgado por el Tribunal para sustentar la alzada en segunda instancia, enfatizando, adicionalmente, sobre la indebida valoraci\u00f3n probatoria del perjuicio moral, que la juez no apreci\u00f3 los testimonios y declaraciones de parte que evidenciaban que \u00e9l occiso viv\u00eda con su hermano menor, Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, que este preguntaba por \u00e9l, que se vio afectado por su partida y que el da\u00f1o moral, dado que se trataba de hermanos, se presum\u00eda. <\/p>\n
Por manera que la falta de reproche frente al perjuicio moral de aqu\u00e9l y que, seg\u00fan el Colegiado, se neg\u00f3 por falta de prueba, tampoco es una conclusi\u00f3n que guarde fidelidad con las actuaciones surtidas, cosa distinta es que se considere que aquella pudo tener m\u00e1s motivaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que, en todo caso, no ser\u00eda suficiente para no resolver el asunto. <\/p>\n
4.3. Las dos circunstancias descritas abren paso a la salvaguarda invocada, pues, sin duda, se ve afectada la motivaci\u00f3n de la sentencia, \u00abimperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (Ver cita en CSJ STC9147-2022); asimismo, se evidencia un error en la valoraci\u00f3n de las actuaciones procesales. Ello, por cuanto, la argumentaci\u00f3n expuesta para no pronunciarse de fondo sobre el caso es ajena a la realidad de las diligencias surtidas, hecho que vulnera la garant\u00eda superior referida, pues frente a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez se menoscab\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda para que el superior resolviera de fondo sus pretensiones. <\/p>\n
Lo expuesto, por supuesto, amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Ahora bien, sobre el punto de mayor relevancia, esto es, la falta de decisi\u00f3n de las s\u00faplicas formuladas a favor de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez por las presuntas irregularidades en el poder por \u00e9l suscrito, la Sala advierte que tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, desconociendo, adem\u00e1s, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en lo relativo al derecho a la igualdad y la prohibici\u00f3n de cualquier forma de discriminaci\u00f3n, que amerita la intervenci\u00f3n de esta especial justicia. <\/p>\n
5.1. En efecto, no se desvirtu\u00f3 que el poder otorgado por el se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez ten\u00eda su firma, con nota de presentaci\u00f3n personal realizada ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popay\u00e1n el 31 de octubre de 2019. Es un hecho, tambi\u00e9n, que la demanda presentada en su nombre fue admitida, que se reconoci\u00f3 personer\u00eda a sus representantes judiciales principal y suplente27 y que las partes no presentaron excepci\u00f3n alguna por indebida representaci\u00f3n28 ni alegaron las presuntas anormalidades en el mandato por \u00e9l conferido en ninguna instancia del proceso, nulidad que tampoco fue propuesta cuando se advirti\u00f3 aquello, de manera que, en principio, podr\u00eda indicarse que el eventual vicio no fue discutido por las partes en las instancias pertinentes y, por tanto, se habr\u00eda saneado o superado. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la juzgadora de primera instancia, como directora del proceso, verific\u00f3 v\u00e1lidamente ese acto procesal; no obstante, de lo decidido, se advierte que no se tuvieron en cuenta las previsiones de la Ley 1996 de 2019 y que, la conclusi\u00f3n a la cual arrib\u00f3 el Tribunal, al indicar que \u00abnada tiene de antojadizo, arbitrario -y menos discriminatorio- el discernimiento de la a-quo en torno a la necesidad de allegar al proceso un acuerdo de apoyo conforme a la Ley 1996 de 2019 respecto de JONNY ALEXANDER\u00bb, es totalmente ajena a la finalidad de dicho mandato legal y, por supuesto, a los principios superiores de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
5.2. La normativa relativa a la discapacidad est\u00e1 contenida, en el \u00e1mbito internacional, en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (1948), la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos29 (1969), el Protocolo de San Salvador30 (1988), la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o31 (1989), la Declaraci\u00f3n de Cartagena de Indias32 (1992), la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad33 (1999), la Convenci\u00f3n de las Personas con Discapacidad34 (2006) y la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores35 (2015). <\/p>\n
En Colombia, a su vez, se incorporaron los tratados y convenios internacionales dirigidos al reconocimiento de derechos humanos bajo la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), las garant\u00edas de libertad e igualdad ante la ley para todas las personas \u00absin ninguna discriminaci\u00f3n\u00bb, siendo un deber del Estado hacerla real y efectiva, adoptando las medidas necesarias, incluso, ofreciendo una protecci\u00f3n especial \u00aba aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta\u00bb (art. 13 C.P.), de manera que corresponde a las autoridades promover medidas a favor de diferentes grupos minoritarios36, tem\u00e1tica esta que ha sido abordada por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional en sentencia C042-201737. <\/p>\n
En tal sentido, para la Sala es necesario analizar el asunto a la luz de las reglas referidas, tomando en consideraci\u00f3n la primac\u00eda de los derechos de la persona en condici\u00f3n de discapacidad, pues, tanto la normativa internacional como la interna, tienen como prop\u00f3sito proveer al Estado de herramientas para procurar a aquella un trato acorde a su situaci\u00f3n, lo cual redunda en el deber legal del juez constitucional de estudiar el fondo del asunto, para garantizar que no se vea vulnerado el derecho a ejercer su capacidad legal, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
5.3. Concretamente, frente a las personas mayores de edad con discapacidad, la Ley 1996 de 2019 contempl\u00f3 que se presumen capaces legalmente y que pueden ejercer esa capacidad directamente, as\u00ed: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 6o. PRESUNCI\u00d3N DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos. <\/p>\n
En ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona. <\/p>\n
La presunci\u00f3n aplicar\u00e1 tambi\u00e9n para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculaci\u00f3n e inclusi\u00f3n laboral. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente se presume. <\/p>\n
La necesidad de ajustes razonables para la comunicaci\u00f3n y comprensi\u00f3n de la informaci\u00f3n no desestima la presunci\u00f3n de la capacidad para realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente. (Subraya la Sala) <\/p>\n
En ese orden, es evidente que, a partir de dicha normativa, a las personas con alguna condici\u00f3n de discapacidad se les presume y reconoce su capacidad legal, incluso cuentan con capacidad para obrar a\u00fan sin contar con alguna de las medidas de apoyo contempladas en la ley. <\/p>\n
Frente a la reforma contenida en la citada ley, es evidente que la columna vertebral es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con alguna condici\u00f3n de discapacidad, raz\u00f3n por la que, a partir de aquella disposici\u00f3n, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala, \u00abninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces\u00bb (CSJ STC 16821-2019), para lo cual la misma ley contempl\u00f3 el proceso de revisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
En sentencia del 4 de diciembre de 2019 (CSJ STC16392-2019), la Sala efectu\u00f3 un an\u00e1lisis sobre las novedades que introdujo la citada disposici\u00f3n, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) la nueva Ley 1996 de 2019 (por medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad) prefiri\u00f3 el antedicho modelo social, a partir de los imperativos constitucionales y legales de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n social de las personas mayores con discapacidad mental, seg\u00fan los cuales \u00e9stas no deben ser tratadas como pacientes sino como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos, que requieren no que se les sustituya o anule en la toma de sus decisiones, sino que se les apoye para ello, dando prelaci\u00f3n a su autodeterminaci\u00f3n, dejando de lado el obst\u00e1culo se\u00f1alado con antelaci\u00f3n que, partiendo de apreciaciones de su capacidad mental, les restring\u00eda el uso de su capacidad legal plena. <\/p>\n
En efecto, esta Ley fij\u00f3 (\u2026) que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba)\u2026 <\/p>\n
Bajo esta novedosa ruta en el \u00e1mbito patrio, atendiendo a la reforma introducida, especialmente la variaci\u00f3n hecha al art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil, la presunci\u00f3n de capacidad fijada en el precepto 1503 ibidem actualmente incluye a los individuos mayores de edad con discapacidad, \u00faltimo canon que ense\u00f1a que \u00ab[t]oda persona es legalmente capaz, excepto aqu\u00e9llas que la ley declara incapaces\u00bb; con ocasi\u00f3n de ello surge pertinente recordar que desde anta\u00f1o se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que \u00ab[l]a capacidad es la regla general y la incapacidad su excepci\u00f3n\u00bb, de donde la nueva reglamentaci\u00f3n no impone cosa diferente a que, en pro de la autodeterminaci\u00f3n de dichos sujetos, debe presumirse su capacidad de goce y de ejercicio. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, frente a la presunci\u00f3n de capacidad de las personas, ha dicho que: <\/p>\n
\u2026la capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. De acuerdo con el art\u00edculo 1502 de la ley sustantiva civil esa capacidad puede ser de goce o de ejercicio. <\/p>\n
La primera hace referencia a la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, de la cual gozan todas las personas, por lo cual se erige como uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica; al paso que la segunda consiste en la habilidad que la ley les reconoce para ejercer por s\u00ed mismas los derechos de que son titulares y cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de la autorizaci\u00f3n o mediaci\u00f3n de otras. <\/p>\n
Por lo tanto, la capacidad es la regla general y por ello, todo individuo tiene capacidad de goce; en cuanto a la capacidad de ejercicio, requisito para la validez de una declaraci\u00f3n de voluntad, en principio, tambi\u00e9n la tienen todas las personas, salvo aquellas a las que la ley declare incapaces, seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 1503 del Estatuto Civil (CSJ STC14592-2015, 22 oct. 2015, rad, 2015-02426-00)\u2026 <\/p>\n
Defini\u00f3 los primeros (ajustes razonables) como \u00abaquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que las dem\u00e1s, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales\u00bb (numeral 6\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba); mientras los segundos (apoyos), como \u00abtipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal\u00bb (numeral 4\u00ba ibidem)\u2026 <\/p>\n
Lo dicho, en apego fidedigno al \u00abderecho al libre desarrollo de [la] personalidad\u00bb que, en concordancia con los diferentes instrumentos internacionales, reconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica patria a todos los coasociados, \u00absin m\u00e1s limitaciones que las que imponen los derechos de los dem\u00e1s y el orden jur\u00eddico\u00bb (art\u00edculo 16), de no olvidar que, en palabras de la Corte Constitucional, \u00abel eje normativo de la Carta Fundamental lo constituye el ser humano y su dignidad. Por lo tanto, cualquier persona, sin importar su condici\u00f3n, tiene derechos y la posibilidad de ejercerlos efectivamente de manera libre e independiente, sin m\u00e1s limitaciones que las constitucionalmente aceptables. Es por ello, que el Estado tiene un deber doble respecto del derecho a la autodeterminaci\u00f3n: por un lado, garantizar su realizaci\u00f3n minimizando las restricciones y, de otra parte, respetar las decisiones que las personas adoptan de manera libre y voluntaria, sin discriminaci\u00f3n alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u00bb (CC T-063\/12). <\/p>\n
Lo anterior, ratificando el derecho a la autodeterminaci\u00f3n -por ende, a equivocarse- que asiste a las personas mayores con discapacidad, como consecuencia indiscutible del poder prevalente de su voluntad, sin perjuicio de las medidas de discriminaci\u00f3n positivas que resulten necesarias a cargo del Estado con el fin de protegerlos, en lo que sea necesario, pero sin inobservar que el fin \u00faltimo es promover sus derechos, eliminando las barreras o restricciones que puedan present\u00e1rseles\u00bb (CSJ, STC16392-2019, reiterada en CSJ STC9356-2020, CSJ STC406-2020). <\/p>\n
De lo anterior, se concluye que las personas mayores con alguna condici\u00f3n de discapacidad no tienen disminuida su capacidad legal ni de ejercicio, sin perjuicio de que, para su exteriorizaci\u00f3n, puedan requerir de apoyos, que deben ser suministrados por el Estado o por conducto de \u00e9ste, para lo cual se han contemplado distintas herramientas, como los ajustes razonables, las directivas anticipadas o los acuerdos de apoyo que pueden ser otorgados por escritura p\u00fablica o mediante un proceso judicial. <\/p>\n
En ese sentido, ha considerado esta Sala que <\/p>\n
la Ley 1996 de 2019 dirige su regulaci\u00f3n a uno de los atributos de la personalidad, esto es, la capacidad, vista como \u00abaptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos\u00bb (C395-2021) <\/p>\n
Entonces, se concluye que bajo la nueva normativa (Ley 1996 de 2019), la capacidad subrogada perdi\u00f3 su vigencia, y ahora se entrega a plenitud a las personas en condici\u00f3n de discapacidad mayores de edad, quienes cuentan con la titularidad y disfrute de sus derechos, as\u00ed como con la facultad de utilizarlos y celebrar actos jur\u00eddicos que les permitan tomar riesgos y cometer errores, sin que se permita descalificar sus calidades por su condici\u00f3n de discapacidad. (CSJ STC4563-2022). <\/p>\n
Ahora bien, pueden existir casos en los que su condici\u00f3n intelectual no le permita a la persona mayor de edad exteriorizar su voluntad y, en esos eventos, sea necesario contar con los apoyos. Lo anterior, fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-25 de 2021, al resolver el cargo contra el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1996 de 2019, relativo a la vulneraci\u00f3n de \u00ablos derechos fundamentales a la igualdad y a la personalidad jur\u00eddica de las personas en condiciones de discapacidad, al reconocerles, sin distinci\u00f3n alguna sobre los grados de discapacidad, el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica a\u00fan sin contar con apoyos o asistencia\u00bb, oportunidad en la que determin\u00f3 que, en efecto, hay eventos que requieren un apoyo, seg\u00fan la condici\u00f3n mental profunda que se acredite. En sustento adujo: <\/p>\n
La lectura completa del enunciado normativo muestra que el legislador establece una presunci\u00f3n de la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas en condiciones de discapacidad para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u2026 <\/p>\n
En cuanto a este \u00faltimo elemento, para la existencia y validez de un acto jur\u00eddico se requiere de la capacidad legal de una persona, no solo la de goce, sino tambi\u00e9n la de ejercicio\u2026 <\/p>\n
Sobre este nuevo paradigma la doctrina sostiene que parte de dos presupuestos: (i) las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Esto se fundamenta en el principio de la dignidad humana que comprende al ser humano como un fin y no como un medio; y (ii) la discapacidad es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para garantizar que esta poblaci\u00f3n goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Sobre este segundo presupuesto, se ha se\u00f1alado que \u201cno son las limitaciones individuales las ra\u00edces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organizaci\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
Al respecto, el Comit\u00e9 precis\u00f3 que la capacidad jur\u00eddica es un concepto distinto al de la capacidad mental, y la primera no puede condicionarse a la segunda: \u201cLa capacidad jur\u00eddica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimaci\u00f3n para actuar). Es la clave para acceder a una participaci\u00f3n verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente var\u00eda de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en funci\u00f3n de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales\u201d\u2026 <\/p>\n
Como puede verse, la disposici\u00f3n demandada reconoce la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de los derechos y obligaciones. Las normas prescritas en el Cap\u00edtulo I de la Ley 1996 de 2019 son transversales a toda la ley. De manera que cuando se va a dar aplicaci\u00f3n alg\u00fan art\u00edculo, debe leerse a la luz de lo dispuesto en aquel cap\u00edtulo\u2026 <\/p>\n
55. Para hacer realidad el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, la Ley 1996 de 2019 contempla \u201clos mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realizaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos\u201d, dispuestos, espec\u00edficamente, en los cap\u00edtulos II, III y V. Ahora, como el cargo de inconstitucionalidad se sustenta en que el tratamiento igual del art\u00edculo 6\u00b0 desprotege a las personas con discapacidad intelectual severa o profunda, es preciso definir las normas del cuerpo normativo que le son aplicables a esos casos espec\u00edficos\u2026 <\/p>\n
56. Acorde con lo anterior, la Sala Plena considera que la presunci\u00f3n de la capacidad legal de las personas con discapacidad dispuesta en el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1996 es constitucional, toda vez que atiende a una perspectiva respetuosa con la dignidad humana y la igualdad real y efectiva del ejercicio de los derechos fundamentales. <\/p>\n
57. De esa manera, la Sala encuentra que la lectura de la norma acusada debe ser precisada a la luz del modelo social de la discapacidad e interpretarse a la luz de las dem\u00e1s disposiciones de la Ley 1996 de 2019. La misma normativa, por una parte, reconoce de plano el ejercicio de la capacidad jur\u00eddica, incluso, \u201cindependientemente de los apoyos\u201d; pero a la vez, reconoce que existen casos en los que la persona titular del acto jur\u00eddico se encuentra \u201cabsolutamente imposibilitada\u201d para manifestar su voluntad, de manera que es necesario conciliar estos lineamientos legales para evitar la desprotecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n con discapacidad intelectual o mental\u2026 <\/p>\n
En suma, la Sala Plena considera pertinente establecer una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 6\u00b0 en conjunto con el art\u00edculo 38 de la Ley 1996 de 2019, con el objeto de proteger a aquellas personas en condiciones de discapacidad intelectual o mental que se encuentran imposibilitadas para manifestar su voluntad por cualquier medio. En consecuencia, el ejercicio de la capacidad legal para estos casos deber\u00e1 estar acompa\u00f1ado de una sentencia de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, como un mecanismo necesario para la toma de decisiones. <\/p>\n
En ese orden, es claro que hay casos en los que, estando debidamente acreditada la discapacidad intelectual o mental severa o profunda, es necesario contar con una adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos; y, cuando ello no ocurre en forma id\u00f3nea, la capacidad legal y la de ejercicio deben presumirse y protegerse, sin que puedan las autoridades y menos los jueces de la Rep\u00fablica restringirla ni establecer discriminaciones de ning\u00fan tipo, muchos menos vulnerar el derecho a la igualdad de aquellos sujetos. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, dado que la normativa en comento debe ser analizada en conjunto con los principios que la rigen, los cuales \u00abguiar\u00e1n la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la presente ley, en concordancia con los dem\u00e1s principios establecidos en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad\u00bb, para garantizar \u00abla efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad\u00bb (art\u00edculo 4), tales como: <\/p>\n
1. Dignidad. En todas las actuaciones se observar\u00e1 el respeto por la dignidad inherente a la persona con discapacidad como ser humano. <\/p>\n
2. Autonom\u00eda. En todas las actuaciones se respetar\u00e1 el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la Constituci\u00f3n, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades p\u00fablicas y privadas. <\/p>\n
3. Primac\u00eda de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico. Los apoyos utilizados para celebrar un acto jur\u00eddico deber\u00e1n siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En los casos en los que, aun despu\u00e9s de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequ\u00edvoca, se usar\u00e1 el criterio de la mejor interpretaci\u00f3n de la voluntad, el cual se establecer\u00e1 con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de la voluntad y preferencias en otros contextos, informaci\u00f3n con la que cuenten personas de confianza, la consideraci\u00f3n de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnolog\u00edas disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideraci\u00f3n pertinente para el caso concreto. <\/p>\n
5. Accesibilidad. En todas las actuaciones, se identificar\u00e1n y eliminar\u00e1n aquellos obst\u00e1culos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley. <\/p>\n
5.4. Al respecto, esta Sala, en su condici\u00f3n de juez constitucional y en aras de salvaguardar los derechos de las personas mayores con alguna discapacidad, ha definido los asuntos dando prevalencia a la presunci\u00f3n de su capacidad legal y de ejercicio, validando, incluso, alternativas tendientes a garantizar su protecci\u00f3n y definiendo los efectos de la Ley 1996 de 2019 frente a los actos jur\u00eddicos celebrados bajo la norma anterior. <\/p>\n
5.4.1. As\u00ed, al decidir una tutela en la que se reclam\u00f3 ante Colfondos S.A. una sustituci\u00f3n pensional por parte de un hijo sobreviviente, cuya disminuci\u00f3n de su capacidad mental estaba acreditada con un \u00abcoeficiente intelectual de \u201c71 (\u2026) Present[\u00f3] puntuaciones bajas en todos los \u00edndices evaluados\u201d\u00bb y con una evaluaci\u00f3n del 53,46% de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
no est\u00e1 dem\u00e1s anotar que en vigencia de la Ley 1996 de 2019 Dorian Yan Castro Arenas cuenta con una presunci\u00f3n de capacidad plena (goce y ejercicio), por lo que Colfondos SA, de ordenar el pago de las mesadas pensionales, no puede condicionarlo al tr\u00e1mite de un proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, o la presentaci\u00f3n de acuerdos de la misma \u00edndole, a menos que en el historial m\u00e9dico y\/o en el dictamen sea clara, evidente e inequ\u00edvoca la existencia de una afectaci\u00f3n de la persona, que le haga necesitar un apoyo para asistirlo en el manejo del dinero, pensar en contrario, sin elemento de juicio alguno m\u00e1s que la condici\u00f3n de discapacidad, ser\u00eda retroceder los avances legislativos imponiendo la figura de la sustituci\u00f3n de la capacidad como lo hac\u00eda la Ley 1306 de 2009 (Se subraya, CSJ STC4563-2022). <\/p>\n
En la misma providencia, se analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de una persona con calificaci\u00f3n de la Junta Regional de Invalidez de Santander, que determin\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral \u2013 PCL en un 67,71%, por un diagn\u00f3stico mental y frente al tr\u00e1mite surtido por el mismo Fondo de Pensiones, la Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
que Colfondos SA, al dejar en suspenso el pago de la mesada pensional reconocida a favor de Miguel Francisco Castro Arenas, privilegi\u00f3 la protecci\u00f3n a las personas discapacitadas en condiciones de igualdad, sin desconocer que el ciudadano cuenta con capacidad plena en el disfrute y ejercicio de sus derechos (art. 6 Ley 1996 de 2019). <\/p>\n
Entonces, se advierte que la suspensi\u00f3n de la mesada pensional no desconoce que Miguel Francisco es una persona con capacidad plena. Lo que hizo Colfondos SA fue advertir que la persona se encontraba en una condici\u00f3n m\u00e9dica que hace necesaria la fijaci\u00f3n de una asistencia para el manejo del dinero, sin que por eso pueda pensarse en que se sustituye su capacidad de ejercicio; por el contrario, aunque la medida de apoyos formales no solo se limita al proceso judicial, sino que pueden presentarse otras (Ley 1996 de 2019), lo que se hizo efectivo con el actuar del Fondo de Pensiones fue evitar que se deje al ciudadano en la incertidumbre de que un tercero se aproveche y conculque sus derechos. Todo lo cual, atiende al prop\u00f3sito de la nueva legislaci\u00f3n, cuyos lineamientos prev\u00e9n, entre otros, apoyos a \u00abpersonas con discapacidad en el \u00e1mbito del patrimonio y del manejo del dinero\u00bb y, adem\u00e1s concuerda con el prop\u00f3sito de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es, \u00abpromover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad\u00bb (art. 1), entreg\u00e1ndole un trato acorde a quien necesita de apoyo especial. <\/p>\n
5.4.2. En otra oportunidad, en la cual se argument\u00f3 que un acto jur\u00eddico -contrato de mutuo contenido en la escritura p\u00fablica de 2018- suscrito por una persona que \u00abpadec\u00eda de Alzheimer\u00bb deb\u00eda presumirse legal a partir de la vigencia de la Ley 1996 de 2019, la Sala estableci\u00f3 que esa presunci\u00f3n solo era aplicable respecto de las situaciones regidas por la nueva normativa, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
3.3. Ahora bien, en el escrito de impugnaci\u00f3n el actor insiste en que el estrado judicial dej\u00f3 de aplicar la presunci\u00f3n de validez de los actos jur\u00eddicos celebrados por los discapacitados, prevista en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1996 de 2019, sin embargo, esa supuesta omisi\u00f3n carece de trascendencia ius fundamental, pues conforme al art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887 \u00abEn todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n\u00bb, en esas condiciones para la \u00e9poca en que la se\u00f1ora Mar\u00eda Lavinia de la Resurrecci\u00f3n G\u00f3mez Meneses firm\u00f3 el contrato de mutuo tantas veces se\u00f1alado y la garant\u00eda hipotecaria -24 de enero de 2018, se encontraba en vigor la anterior redacci\u00f3n del canon 1504 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan la cual, los actos de las personas con discapacidad mental no produc\u00edan efectos. (CSJ STC2249-2021). <\/p>\n
5.5. As\u00ed las cosas, teniendo como referencia la normativa aplicable, la jurisprudencia relacionada con la nueva legislaci\u00f3n y los an\u00e1lisis realizados en casos particulares en sede constitucional, la Sala considera relevante resaltar algunos aspectos que ser\u00e1n considerados para resolver el presente asunto: i) la capacidad legal y de ejercicio se presume respecto de las personas mayores con alguna condici\u00f3n de discapacidad; ii) bajo la \u00e9gida de la Ley 1996 de 2019, no es posible realizar restricciones de la capacidad de ejercicio de una persona; iii) en principio, en vigencia de la nueva normativa los actos jur\u00eddicos de aquellos tambi\u00e9n est\u00e1n revestidos de esa presunci\u00f3n, pues la norma no contempla una restricci\u00f3n contraria ni consecuencia alguna frente a estos, cuando no se han consolidado las herramientas de apoyo previstas, salvo decisi\u00f3n judicial en contrario; iv) trat\u00e1ndose solo de casos de discapacidad intelectual severos o profundos y debidamente acreditados, puede establecerse que los actos jur\u00eddicos realizados por aquellas requieren, para su validez, que se cuente con la adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial; v) es posible que se adopten medidas de protecci\u00f3n, por ejemplo, para el manejo de dinero, pero sin menoscabar o restringir el reconocimiento de los derechos de la persona con discapacidad. <\/p>\n
Aunado a ello, para el caso concreto, se advierte: i) que Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, porque se evidenci\u00f3 su dificultad para expresarse; ii) en esa condici\u00f3n, depende de sus padres y familiares y no ha tenido incursi\u00f3n en el mercado laboral; y iii) la tutela es el \u00fanico medio id\u00f3neo y eficaz para lograr la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales38, todo lo cual servir\u00e1 de sustento para acceder a la salvaguarda constitucional invocada. <\/p>\n
5.5.1. En efecto, como se indic\u00f3 previamente, no hay discusi\u00f3n sobre el poder otorgado directamente por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez el 31 de octubre de 2019, esto es, en vigencia de la Ley 1996 de 2019, expedida el 26 de agosto de ese a\u00f1o, ni sobre la admisi\u00f3n de la demanda propuesta en su nombre o el reconocimiento de personer\u00eda a sus mandatarios. <\/p>\n
A su vez, se resalta que, al iniciar el interrogatorio de parte de Jonny Alexander, la Juez de primera instancia se limit\u00f3 a leer las condiciones necesarias para el juramento y dem\u00e1s reglas generales para dicha intervenci\u00f3n, en las mismas condiciones formales usadas en las declaraciones de los dem\u00e1s accionantes y testigos, y a preguntarle si comprend\u00eda lo expuesto, a lo cual \u00e9l manifest\u00f3 que no, de manera que la interacci\u00f3n de la Juzgadora y de aqu\u00e9l fue corta, pues, acto se seguido, se abstuvo de practicar el interrogatorio. <\/p>\n
En concreto, sobre la condici\u00f3n de Jonny Alexander, la Sala no desconoce que es cierto lo afirmado por los operadores judiciales cognoscentes.39Sin embargo, en torno a ello y, atendiendo a que la capacidad legal y de ejercicio que se presume, la Sala resaltar\u00e1 otras evidencias y manifestaciones, de las cuales se deduce que \u00e9l tiene una capacidad de entendimiento, pues, cuando su hermana le pidi\u00f3 que se identificara40, \u00e9l comprendi\u00f3 lo que ella le estaba pidiendo y procedi\u00f3 a decir \u00abJonny\u00bb, aunque no pudo decir su nombre completo. <\/p>\n
Igualmente, Juan Carlos Mosquera G\u00f3mez aludi\u00f3 a similares condiciones y a que \u00ab\u00e9l entiende, pero no le sabe responder porque es muy t\u00edmido\u00bb, dado que siempre ha vivido en el campo, pero comprende, destacando que s\u00ed suscribi\u00f3 el poder43. Tambi\u00e9n adujo que la mam\u00e1 ya ten\u00eda una avanzada edad cuando \u00e9l naci\u00f3 y que, de ni\u00f1o perdi\u00f3 sus dientes, lo cual, en su opini\u00f3n, pudo ser la raz\u00f3n que le impidi\u00f3 hablar claramente; su hermana, Mireya Mosquera G\u00f3mez, afirm\u00f3 que cuesta trabajo entenderle cuando habla y que estaban haciendo la gesti\u00f3n para que un \u00abm\u00e9dico lo valore y determinar qu\u00e9 es lo que tiene\u00bb44; el testigo Juan Carlos Palomino asever\u00f3 que \u00ab\u00e9l se da a entender (\u2026) de la mam\u00e1 especialmente\u00bb, que es muy formal y risue\u00f1o, como un ni\u00f1o o un joven que no habla, pero que s\u00ed se hace entender45; el testigo Mart\u00edn M\u00e9ndez indic\u00f3 que \u00e9l tiene una discapacidad, pero que ellos lo entienden, \u00abla mam\u00e1 y el pap\u00e1 tambi\u00e9n, todos porque ellos lo criaron. \u00c9l se hace entender con uno (\u2026) \u00e9l me llama por mi nombre y vamos a coger naranjas o limones con \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
5.5.2. As\u00ed las cosas, la Sala advierte que, m\u00e1s all\u00e1 de los elementos de juicio referidos, no hay una prueba id\u00f3nea sobre la discapacidad mental severa o profunda de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, lo cual, en los t\u00e9rminos de la sentencia de constitucionalidad C-025 de 2021, es la \u00fanica excepci\u00f3n para que se exija la adjudicaci\u00f3n judicial del apoyo, siempre que, en todo caso, no se vulneren los derechos o se desconozca la voluntad del sujeto, lo cual, al no estar demostrado, impide la restricci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales o el desconocimiento de su capacidad legal y de ejercicio. <\/p>\n
Por el contrario, como se evidenci\u00f3, algunos de los declarantes aludieron a su condici\u00f3n como persona del campo, su timidez, el entendimiento que \u00e9l tiene cuando se le habla y que en su entorno tambi\u00e9n se da a entender, incluso indicando que comprendi\u00f3 el acto de la suscripci\u00f3n del poder. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, la exigencia del apoyo, seg\u00fan las reglas de la Ley 1996 de 2019, que el Colegiado accionado estim\u00f3 razonada, configur\u00f3 una restricci\u00f3n de los derechos de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez en el juicio rebatido, pues no era clara su condici\u00f3n o grado de discapacidad, de manera que, aludir a la duda para no estudiar las s\u00faplicas formuladas en su nombre es retroceder a la sustituci\u00f3n de la capacidad legal que qued\u00f3 proscrita. As\u00ed, como se dijo en oportunidad previa, pese a la condici\u00f3n de discapacidad de una persona, no se puede exigir para que se reconozcan sus derechos \u00abel tr\u00e1mite de un proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, o la presentaci\u00f3n de acuerdos de la misma \u00edndole, a menos que en el historial m\u00e9dico y\/o en el dictamen sea clara, evidente e inequ\u00edvoca la existencia de una afectaci\u00f3n de la persona\u00bb (CSJ STC4563-2022), lo cual, al no estar soportado en este caso, no era viable. <\/p>\n
Igualmente, referir una presunta invalidez de aqu\u00e9l mandato es, sin duda, una limitaci\u00f3n a sus garant\u00edas, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que se pudieron adoptar decisiones para salvaguardar los derechos de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, sin omitir la declaraci\u00f3n y reconocimiento de los mismos, y solo, por ejemplo, frente al desembolso del dinero proveniente de la indemnizaci\u00f3n a que hubiera lugar, tal cual la Sala lo consider\u00f3 viable en la tutela antes referida, en la que se estim\u00f3 razonado exigir, para efectuar un pago a la persona en condici\u00f3n de discapacidad, que se aportara alguna medida de apoyo -no necesariamente judicial-, pero sin desconocer que el ciudadano cuenta con capacidad plena en el disfrute y ejercicio de sus derechos y, por tanto, era viable decidir sobre sus s\u00faplicas. <\/p>\n
En efecto, no puede perderse de vista que el juez en el Estado Social de Derecho ha dejado de ser \u00abel \u2018frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley\u2019, convirti\u00e9ndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta m\u00e1s all\u00e1 de las formas jur\u00eddicas, para as\u00ed atender la agitada realidad\u00bb, asumiendo sus responsabilidades como servidor activo y protector de los derechos, cuyas tareas son: \u00ab(i) la obtenci\u00f3n del derecho sustancial; (ii) la b\u00fasqueda de la verdad\u00bb46. <\/p>\n
Entonces, los jueces son los convocados a dirigir el proceso de forma recta, justa e igualitaria, enfocando su mirada a la justicia material; por eso, de tiempo atr\u00e1s, se han establecido unos mandamientos para los funcionarios (art. 153, Ley 270 de 1996), los que se trasladaron en gran parte al desarrollo de los procesos judiciales, actualmente previstos en el art. 42 del C.G. del P., por manera que, para el caso concreto, deb\u00eda prevalecer la capacidad legal y de ejercicio en cabeza de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y no negarle una decisi\u00f3n de fondo en torno al perjuicio por \u00e9l reclamado por su condici\u00f3n; m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, no hab\u00eda prueba suficiente para determinar el grado de discapacidad mental severa. <\/p>\n
Aunado a ello, ha de resaltarse que, en este caso, no se vislumbra una situaci\u00f3n de debilidad, vulnerabilidad o indefensi\u00f3n manifiesta de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez por haber otorgado el poder, de forma aut\u00f3noma, independiente y sin apoyos, para acudir al juicio censurado, pues qued\u00f3 claro que \u00e9l vive con sus padres y que depende de ellos, quienes intervinieron en el proceso junto con sus hermanos, de manera que en ese tr\u00e1mite \u00e9l estaba rodeado por su c\u00edrculo familiar m\u00e1s cercano, integrantes todos de la parte activa. <\/p>\n
5.5.3. De lo expuesto, advierte la Sala que, en la sentencia del Tribunal accionado, al confirmar la falta de pronunciamiento dispuesta por el Juzgado de primera instancia y estimar razonable que se exigiera un apoyo para poder declarar sus derechos en el juicio, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo. Al respecto, la Corte Constitucional tiene establecido lo siguiente: <\/p>\n
El contenido de la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustancial ha sido explicado por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia SU-195 de 2012. As\u00ed las cosas, en sentido amplio, se est\u00e1 en presencia del mismo cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada o interpreta las normas de tal manera que contrar\u00eda la razonabilidad jur\u00eddica. En estricto sentido, configuran este defecto los siguientes supuestos: <\/p>\n
<\/p>\n
* El fundamento de la decisi\u00f3n judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador. <\/p>\n
* No se hace una interpretaci\u00f3n razonable de la norma. <\/p>\n
<\/p>\n
* Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes\u2026 <\/p>\n
Proceder\u00e1 entonces el amparo constitucional, cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente (Corte Constitucional, sentencia SU332 de 2019, resalta la Sala). <\/p>\n
En concreto, frente la interpretaci\u00f3n no razonable de la ley que configura defecto sustantivo, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: \u2018(i) Fundamenta su decisi\u00f3n en una norma que (a) no es pertinente; (b) no est\u00e1 vigente en raz\u00f3n de su derogaci\u00f3n; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Pol\u00edtica; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicaci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de revisi\u00f3n\u2019; \u2018(ii) Basa su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adec\u00faa a la circunstancia f\u00e1ctica; (iii) el fallo carece de motivaci\u00f3n material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; (v) la interpretaci\u00f3n desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonom\u00eda judicial, interpreta o aplica la norma de manera err\u00f3nea\u2019 (\u2026) <\/p>\n
En cuanto a la indebida interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada en la SU-050 de 2017, se precis\u00f3 que este defecto se ha presentado cuando: (a) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) es adaptada una disposici\u00f3n de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen; (d) es manifiestamente errada y desatiende los par\u00e1metros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la Constituci\u00f3n; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia, no cualquier interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir, \u2018pues pueden existir v\u00edas jur\u00eddicas distintas para resolver un caso concreto que [tambi\u00e9n] son admisibles [y] compatibles con las garant\u00edas y derechos fundamentales de los sujetos procesales\u2019. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el defecto sustantivo se configura cuando el juez \u2018en ejercicio de su autonom\u00eda e independencia, desborda la Constituci\u00f3n o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que deb\u00edan aplicarse\u00bb (Corte Constitucional, SU573 de 2017). <\/p>\n
Para el caso concreto, es evidente que la motivaci\u00f3n que ofrece el fallo del Colegiado contiene una interpretaci\u00f3n indebida de la Ley 1996 de 2019, en tanto consider\u00f3 que era razonado anteponer unas presuntas irregularidades en el poder otorgado por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y exigir un apoyo, desconociendo su capacidad legal y de ejercicio y la imposibilidad de anteponer restricciones a las personas mayores que puedan tener alg\u00fan tipo de discapacidad, lesionando de manera frontal la columna vertebral de esa Ley, dirigida, precisamente, a impedir ese tipo de limitaciones; m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, no hab\u00eda una prueba id\u00f3nea de la severidad de la condici\u00f3n mental del accionante, por lo cual no era procedente hacer juicios que resultaran discriminatorios ni regresivos. Ello, sin duda, se traduce en el desconocimiento de los derechos fundamentales otorgados a estas personas y que son de rango Constitucional y, en consecuencia, la salvaguarda se abre paso, por lo cual se dejar\u00e1 sin efectos el fallo del 2 de septiembre de 2022, en lo relativo al referido sujeto. <\/p>\n
6. Dicho lo anterior y comoquiera que se acceder\u00e1 al amparo y se ordenar\u00e1 al Tribunal que vuelva a resolver el asunto, pronunci\u00e1ndose sobre todas las pretensiones formuladas en nombre de aqu\u00e9l, no sobra aclarar, dada la menci\u00f3n de paso efectuada en el fallo de primera instancia, que los perjuicios inmateriales ocasionados por la muerte de un hermano no est\u00e1n sujetos a una tarifa legal que exija, como \u00fanica prueba, el interrogatorio de parte. <\/p>\n
6.1. Sobre el perjuicio moral, la Sala ha aseverado47 que corresponde a la dimensi\u00f3n afectiva del individuo, ocasion\u00e1ndole sentimientos de tristeza, dolor, frustraci\u00f3n, impotencia, congoja, angustia, zozobra, desolaci\u00f3n y pesar, entre otras emociones que quebrantan el esp\u00edritu. A su vez, ha establecido que, \u00abde acuerdo con la entidad y gravedad del evento, ser\u00e1 admisible, incluso, presumir la existencia de sufrimiento espiritual y aflicci\u00f3n\u00bb, debiendo el funcionario judicial recurrir a criterios de equidad, de reparaci\u00f3n integral y de razonabilidad en la labor de justiprecio de la indemnizaci\u00f3n por tal concepto, de manera que, en modo alguna, requiere una prueba derivada \u00fanicamente de un interrogatorio de parte. <\/p>\n
se trata de un perjuicio que s\u00ed se enmarca dentro de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, a cuyo tenor corresponde a la reparaci\u00f3n por la alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia relacional y que ha sido reconocido jurisprudencialmente como uno de los componentes del principio de reparaci\u00f3n integral, tal cual se anot\u00f3 en sentencia de casaci\u00f3n SC22036 de 2017 (rad. 2009-0014-01), siendo considerado un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial, distinto del moral, pues tiene car\u00e1cter especial y con una entidad jur\u00eddica propia, al no corresponder certeramente al dolor f\u00edsico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud, o por lesi\u00f3n o ausencia de los seres queridos, sino a la afectaci\u00f3n emocional que, como consecuencia del da\u00f1o sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados la v\u00edctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la p\u00e9rdida de acciones que hacen m\u00e1s agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, l\u00fadicas, recreativas, deportivas, entre otras. <\/p>\n
Igualmente, tiene dicho la Sala que es entendido como \u00abun menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la relaci\u00f3n externa de la persona, debido a \u2018disminuci\u00f3n o deterioro de la calidad de vida de la v\u00edctima, en la p\u00e9rdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como tambi\u00e9n en la privaci\u00f3n que padece el afectado para desplegar las m\u00e1s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad\u2019, que por eso queda limitado a tener una vida en condiciones m\u00e1s exigentes que los dem\u00e1s, como enfrentar barreras que antes no ten\u00eda, conforme a lo cual actividades muy simples se tornan complejas o dif\u00edciles\u00bb (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). (CSJ STC3919-2021). <\/p>\n
6.3. Y particularmente sobre los perjuicios inmateriales que pueda sufrir una persona con alguna discapacidad, jurisprudencialmente se ha establecido que: <\/p>\n
de ning\u00fan canon legal deriva que el estado de mengua severa de la conciencia, inteligencia, memoria y dem\u00e1s capacidades cognitivas de una persona, excluya la compensaci\u00f3n del menoscabo moral; por el contrario, acorde con la previsi\u00f3n antes citada, las medidas de desagravio deben satisfacer todos los da\u00f1os reparables. <\/p>\n
Concretamente, en relaci\u00f3n con los perjuicios inmateriales, la Sala ha dejado claro que, a diferencia de los patrimoniales, los primeros se presumen y, en consideraci\u00f3n a esa cualidad, \u00absu indemnizaci\u00f3n es oficiosa por virtud del principio de reparaci\u00f3n integral; por supuesto, ayudado de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el juicio, atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la prudencia racional del juez\u00bb (CSJ SC2107, 12 jun. 2018, rad. 2011-00736-01). <\/p>\n
3.3. Por consiguiente, resultado de la falta de aplicaci\u00f3n de las anteriores premisas en la valoraci\u00f3n del da\u00f1o moral del joven demandante Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, v\u00edctima de hipoxia al nacer, desatin\u00f3 el Tribunal al menospreciar la posibilidad de aqu\u00e9l de ser sujeto titular de ese tipo de perjuicio, sin atender que, atendida la especial naturaleza del mismo, su configuraci\u00f3n ocurre in re ipsa, esto es, por la sola producci\u00f3n del episodio traum\u00e1tico. <\/p>\n
Y si la complejidad que le imped\u00eda al fallador reconocer el mencionado agravio, se centraba en el aspecto de su cuantificaci\u00f3n, debi\u00f3 acudir, como lo tiene decantado la jurisprudencia de esta Sala, a \u00abcriterios auxiliares de la actividad judicial, dentro de ellos la equidad, la doctrina y la jurisprudencia\u00bb (SC, 6 ago. 2009, rad. n.\u00b0 1994-01268-01; reiterado en SC15996, 29 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2005-00488-01, CSJ5025-2020, 14 dic., rad. 2009-0004-01)\u2026 <\/p>\n
4.1. En todo caso, obs\u00e9rvese que son m\u00faltiples los instrumentos nacionales e internacionales que propugnan por el trato dignificante e igualitario de las personas con discapacidad sea esta f\u00edsica, mental, intelectual o sensorial. <\/p>\n
4.2. Del anterior elenco normativo surge con claridad el compromiso del Estado colombiano con la garant\u00eda de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, en reconocimiento de su dignidad humana e igualdad con los dem\u00e1s individuos ante la ley, que ha conducido a la adopci\u00f3n de medidas y acciones afirmativas mediante las cuales debe suprimirse todo factor de distinci\u00f3n por raz\u00f3n de discapacidad, generador de un trato discriminatorio, como el que precisamente se cuestiona en el cargo, materializado en la decisi\u00f3n judicial cuando, con base en las deficiencias mentales e intelectuales del joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda que determinan su condici\u00f3n de discapacidad, le fue desconocida su calidad de titular del derecho a la reparaci\u00f3n del agravio moral con ocasi\u00f3n de los hechos que precisamente dieron lugar a ese estado. (CSJ STC3728-2021). <\/p>\n
6.4. Adicionalmente, la Sala ha precisado que los techos o l\u00edmites m\u00e1ximos indemnizatorios referentes a los perjuicios morales deben ser aplicados por los jueces, raz\u00f3n por la cual \u00abaquella estimaci\u00f3n [jurisprudencial] tiene efectos normativos en los casos ulteriores donde deban proveer sobre la compensaci\u00f3n del comentado da\u00f1o, y es bajo el marco de los aludidos topes, que se considera admisible el ejercicio del prudente arbitrio judicial\u00bb (CSJ STC3728-2021). <\/p>\n
6.5. Para el caso concreto, Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez era hermano del occiso, viv\u00eda con \u00e9l en la casa de sus padres y, seg\u00fan algunas manifestaciones, este le prove\u00eda el apoyo econ\u00f3mico, de manera que de ello puede inferirse el dolor de aqu\u00e9l por la p\u00e9rdida de su ser querido. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, observa la Sala que de los interrogatorios de parte y de las declaraciones recibidas es claro que s\u00ed existen pruebas adicionales sobre el dolor que la muerte de Franco Alirio Mosquera G\u00f3mez caus\u00f3 en su hermano menor. En efecto, la madre dijo que el deceso afect\u00f3 a toda su familia, porque \u00abquedamos todos destrozados, sin saber ya que hacer, sufrir las consecuencias y aqu\u00ed estamos tristes\u00bb; Yeniffer Andrea (sobrina) habl\u00f3 del dolor y afecci\u00f3n que la ausencia de su t\u00edo caus\u00f3 en su grupo familiar (que incluye a Jonny Alexander), \u00abrealmente nos vimos muy afectados porque \u00e9l era el que siempre estaba pendiente de todos (\u2026), cuando fue el accidente mi familia cambi\u00f3 demasiado, \u00e9ramos muy unidos y ya todo cambi\u00f3, no hab\u00eda reuniones familiares porque a nadie le daban ganas de celebrar absolutamente nada\u00bb; Juan Carlos (hermano) asever\u00f3 que \u00abse vio afectada la familia (\u2026) no volvimos a reunirnos (\u2026) por la ausencia de un ser querido (\u2026) el sufrimiento ha sido grande\u00bb; similares manifestaciones hicieron las hermanas de la v\u00edctima. <\/p>\n
Por su parte, la testigo Sandra Lorena Betancourt, sobre el dolor que caus\u00f3 la muerte de Franco Alirio en su familia dijo que les hace mucha falta, que para ellos fue dif\u00edcil afrontar la p\u00e9rdida del hermano mayor, porque era una persona valiosa para todos; Juan Carlos Palomino dijo que aquella era una familia \u00abmuy unida\u00bb, que han tenido gran tristeza y que el hecho los afect\u00f3 mucho; y Mart\u00edn M\u00e9ndez Cabrera sostuvo que Jonny Alexander tambi\u00e9n ha estado triste por la muerte de su hermano, a quien menciona y recuerda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al definir el asunto, el Colegiado accionado deber\u00e1 tener en cuenta las evidencias referidas. <\/p>\n
7. Con base en lo expuesto, la Sala acceder\u00e1 al amparo constitucional propuesto en nombre de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y, en consecuencia, ordenar\u00e1 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos el fallo del 2 de septiembre de 2022, \u00fanicamente en cuanto confirm\u00f3 lo resuelto frente a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga en la sentencia del 30 de agosto de 2021. <\/p>\n
Igualmente, se ordenar\u00e1 que, dentro de los 10 d\u00edas posteriores al periodo anterior resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial que representa a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y se pronuncie de fondo sobre las pretensiones y perjuicios referentes a su demanda, seg\u00fan corresponda y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. Para el caso concreto, si a ello hubiera lugar, el Tribunal podr\u00e1 ordenar alguna medida para realizar el pago o desembolso que corresponda al se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez, de acuerdo con las herramientas que la Ley 1996 de 2019 contempla y no necesariamente judicial, sin que ello sea un obst\u00e1culo para proteger sus derechos ni para su declaraci\u00f3n y reconocimiento. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela solicitada en nombre de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y, en consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, deje sin valor ni efecto el fallo del 2 de septiembre de 2022, \u00fanicamente en cuanto confirm\u00f3 lo resuelto frente a las pretensiones de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga en la sentencia del 30 de agosto de 2021, en el proceso con radicado 76111310300120200000601 y toda la actuaci\u00f3n posterior que dependa de \u00e9l, de acuerdo con lo dicho en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, cumplido lo anterior, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes, resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial que representa a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez y se pronuncie de fondo sobre las pretensiones y perjuicios referentes a su demanda, seg\u00fan corresponda y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. Para el caso concreto, si a ello hubiera lugar, el Tribunal podr\u00e1 ordenar alguna medida para realizar el pago o desembolso que corresponda al se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez, de acuerdo con las herramientas que la Ley 1996 de 2019 contempla y no necesariamente judicial, sin que ello sea un obst\u00e1culo para proteger sus derechos ni para su declaraci\u00f3n y reconocimiento. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con lo indicado en la tutela, la se\u00f1ora Rosalba G\u00f3mez de Mosquera, refiriendo como documento de identificaci\u00f3n la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 25.587.258, confiri\u00f3 poder para promover esta acci\u00f3n constitucional como agente oficioso de su hijo Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez, seg\u00fan se indic\u00f3 en el auto admisorio del 14 de septiembre de 2022. Allegada la informaci\u00f3n del proceso se evidenci\u00f3 que el nombre registrado en la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda referida es Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez, de lo cual se dej\u00f3 constancia en prove\u00eddo del 12 de octubre del presente a\u00f1o, advirtiendo que la tutela se radica en nombre de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2\u0002 Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1988. <\/p>\n
3\u0002 Demandantes en el proceso de origen. <\/p>\n
4\u0002 Demandados en el proceso de origen. <\/p>\n
5\u0002 Accionada y llamada en garant\u00eda. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta 001PoderesFolio1a16.PDF del expediente digital 76111310300120200000600 – VERBAL – EN EL TRIBUNAL EN APELACI\u00d3N – Sept. 09 de 2021. <\/p>\n
7\u0002 Carpeta003DemandaFolio161a186.PDF del expediente digital 76111310300120200000600 – VERBAL – EN EL TRIBUNAL EN APELACI\u00d3N – Sept. 09 de 2021. <\/p>\n
8\u0002 Los poderes fueron otorgados en forma individual; el mandato suscrito por Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez fue presentado personalmente el 31 de octubre de 2019, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popay\u00e1n. C\u00e1ndido Mosquera Cuenca y Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez (padres del occiso), Danyely Carolina Mosquera Hormiga (hija), Yeniffer Andrea Mosquera Castrill\u00f3n (sobrina) y Juan Carlos, Casilda, Mireya y Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez (hermanos de Franco Alirio Mosquera G\u00f3mez). <\/p>\n
9\u0002 Carpeta 108AudienciaInstruccion2Parte.MP4 del expediente digital 76111310300120200000600 – VERBAL – EN EL TRIBUNAL EN APELACI\u00d3N – Sept. 09 de 2021. <\/p>\n
10\u0002 Minuto 35:25 a 39:19. <\/p>\n
11\u0002 Se refiere a un documento denominado \u00absolicitud para firmar acuerdo de apoyo\u00bb, radicado el 1 de junio de 2022 en la Notar\u00eda 3 de Popay\u00e1n y suscrito por Alba Rosa G\u00f3mez Enr\u00edquez y Mireya Mosquera G\u00f3mez, madre y hermana del agenciado, para \u00abfirmar junto a Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez un nuevo poder a nombre de los abogados Dr. Luis Felipe Hurtado Cata\u00f1o y Beimar Andr\u00e9s Angulo Sarria para que lo represente o contin\u00fae con la representaci\u00f3n dentro del proceso con radicado 2020-00006 que cursa en el juzgado primero civil del circuito de Buga\u2026\u00bb. Archivo 073JustificacionInasistenciaAud. <\/p>\n
12\u0002 Auto 676 dictado en la misma diligencia. <\/p>\n
13\u0002 En ese aspecto afirm\u00f3: \u00abDe una vez, como yo s\u00e9 que se liquidar\u00eda el perjuicio de Jonny Mosquera conforme a los mismos perjuicios que se liquidaron a los demandantes, pues interpongo recurso, de una vez, a todos los perjuicios morales, porque la juez err\u00f3 al tasarlos (\u2026) En ese sentido, interpongo recurso de apelaci\u00f3n tanto por Jonny Mosquera, como por los padres, como por la hija, como por la sobrina y como por los hermanos\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Archivo 109 del expediente digital. La audiencia de fallo se llev\u00f3 a cabo el lunes 30 de agosto de 2021 y el escrito de sustentaci\u00f3n de los reparos se radic\u00f3 el jueves 2 de septiembre siguiente, es decir, en el t\u00e9rmino previsto. <\/p>\n
15\u0002 A su vez, sustent\u00f3 lo relativo a los dem\u00e1s reparos expuestos en la audiencia. <\/p>\n
16\u0002 Hoy contenido en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
17\u0002 Archivo 11ConstanciaADespacho, cuaderno del Tribunal. <\/p>\n
18\u0002 Correo electr\u00f3nico recibido a las 16:14 p.m. Archivo 08EscritoSustentacionApodDte. <\/p>\n
19\u0002 Memorial 0021. Respuesta Sala Civil Familia Tribunal Superior de Buga, Carpeta 18FalloModifica.PDF. <\/p>\n
20\u0002 Quien bajo ese n\u00famero de c\u00e9dula y nombre, agenciando los derechos de su hijo, otorg\u00f3 poder especial para la tutela; en consecuencia, la acci\u00f3n constitucional fue suscrita por el profesional del derecho que recibi\u00f3 ese poder. <\/p>\n
21\u0002 Madre de Jonny Alexander Mosquera G\u00f3mez. <\/p>\n
22\u0002 Subraya la Sala. <\/p>\n
23\u0002 Art\u00edculo 2. <\/p>\n
24\u0002 Art\u00edculo 5. <\/p>\n
25\u0002 Minuto 1:13. <\/p>\n
26\u0002 Subraya la Sala. <\/p>\n
28\u0002 Las excepciones planteadas por la apoderada de Nora Fernanda Flores Valencia y Yeison Alejandro Cabrera Mora fueron: concurrencia de causas y de actividades peligrosas, que llevaron al deceso del se\u00f1or Mosquera G\u00f3mez y la innominada o gen\u00e9rica (Archivos 022 y 025). Por su parte, Seguros del Estado S.A. propuso las excepciones de l\u00edmite de responsabilidad de la p\u00f3liza de seguro de autom\u00f3viles tipo de la p\u00f3liza de automotores 45-50-101004375 (Archivo 030). <\/p>\n
29\u0002 Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, Diario Oficial \u2013 D.O. 33780 del 5 de febrero de 1973. <\/p>\n
30\u0002 Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, D. O. 42884 del 24 de septiembre de 1996. <\/p>\n
31\u0002 Ley 12 del 22 de enero de 1991, D. O. 39640 de la misma fecha. <\/p>\n
32\u0002 Sobre pol\u00edticas integrales para las personas con discapacidad en el \u00e1rea iberoamericana. <\/p>\n
33\u0002 Ley 762 del 31 de julio de 2002, D. O. 44889 del 5 de agosto de 2002. <\/p>\n
34\u0002 Ley 1346 del 31 de julio de 2009, D. O. 47427 de esa misma fecha. <\/p>\n
35\u0002 Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, D. O. 51433 de la misma calenda. <\/p>\n
36\u0002 (i) los grupos objeto de marginaci\u00f3n y discriminaci\u00f3n (art. 13), (ii) la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os (art. 44); (iii) la protecci\u00f3n integral de los adolescentes (art. 45); (iv) el cese de violencia contra las mujeres (art. 43); (v) el especial resguardo de las personas de la tercera edad (art. 46); (vi) el trabajo acorde a las condiciones de salud para quienes est\u00e1n en condici\u00f3n de minusval\u00eda (art. 54); (vii) la educaci\u00f3n de personas con deficiencias o capacidades excepcionales (art. 68). <\/p>\n
37\u0002 Ver referencias en CSJ STC4563-2022. <\/p>\n
38\u0002 En t\u00e9rminos similares, la Corte Constitucional, en la sentencia T-098 de 2021, determin\u00f3: \u00abPor lo anterior, se concluye que el accionante, (i) es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por ser una persona en situaci\u00f3n de discapacidad; (ii) se encuentra en situaci\u00f3n de vulnerabilidad al no poder ingresar de manera competitiva al mercado laboral; y (iii) se evidencia una afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital, pues la mesada correspondiente a la asignaci\u00f3n de retiro es su \u00fanica fuente econ\u00f3mica. Esta condici\u00f3n reafirma que la acci\u00f3n de tutela es el \u00fanico medio id\u00f3neo y eficaz para lograr la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
39\u0002 Minuto 3:01, de la intervenci\u00f3n de su hermana. <\/p>\n
40\u0002 Audiencia inicial minuto 7:28. <\/p>\n
41\u0002 Audiencia inicial minuto 1:06. <\/p>\n
42\u0002 Audiencia 1:09. <\/p>\n
43\u0002 Minuto 1:33 de la continuaci\u00f3n de la audiencia inicial. <\/p>\n
44\u0002 Minuto 2:59, <\/p>\n
45\u0002 Minuto 2:06. <\/p>\n
46\u0002 Corte Constitucional \u2013 C.C. SU768-2014. <\/p>\n
47\u0002 CSJ SC3728-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14543-2022. FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14543-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03164-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de octubre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada en nombre de Jonny Alexander […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68300","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68300\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}