STC14585-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14585-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03380-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb e igualdad, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al i) no acceder a su solicitud de nulidad respecto de la notificaci\u00f3n del auto por medio del cual se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta frente a la sentencia proferida por el a-quo en el juicio reprochado y ii) declarar desierta tal alzada. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura encausada \u00abdejar sin efecto jur\u00eddico los autos calendados julio 12\u2026, agosto 08 y 25 de 2022 y septiembre 19 de 2022 y[,] en su lugar, proferir auto en que se ordene que por secretar\u00eda se vuelva a notificar por estado virtual el auto del 09 de junio de 2022, conforme a lo que se dispuso en esa providencia y\/o en subsidio, dejar sin efecto jur\u00eddico, el numeral 2\u00b0 del auto del 12 de julio de 2022 y[,] en su lugar, que disponga dar traslado del recurso de apelaci\u00f3n al no apelante de la sustentaci\u00f3n del recurso en la primera instancia y\/o las [\u00f3]rdenes que\u2026 la Sala Constitucional a bien tenga para salvaguardar la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de pertenencia agraria entablado por el accionante contra \u00abAlberto Chi[,] herederos y personas indeterminadas\u00bb respecto del predio identificado con folio inmobiliario Nro. 040-220976, dentro del cual Luis Eduardo Herrera Correa inco\u00f3 demanda \u00abde restablecimiento de la posesi\u00f3n\u00bb en reconvenci\u00f3n, en audiencia del 23 de abril de 2021 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad dict\u00f3 sentencia, en la que desestim\u00f3 las pretensiones del libelo principal y accedi\u00f3 a las del de reconvenci\u00f3n; determinaci\u00f3n que all\u00ed apel\u00f3 el apoderado del actor, exponiendo y sustentando de forma oral sus reparos frente a la misma. <\/p>\n
2.2. El pasado 9 de junio el Tribunal enjuiciado admiti\u00f3 tal censura vertical y advirti\u00f3 que deb\u00eda ser sustentada de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020; sin embargo, el 12 de julio siguiente la declar\u00f3 desierta, al observar que ante esa instancia \u00abno se recibi\u00f3 memorial ni sustentaci\u00f3n alguna por parte del recurrente\u00bb, a la vez que no accedi\u00f3 a la solicitud de dejar sin efectos la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo precedente, postulada por el accionante. <\/p>\n
2.3. La \u00faltima decisi\u00f3n se ratific\u00f3 por v\u00eda de s\u00faplica el 25 de agosto del a\u00f1o en curso, mientras que la aludida deserci\u00f3n tambi\u00e9n se mantuvo con auto del 19 de septiembre posterior. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, el actor adujo que el Tribunal atacado conculc\u00f3 sus garant\u00edas al i) no acceder a su solicitud de nulidad respecto de la notificaci\u00f3n del auto que admiti\u00f3 la alzada, cuando era evidente su configuraci\u00f3n, en tanto que no le fue debidamente comunicado por anotaci\u00f3n en estado, pues en \u00e9ste erradamente se indic\u00f3 que la clase de proceso correspond\u00eda a un recurso de queja, lo que le impidi\u00f3 sustentar su alzada ante esa autoridad; y ii) declarar desierta su apelaci\u00f3n por supuestamente dejar de sustentarla, desconociendo que lo hizo oportunamente ante el a-quo al momento de interponerla, junto con la exposici\u00f3n de sus reparos concretos, ajust\u00e1ndose, en un todo, a lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, siendo un exceso manifiesto conminarlo a volver a sustentar ante el ad-quem, lo que, adem\u00e1s, contrar\u00eda los precedentes sobre la materia. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, defendi\u00f3 su legalidad y pidi\u00f3 \u00abdesestimar las pretensiones de la demanda de tutela\u00bb enfatizando que \u00ab actu\u00f3 con plena garant\u00eda de los derechos de las partes\u2026, emitiendo decisiones debidamente motivadas y que estudiaron cada una de las solicitudes presentadas por el apelante, las cuales no pueden tildarse de caprichosas por el simple hecho de resultar contrarias a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
2. V\u00edctor Chi Wong, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3 que en el reclamo tutelar planteado \u00abno se re\u00fanen los requisitos para su promoci\u00f3n en contra de una providencia judicial\u2026 y[,] en todo caso, resulta improcedente, frente a la autoridad judicial accionada, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, en tanto que el despacho adverso respecto a la solicitud de nulidad propuesta frente a la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo de 9 de junio de 2022 se muestra razonable, mas no la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, en la que la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a-quo, de forma oral, en la audiencia de 23 de abril de 2021, pues all\u00ed su apoderado judicial no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sus reparos concretos frente a la sentencia sino que, detenidamente, los sustent\u00f3. <\/p>\n
3.1. En cuanto al primer aspecto, esto es, la decisi\u00f3n de no acceder a la solicitud de dejar sin efectos la notificaci\u00f3n del auto emitido el 9 de junio \u00faltimo, se observa que el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para proceder de tal forma. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, al dictar el prove\u00eddo de 12 de julio de 2022, para no acceder a la mentada petici\u00f3n, anot\u00f3 que aunque le asisti\u00f3 raz\u00f3n al inconforme en cuanto a que \u00aben el estado electr\u00f3nico # 104 fijado en la p\u00e1gina web de la Rama judicial en fecha 14 de junio del 2022, existi\u00f3 un error aritm\u00e9tico al consignarse que se estaba dando traslado de un recurso de queja, cuando en realidad se trataba de una apelaci\u00f3n de sentencia\u00bb; lo cierto era que \u00abdicha correcci\u00f3n debi\u00f3 solicitarse dentro de los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de aquel auto, esto es dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, sin embargo dentro de dicho t[\u00e9]rmino no fue manifestado ning\u00fan tipo de inconformidad, sino que por el contrario este solo fue expresado el 30 de junio de 2022, esto es[,] incluso[,] posterior a la fecha de vencimiento del traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que tampoco pod\u00eda aducirse que por tal yerro \u00abse hubiere visto truncada la sustentaci\u00f3n del recurso en cuesti\u00f3n si\u2026 ten\u00eda la parte demandante, en primera medida, el conocimiento de que estaba pendiente por admitirse el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9sta impetrado, por lo que de admitirse alguno, a pesar de consignarse un recurso distinto en la tabla del estado, estaba en el deber de revisar cu\u00e1l era la providencia que se estaba notificando, para efectos de verificar que tipo de traslado se estaba dando en realidad, pues en efecto, de haber ingresado al link de acceso al auto habr\u00eda notado de inmediato la inconsistencia consignada en el estado; lo anterior m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el contenido del prove\u00eddo notificado es claro, y en el mismo no se vislumbra ning\u00fan yerro que hubiese podido llevar a confusi\u00f3n, pues adem\u00e1s est[\u00e1]n debidamente identificadas las partes, radicado y el tipo de traslado que se estaba dando\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Por ese mismo sendero, para mantenerse tal resoluci\u00f3n adversa a la solicitud de invalidez, por v\u00eda de s\u00faplica, el 25 de agosto siguiente la misma Colegiatura encontr\u00f3 que \u00abtal y como expresamente lo acepta el impugnante, el prove\u00eddo de\u2026 9 de junio de 2022, fue notificado por Estado n\u00famero 104 del 14 de junio de 2022, por tanto, no se configura la causal de nulidad se\u00f1alada en el inciso 2\u00b0 anotado [se refiere al numeral 8\u00ba del precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso], por cuanto, para ello es necesario se halla DEJADO de notificar la providencia y este caso esa omisi\u00f3n no se present\u00f3\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
De acuerdo con lo alegado, lo que se pudo presentar eventualmente, ser\u00eda una IRREGULARIDAD al momento de realizarse la notificaci\u00f3n del auto del 9 de junio de 2022, y para ello le correspond\u00eda al apoderado judicial de la parte demandante dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, o sea, los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n por Estado, solicitar la correcci\u00f3n correspondiente, mecanismo que no utiliz\u00f3 por lo que la irregularidad que se pudo haber presentado qued\u00f3 subsanada, razones suficientes para no acceder a declarar la nulidad invocada por la parte demandante\u2026 <\/p>\n
3.1.3. As\u00ed las cosas, se halla que las referidas decisiones no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal enjuiciado interpret\u00f3 las normas procedimentales aplicables a la situaci\u00f3n presentada y acertadamente concluy\u00f3 que a pesar de que en el estado erradamente se indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n correspond\u00eda a un recurso de queja, all\u00ed se hallaban los dem\u00e1s datos caracter\u00edsticos para identificar el asunto, por lo que le acto cumpli\u00f3 su cometido y ello no se cuestion\u00f3 oportunamente por parte del quejoso, lo que implic\u00f3 su saneamiento. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, en lo tocante con la referida declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de \u00e9sta, desde el mismo momento en que fue propuesta en la aludida diligencia celebrada el 23 de abril de 2021, en la cual el a-quo dict\u00f3 su fallo, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.2.1. Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal retorno, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
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326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
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327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
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328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al primer sistema; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del aludido Decreto 806. <\/p>\n
3.2.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.2.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 12 de julio de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n propuesta por los accionantes, porque \u00abel recurrente no sustent\u00f3 oportunamente el recurso en [esa] instancia\u2026, tal como lo dispone\u2026 el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto 806 del 2020, vigente al momento de concederse la alzada\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 19 de septiembre siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n del recurrente en torno a que \u00abno puede pasarse inadvertido que lo sustent\u00f3 [el recurso de apelaci\u00f3n] en primera instancia en forma oral\u00bb, comoquiera que all\u00ed \u00abno solamente expres\u00f3 los reparos en contra de la decisi\u00f3n, sino que\u2026[,] de manera general[,] las inconformidades con ese fallo, vale decir, una apelaci\u00f3n integral debidamente sustentada\u00bb; la Corporaci\u00f3n convocada, aduciendo apoyarse en precedentes sobre la materia, sostuvo, en lo medular, que \u00abla jurisprudencia mayoritaria de las Altas Cortes, son partidarias de que formular los reparos es diferente a la sustentaci\u00f3n del recurso y, que esta \u00faltima, debe realizarse ante el superior; tambi\u00e9n que ante el incumplimiento de esa carga se impone la declaratoria de deserci\u00f3n\u00bb; de donde, \u00abla forma en que deben sustentarse las apelaciones, es escrita, \u00fanico cambio con el Decreto Presidencial No. 806 de 2020, el cual establece en su art. 14 que deber\u00e1 hacerse a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas; por lo que descorrido el traslado, sin que se cuestionara oportunamente esa decisi\u00f3n, quedaba impuesta la carga para que el recurrente sustentara su recurso, motivo por el cual mal puede suplirse el requisito, como concibe el recurrente, con argumentaci\u00f3n presentada en la formulaci\u00f3n de los reparos concretos ante el a quo\u00bb. <\/p>\n
3.2.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos de la Corporaci\u00f3n atacada con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 23 de abril de 2021, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por el Tribunal, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que los mismos fueron detenidamente sustentados. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2.6. En relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario recordar que la Sala recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que fueran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed reiterado. <\/p>\n
4. Lo consignado impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso del accionante, con alcance parcial, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 19 de septiembre de 2022, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el censor contra el auto del 12 de julio anterior, en cuanto declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Alberto Chi Wong; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este veredicto, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 19 de septiembre de 2022, y los que de \u00e9l dependan, en el juicio de pertenencia promovido por el accionante (radicado 08758-31-12-001-2006-00085), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por \u00e9ste frente a su auto del 12 de julio de ese a\u00f1o, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se deniega la salvaguarda rogada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03380-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Alberto Chi Wong contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; en consecuencia, orden\u00f3 a esta, que tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 19 de septiembre de 2022 y los que de \u00e9l dependan, en el proceso de pertenencia promovido por el accionante contra Alberto Chi, herederos y personas indeterminadas (rad. 08758-31-12-001-2006-00085), adopte una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por el quejoso frente al auto de 12 de julio del a\u00f1o en curso, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 \u00ab(\u2026) la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, en tanto que el despacho adverso respecto a la solicitud de nulidad propuesta frente a la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo de 9 de junio de 2022 se muestra razonable, mas no la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, en la que la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a-quo, de forma oral, en la audiencia de 23 de abril de 2021, pues all\u00ed su apoderado judicial no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sus reparos concretos frente a la sentencia sino que, detenidamente, los sustent\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con el Decreto 806 de 2020, vigente para el momento en que se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). <\/p>\n
3.2.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del aludido Decreto 806 (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026). <\/p>\n
2.- No comparto la providencia, principalmente, porque la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el precursor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 que estableci\u00f3 su vigencia permanente, modificaron la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez plural natural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03380-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or Alberto Chi Wong formul\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso de pertenencia agraria que promovi\u00f3 el accionante, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad en audiencia de 23 de abril de 2021 profiri\u00f3 sentencia que neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y sustent\u00f3 en la misma diligencia, adem\u00e1s de proponer los \u00abreparos concretos\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla admiti\u00f3 admiti\u00f3 el recurso el 9 de junio de 2022 y en providencia de 12 de julio de 2022 lo declar\u00f3 desierto, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en suplica, que el 8 de agosto de 2022 se desestim\u00f3 por improcedente; no obstante, se ajust\u00f3 el recurso a una reposici\u00f3n contra la deserci\u00f3n de la alzada y en providencia de 19 de septiembre de 2022, se confirm\u00f3, la deserci\u00f3n de la alzada, pues no se compartieron los argumentos del accionante, relativos a que no estaba obligado a sustentar la apelaci\u00f3n en segunda instancia porque ya lo hab\u00eda hecho en audiencia ante el a quo. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, en tanto que el despacho adverso respecto a la solicitud de nulidad propuesta frente a la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo de 9 de junio de 2022 se muestra razonable, mas no la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, en la que la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a-quo, de forma oral, en la audiencia de 23 de abril de 2021, pues all\u00ed su apoderado judicial no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sus reparos concretos frente a la sentencia sino que, detenidamente, los sustent\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. Ahora, en lo tocante con la referida declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de \u00e9sta, desde el mismo momento en que fue propuesta en la aludida diligencia celebrada el 23 de abril de 2021, en la cual el a-quo dict\u00f3 su fallo, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 12 de julio de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n propuesta por los accionantes, porque \u00abel recurrente no sustent\u00f3 oportunamente el recurso en [esa] instancia\u2026, tal como lo dispone\u2026 el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto 806 del 2020, vigente al momento de concederse la alzada\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 19 de septiembre siguiente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos de la Corporaci\u00f3n atacada con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 23 de abril de 2021, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por el Tribunal, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que los mismos fueron detenidamente sustentados. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2.6. En relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario recordar que la Sala recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que fueran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed reiterado. <\/p>\n
4. Lo consignado impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso del accionante, con alcance parcial, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 19 de septiembre de 2022, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el censor contra el auto del 12 de julio anterior, en cuanto declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el se\u00f1or Alberto Chi Wong. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla) y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC14585-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14585-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03380-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El accionante, a trav\u00e9s de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}